Llamado en apoyo a liberación del estudiante José Ancalao.

Fuente: Por Juana Aguilera (CECT).

lunes 28 de julio 2008

El presente comunicado busca  informar acerca de  la injusta acusación de la cual es objeto el alumno del liceo Pablo Neruda de Temuco vocero regional  estudiantil secundario y Werken de la Coordinadora Regional de estudiantes secundarios  mapuches José Ancalao, el cual fue arrestado por carabineros de Chile el primero de julio del año 2008, mientras  caminaba  con sus manos en  alto en el centro de la ciudad de Temuco, en una marcha pacifica que conglomeró a cerca de quinientos 
estudiantes secundarios, en rechazo a la Ley General de Educación.
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En este contexto se le formularon cargos de dudosa autenticidad por parte de carabineros de Chile lo que causa que sea procesado por la fiscalía militar por cargos falsos como maltrato de obra a carabineros, incitación a la violencia, daño a la propiedad pública, daño a vehículo policial y desórdenes públicos, arriesgando penas de presidio efectivas  elevadas  e injustas, bajo la base de que las 
acusaciones vertidas no se sustentan en hechos verídicos, y no existen las pruebas suficientes para corroborar las acusaciones, es más, los archivos disponibles junto a los videos existentes muestran lo contrario .

En base al conjunto de los antecedentes, podemos considerar este proceso como  una persecución policial en contra de José Ancalao, el aparato de seguridad y represión del Estado sólo busca silenciar y sacar del camino a los dirigentes destacados que luchan por la dignidad del pueblo mapuche y por la búsqueda de la justicia social, para ello usan medios legales pero no justos.

Con el objetivo de esclarecer los sucesos desarrollados el día primero de Julio, los cuales concluyeron con la detención y la formulación de cargos por parte de la fiscalía militar, en el presente comunicado procederemos a especificar los hechos acontecidos tal y como se desarrollaron.

Primeramente el conjunto de estudiantes secundarios mantenían en toma el Departamento de Educación Municipal de Temuco, el cual fue desalojado pacíficamente por los mismos. En el momento en que el acusado procedía a retirarse del establecimiento, luego de la salida de sus compañeros, fue abordado por personal de Carabineros  que procedieron a rodearlo durante quince minutos aproximadamente, junto a lo cual fue duramente increpado y amenazado por el Mayor de Carabineros Alfonso Fernández. Luego de lo sucedido, José Ancalao se dirigió junto al resto de los alumnos movilizados a través de la vereda hasta llegar a la intersección de la calles Claro Solar con General Mackenna, donde fueron interceptados por personal de Carabineros que procedieron a la detención de un grupo de 17 alumnos entre los cuales se encontraban los dirigentes estudiantiles Hugo Vidal y el acusado de los cargos anteriormente mencionados José 
Ancalao Gavilán,
los cuales fueron introducidos en el bus de carabineros de fuerzas especiales, sin mediar una resistencia violenta, ni mucho menos agresión física a Carabineros por parte de ninguno de los apresados. Una vez en el interior del vehículo, José Ancalao fue obligado a arrodillarse en su pasillo a la vista del resto de los detenidos, los cuales no fueron sometidos a esta humillación, 
ante la negativa del dirigente estudiantil, el personal de carabineros lo redujo a golpes de puño, de rodilla, puntapiés y uso abusivo (de la luma), dirigiendo sus golpes principalmente a la zona del cráneo,costillas y escápulas, mientras se mantenía al apresado sostenido del cabello ,y se le increpaba e insultaba haciendo alusión directa a su origen mapuche, todo esto realizado por un conjunto de 
siete Carabineros, entre ellos el Cabo Lagos de Fuerzas Especiales. 
Acto seguido a lo acontecido en el transporte de Carabineros el grupo detenido fue llevado a la Segunda Comisaría de Temuco, donde las humillaciones y vejaciones se mantuvieron, en particular contra los dos dirigentes mencionados con anterioridad, tanto Hugo Vidal como José Ancalao fueron separados y obligados a desnudarse en presencia de personal de Carabineros para constatar supuestamente la presencia de armas contundentes, ante dicha situación cabe preguntarse ¿Por qué se 
le obliga únicamente a desnudarse a quienes ejercen como dirigentes estudiantiles y no al conjunto de estudiantes apresados? Y junto a esto ¿Por Qué se les desnuda a los acusados siendo que las armas cuya presencia se supone quieren constatar son “contundentes”, y por ende debieran observarse o detectarse a simple vista?

