La secretaria de Amnistía Internacional se reunirá con Bachelet.

Fuente: Radio Cooperativa

Irene Khan visitará Chile en la conmemoración de los 10 años del arresto de Pinochet.

EFE   

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, se reunirá en Santiago con la Presidenta Michelle Bachelet, y familiares de las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La secretaria general de AI encabezará entre el 3 y 8 de noviembre próximo una visita a Chile en el marco de los diez años del arresto de Pinochet en Londres y participará en varios eventos con motivo de la conmemoración de los 25 años de la actividad de Amnistía en el país, precisaron este lunes
fuentes de esa organización.

Durante su visita, Irene Khan se reunirá además con integrantes de las comunidades indígenas de Temuco y Calama.

La secretaria general tiene programado también reunirse con representantes de organizaciones de la sociedad civil y con altas autoridades del Gobierno para “relevar los principales desafíos de Derechos Humanos que enfrenta Chile”, precisó AI.

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Familiares de ejecutados políticos piden a la Suprema acelerar juicios.

 

Fuente: www.elmostrador.cl 

En tribunales, la Agrupación solicitó a los magistrados ordenar que se agilicen los procesos y a la vez -en La Moneda- pidieron al gobierno que entregue asesoramiento legal a las víctimas.

El abogado Hugo Gutiérrez acompañado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), solicitó a la Corte Suprema indagar la muerte de 14 personas durante el régimen militar.

Gutiérrez que existen mil 164 asesinatos producidos durante la dictadura, procesos que no han sido aclarados por los tribunales.

“Hemos considerado pertinente, adecuado y correcto preguntar al Estado de Chile y principalmente al Poder Judicial que ha ocurrido con más de 1.164 casos de Ejecutados Políticos que están dentro del Informe Rettig, de los cuales hoy no tenemos información alguna”, aseguró el jurista.

“Son víctimas que están señaladas en el Informe Rettig, o sea, son víctimas que el mismo Estado de Chile estimó que habían sido objeto de violencia política, que habían sido objeto de persecución y víctima del horror de la dictadura militar”, agregó.

Agregó que “hemos indicado en esta presentación 14 casos que creemos que son emblemáticos y que dan cuenta de la inexistencia de voluntad de parte del Estado chileno, y principalmente del Poder Judicial de indicarnos que es lo que ha ocurrido con la muerte de estas personas”, deslindó.

El otrora candidato a alcalde por Estación Central  indicó que corresponde “exigir una respuesta, son investigaciones inconclusas, investigaciones en muchos casos inexistentes que hoy requerimos que el Estado y el Poder Judicial nos den la respuesta adecuada a fin de que estos familiares que han bregado tanto años por justicia, hoy tengan cumplida la exigencia que tiene todos Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos en este país”.

Por su parte la presidenta de la AFEP, Marta Godoy, afirmó que entregarán copia de su demanda en La Moneda solicitando al gobierno asesoría jurídica gratuita para las familias de las víctimas de los casos que aún se investigan.

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Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Ricardo Claro se murió sin ser juzgado”

“Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales”, sostuvo la presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló hoy que lamenta profundamente que el empresario Ricardo Claro Valdés haya fallecido “sin haber sido jamás sometido a proceso por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios trabajadores, así como en la tortura y muerte de chilenos que fueron prisioneros en los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores”.

La organización recordó que el empresario Ricardo Claro Valdés formó parte del directorio de Electmetal, “empresa que retuvo ilegalmente y luego entregó un grupo de trabajadores a una patrulla militar que posteriormente los asesinaría y desperdigaría sus cuerpos por distintos lugares de la capital, presumiblemente para producir un efecto aleccionador”, precisó la presidenta de la entidad Marta Godoy.

“Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales”.

La organización de Derechos Humanos entregó antecedentes judiciales que señalan que el 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal, que después de estar en manos de los trabajadores había sido devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta  Militar, entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa  y otros del cordón Vicuña Mackenna a un piquete compuesto por efectivos del Ejercito y Carabineros.

Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía propiedad de Ricardo Claro y hermano de dos de las víctimas, él mismo presenció como sus hermanos Miguel y Juan y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de Carabineros. No se les volvió a ver con vida.

“Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias”, relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado y sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. “El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores”, reclama.

Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores, fueron asesinados y repartidos en diversas calles de Santiago, asegura la entidad, la cual asegura que sus cuerpos con señales brutales torturas, quemaduras con soplete y múltiples impactos de bala, fueron ubicados sólo por casualidad en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.

Según los antecedentes recopilados por la AFEP, la decisión de entregarlos habría sido tomada en una reunión del directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Junta Milita, Patricio Altamirano, quien personalmente habría retenido en su oficina a Juan Fernández Cuevas y entregado a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de Carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.

