DECLARACIÓN PÚBLICA, COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA.

La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), ante las diversas informaciones que dan cuenta de errores en los listados de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura pinochetista que gobernó nuestro país, señala su rechazo ante los partidos políticos de derecha que enjuician la validez de los espacios de verdad logrados a la fecha. Así también, la CECT reitera su condena al silencio de los Tribunales de Justicia que, por años, no se han hecho cargo de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en Chile y que le costaron la vida a miles de personas, desde la más humilde hasta Presidentes de la República y troncharon el futuro de otros cientos de miles al someter por la fuerza a todo un país.
Los partidos de derecha fueron la base de apoyo de Pinochet
y, por tanto, carecen de autoridad moral para referirse a temas que obviaron cuando tenían todo el poder.
 

En estas circunstancias, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) afirma lo siguiente:

1. La desaparición forzada de personas, la ejecución sumaria de prisioneros y la práctica sistemática de la tortura fueron crímenes de lesa humanidad que se planificaron y ejecutaron directamente desde el Estado, con equipos especializados, entrenados y formados para su realización.

Todas estas violaciones contaron con el silencio cómplice de la derecha política y sus medios de comunicación, así como también de los magistrados que integraban los tribunales de justicia. Estos crímenes dejaron una secuela de horror y muerte que aún pesan sobre la sociedad chilena.
 
2. Los espacios de verdad logrados hoy, dan cuenta de las operaciones realizadas por los equipos de la policía política, las FFAA y la policía que nos gobernó por más de 17 años. Las operaciones Colombo, Albania, Caravana de la Muerte, Cóndor; las fosas de Pisagua, los Hornos de Lonquén, del Fuerte Arteaga entre otros; los montajes comunicacionales, los falsos
enfrentamientos para cubrir ejecuciones de prisioneros, el ocultamiento de los cuerpos, la   inhumación ilegal, la tortura sistemática y masiva practicada en nuestro país, los más de 1000 centros de tortura y exterminio que funcionaron a los largo del territorio nacional, son parte del historial represivo que sustentó a una dictadura que gobernó con la actual derecha política, la apatía del poder judicial y la concomitancia de los medios de comunicación que ellos controlan.
 
3. La verdad que se ha logrado construir en estos años post dictadura, la debemos a la lucha de los familiares, a los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y a los sobrevivientes de tortura; todos ellos que siguen clamando por VERDAD, JUSTICIA y DIGNIDAD.
 
4. Los Gobiernos de la Concertación han constituido Comisiones de Verdad, como una forma de asumir la responsabilidad política ante el terrorismo de Estado. Por ello, se han constituido la Comisión Rettig, la Mesa de Diálogo y la Comisión Valech. En ese sentido, los errores recientemente habidos, tienen su origen en la llamada «política de los consensos», y de justicia parcial, en la «medida de lo posible» como la llamara el Presidente Aylwin a comienzos de los años 90 y que hoy sólo muestra su agotamiento.

6. Llegó el momento de exigir al Poder Judicial que asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile; que asuma su silencio ante los miles de recursos de amparo que no investigó y los más de 500 recursos de protección que negó; que asuma el rol que le cabe ante la comunidad internacional de investigación de los crímenes; de llevar a cabo juicios y procesos a los responsables intelectuales y materiales de los atropellos a los derechos humanos en nuestro país, según estipula la legislación nacional e internacional, garantizando para las futuras  generaciones, el NUNCA MAS tan anhelado.
 
7. El principio de oficialidad significa que los tribunales, sin necesidad de requerimiento alguno, cuando toman conocimiento de hechos que puedan revestir caracteres de delito, deben instruir el sumario correspondiente. El Poder Judicial chileno carga, además, con esta irregularidad. Hoy desea hacerse parte ante los «casos falsos», pero le sería más propio que se hiciese parte, d una buena vez, de todos los casos que son ciertos de desaparición forzada de personas, de ejecución sumaria y de torturas, rompiendo con los 50 años de silencio que pesa sobre el nombre de los torturadores.
 
8. No es posible que las autoridades continúen soslayando la Verdad y la Justicia, porque nada justifica los delitos que el mundo entero conoce y que repugnan a toda conciencia digna.

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
 
Santiago 29 de diciembre 2008
 
 Manuel Guerrero Antequera

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La TV comunitaria resiste desde la UTI. Uno, dos, tres ¡corten!.

Fuente: www.lanacion.cl Por Javiera Olivares M.

Combativas, las señales populares tarrean, hacen peñas, rifas y venden publicidad local para mantenerse vivas. Argumentan que su inexistencia legal esconde una vieja despreocupación estatal por la TV alternativa. ¿La estrategia? Multiplicarse para sobrevivir y seguir representando la voz de los más pobres. En Señal 3 La Victoria tienen hasta pasado mañana para pagar los cinco millones de deuda y no ser desalojados.

Apenas podía levantar los pies. Azotada por el sol de media tarde, pero más por los años, la anciana mujer, apoyada sobre un juvenil acompañante, se desplazaba con dificultad por las calles de la población La Victoria.

Corría el año 2003 y al entrar a la casa asentada en el 4855 de la calle Estrella Blanca, una sencilla sala de control le dio la bienvenida al canal comunitario Señal 3. Los muros casi no tenían centímetros en blanco y en medio de videos, monitores y cámaras, se asomaban repletos de afiches contestatarios. Fotografías de trabajos voluntarios, de tomas de terrenos, de Víctor Jara, Violeta Parra, Salvador Allende y Pablo Neruda, auguraban una conversación con sentido.

-Buenas tardes -dijo la anciana jadeante-, llevo caminando una 20 cuadras, pero me urge comprar una antena más grande para poder sintonizar mejor el canal, exigió.

-Por supuesto, le daré una antena de mejor capacidad -contestó emocionado Luis «Polo» Lillo, miembro fundador de la señal.

-Sólo le pido que este canal nunca se muera, es lo único bueno que nos queda a los pobres para ver -replicó la mujer mientras se acercaba a abrazar a Lillo.

El mismo año en que ocurría esta escena, en otra población emblemática había un grupo de vecinos que también se atrevía a registrar su cotidiano con cámara al hombro. En La Legua, los «pantallazos» eran el objetivo inicial. Plazas, avenidas y pasajes hacían de butacas; un telón era la pantalla grande. Documentales y películas eran el contenido en cuestión. «Una noche en medio de un pantallazo se me ocurrió tomar una cámara VHS y grabar: caras, niños y casas. Después, comenzamos a proyectarlas en el telón. Nos impactó mucho que a la gente le gustara tanto verse, ‘ahí sale mi casa, mi hijo aparece jugando’, nos decían», recuerda Jaime Álvarez, director de Legua TV. Desde entonces la gente no paró de pedir reproducción de los videos y los VHS fueron pasándose de mano en mano en la población. Era el puntapié inicial para la creación de LTV, Canal 3 de La Legua.

Lo que Álvarez vio no fue casualidad. Las reflexiones de Manuel Calvelo, experto en comunicación para el desarrollo rural y profesor de televisión de la Universidad de Chile, van en la misma dirección. Él cree que la televisión comunitaria aporta una piedra más a la participación ciudadana. «Una emisora comunitaria refleja a la comunidad en la cual está inserta; los problemas, vivencias y demandas de ésta. En ese sentido, la televisión comunitaria tiene un papel fundamental en reforzar una democracia».

No sólo los legüinos iniciaron con «pantallazos» su canal, también los pioneros de la TV comunitaria a nivel nacional, la Señal 3 de La Victoria. Antes de su primera emisión en octubre de 1998 tenían una vasta historia de trabajo poblacional, lucha contra la dictadura y «pantallazos» en las calles.

Once años después, el canal popular más antiguo del país está a punto de hacer sus últimas transmisiones. Tres millones 740 mil pesos es lo que tiene reunido para comprar la casa que ha albergado hasta ahora sus instalaciones y que está puesta a la venta por su dueño. La campaña de finanzas culmina con una tocata en el Galpón Víctor Jara hoy domingo. ¿La meta?, juntar los ocho millones de pesos que vale la vivienda antes del 30 de diciembre; de lo contrario, serán desalojados y tendrán que bajar el telón.