De lo sucedido fue formulado el cargo de maltrato de obras a carabineros, lo cual es claramente inconsistente en relación a los antecedentes mencionados con anterioridad, junto a esto el dirigente en cuestión fue acusado de incitación a la violencia y daño a la propiedad pública, bajo el supuesto de que José Ancalao habría iniciado el apedreamiento de vehículos de carabineros y habría generado la ruptura de dos vidrios de la Secretaria Regional Ministerial de Educación, ambos hechos habrían acarreado la formulación de los dos cargos mencionados en forma respectiva. Sin embargo cabe mencionar que ninguno de los dos hechos ocurrieron  realmente, no existen pruebas contundentes que incriminen al dirigente estudiantil, si no por el contrario, existen testigos que observaron lo ocurrido y que ante cualquier eventualidad pueden atestiguar sobre lo sucedido a favor de José Ancalao.

De todo lo acontecido se  desprenden ciertos cuestionamientos, dirigidos a todos los lectores del presente comunicado, el objetivo esencial del texto presentado es hacer tomar conciencia tanto a la población de la Araucanía, como al conjunto del pueblo de Chile y a la comunidad internacional, sobre un acontecimiento que hace dudar de la tan amada democracia de un país que se jacta de respetar los derechos  humanos y sobre todo los derechos del pueblo mapuche. En tales condiciones es inaceptable que por el solo hecho de que un escolar que es dirigente estudiantil  y por ende  lucha por los derechos de la comunidad que representa, sea de origen  mapuche, se le pueda insultar, golpear y en último caso humillar de la forma en la que se le hizo, y no conformes con ello, con el objetivo de eludir su  responsabilidad en los acontecimientos, se le acusa y se le imponen
cargos, sin fundamentos sólidos, que son requerimiento esencial en 
este tipo de casos.

Junto con lo mencionado previamente es menester mencionar y explicitar 
el hecho que el acusado está siendo procesado por el mismo tribunal militar regional que dejó impune a los asesinos de los hermanos Alex Lemun y Matías Katrileo, por lo cual es clara la tendencia del tribunal en cuestión. Es por ello que se hace esencial y urgente la comprensión de la situación mencionada y del apoyo de todas las comunidades aludidas, a las cuales se les hace un llamado a sumarse en 
apoyo del dirigente estudiantil secundario José Ancalao, en vista de lo sucedido. Sus comentarios y consejos enviarlos por favor a  www.melinewen.es.tl  y/o al mail melinewen2@gmail.com.

En todas la historia del movimiento estudiantil del 2006 en adelante jamás se ha acusado tan duramente a un dirigente como a José Ancalao siendo victima de persecuciones y amenazas por la policía civil, entre muchas otras situaciones que ya han sido explicitadas y narradas en extenso anteriormente.

El Caso Prats, el Ejército de Chile y la Nación.

Parece indispensable que el Ejército, a través de su Comandante en Jefe, General Oscar Izurieta, se pronuncie acerca ya no sólo del fallo del “caso Prats”, sino acerca de lo que revela la investigación del Magistrado Solís, pues, ciertamente, en este caso como en tantos otros, ya no se trata de ‘’responsabilidades individuales’’. Son institucionales.

Por Historiadores USACH

A pesar de los numerosos y frecuentes llamados a dejar atrás lo pasado y a que es necesario olvidar, los acontecimientos cotidianos enfrentan habitualmente a los chilenos con los dolorosos acontecimientos de las décadas de 1970 y 1980.

En ese sentido, el mes de junio terminó en una nota alta, pues dos acontecimientos recordaron al país a los protagonistas centrales de aquellos años intensos, convulsionados y que, de alguna manera, permanecen aún cubiertos por sombras, o bien por mantos que se tienden sobre ellos con la clara intención de ocultar la verdad. Pero, por más esfuerzos que se hacen en este sentido, los porfiados hechos y el desarrollo de los acontecimientos hacen que el pasado aflore y nos confronte.

El último día del mes de Junio se conoció el fallo en primera instancia del Ministro Alejandro Solís con relación al llamado “caso Prats”, es decir, del asesinato en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1974 del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats González y su esposa, señora Sofía Cuthberth Charleoni. El fallo inculpa a siete miembros del Ejército, por entonces en servicio activo y a dos civiles. De su lectura queda claro que la orden emanó del Comandante en Jefe y Presidente de la Junta Militar de Gobierno, General Augusto Pinochet Ugarte.

