“Caso Bombas”: Organizaciones insisten en rechazo a Ley Antiterrorista y detenidos continúan en huelga de hambre

Este miércoles la Fiscalía Sur imputará otros tres atentados explosivos a los 15 anarquistas detenidos en agosto pasado, acusados en el marco del denominado Caso bombas, la mayoría de los cuales lleva más de veinte días en huelga de hambre.

Con esta acción, el fiscal Alejandro Peña busca ampliar en un mes el plazo de investigación y prolongar las prisiones preventivas que pesan sobre diez de ellos, puesto que el tiempo se venció el 17 de febrero pasado.

A los jóvenes detenidos se les acusa de formar una supuesta asociación ilícita terrorista para la colocación de artefactos explosivos e incendiarios en distintos lugares de la región Metropolitana.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos manifestaron esta mañana su inconformidad por la forma en que se ha llevado adelante este proceso. Paulina Acevedo, integrante del Observatorio Ciudadano, criticó la utilización de la Ley Antiterrorista, entre otras irregularidades.

“La Ley Antiterrorista en sí misma es violatoria de derechos fundamentales. Hoy día no solamente permite calificar bajo la calificación terrorista a delitos que no lo constituyen, bajo los estándares internacionales, sino que también agrava penas y afecta derechos de los imputados durante el proceso en su conjunto: el uso de testigos sin rostro y la necesidad de tener unanimidad para revocar la prisión preventiva cuando se ha solicitado el cambio de medida cautelar, medidas que deben ser siempre excepcionales y que aquí han constituido la norma”, ejemplificó.

La semana pasada, 40 diputados entregaron una carta al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, solicitando el fin de la investigación y criticando el uso de testigos sin rostro en el marco de la Ley Antiterrorista.

Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/106569/

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Campaña por los Derechos de la niñez mapuche

L.M.C., C.C.M y J.A.Ñ. son tres jóvenes mapuche acusados por la Ley Antiterrorista cuando eran menores de edad.

Ellos se encuentran al interior del Centro de Internación Provisoria del SENAME en Chol-Chol en prisión preventiva desde hace más de seis meses; uno de ellos cumplió 1 año interno.

A pesar de las modificaciones a la Ley Antiterrorista del 8 de octubre de 2010 y las promesas del gobierno, vemos con preocupación que dicha Ley sigue aplicándose a menores de edad. Los tres jóvenes siguen acusados de terroristas; a la fecha no se ve ningún cambio y aún esperan la preparación del juicio, que se aplaza reiteradamente. Sigue leyendo

La nueva “pacificación”

Fuente: www.radio.uchile.cl

Desconociendo lo prometido, el Gobierno aplica la Ley Antiterrorista para aplacar la ira de los comuneros de la Araucanía que ven pasar los años sin logros sustantivos en sus demandas por tierra y respeto a sus derechos esenciales. Como ha ocurrido en tantos otros episodios, las autoridades imponen la represión  para ahogar la justa rebelión de quienes completan siglos de sufrimiento y discriminaciones. A la bota policial que día y noche se ensaña cobarde y brutalmente  en Temucuicui y otras comunidades, se suma ahora la arbitrariedad de aquellas normas legales heredadas de la Dictadura que violan flagrantemente el justo proceso y que confina a la cárcel y a la tortura de líderes y combatientes que el mundo reconoce como presos de conciencia. Las imágenes nos dan cuenta del horror provocado en mujeres y niños cuando sus humildes viviendas son asaltadas y destruidas por los “agentes del orden”, cebados esta vez con la sangre mapuche y de los campesinos más pobres del país. El rostro de los voceros oficiales anunciando la aplicación de más “mano dura” nos recuerda a esos enfurecidos subordinados de la Dictadura que también quisieron aplacar con balas y jueces abyectos la movilización social.