Como siempre, el dinero se consigue a pulso. Y lo más grave es que en La Victoria no son los únicos.

Y la plata ¿de dónde?

En invierno, las callecitas de La Legua se disponen para el frío y la lluvia. No hay poblador que quede desabastecido del remedio: una sopaipilla pasá. En la esquina del consultorio, en la calle Mateo de Toro y Zambrano, a media cuadra de LTV, se instala uno de los carritos sopaipilleros típicos del sector. La dueña del «local» es una «socia cooperadora» del canal de La Legua. Y tal como algunos boliches de la población o el jardín infantil, es mencionado en la programación. «Nuestros socios cooperadores pagan por salir al aire. Lo más caro son diez mil pesos mensuales. Pero a las vendedoras de sopaipillas les cobramos una luca. Juntando todo eso podemos pagar el consumo eléctrico, comprar cintas o baterías», explica Jaime Álvarez. La publicidad local es una de las formas más típicas de los canales comunitarios para autofinanciarse.

Inexistentes para la ley vigente que no contempla este tipo de medios ; con la banda de canales que va del 2 al 13 colapsada y un Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que sólo otorga concesiones a quien «ofrezca las mejores condiciones técnicas»; la TV comunitaria sobrevive a duras penas. Se «cuelga» de la única señal libre de la banda, la 3, e intenta autofinanciarse sin recibir ni un solo aporte fiscal.

Por su inexistencia legal, es difícil determinar el número de canales comunitarios: «Entiende, no tenemos un porcentaje oficial, porque para nosotros es como si no existieran», contestan en el Ministerio de Cultura cuando se les consulta. Y aunque en el Gobierno no se atreven a dar cifras, entre los expertos se estima que las señales populares han crecido exponencialmente en los últimos cinco años y ya son cien a nivel nacional. De ellas, la mayoría atraviesa profundos problemas económicos o está a punto de desaparecer. Y es que con la venta de publicidad local no alcanza para los cerca de 300 mil pesos mensuales que cuesta un canal comunitario. Las rifas, venta de antenas, peñas folclóricas y tarreos en la feria, tampoco.

Además de tener que buscar espacios para ser alojados generalmente juntas de vecinos u organizaciones sociales , los costos de equipamiento e infraestructura requieren de una inversión de al menos un par de millones de pesos. Por eso y aunque en un principio algunas televisoras tomaron la decisión ideológica de no postular a fondos estatales, hoy por hoy, todas incluso las más radicales lo han intentado. La mayoría sin éxito.

El Estado no ha estado

A la hora de concursar, los problemas con que se topan las TV comunitarias son tres: no existe fondo alguno destinado a este tipo de experiencias. Como están fuera de la ley, deben conseguir una organización que los represente y posea personalidad jurídica. Por último, quienes postulan son pobladores, unos con más estudios que otros, pero mayoritariamente autodidactas. Dueñas de casa, estudiantes, electricistas, carpinteros, gásfiter y repartidores de gas. Por lo tanto, los trámites a realizar resultan engorrosos y la falta de capacitación se convierte en un obstáculo más al competir con directores de cine o productores audiovisuales. «El Estado tolera a las TV comunitarias, pero las mantiene fuera de la ley. No se ha invertido ni en fomento ni en capacitación de quienes las operan, por lo que pueden ser capturadas por los grupos económicos o morir. El Ministerio de la Cultura debiera formar un equipo que estudie el tema, haga propuestas y arroje luces antes de que se promulgue la ley de TV digital», asegura Calvelo.

Y es que si de fondos se trata, no existe ni un solo programa estatal que contemple algún tipo de fomento a estas televisoras, hay algunos que se acercan, pero no se ajustan totalmente. Por ejemplo, está el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), pero es muy concurrido por profesionales del rubro y con alta complejidad a la hora de postular. También existe desde 2001 el Fondo de Fomento de Medios Regionales dependiente de la Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno y que, según su representante Iván Parvex, tiende a ser entregado a televisoras regionales (con más recursos y profesionalización). En el CNTV, en cambio, indican que no hay ninguna línea de trabajo con los canales comunitarios. De hecho, lo que principalmente se financia es la producción de programas de interés local o cultural, pero los requisitos para postular implican una alta profesionalización y tener el apoyo de un canal grande o una empresa de cable, por lo que la TV comunitaria queda excluida.

Aunque algunas señales populares han ganado fondos públicos como LTV o el Canal 3 de Pichilemu , lo cierto es que la falta de información y capacitación, hacen que ésa no sea la regla. «Hemos postulado varias veces al Fondart y a la DOS y nunca hemos ganado. Hemos sobrevivido limosneando, tarreando en la feria, con alguna ayuda internacional, desde Francia, Noruega o Suecia. No nos sentimos valorados por el Gobierno, porque si ellos dan cinco millones de pesos a «El Mercurio» y a Copesa por conceptos de publicidad, ¿por qué no a nosotros?, sé que podríamos colaborar en la lucha contra la droga o la violencia transmitiendo un spot», asegura «Polo» Lillo de Señal 3. «Me da pena que si nos vamos, no habrá medios para que la gente se exprese en las poblaciones, no habrá derecho a voz», agrega.

Y es que según los expertos, uno de los roles que cumple este tipo de canales es representar a la comunidad local, darle identidad y un espacio de opinión. «La gente quiere y tiene derecho a verse en televisión, por eso es importante en la medida que refleja los problemas, las vivencias y las demandas de la comunidad», explica Calvelo.

Mientras, las señales populares cifran sus esperanzas en el proyecto de ley de TV digital que funda la categoría de canal comunitario y busca crear instrumentos de subsidio público. Eso sí, desconfían en que esto solucione sus problemas, pues nunca se les pidió una opinión. «Desde que empezó esta discusión no hemos tenido acceso a participar de los contenidos, a discutir, criticar, ni siquiera a sugerir, por ejemplo, que aunque no tengamos fines de lucro creemos justo tener derecho de hacer publicidad local con un tope», indica Jaime Álvarez de LTV.

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Impactantes relatos de niños y mujeres ante represión policial en LLeulleu.

Fuente: www.azkintuwe.org

Pese a que ha transcurrido más de un mes del allanamiento a la familia Parra Cárilao, de la comunidad Esteban Yevilao en la comuna de Tirua en la Octava Región, los hermanos Paola (13) y Daniel (10) y sus hermanitos Fernanda (7) y Norberto (4), recuerdan con claridad cómo los amenazaron. Y no solo verbalmente, pues se usaron armas contra ellos: “me apuntaron en la cabeza, me decían que si no entregaba las armas se iban a llevar presa a mi mamá y yo me puse a llorar”, relata afligido Daniel.

Por Elías PAILLAN* / Viernes 12 de Diciembre de 2008

Comunidad Esteban Yebilao. Foto de Observatorio Ciudadano.  Otras Noticias Angostura: La hidroeléctrica que vuelve a despertar al Bío Bío

LLEU LLEU / Diversas informaciones daban cuenta que una familia mapuche con cinco niños, del sector Choque cerca del lago LLeulleu en la comuna de Tirúa, Octava Región, habían sido fuertemente allanados el pasado 17 de octubre por un gran contingente de carabineros y policía de investigaciones. Ello posterior a una emboscada que afectó a un fiscal de Cañete que investigaba hechos en el marco de la movilización de comunidades por la recuperación de tierras.

Para llegar hasta al lugar y conocer en qué estado estaba la familia, y en especial los niños, cuyos padres fueron detenidos no es fácil. Desde Temuco hay que llegar primero a Carahue, luego a Tirúa y desde Tranapuente seguir por el camino de ripio de la carretera de la costa, hasta Lleulleu. En la zona se aprecia un continente de carabineros apostado en la casa del particular Santos Jonquera, quien señala haber sido víctima de ataques. Los policías además resguardan las forestales de Mininco y Volterra.