El fallo confirma que la operación fue planeada por el mando militar en sus más altas instancias y ejecutada por un hombre de confianza del General Pinochet, el Coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y sus subordinados en ese organismo, a pesar de que en sus últimos años de vida el primero negó sus vínculos con el segundo. Sin embargo, Contreras, en todas las instancias en que le ha sido posible, ha confirmado la naturaleza de sus relaciones con el Comandante en Jefe.

El desenlace de este episodio, a pesar de que naturalmente los condenados en primera instancia apelarán del fallo, aclara un episodio más de la cruenta y reciente historia de nuestro país; pero, no cancela la necesidad de debatir acerca de lo que ocurrió en las Fuerzas Armadas, desde que ellas comenzaron a involucrarse en la contingencia política, en octubre de 1970. Este último es el primer tema, pues si se estudia en detalle el fallo del Ministro Solís queda claro que la tesis sustentada por diferentes comandantes en jefe desde 1990, en el sentido de que las responsabilidades con relación a las violaciones a los Derechos Humanos son individuales y no institucionales, queda sin sustento.

En efecto, el “caso Prats”, con todo lo grave que es que miembros de la institución hayan atentado y asesinado a uno de sus jefes máximos – es importante precisar que no era un “marxista” – denota y resalta un hecho insólito en los anales de las fuerzas armadas de Occidente, esto es, que miembros de la institución atentaron y asesinaron a uno de sus jefes máximos, con el agravante de que se trató de una acción terrorista en el extranjero.

Cabe recodar, no obstante, que el involucramiento de mandos militares en crímenes políticos de compañeros de armas, no era algo inédito en el país. En la conspiración que terminó con la vida del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider Chereau, en octubre de 1970, participaron de manera activa en su planificación e implementación un general de división (por entonces Comandante en Jefe de la II División del Ejército con asiento en Santiago, Camilo Valenzuela Godoy), un vicealmirante y por algunas semanas Comandante en Jefe de la Armada, Hugo Tirado Barrios; un general de brigada aérea, Joaquín García Suárez, y el entonces Director General de Carabineros, Vicente Huerta Celis, todos ellos coludidos con la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos. En otras palabras, el “caso Prats”, se suma a una lista que se extiende, hasta donde se sabe, hasta el caso del Coronel Gerardo Huber Olivares en 1992. Se conoce además de otros casos cubiertos por un manto de misterio, que terminaron en la muerte nunca aclarada de oficiales y suboficiales.

¿Qué debe hacerse por parte de la ciudadanía frente a crímenes de la magnitud de los enumerados? El Ejército de Chile, una institución que, junto con las otras dos ramas de la defensa nacional y las policías, son financiadas con los tributos de los chilenos, a la que una empresa del Estado de Chile le entrega cuantiosos recursos productos de sus ventas brutas de cobre en el mercado internacional y a la cual le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente, y también lo disponían las anteriores, detentar el monopolio de la tenencia de armas, en el entendido que disponen de ellas para la defensa de la Nación.

En consecuencia, que esas armas hayan sido utilizadas para eliminar a compañeros de armas bajo sospecha de ser “enemigos” es muy grave. Grave también es el uso de recursos públicos con el afán de obstruir la justicia.

En torno a todas esas muertes, Schneider, Prats, Lutz, Araya Peeters, Huber y tantos más, queda la impresión de que al interior del Ejército y las otras ramas de la defensa, ha habido -quisiéramos pensar que hubo- un proceso que se escapó de las manos de quienes lo pusieron en marcha. Un proceso en que se sobrepasaron los “mínimos morales” –honor, valor, dignidad y lealtad- según los cuales las propias instituciones requieren guiar su quehacer, hasta generar en su seno organizaciones criminales.

Frente a ello, nos parece indispensable que el Ejército, a través de su Comandante en Jefe, General Oscar Izurieta Ferrer, se pronuncie acerca ya no sólo del fallo del “caso Prats”, sino acerca de lo que revela la investigación del Magistrado Solís, pues, ciertamente, en este caso como en tantos otros, ya no se trata de “responsabilidades individuales”. Son institucionales. También debería pronunciarse acerca de cómo el Ejército de Chile explicará a la sociedad chilena que el Comandante en Jefe haya ordenado el asesinato de su antecesor, para quien había sido su hombre de confianza ¿Cómo explica el General Izurieta que el fallo consigne que al interior de una unidad militar al conocerse la muerte del General Prats hubo oficiales que aplaudieron y celebraron el crimen? De no haber una explicación, los “mínimos morales” parecerán ser solo palabras vacías, sin significado o, lo que es peor, conceptos destinados a encubrir hechos cobardes.