Las normas más abusivas de Pinochet son los instrumentos que el actual gobierno aplica en el sur para proteger los intereses de los empresarios  de la zona que buscan seguir profitando de las tierras arrebatadas a sus legítimos dueños. Somos testigos de cómo propietarios y funcionarios públicos de coluden para lucrar en la venta  y compra de predios que merecen ser expropiados y devueltos, sin más,  a quienes se les arrebataron desde aquella  “Pacificación de la Araucanía”. Luctuoso capítulo de nuestra historia que ocasionó centenares de muertos y desplazados por una de las masacres político militares más bochornosas que se tenga memoria.
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El error de aplicar la Ley Antiterrorista

Fuente: www.azkintuwe.org

En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no carabineros o agricultores. Son ellos los que reciben las palizas, ellos son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del conflicto de la Araucanía.

a Ley Antiterrorista, invocada una vez más por el gobierno para combatir la violencia en la Araucanía, fue concebida bajo un régimen dictatorial. Ésta es una ley deliberadamente vaga y confusa. El propósito de esta ambigüedad es permitir la mayor discrecionalidad a quienes la aplican. El calificativo de terrorista se aplica cuando “el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos”. Resulta, entonces, difícil apreciar su diferencia de la delincuencia pura y simple.

En un plano más operativo se señala que constituye un acto terrorista “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño”. Con dicha definición es posible enjuiciar por terrorismo a varios movimientos sociales que se han visto involucrados en enfrentamientos violentos, como por ejemplo los estudiantes encapuchados que lanzan molotov, los trabajadores tercerizados que incendian autobuses, los pescadores artesanales que levantan barricadas y queman bienes públicos.
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Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario

Fuente: www.elclarin.cl

A 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres)  en Chile del bicentenario gobernado por la Presidenta Bachelet. Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por la Comisión Etica Contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria, actualizado a septiembre de este año.

Existen 43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno.

A ello  se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres  recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3  están afectadas por  medidas cautelares.

Este será uno de los aspectos analizados el 24 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al revisar el desempeño del gobierno chileno ante los requerimientos ya planteados anteriormente por esa instancia.
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Video: Represión e impunidad contra el pueblo Mapuche

Fuente: Marilén Cabrera, La Tercera

Ante los innumerables casos de atropellos a comunidades y grupos de apoyo mapuche ocurridos en los últimos días, los humanistas decimos BASTA.

Procedimientos como allanamientos de propiedad, robo de especies, maltrato a ancianos y niños, amedrentamiento, negación de garantías -como la de estar en presencia de un abogado a la hora de declarar-, prepotencia policial, destrucción de vivienda y enseres, son parte de la forma de actuar de una verdadera escalada represiva que busca reinstalar a toda costa la Ley Antiterrorista, ley heredada de la dictadura militar que restringe los derechos a la plena defensa de las personas.

Conocido es el caso del último allanamiento en la Comuna de Lo Prado, donde Miguel Tapia Huenulef fue apresado y formalizado por tenencia de un arsenal de armas en su casa. Fernando Lira Haquin, vicepresidente del Partido Humanista y encargado de la Secretaría de DDHH, visitó el lugar y pudo constatar que la vivienda del comunero es una mediagua de 6 x 3 metros, con escaso mobiliario, utilizada como dormitorio y lugar de trabajo y abierta al resto de las demás familias que conviven en el lugar. Lugar de juego de niños, donde se ve un pizarrón con dibujos y juegos infantiles… Aquí el video de lo que registramos.

Pues en este lugar, sindicado como centro de operaciones subversivas, durante horas, una legión de carabineros del Gope revisa minuciosamente el lugar, mientras testigos presenciales cuentan que entran y salen al menos tres civiles con mochilas negras y maletines, tras lo cual alguien da la noticia que se habría encontrado un arsenal.

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Gobierno revive ley antiterrorista

Fuente: Pamela Sepúlveda – www.ipsenespanol.net

SANTIAGO, feb (IPS) – “Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon” relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.

Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.

Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.

“Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita”, dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.

La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.

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