Llamado en apoyo a liberación del estudiante José Ancalao.

Fuente: Por Juana Aguilera (CECT).

lunes 28 de julio 2008

El presente comunicado busca  informar acerca de  la injusta acusación de la cual es objeto el alumno del liceo Pablo Neruda de Temuco vocero regional  estudiantil secundario y Werken de la Coordinadora Regional de estudiantes secundarios  mapuches José Ancalao, el cual fue arrestado por carabineros de Chile el primero de julio del año 2008, mientras  caminaba  con sus manos en  alto en el centro de la ciudad de Temuco, en una marcha pacifica que conglomeró a cerca de quinientos 
estudiantes secundarios, en rechazo a la Ley General de Educación.
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En este contexto se le formularon cargos de dudosa autenticidad por parte de carabineros de Chile lo que causa que sea procesado por la fiscalía militar por cargos falsos como maltrato de obra a carabineros, incitación a la violencia, daño a la propiedad pública, daño a vehículo policial y desórdenes públicos, arriesgando penas de presidio efectivas  elevadas  e injustas, bajo la base de que las 
acusaciones vertidas no se sustentan en hechos verídicos, y no existen las pruebas suficientes para corroborar las acusaciones, es más, los archivos disponibles junto a los videos existentes muestran lo contrario .

En base al conjunto de los antecedentes, podemos considerar este proceso como  una persecución policial en contra de José Ancalao, el aparato de seguridad y represión del Estado sólo busca silenciar y sacar del camino a los dirigentes destacados que luchan por la dignidad del pueblo mapuche y por la búsqueda de la justicia social, para ello usan medios legales pero no justos.

Con el objetivo de esclarecer los sucesos desarrollados el día primero de Julio, los cuales concluyeron con la detención y la formulación de cargos por parte de la fiscalía militar, en el presente comunicado procederemos a especificar los hechos acontecidos tal y como se desarrollaron.

Primeramente el conjunto de estudiantes secundarios mantenían en toma el Departamento de Educación Municipal de Temuco, el cual fue desalojado pacíficamente por los mismos. En el momento en que el acusado procedía a retirarse del establecimiento, luego de la salida de sus compañeros, fue abordado por personal de Carabineros  que procedieron a rodearlo durante quince minutos aproximadamente, junto a lo cual fue duramente increpado y amenazado por el Mayor de Carabineros Alfonso Fernández. Luego de lo sucedido, José Ancalao se dirigió junto al resto de los alumnos movilizados a través de la vereda hasta llegar a la intersección de la calles Claro Solar con General Mackenna, donde fueron interceptados por personal de Carabineros que procedieron a la detención de un grupo de 17 alumnos entre los cuales se encontraban los dirigentes estudiantiles Hugo Vidal y el acusado de los cargos anteriormente mencionados José 
Ancalao Gavilán,
los cuales fueron introducidos en el bus de carabineros de fuerzas especiales, sin mediar una resistencia violenta, ni mucho menos agresión física a Carabineros por parte de ninguno de los apresados. Una vez en el interior del vehículo, José Ancalao fue obligado a arrodillarse en su pasillo a la vista del resto de los detenidos, los cuales no fueron sometidos a esta humillación, 
ante la negativa del dirigente estudiantil, el personal de carabineros lo redujo a golpes de puño, de rodilla, puntapiés y uso abusivo (de la luma), dirigiendo sus golpes principalmente a la zona del cráneo,costillas y escápulas, mientras se mantenía al apresado sostenido del cabello ,y se le increpaba e insultaba haciendo alusión directa a su origen mapuche, todo esto realizado por un conjunto de 
siete Carabineros, entre ellos el Cabo Lagos de Fuerzas Especiales. 
Acto seguido a lo acontecido en el transporte de Carabineros el grupo detenido fue llevado a la Segunda Comisaría de Temuco, donde las humillaciones y vejaciones se mantuvieron, en particular contra los dos dirigentes mencionados con anterioridad, tanto Hugo Vidal como José Ancalao fueron separados y obligados a desnudarse en presencia de personal de Carabineros para constatar supuestamente la presencia de armas contundentes, ante dicha situación cabe preguntarse ¿Por qué se 
le obliga únicamente a desnudarse a quienes ejercen como dirigentes estudiantiles y no al conjunto de estudiantes apresados? Y junto a esto ¿Por Qué se les desnuda a los acusados siendo que las armas cuya presencia se supone quieren constatar son “contundentes”, y por ende debieran observarse o detectarse a simple vista?