“Por otra parte, desde el mismo 11 de septiembre la compañía Sudamericana de Vapores, puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua, lugar en el que varios de ellos fueron asesinados”, precisa la agrupación.

“El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes, siendo torturados y algunos asesinados”, detalla.

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Amnistía Internacional critica a Uribe por “distorsionar” violaciones a los DDHH en Colombia.

Fuente: www.elmostrador.cl 

Un informe del organismo internacional refuta el optimismo del mandatario sudamericano, considerando que en el año 2007 305.000 personas fueron desplazadas y que al menos 190 fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por la guerrilla.

Amnistía Internacional criticó este martes el heho que el Gobierno de Álvaro Uribe “distorsione” la realidad de la violación de los derechos humanos en Colombia y ofrezca una “versión optimista”, y le reprochó también que no reconozca la existencia de un “conflicto armado” en el país.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, presentó en Madrid el informe “¡Déjennos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia”, acompañado por Marcelo Pollack, investigador del Secretariado Internacional de Amnesty International para Colombia, y Nancy Fiallo, defensora colombiana de derechos humanos.

Beltrán afirmó que el Gobierno de Uribe da una “versión optimista” de la situación de los derechos humanos que no se corresponde con la realidad y que, además, niega absolutamente la existencia de un conflicto armado.

Además, señaló que, pese a la liberación del ex congresista Oscar Tulio Lizcano, su organización “no olvida los miles de secuestrados”, por lo que pidió su liberación “inmediata”.

El director de AI pidió al Gobierno español que “facilite y no bloquee” en la UE el examen que Colombia hará en diciembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que se incluya al país entre las naciones con “gravísimas violaciones de los derechos humanos”.

Según el informe “¡Déjennos en paz!”, en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles frente a 1.300 en 2006. De los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330, los paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.

También se revela que hasta 305.000 personas fueron desplazadas en 2007 y que al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por la guerrilla.

Por todo ello, Amnistía Internacional instó a todas las partes implicadas en el conflicto a que muestren la “voluntad política necesaria” para poner fin a los “abusos contra los derechos humanos”, y exhortó a la comunidad internacional a que “redoble los esfuerzos para lograr que las dos partes enfrentadas” los respeten.

En este sentido, Pollack reclamó “acciones efectivas” para no involucrar a civiles en el conflicto y llamó a las partes enfrentadas a que no den la espalda a este problema “condenando así a millones de colombianos al terror, la angustia y la miseria”.

El informe también dice que, pese al proceso de desmovilización paramilitar auspiciado por el Gobierno, estos grupos “siguen activos en varias partes del país”.

El director de AI en España aseguró que la raíz del conflicto está en la impunidad y es que, según el informe, sólo un 10 por ciento de los más de 31.000 paramilitares que, según el Gobierno, han sido desmovilizados han podido acogerse al proceso de “Justicia y Paz” que les concede beneficios judiciales a cambio de confesiones sobre su participación en violaciones de derechos humanos.

Alrededor del 90 por ciento de los paramilitares desmovilizados, continúa el documento, “se han beneficiado de amnistías de facto”.

Nancy Fiallo, que llegó a Madrid hace veinte días “protegida” por Amnistía Internacional tras sufrir en su país amenazas, reclamó a Uribe que llame públicamente a que se respete la labor de los defensores de los derechos humanos y no diga que éstos son “terroristas y que pertenecen a las FARC”.

Tras asegurar que entre junio de 2002 y diciembre de 2007 un total de 75 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia, Fiallo aseveró que el Gobierno de su país debería hacer un “respaldo político” a la labor de estas personas.

En este sentido, Esteban Beltrán pidió al Gobierno español que siga apoyando y poniendo de relieve la labor de los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas en Colombia.

EFE

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Publican “La jungla polaca” (Anagrama), el primer libro del periodista fallecido hace dos años. Kapuscinski regresa a casa.

Fuente: www.lanacion.cl Por Javier García / La Nación

Los protagonistas son sus compatriotas: habitantes de edificios desgastados de Varsovia, mendigos, hermosas mujeres campesinas. Más de veinte artículos escritos antes de los 30 años, para quien la ética era su jungla y aldea.

Nací en una parte de Polonia que ahora forma parte de Bielorrusia -contaba Ryszard Kapuscinski en 2002-, muy al este de Varsovia, fuera de nuestras fronteras actuales. Era la parte más pobre de Polonia y posiblemente de Europa. De hecho, sigue siendo muy pobre. Una tierra desgraciada, de pocos recursos y de una gran escasez”.

Un retrato de su tierra, de una casa tan grande y a la vez pequeña, que luego salió a buscar otras aldeas, con los mismos problemas y fronteras que la suya, como las imágenes que Kapuscinski retrata en “La jungla polaca”, su primer libro publicado en 1962 y que ahora es reeditado en una edición aumentada por Anagrama.