En cada paradero hay grafitis que exigen la salida de las forestales del territorio mapuche, al igual que las mineras, y la libertad de los prisioneros políticos mapuche. Incluso en un colegio ubicado en el sector de San Ramón lo que más se apreciaba eran sus extensos rayados.

Temor, desconfianza y denuncias

En la población existe miedo, incertidumbre, por la alta presencia de policías en la zona. “Militarizació n que no ayuda a la convivencia”, nos dice un dirigente que no quiere identificarse. En una casa una mujer que declinó identificarse señala que “aquí los niños del colegio de Ranquilhue sufrieron acoso de los carabineros, le apuntaron con sus metralletas, le revisaron las mochilas y le pidieron sus cédulas de identidad”, comenta.

Daniel cuenta otro hecho acaecido el 12 de junio pasado cuando mientras estaba en su escuela sintió disparos. Al acudir al lugar observó a su padre ensangrentado tras un ataque de carabineros que le disparó espalda, mientras él buscaba leña con una motosierra en terreno de su hermano.

En la comunidad Esteban Yevilao otro comunero señala que él no puede entregar información, sino sólo la directiva. Pero igualmente explica que todo sucede por la compra fraudulenta que las empresas forestales Mininco y Volterra hicieron de sus tierras en el pasado, y que ahora con justa razón las comunidades están empeñadas en recuperar. Iniciativa que es respaldada por la machi Rosa Astorga Pilquiman de la comunidad El Malo, pues para ella “cada vez se hace más difícil recolectar hierbas medicinales, por la abundancia de pinos y eucaliptos que afectan las tierras y disminuyen las aguas, así como la eliminación del bosque nativo”, explica en su casa al deleite de un refrescante vaso de chicha.

Paola tiene 13 años y junto a sus hermanos Daniel de 10, Fernanda de 7 y Nolberto de 4, quedaron impactados y choqueados por la violencia y gran aparataje militar con que allanaron sus casas y detenido su padre Nolberto Parra y su tío Cesar, el pasado 17 de octubre. “Me bajé del furgón del colegio, donde mi tía y de repente cuando aparecen carabineros, revisándome, quitándome el celular, y diciéndome quién me lo había regalado y por qué si era muy chica, me dijeron que no tenía que tener celulares a esta edad”, relata con voz entrecortada.

Daniel cuenta otro hecho acaecido el 12 de junio pasado cuando mientras estaba en su escuela sintió disparos. Al acudir al lugar observó a su padre ensangrentado tras un ataque de carabineros que le disparó espalda, mientras él buscaba leña con una motosierra en terreno de su hermano. “Él arranco porque le dio miedo que le hicieran lo mismo que en Tranaquepe.” En aquella ocasión los carabineros lo maltrataron, señala. “Le dejaron moretones en los hombros, en la espalda, también le sacaron un diente, le dejaron los ojos negros. Mi papa quedo jodido de la mano, tenía una mansa herida, por eso le habían agarrado susto a los carabineros y de ahí mi papa se saco fotos donde aparecía sangrando”, comenta con pena. Posteriormente esas fotos fueron requisadas por carabineros el día del allanamiento.

El día del allanamiento del 17 de octubre Daniel cuenta que “Me apuntaron en la cabeza, de cerca, estaban adentro de la casa, me amenazaron, me decían que si no entregaba las armas se iban a llevar presa a mi mama (Jessica), y yo me puse a llorar. A mi tía (Verónica) le decían que entregara las armas sino le iban a llevar a todos sus hijos…Después se fueron a la casa de mi mami (abuela Maria Liencura de 73 años), y le empezaron a desparramar toda la harina, y parece que le echaron Tañas”.

Continúa su crudo relato: “Y después le llevaron todos los huevos a mi mami, eran los últimos que tenia y se los llevaron, y parece que se los comieron. Ahí donde estaban sembrando (Nolberto y Cesar Parra) desparramaron las papas y el abono también. Desparramaron todo. Los carabineros, pararon a un caballero que andaba vendiendo frutas, le apuntaron, él traía una guagüita también, lo apuntaban, le decían insolencia y le decían que se fuera, él se fue con miedo…” culmina su testimonio con sollozos.

Testimonio de las madres

Jessica Cárialo (27) madre de los niños antes mencionado y esposa de Norberto Parra, actualmente detenido en Concepción ratifica que ese día llegaron carabineros, “apuntando con las armas a los niños, llegaron diciendo entreguen las armas, donde tienen las armas, cooperen. Nosotros le decíamos si no tenemos armas, de dónde vamos a sacar armas. Ellos decían, es que digan, tienen que decir donde tienen las armas. Hicieron el allanamiento y no encontraron nada”. Comentó que había un gorro hace semanas botado en un camino público que todo el mundo ignoraba al transitar, pero que carabineros mostró como medio de prueba señalando haberlo tomado al interior de la casa allanada. “Los carabineros pasaron a recogerla”, nos cuenta la familia.

Jessica Cárialo (27) madre de los niños antes mencionado y esposa de Norberto Parra, actualmente detenido en Concepción ratifica que ese día llegaron carabineros, “apuntando con las armas a los niños, llegaron diciendo entreguen las armas, donde tienen las armas, cooperen».

Verónica Mariñan, esposa de César Parra, tiene un bebé de un año 8 meses y se llama Celso Explica que ese 12 de junio su esposo estaba buscando leña en tierras de su hermano Nolberto cuando fue atacado por carabineros y se les pasó la mano. Después decían entre ellos (los carabineros) : ‘la cagamos’ decían entre ellos y decían ‘la jodieron con dispararle al chiquillo si estaban en un recinto privado’ y ellos le pusieron que estaba en la Mininco que habían disparado allá que andaba robando madera, puras mentiras eso. Allí tiene las pruebas, ahí le dispararon”, añade. “Los niños están traumatizados, no pueden ver a carabineros, mi hijo ve un carabinero y arranca y se aferra a mí, en las noches tienen pesadillas”, concluye.

Por su parte la abuela María Liencura Yevilao (73), madre de Jessica y Leonel, relata: “patearon mi casa, patearon la puerta, usted vio como estaba ahí (quedó un hoyo). Y la tele la tiraron abajo y la radio también abajo. Todo, harina cruda tenía y me la desparramaron. Me querían llevar mi Trarilonko y mi prenda, todo eso lo querían llevar, yo tuve que quitarlo. No sé para que sería que se lo querían llevar y fotos de mi finado esposo… también de mi chiquillo, donde a ellos le pegaron por ahí en Tranaquepe… ‘Dé la verdad y le vamos a pagar un sueldo, le vamos a pagar plata y usted va arreglar todito’, así me decían (los carabineros) . ¿Cómo yo les voy a decir, si no hay armas aquí?”, culmina.

Termina el recorrido y a la zona con una sensación ingrata, ¿cómo y por qué una institución de estado que está para proteger a las personas, especialmente a los más vulnerables como niños y mujeres, hace todo lo contrario? ¿Por qué carabineros y policías con el aval de los fiscales, cometen estos abusos? ¿Quién responde por la salud psíquica y física de esos menores?, son interrogantes que esperan una respuesta más temprano que tarde / AZ

 * Periodista del Observatorio Ciudadano. Colaborador de Azkintuwe.

Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chaskinayrampi

Exitoso cierre del Festival Bicicultura: Ahora le toca al Estado.

Fuente: www.elciudadano.cl

El Festival, organizado por Bicicultura y los Ciclistas Unidos de Chile, es parte de una alianza entre la sociedad civil organizada y el Estado que busca garantizar seguridad y confort parta quienes optan por los vehículos de “tracción humana”. Hecha la pega con éxito por los ciudadanos organizados, ahora el Estado no puede guatear.