De lo sucedido fue formulado el cargo de maltrato de obras a carabineros, lo cual es claramente inconsistente en relación a los antecedentes mencionados con anterioridad, junto a esto el dirigente en cuestión fue acusado de incitación a la violencia y daño a la propiedad pública, bajo el supuesto de que José Ancalao habría iniciado el apedreamiento de vehículos de carabineros y habría generado la ruptura de dos vidrios de la Secretaria Regional Ministerial de Educación, ambos hechos habrían acarreado la formulación de los dos cargos mencionados en forma respectiva. Sin embargo cabe mencionar que ninguno de los dos hechos ocurrieron  realmente, no existen pruebas contundentes que incriminen al dirigente estudiantil, si no por el contrario, existen testigos que observaron lo ocurrido y que ante cualquier eventualidad pueden atestiguar sobre lo sucedido a favor de José Ancalao.

De todo lo acontecido se  desprenden ciertos cuestionamientos, dirigidos a todos los lectores del presente comunicado, el objetivo esencial del texto presentado es hacer tomar conciencia tanto a la población de la Araucanía, como al conjunto del pueblo de Chile y a la comunidad internacional, sobre un acontecimiento que hace dudar de la tan amada democracia de un país que se jacta de respetar los derechos  humanos y sobre todo los derechos del pueblo mapuche. En tales condiciones es inaceptable que por el solo hecho de que un escolar que es dirigente estudiantil  y por ende  lucha por los derechos de la comunidad que representa, sea de origen  mapuche, se le pueda insultar, golpear y en último caso humillar de la forma en la que se le hizo, y no conformes con ello, con el objetivo de eludir su  responsabilidad en los acontecimientos, se le acusa y se le imponen
cargos, sin fundamentos sólidos, que son requerimiento esencial en 
este tipo de casos.

Junto con lo mencionado previamente es menester mencionar y explicitar 
el hecho que el acusado está siendo procesado por el mismo tribunal militar regional que dejó impune a los asesinos de los hermanos Alex Lemun y Matías Katrileo, por lo cual es clara la tendencia del tribunal en cuestión. Es por ello que se hace esencial y urgente la comprensión de la situación mencionada y del apoyo de todas las comunidades aludidas, a las cuales se les hace un llamado a sumarse en 
apoyo del dirigente estudiantil secundario José Ancalao, en vista de lo sucedido. Sus comentarios y consejos enviarlos por favor a  www.melinewen.es.tl  y/o al mail melinewen2@gmail.com.

En todas la historia del movimiento estudiantil del 2006 en adelante jamás se ha acusado tan duramente a un dirigente como a José Ancalao siendo victima de persecuciones y amenazas por la policía civil, entre muchas otras situaciones que ya han sido explicitadas y narradas en extenso anteriormente.

El Caso Prats, el Ejército de Chile y la Nación.

Parece indispensable que el Ejército, a través de su Comandante en Jefe, General Oscar Izurieta, se pronuncie acerca ya no sólo del fallo del “caso Prats”, sino acerca de lo que revela la investigación del Magistrado Solís, pues, ciertamente, en este caso como en tantos otros, ya no se trata de ‘’responsabilidades individuales’’. Son institucionales.

Por Historiadores USACH

A pesar de los numerosos y frecuentes llamados a dejar atrás lo pasado y a que es necesario olvidar, los acontecimientos cotidianos enfrentan habitualmente a los chilenos con los dolorosos acontecimientos de las décadas de 1970 y 1980.

En ese sentido, el mes de junio terminó en una nota alta, pues dos acontecimientos recordaron al país a los protagonistas centrales de aquellos años intensos, convulsionados y que, de alguna manera, permanecen aún cubiertos por sombras, o bien por mantos que se tienden sobre ellos con la clara intención de ocultar la verdad. Pero, por más esfuerzos que se hacen en este sentido, los porfiados hechos y el desarrollo de los acontecimientos hacen que el pasado aflore y nos confronte.