Veintidós textos, donde los protagonistas son sus compatriotas: trabajadores, habitantes de edificios desgastados de Varsovia, deportistas, mendigos, hermosas mujeres campesinas. Todo pasado por el ojo de Kapuscinski, quien tenía 30 años en 1962 y era reportero del semanario Polityka, de donde surge parte de estos escritos.

EL HOGAR DE LA GUERRA

Kapuscinski, quien registraba cada detalle en su bloc de notas, como un mapa prodigioso y denso, murió en enero de 2007, y su posteridad ha sido una verdadera legión de fieles seguidores.

“A veces me preguntan si no me quiero quitar el abrigo. O si me gustaría sentarme. Una vez me ofrecieron un caramelo; otra, un café. Acaricié la cabeza a una docena de niños y besé la mano a unas cuarenta mujeres. Ofrecí un cigarrillo a ocho hombres. A mí me lo ofreció uno. Tres señoras mayores dijeron que yo era joven; dos chicas jóvenes, que yo era viejo. Repartí sonrisas por doquier”, escribe el señor K en un pasaje de “La casa”, texto incluido en “La jungla polaca”.

Este, su primer libro, tiene la gracia de ser más intimista, antes de la gran aventura, de esos viajes por la Unión Soviética, por los países en conflicto, la revolución, la guerra, a miles de kilómetros de casa.

En “La jungla polaca”, su autor también sale del territorio natal, y describe un viaje africano. Allí le cuenta cómo cae en su país la nieve a un grupo de hombres, quienes sólo lo han visto en películas.

El autor del libro “Los cínicos no sirven para este oficio”, deja en claro en el volumen su ética, descifrada en frases como: “Los habitantes de los países más o menos pobres -como Polonia sin ir más lejos- ofrecen su barata mano de obra; los países ricos se defienden, tiene de sobra donde elegir”. O “La guerra no construye casas”.

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FUNDACIÓN EPES INVITA: “CONVENIO MARCO, CONTROL DEL TABACO Y EL MONITOREO EN CHILE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

FUENTE: WWW.EPES.CL

 

INVITACIÓN

 

“CONVENIO MARCO, CONTROL DEL TABACO Y EL MONITOREO EN CHILE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

 

           ¿Cuales son los mecanismos que existen desde la sociedad civil para

incorporar género en las políticas públicas en tabaco?

 

          ¿Cómo abordar la brecha entre el compromiso internacional y la política nacional?

 

           ¿Qué relevancia tiene el Convenio Marco para el movimiento de la salud de las mujeres?

 

Día:     Jueves 30 de Octubre,

 

Hora:  De 09:00 a 13:30 hrs.

 

Lugar: Hotel Nipón, Barón Pierre de Coubertain #62 (ex Marcoleta), Santiago Centro.

 

Rogamos confirmar su participación al e-mail epes@entelchile.net, o a los fonos: 548 6021 o 548 7617.

 

 

26 años de trabajo por salud y vida digna Fundación EPES – Educación Popular en Salud

 

www.epes.cl

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DENUNCIA CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Gobierno ratifica Convenio 169 pero insiste con “letra chica”.

Fuente: http://www.azkintuwe.org

 Los ministros José Antonio Viera Gallo y Paula Quintana subrayaron que el decreto de ratificación incluiría en sus considerandos “el intercambio de cartas que hubo entre el Ministerio Secretaria de la Presidencia y la OIT respecto del alcance de algunas de sus de sus disposiciones en relación al ordenamiento jurídico interno de Chile”. Esto es, la “declaración interpretativa” negociada con la derecha y que buscaría limitar los alcances en Chile de otros instrumentos internacionales.

 

Por Pedro CAYUQUEO I Miércoles 24 de Septiembre de 2008

SANTIAGO / A través de una declaración pública, los Ministros secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y de Planificación, Paula Quintana, confirmaron que la Presidenta Bachelet ratificó el Convenio Nº 169 de la  organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en paises independientes. Sin embargo, trascendió que el Ejecutivo insistirá en agregar en el Decreto aquella “declaración interpretativa” rechazada por la propia OIT.

“La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el único tratado internacional vinculante dedicado especialmente a los pueblos indígenas”, indicó la declaración gubernamental. Agrega que la ratificación del Convenio Nº 169 “es una de las más importantes reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y es parte del cumplimiento de la política indígena ‘Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad’”.