Terminó el 3er Festival Internacional de Bicicultura de Santiago. Fue más de un mes de actividades gratuitas que comenzaron el 9 de noviembre y terminaron este domingo 21 de diciembre con la celebración de los Carnavales Comunales, actividad que congregó en el Parque Forestal a artistas, autoridades de Gobierno, organizaciones sociales y culturales y miles de ciclistas de toda la capital.

El Festival, organizado por Bicicultura y los Ciclistas Unidos de Chile, CUCH, con el apoyo de una amplia red de organizaciones ciudadanas, del Estado y privadas, buscaba no sólo instalar en la agenda la necesidad de adoptar la bicicleta como medio de transporte en el contaminado Gran Santiago, sino también empujar cambios legislativos y administrativos que lo fomenten en todo Chile.

Durante el Festival los organizadores se concentraron en reunir 30 mil firmas de apoyo al “Pacto por la Bicicleta”, iniciativa que contempla un proyecto de ley ya presentado en el Congreso. Cinco demandas lo componen: circulación garantizada en todas calles, red de estacionamientos custodiados y gratuitos, bicicletas al alcance de todos, programas educativos y un fondo de promoción de la bicicleta y declarar el domingo Día de Bicicletas y Vecinos.

El Pacto es un mismo proceso con la ley presentada por la diputada Carolina Tohá en el Parlamento. Amarilis Horta, directora del Festival lo explica: “estuvimos todo el año trabajando en este proyecto de ley, entre autoridades y organizaciones ciudadanas. Lo central es garantizar que aquella persona que opte por vehículos de tracción humana como medio de transporte (bicis, patines, etc.) tenga el mismo confort y la misma seguridad que aquella persona que opta por un vehículo motorizado”.

A dos días del término del Festival, los organizadores todavía no pueden contar todas las firmas. “Es algo lento porque ahora estamos en el desarrme del evento, la devuelta de equipos y la recolección de las firmas de todos los lugares de acopio e Internet”, explica la directora. No quieren gritar victoria antes del pitazo final, pero el éxito del evento del domingo y de las actividades del mes los deja tranquilos.

Tracción humana v/s tracción motorizada

Cumplida la tarea de las organizaciones ciudadanas, ahora le toca al Estado. José Antonio Viera-Gallo, ministro Secretario General de la Presidencia, aseguró el domingo que “la ley pro-bicicleta elaborada por el Ejecutivo estará en el Congreso en enero”, incluyendo la entrega de las firmas recolectadas a senadores y diputados para conseguir su apoyo.

Amarilis es optimista, pero avanza con cuidado: “Lo primero es ver si lo que presenta el Ejecutivo realmente recoge e interpreta el trabajo que este tiempo hemos llevado a cabo como organizaciones ciudadanas”. La directora del Festival, reconoce que ya en el proyecto elaborado con la diputada Tohá surgieron discrepancias con las organizaciones ciudadanas.

“El proyecto presentado finalmente por Tohá no responde íntegramente a lo que queríamos, porque su asesor jurídico introdujo cambios que generaron algunos problemillas. Por ejemplo, se obligaba a los ciclistas a usar la infraestructura proporcionada por el Estado. En eso no estamos de acuerdo, porque hay mucha infra que no cuenta con los estándares de seguridad y confort mínimos necesarios. No pueden aceptarse obligaciones para los usuarios mientras no tengamos una infraestructura que lo permita”, afirma Horta.

Dentro de la misma organización, también hay posturas disímiles, como la de un importante grupo de ciudadanos que considera que el incentivo a la bicicleta debe ir necesariamente unido al desincentivo del automóvil. La divergencia esconde grandes complejidades, porque si bien hoy el gobierno se ha hecho parte del fomento a la bicicleta, también lo hace con el automóvil, ya que el aumento del parque automotriz, según los tecnócratas, contribuye al crecimiento económico del país.

En Bicicultura conviven todo tipo de posturas que no son fáciles de zanjar, porque como reconoce Amarilis Horta “todos tenemos una doble o triple militancia, porque a veces somos ciclistas, otras automovilistas y otras usuarios del transporte público”. En el Pacto trabajado con el gobierno, sin embargo, impera el espíritu de “mostrar a los usuarios del automóvil las ventajas, individuales y sociales, que implica usar vehículos de tracción humana”.

Hacia un sistema integrado digno

Hace pocos días, otra iniciativa de incentivo a la bicicleta hizo noticia: la creación de un sistema de arriendo de bicicletas en la comuna de Providencia. Pagando luca al mes, u ocho al año, se tiene derecho a arrendar bicicletas en cinco puntos de la comuna. El sistema está inspirado en sistemas implementados en ciudades de Europa, como Barcelona y Amsterdam.

En Bicicultura valoran la iniciativa, “nos parece fantástico”, dice su directora, pero destacan que no es suficiente para hacer de la bicicleta un transporte público. “Para que la bicicleta se transforme en un transporte público, confortable, eficiente, seguro y gratuito, debe existir un sistema, y esa tarea excede los esfuerzos de las municipalidades, es tarea del Estado”, apunta convencida Amarilis.

Por Francisco Figueroa Cerda

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Encuentro popular en La Bandera en enero.

Fuente: www.elciudadano.cl

En la población La Bandera, comuna de San Ramón, Santiago, se está organizando entre el 16 y el 18 de enero del 2009 un encuentro de Educación Popular y autoorganización barrial.

La actividad también tiene otros nombres, se le llama “Educación alternativa y subjetividad de los nuevos sujetos sociales”, o “Desde la población avanza la organización”, o quizás “Autoeducación para el cambio social desde abajo”. Tantos nombre, como participantes.

Será un encuentro transfronterizo, ya que viene gente desde Argentina.

La iniciativa persigue ser una alternativa a las actuales dinámicas de organización social que desde estructuras clásicas, como partidos o sindicatos, han organizado el descontento social. Frente a ello se proponen relaciones horizontales, directas, asamblearias y constructivas de comunidades locales que desarrollen prácticas cotidianas y sistemáticas de encuentro y actividades conjuntas.

Por ello el encuentro busca partir con talleres que reunirán gente de la población y desde esos talleres, dinámicas y encuentros, que generen interacción, solidaridad, cooperación y apoyo mutuo mancomunado horizontalmente.

Se invita a todos quienes quieran participar de la iniciativa a asistir preparando algún taller temático.

La actividad es organizada por la Universidad Libre, desde cuya web se puede bajar una encuesta nacional de juventud y estudiantes, la que busca traer voces e impresiones de la calle. Al mandar la consulta, quedará inscrito automáticamente y recibirá de vuelta las encuestas hechas en las otras regiones y el análisis nacional de las respuestas.

Como la actividad dura dos días, habrá espacio para poner carpas y un techo para quien no consiga carpa, por lo que se ruega por lo menos llevar un saco de dormir o una manta.

La alimentación será gestionada con una olla común, por lo que se pide a los participantes llevar alimentos no perecibles. El programa del Encuentro, contempla una asamblea con la población la noche del jueves 15.

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS A
laescueladelavida@hotmail.es

http://ulibre.org

Mauricio Becerra

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Investigación del Registro Civil. Detectan tres nuevos casos de errores en listas de detenidos desaparecidos.

Fuente: www.elmostrador.cl

Uno de los hechos más graves es el de un hombre que fue dado por muerto y a cuya familia se le entregaron los beneficios. Sin embargo, funcionarios de gobierno fueron alertados de la situación en 2005 por lo que se le retiraron los dineros a los parientes, pero tras gestiones de los mismos se les repuso posteriormente. En tanto, la presidenta de la AFDD, Mireya García, se reunió con el ministro Francisco Vidal para conocer la situación. Por su parte, la oposición dijo que los nuevos casos no son tres, sino que ocho de acuerdo a una fuente que tiene la diputada Karla Rubilar en los organismos de derechos humanos.

Por El Mostrador.cl

Tres nuevos errores descubrió en estos últimos tres días el Gobierno en torno a la nómina oficial de 1.183 detenidos desaparecidos, los cuales fueron detectados tras las investigaciones que se iniciaron luego del escándalo ocurrido a mediados de noviembre cuando se supo que Germán Cofré Martínez, se hallaba con vida y que residía en Argentina.