El último día del mes de Junio se conoció el fallo en primera instancia del Ministro Alejandro Solís con relación al llamado “caso Prats”, es decir, del asesinato en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1974 del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats González y su esposa, señora Sofía Cuthberth Charleoni. El fallo inculpa a siete miembros del Ejército, por entonces en servicio activo y a dos civiles. De su lectura queda claro que la orden emanó del Comandante en Jefe y Presidente de la Junta Militar de Gobierno, General Augusto Pinochet Ugarte.

El fallo confirma que la operación fue planeada por el mando militar en sus más altas instancias y ejecutada por un hombre de confianza del General Pinochet, el Coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y sus subordinados en ese organismo, a pesar de que en sus últimos años de vida el primero negó sus vínculos con el segundo. Sin embargo, Contreras, en todas las instancias en que le ha sido posible, ha confirmado la naturaleza de sus relaciones con el Comandante en Jefe.

El desenlace de este episodio, a pesar de que naturalmente los condenados en primera instancia apelarán del fallo, aclara un episodio más de la cruenta y reciente historia de nuestro país; pero, no cancela la necesidad de debatir acerca de lo que ocurrió en las Fuerzas Armadas, desde que ellas comenzaron a involucrarse en la contingencia política, en octubre de 1970. Este último es el primer tema, pues si se estudia en detalle el fallo del Ministro Solís queda claro que la tesis sustentada por diferentes comandantes en jefe desde 1990, en el sentido de que las responsabilidades con relación a las violaciones a los Derechos Humanos son individuales y no institucionales, queda sin sustento.

En efecto, el “caso Prats”, con todo lo grave que es que miembros de la institución hayan atentado y asesinado a uno de sus jefes máximos – es importante precisar que no era un “marxista” – denota y resalta un hecho insólito en los anales de las fuerzas armadas de Occidente, esto es, que miembros de la institución atentaron y asesinaron a uno de sus jefes máximos, con el agravante de que se trató de una acción terrorista en el extranjero.

Cabe recodar, no obstante, que el involucramiento de mandos militares en crímenes políticos de compañeros de armas, no era algo inédito en el país. En la conspiración que terminó con la vida del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider Chereau, en octubre de 1970, participaron de manera activa en su planificación e implementación un general de división (por entonces Comandante en Jefe de la II División del Ejército con asiento en Santiago, Camilo Valenzuela Godoy), un vicealmirante y por algunas semanas Comandante en Jefe de la Armada, Hugo Tirado Barrios; un general de brigada aérea, Joaquín García Suárez, y el entonces Director General de Carabineros, Vicente Huerta Celis, todos ellos coludidos con la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos. En otras palabras, el “caso Prats”, se suma a una lista que se extiende, hasta donde se sabe, hasta el caso del Coronel Gerardo Huber Olivares en 1992. Se conoce además de otros casos cubiertos por un manto de misterio, que terminaron en la muerte nunca aclarada de oficiales y suboficiales.

¿Qué debe hacerse por parte de la ciudadanía frente a crímenes de la magnitud de los enumerados? El Ejército de Chile, una institución que, junto con las otras dos ramas de la defensa nacional y las policías, son financiadas con los tributos de los chilenos, a la que una empresa del Estado de Chile le entrega cuantiosos recursos productos de sus ventas brutas de cobre en el mercado internacional y a la cual le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente, y también lo disponían las anteriores, detentar el monopolio de la tenencia de armas, en el entendido que disponen de ellas para la defensa de la Nación.

En consecuencia, que esas armas hayan sido utilizadas para eliminar a compañeros de armas bajo sospecha de ser “enemigos” es muy grave. Grave también es el uso de recursos públicos con el afán de obstruir la justicia.

En torno a todas esas muertes, Schneider, Prats, Lutz, Araya Peeters, Huber y tantos más, queda la impresión de que al interior del Ejército y las otras ramas de la defensa, ha habido -quisiéramos pensar que hubo- un proceso que se escapó de las manos de quienes lo pusieron en marcha. Un proceso en que se sobrepasaron los “mínimos morales” –honor, valor, dignidad y lealtad- según los cuales las propias instituciones requieren guiar su quehacer, hasta generar en su seno organizaciones criminales.

