Este miércoles la Fiscalía Sur imputará otros tres atentados explosivos a los 15 anarquistas detenidos en agosto pasado, acusados en el marco del denominado Caso bombas, la mayoría de los cuales lleva más de veinte días en huelga de hambre.
Con esta acción, el fiscal Alejandro Peña busca ampliar en un mes el plazo de investigación y prolongar las prisiones preventivas que pesan sobre diez de ellos, puesto que el tiempo se venció el 17 de febrero pasado.
A los jóvenes detenidos se les acusa de formar una supuesta asociación ilícita terrorista para la colocación de artefactos explosivos e incendiarios en distintos lugares de la región Metropolitana.
Diversas organizaciones de Derechos Humanos manifestaron esta mañana su inconformidad por la forma en que se ha llevado adelante este proceso. Paulina Acevedo, integrante del Observatorio Ciudadano, criticó la utilización de la Ley Antiterrorista, entre otras irregularidades.
“La Ley Antiterrorista en sí misma es violatoria de derechos fundamentales. Hoy día no solamente permite calificar bajo la calificación terrorista a delitos que no lo constituyen, bajo los estándares internacionales, sino que también agrava penas y afecta derechos de los imputados durante el proceso en su conjunto: el uso de testigos sin rostro y la necesidad de tener unanimidad para revocar la prisión preventiva cuando se ha solicitado el cambio de medida cautelar, medidas que deben ser siempre excepcionales y que aquí han constituido la norma”, ejemplificó.
La semana pasada, 40 diputados entregaron una carta al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, solicitando el fin de la investigación y criticando el uso de testigos sin rostro en el marco de la Ley Antiterrorista.
Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/106569/
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