Según la información aparecida en el diario La Tercera, el tema ha sido tratado con hermetismo por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Gobierno.

Fue el Registro Civil, encargado de las investigaciones tras lo acontecido por Cofré Martínez, quien dio aviso a las autoridades gubernamentales las nuevas anomalías descubiertas en un detallado informe.

El periódico cita a fuente del Ejecutivo que indican que el primer nuevo caso es de una mujer, cuyos familiares recibieron los dineros destinados a los parientes de detenidos desaparecidos, que falleció en la década del 50.

En tanto, el segundo caso corresponde a un hombre dado por muerto en manos de los aparatos de seguridad del régimen militar, pero que en realidad se trasladó a Argentina. Según la información, se tienen antecedentes que este sujeto estaría vivo hasta hace poco y se investiga su paradero actual.

En cuanto al tercero, es el de un supuesto indigente que falleció poco después del golpe militar, pero en circunstancias completamente ajenas a los hechos de violencia ocurridos después del 11 de septiembre de 1973.

Asimismo, hay un agravante en uno de los casos, debido a que se avisó a funcionarios en 2005 de que no se trataba de un detenido desaparecido. Esto llevó a que inicialmente se retiraran todos los beneficios a los parientes, pero luego de gestiones realizadas por los familiares se les restituyeron.

Los nombres de las personas que aparecen como desaparecidos son Carlos Patricio Rojas Campos y Edgardo Iván Palacios, mientras que la mujer corresponde a Emperatriz del Tránsito Villagra.
Bachelet está informada y se prepara plan comunicacional

También se conoció que la Presidenta Michelle Bachelet se encuentra informada del tema, el cual está radicado en el Ministerio del Interior y las gestiones están a cargo del subsecretario Patricio Rosende.

Además, se está diseñando un plan comunicacional y legal para enfrentar la situación y dar a conocer los nuevos hechos. La idea que se tenía originalmente era la de divulgar la información en los próximo días, durante las fiestas de fin de año.

Uno de los temores que se tenía era el de no dar argumentos para que sea deslegitimado el trabajo de las organizaciones encargadas de investigar lo ocurrido con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Otro punto es el de sostener las críticas que se van a producir respecto de la eficacia en el manejo del tema.

Sin embargo, lo que más complica es el caso del detenido desaparecido detectado en 2005 y cuya familia continuó recibiendo el beneficio.

AFDD le pedirá explicaciones a Francisco Vidal.

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Profesores y estudiantes se unen por la defensa de la educación.

Fuente: www.elmostrador.cl

El Colegio de Profesores solicitó este sábado al gobierno fusionar los proyectos de ley sobre educación para ir en defensa de la enseñanza.

La directiva del Magisterio y representantes de federaciones de estudiantes universitarios y juventudes políticas dieron a conocer un acuerdo para coordinarse en la defensa de la educación pública.

El presidente de los maestros, Jaime Gajardo, dijo que actualmente existen cuatro proyectos en el Congreso que tienen que ver con la enseñanza, entre los que se cuentan la Ley General y Ley de Eduación Pública.

Por tal motivo, Gajardo llamó a integrar estas iniciativas y que así «se discuta de una sola vez el marco integral regulatorio completo».

El dirigente afirmó que luego de saber los resultados de la PSU, el debate sobre el sistema educacional se intensificó por lo que para fortalecer y defender la educación pública no se van a sólo a coordinar con los estudiantes, sino que también con movimientos sindicales.

El líder de los profesores también criticó la declaración de los alcaldes quienes responsabilizaron al estatuto docente de los malos resultados en la PSU, afirmando que es la municipalización la que entrega estos pésimos puntajes en la prueba de admisión a las universidades.

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Chile a 60 años de la Declaración de la ONU sobre derechos humanos.

Fuente: www.observatorio.cl

Por José Aylwin*

En esto días se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aprobada a mediados del siglo XX, luego de la experiencia de guerra y del genocidio, representa un consenso universal sobre ciertos principios básicos, entre ellos; el que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art.1); y el que “toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna…” (art.2.1)

Enfocada en los derechos individuales, reconoce entre éstos aquellos de carácter civil y político – como las libertades públicas y el derecho a la participación política- y los económicos, sociales y culturales – como la seguridad social, al trabajo y a la sindicación-.

El impacto de la Declaración ha sido enorme.  Hoy, sus principios han sido incorporados  en las constituciones y leyes de más de 90 países.  Desde su aprobación Naciones Unidas y sus órganos asociados han avanzado en la construcción de un derecho internacional de los derechos humanos a través de diversos tratados internacionales sobre materias específicas – tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el relativo a la discriminación y el referido a la tortura – o para sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad – como las mujeres, los niños y los pueblos indígenas—.

Igualmente importante, es que a través de este desarrollo se ha ido incorporando al concepto de derechos humanos un conjunto de derechos de carácter colectivo, entre ellos, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz.

Mecanismos internacionales y regionales, incluyendo varios Comités, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, han sido establecidos para monitorear, promover y proteger estos derechos.  Más recientemente Naciones Unidas ha establecido una Corte Penal Internacional, que constituye un tribunal de justicia permanente para el juzgamiento de los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

La Declaración de la ONU ha sido entonces la base de lo que algunos analistas han llamado, la “otra globalización”, aquella que no está relacionada con los mercados, las comunicaciones, o la informática, sino con la construcción de un derecho supra estatal de los derechos humanos, a través del cual éstos se hacen vigentes y exigibles en todos los rincones del planeta.

Por lo mismo, a 60 años de su redacción, la Declaración plantea desafíos no menores para un Estado como el chileno, que se percibe asimismo como uno de los más globalizados de la región, pero cuyos déficits a la luz de los principios en ella contenidos son sustanciales.
Tras 18 años desde el término de la dictadura, Chile vive en un contexto de grave desprotección de los derechos humanos, incluyendo aquellos establecidos en la Declaración Universal.  En el plano jurídico, sigue vigente la Constitución Política de 1980, la que a pesar de las reformas introducidas, sigue limitando de muchas  formas su reconocimiento y ejercicio.  Tal Constitución, con el sistema electoral binominal que instituye y los elevados quórums requeridos para su reforma, ha generado un cuadro de fuerte exclusión política,  caracterizado por la ausencia de representación de importantes sectores en el Congreso Nacional, y por bajísimos niveles de participación electoral, en particular entre los más jóvenes.

En gran medida la Constitución y sus limitantes explican porque Chile es hoy uno de los países más atrasados de la región en el reconocimiento de los derechos laborales, ambientales, de pueblos indígenas, por mencionar algunos.  Esta es determinante en que nuestro país sea uno de las pocos  en el continente que carece de un Ombudsman o Defensor del Pueblo, entidad que permitiría proteger a los ciudadanos de los abusos de que son objeto, por ejemplo, por las empresas privadas que administran servicios públicos.  También incide en que el Estado chileno siga sin ratificar, entre otros tratados internacionales, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención que declara imprescriptible los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Más allá del ámbito jurídico, los derechos humanos se han visto restringidos en el país, además, por opciones de política pública.  Los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos se han centrado fundamentalmente en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado – con los aciertos y déficits que conocemos- y no en los desafíos que éstos representan para la democracia.  Más que en los derechos humanos, tales gobiernos han puesto el énfasis en el crecimiento económico, y su apuesta para lograrlo ha sido la inserción del país en los mercados globales.  Para ello Chile ha suscrito 37 tratados de libre comercio y acuerdos de inversión con las grandes economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y China. Tales tratados se han traducido en la proliferación de proyectos de inversión – la mayor parte de ellos extractivos de recursos naturales – a lo largo del país, cuyas repercusiones más visibles han sido el deterioro y destrucción de los hábitats de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y la inequidad social.  Se trata de fenómenos constatados por entidades internacionales, como la OECD, y el PNUD.  No es casualidad que esta última entidad ubique a Chile entre los 10 países del mundo con peor distribución del ingreso, siendo superado en América Latina solo por Colombia y Brasil.