Frente a ello, nos parece indispensable que el Ejército, a través de su Comandante en Jefe, General Oscar Izurieta Ferrer, se pronuncie acerca ya no sólo del fallo del “caso Prats”, sino acerca de lo que revela la investigación del Magistrado Solís, pues, ciertamente, en este caso como en tantos otros, ya no se trata de “responsabilidades individuales”. Son institucionales. También debería pronunciarse acerca de cómo el Ejército de Chile explicará a la sociedad chilena que el Comandante en Jefe haya ordenado el asesinato de su antecesor, para quien había sido su hombre de confianza ¿Cómo explica el General Izurieta que el fallo consigne que al interior de una unidad militar al conocerse la muerte del General Prats hubo oficiales que aplaudieron y celebraron el crimen? De no haber una explicación, los “mínimos morales” parecerán ser solo palabras vacías, sin significado o, lo que es peor, conceptos destinados a encubrir hechos cobardes.

Los desafíos que el “caso Prats” plantea a la sociedad chilena son mayores. La Nación necesita garantizar la subordinación militar al poder civil constituido democráticamente. A manera de ejemplo y relacionado con la trayectoria de ellas desde comienzos de la década de 1970: ¿de qué manera se debe decidir qué se enseña al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, en particular en sus escuelas matrices? Ellas entregan grados académicos, entonces ¿deben someterse, como lo hacen las demás instituciones de educación superior estatales a un proceso de acreditación? ¿Cómo seleccionan a sus profesores civiles? ¿Cuáles son los criterios con que se estructuran los programas de estudio en materias que dicen relación con la historia, la política, los derechos humanos, la sociedad, las relaciones internacionales? En otras palabras, ¿qué formación reciben los futuros oficiales?

En 2007 la Cámara de Diputados tramitó un proyecto de ley –que aún debe debatirse en el Senado- que requiere que las instituciones de la Defensa den cuenta al poder legislativo de su quehacer. ¿Se puede agregar a ello el que periódicamente den cuenta acerca de cómo y, lo más relevante, de acuerdo con qué valores se forman los oficiales?

Nos parece necesario abrir un debate serio y responsable acerca de estos temas. De lo que llevó a oficiales generales a atentar contra un Comandante en Jefe en ejercicio y contra otro en retiro, y a la eliminación física de tantos otros. Para no referirnos a los miles de civiles que murieron a manos de oficiales de las fuerzas armadas.

Estamos dispuestos a debatir estos temas, e invitamos a los señores comandantes en jefe, a todos aquellos que en el seno del Estado de Chile tienen algo que ver con el manejo de instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y a la sociedad chilena en su conjunto, a destinar un tiempo a reflexionar y a pronunciarse acerca del “caso Prats” y tantos otros.

*Igor Goicovic, Marcelo Mella, Cristina Moyano, Luis Ortega, Julio Pinto, Augusto Samaniego, Hernán Venegas.

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Ministro de Hacienda dijo que con la nueva norma no se pretende un alza de las remuneraciones. Pugna por Ley de Salario Base.

Fuente: www.lancaion.cl Por José Carlos Prado.

Sin embargo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sostuvo que las nuevas obligaciones introducidas en el Código del Trabajo elevan los costos para las empresas, afecta el empleo y podrían generar una deterioro de las relaciones laborales.

La ratificación que el lunes hizo la Dirección del Trabajo (DT) a la indicación que extiende descanso remunerado para quienes tengan un contrato mixto, es decir, sueldo base más variable, ha encendido la luz de alerta en los gremios empresariales.

La nueva normativa que iguala en sueldo base con el mínimo introduce en su articulo 45 una ampliación del derecho conocido como “semana corrida”, lo cual obligará a los empleadores a cancelar los días no trabajados, por ejemplo, los domingos.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, descartó las posibles repercusiones inflacionarias que pueda provocar esta ley, pues dijo que no busca establecer incrementos en los sueldos. ” El ministro del Trabajo (Osvaldo Andrade) ha sido muy claro y esa es la voluntad del Ejecutivo. Este es un proyecto que corrige algunos abusos que eran inaceptables, no es un proyecto que pretenda legislar un alza de remuneraciones. Por lo tanto, el objetivo está claro y las precisiones que corresponda hacer, entiendo que las está haciendo, vía dictámenes, la Dirección del Trabajo”, sostuvo. Sobre las posibles alzas en el costo de la vida, el jefe de la billetera fiscal agregó que “si las remuneraciones no van a incrementarse, porque ese no es el propósito del proyecto, difícilmente eso podría suceder”.