“De esta forma, la Presidenta Michelle Bachelet cumple con una de las mayores aspiraciones de la comunidad indígena del país y con un compromiso adquirido desde el primer gobierno de la Concertación y es la fase previa al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas”, agregó el texto. Los ministros dieron a conocer que en la carta de aceptación en la cual la oficina en Ginebra de la OIT acepta la ratificación que hace el gobierno de Chile del Convenio, “se reconoce la contribución que ésta constituye para la obra normativa del organismo internacional”.

in embargo, acto seguido, Viera Gallo y Quintana subrayaron que el decreto de ratificación incluiría en sus considerandos “el intercambio de cartas que hubo entre el Ministerio Secretaria de la Presidencia y la OIT respecto del alcance de algunas de sus de sus disposiciones en relación al ordenamiento jurídico interno de Chile”. Esto es, aquella “declaración interpretativa” negociada con la derecha y que, a juicio del movimiento indígena y organismos de derechos humanos, buscaría limitar los alcances del Convenio y “cerrar la puerta” a otros instrumentos de alcance internacional y con mayores estándares, principalmente la Declaración Universal de Derechos Indígenas de la ONU.

Comedia en tres actos

A juicio de Víctor Toledo Llancaqueo, director del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, en Chile se estaría en presencia de una “comedia en tres actos”. “Ya han pasado los dos primeros actos con todos los incidentes conocidos y las correspondientes muestras del peculiar sentido del “honor nacional” de las autoridades y parlamentarios. En cada uno de los actos ya transcurridos –aprobación y ratificación- los gobernantes y clase políticas chilena han hecho inusual gala de falta de honor y una profunda mala fe. Retrasando trámites, recurriendo de inconstitucionalidad y elaborando alambicadas reservas”, señala.

“El penúltimo episodio -agrega Toledo- fue una bochornosa actuación chilena ante la OIT en Ginebra pretendiendo le aceptaran a Chile una “declaración interpretativa”, la que fue diplomáticamente rechazada. Ahora el honorable Gobierno la pretende insertar de modo oblicuo en el Decreto Promulgatorio del Convenio 169. Además de los vicios jurídicos que comportará este nuevo error del Gobierno ahora cabe preguntar ¿Asi se contribuye a establecer bases de diálogos constructivos entre el estado y pueblos indígenas? ¿Así gana en legitimidad y seguridad el estado de Chile? ¿Así se construye gobernabilidad democrática?”.

“Al final del dia, solo cabe apelar, una vez más, a alguna reserva moral que aun quede en algún lugar de La Moneda y MIDEPLAN a un mínimo de sentido común, y de honor, asi sea personal”, finaliza el académico. Cabe recordar que el Convenio fue ingresado al Parlamento por el primer gobierno de la Concertación en 1991 y había sido aprobado con una votación transversal mayoritaria el 11 de abril de 2000 por la Cámara de Diputados. Finalmente, el Senado lo aprobó el 4 de marzo pasado por 36 votos a favor y uno en contra, después de 17 largos años de trámite parlamentario.
El Convenio 169 entrará en vigencia en Chile el 15 de septiembre de 2009, doce meses después de la fecha del registro de su ratificación, por lo que el gobierno -anunciaron los ministros- en este lapso continuará con la puesta en marcha de su polémica política indígena, que implica la adecuación de la estructura gubernamental para la aplicación de este nuevo instrumento internacional. En América Latina, el texto ha sido ratificado por México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Honduras. Asimismo, lo han respaldado Fiji, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, entre otras latitudes.

Derechos consagrados

El Convenio 169 establece un concepto de “pueblo indígena” que recoge las condiciones culturales, sociales, económicas e históricas que los distinguen como tales. Asimismo, es un catálogo de derechos que abarcan los siguientes aspectos: 1) Derechos políticos: establece el reconocimiento y respeto a sus propias instituciones; el derecho a la participación y a la consulta; y el derecho a definir sus propias prioridades. 2) Derechos consuetudinarios: norma que los sistemas jurídicos y judiciales nacionales deberán considerar las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. 3) Derecho a tierras y territorios, y recursos naturales: insta a los gobiernos a reconocer la importancia de la tierra para las culturas indígenas, asumiendo que el concepto “tierra” incluye el de “territorios”.

 

Además, reconoce el derecho colectivo de propiedad basado en títulos ancestrales y establece el deber del Estado de proteger tales derechos; sus modalidades de transmisión; y el derecho a que los pueblos indígenas no sean trasladados obligatoriamente. Respecto a los recursos naturales, el Convenio considera el derecho de utilización, administración y conservación de los mismos. Asimismo, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por la eventual utilización de sus recursos naturales, y a participar de los beneficios que corresponda.

También, el Convenio establece que los Estados deben proteger los recursos naturales de los pueblos indígenas de su uso indebido y velar porque estos contribuyan al desarrollo de dichos pueblos. Consagra además derechos en materia de empleo, educación, seguridad social y salud: establece la obligación de los Estados de tomar medidas que aseguren el acceso, la no discriminación, la protección y la participación de los pueblos indígenas en estos ámbitos, a través, por ejemplo, del establecimiento de la educación bilingüe / AZ

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