Frente a la creciente exclusión política y económica, diversos sectores sociales se han organizado en defensa de sus derechos.  A las movilizaciones que los pueblos indígenas iniciaron en los noventa en defensa de sus derechos territoriales, se han sumado en años recientes las de los trabajadores – afectados por las bajas remuneraciones, las limitaciones del derecho a huelga, y la sub contratación- la de los estudiantes que reivindican una educación  gratuita y de calidad, la de los pobladores que reclaman por un techo digno. Lamentablemente, la respuesta del Estado frente a esta protesta ciudadana ha sido la represión policial de sus movilizaciones y la criminalización de sus líderes.

El actuar represivo de los agentes policiales del Estado ha resultado en la muerte de tres personas mapuche y de un trabajador en los últimos años.  A ello se suman numerosos casos de  tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que son responsables los mismos agentes, afectando fundamentalmente a defensores de derechos humanos.

Tales hechos han sido representados al Estado de Chile no solo por entidades nacionales de derechos humanos, sino también por instancias internacionales, entre ellas la Relatoría para los derechos indígenas de la ONU (2003), el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos, ambos el 2007, sin que hasta ahora sus recomendaciones hayan sido consideradas por las autoridades.
 
La persistencia de la conducta represiva por parte de las fuerzas policiales está estrechamente relacionada con la impunidad en que quedan los delitos que éstos cometen en contra de civiles, como consecuencia de su juzgamiento por la justicia militar.  A ello se suma la falta de voluntad de las autoridades para promover la investigación judicial y/o sanción administrativa de estos hechos de violencia policial. Tal como señala el informe de derechos humanos del 2008 de la Universidad Diego Portales: “Las autoridades de turno encargadas del gobierno interno y la seguridad, parecen haber intensificado una práctica y discurso generalmente crítico y denostador de la protesta social y de la defensa de los derechos de ciertos grupos o visiones no hegemónicas de la sociedad.”

Este es el contexto en que Chile vive a 60 años de la Declaración.  Es el contexto que será analizado por el Consejo de Derechos Humanos que, de conformidad al procedimiento de revisión periódica universal instaurado, evaluará en mayo de 2009 el cumplimiento y los déficits del Estado de Chile en relación con los compromisos que ha adquirido en materia de derechos humanos.

Los desafíos que la Declaración Universal plantea al país en este contexto no son menores. Ella nos debería llevar  a revisar las bases del ordenamiento jurídico, y a introducir reformas a fin de que este reconozca y proteja efectivamente los derechos humanos contenidos en ella, y a aquellos que desde su aprobación han sido reconocidos a los individuos y colectivos por el sistema de Naciones Unidas. Ello nos obliga en primer término a la reforma de la Constitución. Tratándose de una carta generada en un contexto autoritario, que no permite su auto regeneración, se hace indispensable, como han  sostenido sectores crecientes de la población, la conformación de una Asamblea Constituyente con una representación plural, desde donde se elabore una nueva carta fundamental que oriente la vida nacional, que tenga al centro los derechos humanos, y cuyo texto sea sometido a la aprobación de la ciudadanía. 

La Declaración, además, nos debería llevar a revisar las políticas públicas hoy vigentes en el país, en particular aquellas referidas al modelo económico, a la relación entre proyectos de inversión y derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales afectadas por estos, a su participación en los beneficios que ellas generan, a la protección del medio ambiente en un contexto de cambio climático.  Ello en especial teniendo presente la reciente crisis financiera, en que el neoliberalismo clásico ha demostrado sus insuficiencias como mecanismo asignador de recursos, y en la que el rol del Estado en la economía ha sido revalorizado hasta por quienes han sido sus históricos detractores.

Finalmente, obliga a una discusión sobre los paradigmas culturales hoy dominantes en nuestra sociedad, los que ya sea por el impacto de los medios de comunicación de masas dominados por el mercado o por la inacción del Estado, se han empobrecido, relegando a un segundo plano principios como el respeto por el otro, la solidaridad, la fraternidad que inspiraron la Declaración de la ONU, por detrás del consumo, el lucro y el éxito que hoy constituyen las aspiraciones culturales prevalecientes en la población.

Si no asumimos estos desafíos, la polarización y la exclusión que crecientemente han caracterizado a nuestro país en los últimos años, seguirán debilitando las posibilidades de una convivencia social armónica, así como deteriorando aún más la democracia que tanto costo recuperar. Esperemos ello no sea así.

*Codirector del Observatorio Ciudadano

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Protegen intereses económicos e ideológicos. Los grupos de poder que impiden el reforzamiento de la educación pública.

Fuente: www.elmostrador.cl

Expertos, profesores y la sociedad en general coinciden en la necesidad de reforzar la educación pública. Pero la derecha se opone fuertemente a ello, aduciendo que se perjudicaría la «igualdad de trato». Pero la necesidad de mantener el sistema actual responde a motivos menos loables y tiene su génesis en los años 80, cuando los cercanos a Pinochet diseñaron a la medida la estructura educacional que hoy impera y que les trae magros beneficios. Lógicamente, terminar con ella no está entre sus planes.

Por Claudia Urquieta Ch.

Los resultados de la PSU dejaron una vez más en evidencia la enorme brecha que existe entre los logros alcanzados por los estudiantes de los colegios municipalizados y los alumnos de los establecimientos particulares.

Se confirma así la triste realidad de que los fracasos dependen en gran medida del lugar de dónde provenga el estudiante y su situación socioeconómica. En este escenario los más perjudicados son las familias más pobres que no tienen ninguna otra opción que enviar a sus hijos a los establecimientos municipales, dejando claro que la libertad de elección que defienden con ahínco los sectores más conservadores del país no es tal. Y que está absolutamente condicionada dependiendo del bolsillo de cada uno.

No es un misterio para nadie que la única forma de revertir esta situación es dedicar más atención y recursos, precisamente a los establecimientos que reciben a los quintiles más bajos, y que son los colegios municipalizados. En esta línea, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que «el país tiene que recuperar la fórmula de atender preferentemente a la educación pública».

Expertos, profesores, estudiantes y gran parte de la sociedad civil está de acuerdo con este punto. De hecho, uno de los caballitos de batalla de la revolución pingüina de 2006 fue el término de la educación municipalizada.

Por ello, hace unas semanas la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de ley para reforzar la educación pública, tópico que quedó fuera de la Ley General de Educación (LGE) porque los parlamentarios de derecha se opusieron tenazmente a que se priorizara a este tipo de establecimiento, según ellos porque va en desmedro de los colegios subvencionados y perjudica la «igualdad de trato».

Pero en realidad lo que aquí se defiende tiene más que ver con una posición ideológica. Y también económica.

La lucha neoliberal

Para entender de dónde proviene la fuerte oposición a que el Estado se haga cargo con mayor fuerza de sus propios centros de estudio, es necesario volver al punto en que se quebró la tradicional fórmula educativa del país: el Gobierno de Augusto Pinochet.

«Mirarlo sólo hoy es mirar una foto, porque  en ese período es cuando se quiebra la idea de Estado docente», explica la periodista y experta en educación María Olivia Mönckeberg.

En esos años es de donde sale la idea de quitar al Estado los colegios y delegarlos en las municipalidades. Y con amarras constitucionales y parlamentarias se logró que luego no se pudiera cambiar ese diseño, inspirado en la línea de dar más a lo privado y menos al Estado. Por eso poner a la educación pública como prioridad no es vista con buenos ojos por quienes apoyan esa fórmula.

«Detrás de la polémica hay una lucha ideológica bien importante que tiene la idea de que el rol del Estado en educación se puede cumplir solo financiando la educación, versus el rol del Estado sólo se puede cumplir si administra una parte», señala la diputada Carolina Tohá (PPD).