Empresarios

Sin embargo, los gremios empresariales no comparten los argumentos del secretario de Estado, pues la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) proyectó un efecto negativo de la normativa tanto en los costos de las empresas como en la generación de empleos. En un comunicado difundido ayer, la entidad explicó que “la ley introdujo disposiciones absolutamente alejadas del mensaje que le dio origen y, contrariamente a lo señalado por las autoridades respectivas, estableció -de hecho- un incremento en el costo laboral que puede ser muy significativo para miles de empresas”.

Asimismo, agregó que “lamentablemente el dictamen de la DT emitido ayer (el lunes), en vez de presentar la solución que esperábamos, agrava el problema generado por la nueva ley sobre salarios base, al confirmar el incremento de costos, junto con establecer un período de sólo seis meses para hacer los ajustes en la remuneración”.

Según la CPC estas disposiciones perjudican la competitividad de las empresas y promueven la conflictividad laboral artificial entre trabajadores y empleadores, por lo que afirmaron estar conversando con las autoridades sobre la materia.

“En momentos en que el país experimenta una delicada situación económica y cuando todos los actores públicos y privados hacen importantes esfuerzos por promover medidas que fortalezcan el crecimiento, la innovación, los nuevos emprendimientos y la competitividad de los sectores productivos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la aprobación de leyes que apuntan en sentido diametralmente opuesto y que, además, pueden terminar afectando la paz social”, concluyó la CPC.

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Garzón derivó a prisión al ex fiscal militar Podlech.

Fuente: www.lanacion.cl 

Juez español que logró detención de Pinochet en Londres tiene en sus manos al ex uniformado capturado en Madrid. Desde Chile, la Cancillería aseguró “protección consular”.

 El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, a la espera de que se resuelva en ese país una eventual entrega a Italia, fue quien decidió enviar a prisión al ex fiscal militar durante la dictadura de Chile, Alfonso Podlech Michaud, detenido el domingo en ese país.

Así se dio a conocer en esta jornada en medios hispanos con lo que se confirma una nueva actuación en un caso relacionado con crímenes de  Derechos Humanos en Chile del mismo magistrado que mantuvo detenido al ex dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998.

Garzón, en su calidad de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, adoptó dicha medida después que el chileno compareciera en la Audiencia Nacional el domingo último cuando fue identificado y detenido, mientras se tramita una orden de extradición a Italia.

En Santiago, en tanto, el canciller (s), Alberto van Klaveren, informó que el consulado en Madrid dará protección al ex uniformado.”Estamos averiguando la situación procesal en que se encuentra y nuestro consulado en Madrid ha recibido instrucciones muy claras en el sentido en otorgar la protección consular que corresponde a todo ciudadano chileno que se encuentra en esas circunstancias”, explicó.

Podlech Michaud fue capturado en el aeropuerto de Barajas en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por su presunta relación con la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli Leonelli, en 1973.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973- 1990), entre ellos el religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía arresto político.

En julio de 2006, su familia presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, y contra Podlech, quien cuando se produjo la desaparición ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Venturelli, ex cura que había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento “Tucapel”, de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro. Un documento firmado por el hoy detenido señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

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Carta de Jose Ventureli a la Presidenta Bachelet, por Elena Varela y José Ancalao.

Dra. Michelle Bachelet,
Presidenta de todos los chilenos, martes, 29 de julio de 2008.

A pocas horas de salir de Chile, regresando a Canadá, me voy, como 
sucede con frecuencia creciente, con la angustia de la permanente 
represión que se ejerce contra el pueblo mapuche y contra quienes se 
atrevan a cuestionar el “arreglo de gobierno actual”.

Le escribo con franqueza porque es la mejor forma de plantear los 
problemas. Estoy muy inquieto por la situación de Elena Varela López, 
artista, cineasta y musicóloga que ha dirigido la Orquesta Sinfónica 
de los niños de la escuela Claudio Arrau hasta su detención arbitraria 
y preventiva (como lo permite la ley anti-terrorista del dictador 
Pinochet que Ud ni ningún gobierno ha intentado eliminar)

Estuve hace un par de días visitando a Elena Varela en la cárcel de 
alta seguridad de Rancagua y  me quedo profundamente indignado (como 
invita Amnistía Internacional a hacerlo ante las violaciones de los 
derechos humanos) por el montaje inmoral que se hace contra ella. El 
joven José Ancalao, estudiante de Temuco (del Liceo Pablo Neruda, 
poeta que desde su Canto General y antes, hablaba sobre la defensa de 
los derechos humanos) ha sido también detenido con esa misma ley de 
marras en la que su gobierno se escuda para una represión que muestra 
la vergüenza de la situación en el país.

Le ruego me conteste al respecto. Su silencio en estos y varios otros 
casos es culposo y, por asociación y capacidad indudable de impedirlo, 
una mancha que nadie quiere ver en su persona. El país está llegando a 
un punto en que siente ira por lo que sucede. Los estudiantes mapuche 
muertos y los jóvenes reprimidos deben ser respetados. La carta que 
Usted recibiera de la madre de Matías Catrileo, asesinado por 
Carabineros en enero pasado, merece una respuesta abierta de su parte 
así como el compromiso del cese de estas leyes de la dictadura que 
sólo reflejan identidad con un pasado represivo ignominioso.

Le pido, le exijo junto con el resto del país, que actúe como lo 
prometió: en el mejor interés de estas personas y de quienes ven en la 
transición transada, aspectos que ponen a Chile entre los países que 
violan los derechos humanos y  por lo que su propio gobierno nada hace 
por detenerlo.

Respetuosamente presentado, consciente de que los derechos de rechazar 
lo que sucede es algo que usted también respetó y por lo  que sufrió 
intensamente. Pero Usted no es la única y hoy es su deber defender y 
seguir defendiéndolos.

Atentamente,

José Venturelli Barón
Pediatra

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Ley de Operación de Embalses ante Crecidas, lista para aprobarse hoy en el Congreso. Represas que provoquen inundaciones serán multadas.

Fuente: www.lanacion.cl Por Ricardo Ahumada.

Establecer el monto de las multas es la última traba de una ley que de aprobarse facultará al Ejecutivo a vaciar embalses ante una alerta de crecida y en caso que se compruebe, responsabilizar a sus operadores de aluviones o torrentes.

A dos años de la crecida más grande que han experimentado en 150 años los ríos de la Octava Región, donde se midieron caudales de hasta 5.900 metros cúbicos por segundo en el río Biobío y que ocasionaron la muerte de catorce personas y cuantiosos daños a infraestructura y viviendas en julio del año 2006, el Parlamento se alista a aprobar un proyecto de ley destinado a evitar un hecho similar ante un frente de lluvias torrenciales. En ese entonces, el Estado no tenía -y en rigor aún no- facultades para abrir las compuertas de las centrales antes de que colapsaran y así contar con un recipiente gigante que pudiera evitar o menguar los daños aguas abajo.

Por eso, a poco más de un año que ingresara el proyecto de Ley de Operación de Embalses frente a Alertas y Emergencias de Crecidas, el documento que faculta a las autoridades respectivas a actuar previo a una inundación está a punto de ser aprobado. Así, una vez decretado un estado de alerta de crecida desde la Onemi, los operadores de embalses deberán seguir las indicaciones de un manual. “El objetivo principal es que las empresas frente a una alerta de crecida tengan que evacuar agua antes para que el embalse sirva como un colchón que la reduzca y aminore los daños”, dice el director general de Aguas, Rodrigo Weisner.

“Hoy día hay cierta capacidad para predecir un fenómeno de lluvia torrencial y más o menos de predecir cuantos mililitros van a llover en horas. Entonces, con este instrumento, ahora eres capaz de decir que el volumen de agua que va a transcurrir por la cuenca va a ser de tal dimensión que corre el riesgo de que en 24 horas más se inunde tal población”, dice Saldivia.

Después de haber sido anunciado en 2007 por la Presidenta Bachelet en la cuenta anual del 21 de mayo, el documento recibió el apoyo unánime en la cámara baja y de la mayoría en el Senado -hubo dos votos en contra-, pero no alcanzó acuerdo en un punto fundamental: el monto de las multas y posibles indemnizaciones en el caso de que el operador del embalse tenga alguna responsabilidad en una inundación.

Las multas podrían ir desde 50 hasta 1.000 UTM por incumplimiento de monitoreo y desde 30 hasta 300 unidades tributarias anuales por no presentar un manual ante la DGA. En el caso de que un posible evento perjudicara a terceros, el operador deberá indemnizar previo informe emitido por la DGA. Ese punto, que pasó a revisión de una comisión mixta, se zanjará hoy en la sesión de la cámara de diputados a las 15:00 hrs.