En este sentido, según explica la parlamentaria, el principal factor de resistencia es una visión ideológica de tipo neoliberal de la derecha, que considera que no es importante que la educación pública vaya reduciéndose.

«Es el más ideológico de los temas que hay en Chile porque tener educación privatizada, gestionada por privados, tiene como efecto en la sociedad que las familias van modelando la visión de los hijos y la visión republicana se debilita y desaparece. Esa es la panacea del neoliberalismo: cada uno se educa a su pinta en su grupo de referencia y no tienen espacio de socialización en la diversidad. En cambio la idea republicana es distinta, ya que todos deben caber adentro de lo diverso que es», asegura Tohá.

La piedra de tope

Porque nada de lo que sucede hoy día es casualidad. «Quienes trataron de destruir a la Universidad de Chile, o la ex Universidad Técnica del Estado, son en su mayoría profesionales que hoy están ligados las universidades privadas. Ellos diseñaron el sistema y dentro del modelo era importante destruir esas casas de estudio por razones políticas. La primacía de la Chile era considerada por los pinochetistas un escollo, por lo que había pesado en la historia del país», dice Mönckeberg.

Según explica, en todo lo relativo al rediseño del sistema universitario participaba gente afín, como el economista Sergio Melnick que era ministro de Odeplan, la «fábrica de pensamiento» y de diseño de esa época. Así como el ingeniero comercial Ernesto Silva Bafalluy, que junto a otros activos miembros de la UDI, como Joaquín Lavín y Federico Valdés Lafontaine constituyeron la Universidad del Desarrollo a un mes de que Pinochet entregara la banda presidencial en 1990.

O el economista Hernán Büchi, que tras ser derrotado en las presidenciales de 1989 formó junto al que fuera su jefe de gabinete cuando fue ministro de Hacienda, Cristián Larroulet, el Instituto Libertad y Desarrollo, tribuna desde donde desarrollan ideas y plantean su oposición a lo que sea adverso al modelo implantado.

No es raro entonces que figuras respetadas en educación como Patricia Matte, que también perteneció a la «incubadora» de Odeplan, promueva colegios subvencionados y forme parte de dicha institución. Por ello, en general la oposición y sus centros de pensamiento rechazan darle más atención a la educación estatal.

Todo esto explica la fuerte reticencia hace unos meses a la idea impulsada por algunos parlamentarios de la Concertación de priorizar la educación pública, especialmente de parte de voces de la UDI, donde se concentra la mayor cantidad de gente que trabajó con Pinochet en este ámbito.

Aunque hay que tener claro que los «parlamentarios» son los voceros, pero detrás hay poderes más sólidos, marcados también por un fuerte componente económico. Porque la educación es un gran negocio: de hecho hay universidades que se desarrollan verticalmente y también poseen colegios. Y obviamente están preocupados de proteger sus intereses. «Los llamados sostenedores reciben subvención bajo una forma parecida a lo que proclamaba el padre de los Chicago Boys, Milton Friedman: si existe una torta de 100 si le das más a la educación publica ellos piensan con razón que les tocara menos a los privados», explica la periodista.

El freno en el oficialismo

En el caso de la Concertación, aunque la gran mayoría aboga por mejorar la educación estatal, también hay sectores que creen poco en ella.

Según el diputado Carlos Montes, hay diferencia de visiones en primer lugar y también hay grupos de interés. «Dentro del oficialismo hay militantes que tienen colegios y aprovecharon la oportunidad, ya que por ejemplo con la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) los edificios se construyeron con enormes beneficios del Estado».

Pero considera que son los menos. Lo mismo opina Carolina Tohá, que reconoce que «hay gente a la que el tema  no le quieta el sueño y se quedaría conforme, pero muy minoritaria. En esto no hay dos almas: la visión es que tiene que haber educación pública, laica, de buena calidad».

Por otra parte, Montes explica que también hay oposición por parte de «grupos de poder fácticos: como algunos dueños de colegios católicos  y la Conacep, que han sido muy duros porque representan a los colegios subvencionados».

 Tomando en cuenta los grandes intereses que hay detrás de cualquier cambio al actual sistema educacional, el futuro del proyecto que pretende fortalecer la educación pública es muy complejo: se necesita quórum calificado. «Y como la UDI y buena parte de RN no entiende ni comparte la idea de una educación pública fuerte, es muy difícil que se apruebe», asegura Montes.

Carolina Tohá coincide con esta percepción, ya que señala que «bastó que la propuesta asomara la nariz y ya lo estaban bombardeando por todos lados. Pero son muchos y mayoritarios los sectores que han pedido por décadas que se revise el tema educacional municipal».

Lo que sumado a que la opinión pública y otros actores sociales poderosos como los profesores y los estudiantes comparten la necesidad de lograr cambios, y el próximo año hay elecciones «no va a ser tan fácil darle la espalda, y al que quiera cerrar el debate no le será fácil hacerlo gratis», asegura la parlamentaria.

Por eso, ve como una oportunidad única llevar la discusión en este período, ya que así la gente podrá recordar en la práctica cómo actuó cada una de las partes.

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Un fallo que confirma el acuerdo antidelincuencia.

Fuente: www.lanacion.cl

Detrás de la acción del juez Rondini, como de la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un debate más amplio que el jurídico.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió hace algunos días una sentencia que ha venido a confirmar, en la práctica, los contenidos de la llamada «agenda corta» pactada entre el Gobierno y la oposición conservadora para combatir a la delincuencia, fenómeno social que ocupa un lugar central en las preocupaciones de la opinión pública. El órgano de control rechazó el recurso de un juez de garantía de Puerto Montt, Patricio Rondini, que solicitó declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 20.253 -que entró en vigencia el 14 de marzo-, el que permite a un fiscal suspender, hasta que se pronuncie vía apelación el tribunal de alzada, la libertad a un imputado otorgada por un juez de garantía. El argumento del magistrado consistió en que esa disposición legal atentaría contra el número uno del artículo 83 de la Carta Fundamental, que impide al Ministerio Público actuar en el terreno jurisdiccional. Según Rondini, al intervenir un prosecutor bloqueando una decisión del juez invadiría una esfera privativa del magistrado, atentando contra la Constitución, y por ello demandaba una declaración de inhabilidad.

El TC, sin embargo, resolvió que la disposición en cuestión fue dictada por el Poder Legislativo en uso de sus facultades y que no atenta contra el ordenamiento constitucional pues, en última instancia, siempre serán los tribunales los que se pronuncien acerca de la libertad de una persona. Con todo, el Constitucional estableció en su fallo que la potestad de regular la decisión judicial en materia de libertad personal pertenece al Congreso, como «depositario de la voluntad democrática», y que tal atribución comprende «el conjunto de apreciaciones de política, conveniencia y oportunidad que lo llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa orgánica». De este modo, el TC ha señalado que el Parlamento actuó legítimamente al establecer un cuerpo legal que controla la libertad de los imputados.

Es claro, sin embargo, que detrás de la acción del juez Rondini, como de la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un debate más amplio que el jurídico, marcado por el análisis sociológico, político y mediático. En efecto, tanto la derecha como una amplia mayoría de los medios de comunicación han elaborado la teoría de la «puerta giratoria» que favorecería a los delincuentes, escenario donde la responsabilidad principal recaería en los jueces, en particular los que revisan las detenciones, debido a una presunta «mano blanda», ya que estarían influidos por una formación demasiado garantista que termina inclinándolos hacia los infractores de la ley, devaluando el interés público y los derechos de las víctimas.

Esta sensación ambiente -que mezcla subjetividades ciudadanas con hechos concretos y verificables- fundamenta la «agenda corta» antidelincuencia que en 2007 consensuaron el Ejecutivo y la derecha. Se trata de un conjunto normativo ratificado por el Congreso en uso y ejercicio de la correlación política que los electores han establecido de forma democrática. El TC con su fallo ha validado esa plataforma programática.

 
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Las baldosas de Londres 38.

Fuente: www.puntofinal.cl

Es muy diferente caminar hoy por la calle Londres, en pleno centro de Santiago, que haberlo hecho vendado para ingresar al Nº 38, centro clandestino de detención y tortura de la dictadura. Sin embargo, el memorial que acaba de inaugurarse allí posibilitará apreciar unas placas que repiten el efecto de las baldosas que los detenidos lograban atisbar, por debajo de la venda, al ingresar a “Yucatán”, nombre que la Dina dio a ese cuartel clandestino.
Entre los adoquines de la estrecha calle, frente a la deteriorada casona que hasta el golpe de Estado fue sede del Partido Socialista, fueron instaladas 300 placas de mármol blanco y granito negro. Recuerdan a los 96 chilenos que fueron hechos desaparecer desde allí entre septiembre de 1973 y fines de 1974. Sobrevivientes, familiares y compañeros de los caídos, personalidades, artistas y autoridades asistieron al acto inau-gural de este espacio.
El Colectivo Londres 38, impulsor de la iniciativa, enfatizó que el “Nunca más” no es un tema del futuro, sino una tarea actual que, sin embargo, “no está garantizada por el sólo conocimiento del horror. Es necesario promover un juicio racional y político sobre lo que pasó y sobre su relación con este tiempo, en el cual seguimos conviviendo con la impunidad. Hay una demanda de verdad y justicia insatisfecha y mientras no exista una respuesta plena a esa exigencia, el pasado seguirá siendo parte de nuestra actualidad”.
Para los familiares, “la memoria asociada a este recinto tantas veces y por tan largo tiempo ocultada, es dar cuenta de la identidad política y generacional de las víctimas, en su inmensa mayoría militantes del MIR, jóvenes que fueron parte activa de las luchas sociales y políticas de la época. Hombres y mujeres que optaron por resistir a la dictadura, parte de aquellos que desde un principio lucharon por recuperar la democracia. Es por esta razón que hoy no pueden estar ausentes de su construcción: una sociedad que se precia de democrática no puede serlo si olvida a aquellos que lucharon por ella, porque ese olvido no pesa sólo para los secuestrados y desaparecidos, para los omitidos, sino para la sociedad misma que olvida un trozo de su propia vida”.

Las víctimas

Los asistentes -muchos con la voz ahogada por la emoción- corearon “presente” cuando se leyeron los nombres de los caídos, grabados en las placas que señalan también la fecha de detención, edad y militancia de ellos. Los detenidos desaparecidos que pasaron por ese centro clandestino fueron Elena Díaz Agüero y Cecilia Labrín Saso (ambas embarazadas), M. Inés Alvarado Borgel, M. Angélica Andreoli Bravo, Sonia Bustos Reyes, Muriel Dockendorff Navarrete, Ruth Escobar Salinas, María Elena González Inostroza, Elsa Leuthner Muñoz, Violeta López Díaz, Rosetta Pallini González, Marcela Sepúlveda Troncoso y Bárbara Uribe Tamblay. También Miguel Angel Acuña Castillo, Carlos Adler Zulueta, Eduardo Alarcón Jara, Dignaldo Araneda Pizzini, Alberto Arias Vega, Víctor Arévalo Muñoz, Juan Bautista Barrios Barros, Alvaro Barrios Duque, Jaime Buzio Lorca, Jaime Cádiz Norambuena, Luis Alberto Canales Vivanco, Iván Carreño Aguilera, Manuel Carreño Navarro, Manuel Castro Videla, Juan Chacón Olivares, René Chanfreau Oyarce, Darío Chávez Lobos, Hugo Concha Villegas, Abundio Contreras González, Carlos Cubillos Gálvez, Carlos Cuevas Moya, Martín Elgueta Pinto, Rodolfo Espejo Gómez, Jorge Espinoza Méndez, Modesto Espinoza Pozo, Albano Fioraso Chau, Sergio Flores Ponce, Francisco Fuentealba Fuentealba, Gregorio Gaete Farías, Andrés Galdámez Muñoz, Héctor Garay Hermosilla, Víctor Garretón Romero, Máximo Gedda Ortiz (redactor de Punto Final), Galo González Inostroza, Jorge Grez Aburto, Luis Guajardo Zamorano, Segundo Gutiérrez Avila, Patricio Gómez Vega, Joel Huaiquiñir Benavides, Juan Ibarra Toledo, Mauricio Jorquera Encina, Eduardo Lara Petrovich, Aroldo Laurie Luengo, Ofelio Lazo Lazo, Gumercindo Machuca Morales, Zacarías Machuca Muñoz, Juan Maturana Pérez, Washington Maturana Pérez, Juan Meneses Reyes, Sergio Montecinos Alfaro, Ricardo Montecinos Slaughter, Newton Morales Saavedra, Germán Moreno Fuenzalida, Juan Mura Morales, Leopoldo Muñoz Andrade, Ramón Núñez Espinoza, Jorge Olivares Graindorge, José Orellana Meza, Luis Orellana Pérez, Alejandro Parada González, Pedro Poblete Córdova, Marcos Quiñones Lembach, José Ramírez Rosales, Agustín Reyes González, Daniel Reyes Piña, Sergio Riveros Villavicencio, Patricio Rojas Castro, Gerardo Rubilar Morales, Julio Saa Pizarro, Ernesto Salamanca Morales, Jorge Salas Paradisi, Carlos Salcedo Morales, Hernán Sarmiento Sabater, Sergio Tormen Méndez, Enrique Toro Romero, Ricardo Troncoso Muñoz, Luis Valenzuela Figueroa, Modesto Vallejos Villagrán, Ewin van Yurik Altamirano y Sergio Vera Figueroa.

Camuflaje y silencio

Desde esa casona de Londres 38, ubicada muy cerca de la iglesia de San Francisco, cuyas campanas oían los detenidos, la Dina inició la práctica terrorista de la desaparición de detenidos. La existencia del lugar, cuya ubicación los sobrevivientes identificaban gracias al tañido de las campanas, fue negada por las FF.AA. durante décadas. En democracia persistió el silencio pero los sobrevivientes testimoniaron en tribunales los horrores vividos en Londres 38, careándose con antiguos torturadores y confirmando declaraciones formuladas en tiempos de dictadura. Ello fue fundamental para permitir las condenas de la plana mayor de la Dina.
El ejército -que entregó en comodato la casa al Instituto O’Higginiano- había “camuflado” el lugar dándole el número 40, para dificultar su ubicación. Tras años de esforzada lucha de los colectivos de derechos humanos y agrupaciones de sobrevivientes, en 2005 la casona fue declarada monumento nacional. Las agrupaciones ligadas a esta batalla por la memoria, el Colectivo Londres 38, el Colectivo 119 y Memoria 119, conformaron una mesa de trabajo con el gobierno para discutir los objetivos y el plan para la recuperación integral del inmueble, que se encuentra muy deteriorado. Miembros del Colectivo 119 expresaron su satisfacción por este logro que contribuye a “limpiar la patria de tanto olvido e impunidad, recuperando el valioso testimonio, los sueños y proyectos de tantas y tantos, entre los cuales se encuentran nuestros queridos familiares detenidos desaparecidos de la lista de los 119, ofreciéndolo como enseñanza y patrimonio histórico para toda la sociedad”.
El memorial es un proyecto gestionado por el Colectivo Londres 38, diseñado por María Fernanda Rojas, Macarena Silva, Heike Höpfner y Pablo Moraga con apoyo del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior (más información en http://www.londres38.cl). Los colectivos no sólo debieron luchar porque la propiedad de Londres 38 no fuera vendida a particulares, sino también para revertir la decisión del gobierno de instalar allí la sede del Instituto de Derechos Humanos. La movilización de familiares, sobrevivientes y amigos de los desaparecidos logró romper el olvido tendido sobre esta casa de tortura, la única que no fue materialmente destruida, como ocurrió con Villa Grimaldi o José Domingo Cañas.

LUCIA SEPULVEDA RUIZ
(Publicado en “Punto Final” edición Nº 673, 24 de octubre de 2008).

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