Instrumento valioso

El documento indica que ante un estado de alerta o emergencia de crecidas, emanado desde la Oficina Nacional de Emergencias, se coordinarían los pasos a seguir según la Onemi, la Intendencia y la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), y se procedería a vaciar el agua acumulada en los embalses. Para ello, todos los embalses y sus operadores respectivos deben registrarse en la DGA y presentar planes de contingencia, instalar y mantener sistemas de monitoreo y contar con manuales de operación frente a estos eventos. “Este instrumento a nosotros nos parece que es extremadamente valioso porque de esa manera puede prevenir riesgos de aluviones, torrentes, caminos cortados aguas abajo”, dice el subsecretario del MOP, Juan Eduardo Saldivia.

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El rendimiento escolar chileno.

Fuente: www.elciudadano.cl

Acaban de publicarse los resultados del II Estudio Regional Comparativo y Explicativo realizado en 16 países de América Latina y El Caribe. En Chile fueron evaluados 13048 alumnos, distribuidos en 481 aulas y 162 escuelas. La población escolar chilena (entre 5 y 14 años) representa el 17,3% de la población total, estamos hablando de 2,817 millones estudiantes.

91,65% de las escuelas tiene agua potable, el 89,93% posee baños suficientes y el 23% tiene una biblioteca. Cada biblioteca en promedio cuenta con 1458 libros. Respecto al género, los resultados de las niñas son ligeramente mejores a los de los niños en Lectura. En Matemáticas, los niños aventajan a las niñas.

El 9% y 16% de los docentes de 3° y 6°, respectivamente; desarrolla una actividad adicional a la enseñanza. Al menos uno de cada 10 niños de 3°, trabaja fuera de la casa.

En Matemática; 146 mil estudiantes de 3° de primaria aún no reconocen triángulos ni círculos. 39 mil alumnos de 6° no interpretan información directa de un gráfico de barras que puede ver, por ejemplo, en un periódico.

395 mil alumnos de 3°, pueden resolver un problema que requiere una adición y sustracción entre números naturales. Mientras que 380 mil estudiantes de 6°, son capaces de identificar calles perpendiculares en el plano de una ciudad.

En lectura; 45 mil alumnos de 3° aún no son capaces de leer palabras y frases. 8 mil estudiantes de 6° no leen párrafos ni textos breves.

500 mil estudiantes de 3°, pueden reconocer la moraleja implícita en un cuento, el tema de una historieta  o al protagonista en la tapa de un libro de cuentos. 824 mil alumnos de 6° leen poemas y crónicas periodísticas complejas.

A pesar que los estudiantes chilenos evaluados obtuvieron resultados por encima de la media regional, existe una disparidad al interior del país, entre el área urbana y rural.

No basta con hacer críticas, muchas veces destructivas y sesgadas; es necesario usar los resultados de este estudio como un medio para tomar decisiones en las políticas educativas, plantear debates y reflexiones en la agenda pública. Conviene manejar las conclusiones del informe como una herramienta que nos permita mejorar lo que aún nos falta.

Si bien es cierto el contexto socioeconómico y cultural influyen en el rendimiento, podemos disminuir las disparidades en el aprendizaje concentrándonos en las variables asociadas a la escuela, por ejemplo el clima escolar.

La generación de un ambiente de respeto en el aula, donde los alumnos se sientan acogidos, comprendidos, respetados es sustancial para reducir la desigualdad causada por factores sociales.

El clima del aula no es asunto que dependa única y exclusivamente del profesor, quien debe generar un ambiente grato para estudiar. También depende de la educación en virtudes que los padres de familia brindan a sus hijos, pues muchas veces la permisividad y la sobreprotección en casa dificultan la construcción de un clima escolar adecuado en el aula.

La equidad mejorará disminuyendo la segregación escolar, que muchas veces es reflejo de lo que sucede en la sociedad. Debemos tratar a todos por igual, evitando marginar a las personas por su condición social, económica o cultural. De nada sirve buscar culpables, importa concentrarnos en generar un clima escolar adecuado para reducir la disparidad causada por el factor social y económico.

CARLOS ALBERTO ROSALES PURIZACA
EDUCADOR Y ANALISTA

rosalespurizaca@gmail.com

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