Los desafíos que el “caso Prats” plantea a la sociedad chilena son mayores. La Nación necesita garantizar la subordinación militar al poder civil constituido democráticamente. A manera de ejemplo y relacionado con la trayectoria de ellas desde comienzos de la década de 1970: ¿de qué manera se debe decidir qué se enseña al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, en particular en sus escuelas matrices? Ellas entregan grados académicos, entonces ¿deben someterse, como lo hacen las demás instituciones de educación superior estatales a un proceso de acreditación? ¿Cómo seleccionan a sus profesores civiles? ¿Cuáles son los criterios con que se estructuran los programas de estudio en materias que dicen relación con la historia, la política, los derechos humanos, la sociedad, las relaciones internacionales? En otras palabras, ¿qué formación reciben los futuros oficiales?

En 2007 la Cámara de Diputados tramitó un proyecto de ley –que aún debe debatirse en el Senado- que requiere que las instituciones de la Defensa den cuenta al poder legislativo de su quehacer. ¿Se puede agregar a ello el que periódicamente den cuenta acerca de cómo y, lo más relevante, de acuerdo con qué valores se forman los oficiales?

Nos parece necesario abrir un debate serio y responsable acerca de estos temas. De lo que llevó a oficiales generales a atentar contra un Comandante en Jefe en ejercicio y contra otro en retiro, y a la eliminación física de tantos otros. Para no referirnos a los miles de civiles que murieron a manos de oficiales de las fuerzas armadas.

Estamos dispuestos a debatir estos temas, e invitamos a los señores comandantes en jefe, a todos aquellos que en el seno del Estado de Chile tienen algo que ver con el manejo de instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y a la sociedad chilena en su conjunto, a destinar un tiempo a reflexionar y a pronunciarse acerca del “caso Prats” y tantos otros.

*Igor Goicovic, Marcelo Mella, Cristina Moyano, Luis Ortega, Julio Pinto, Augusto Samaniego, Hernán Venegas.

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Ministro de Hacienda dijo que con la nueva norma no se pretende un alza de las remuneraciones. Pugna por Ley de Salario Base.

Fuente: www.lancaion.cl Por José Carlos Prado.

Sin embargo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sostuvo que las nuevas obligaciones introducidas en el Código del Trabajo elevan los costos para las empresas, afecta el empleo y podrían generar una deterioro de las relaciones laborales.

La ratificación que el lunes hizo la Dirección del Trabajo (DT) a la indicación que extiende descanso remunerado para quienes tengan un contrato mixto, es decir, sueldo base más variable, ha encendido la luz de alerta en los gremios empresariales.

La nueva normativa que iguala en sueldo base con el mínimo introduce en su articulo 45 una ampliación del derecho conocido como “semana corrida”, lo cual obligará a los empleadores a cancelar los días no trabajados, por ejemplo, los domingos.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, descartó las posibles repercusiones inflacionarias que pueda provocar esta ley, pues dijo que no busca establecer incrementos en los sueldos. ” El ministro del Trabajo (Osvaldo Andrade) ha sido muy claro y esa es la voluntad del Ejecutivo. Este es un proyecto que corrige algunos abusos que eran inaceptables, no es un proyecto que pretenda legislar un alza de remuneraciones. Por lo tanto, el objetivo está claro y las precisiones que corresponda hacer, entiendo que las está haciendo, vía dictámenes, la Dirección del Trabajo”, sostuvo. Sobre las posibles alzas en el costo de la vida, el jefe de la billetera fiscal agregó que “si las remuneraciones no van a incrementarse, porque ese no es el propósito del proyecto, difícilmente eso podría suceder”.

Empresarios

Sin embargo, los gremios empresariales no comparten los argumentos del secretario de Estado, pues la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) proyectó un efecto negativo de la normativa tanto en los costos de las empresas como en la generación de empleos. En un comunicado difundido ayer, la entidad explicó que “la ley introdujo disposiciones absolutamente alejadas del mensaje que le dio origen y, contrariamente a lo señalado por las autoridades respectivas, estableció -de hecho- un incremento en el costo laboral que puede ser muy significativo para miles de empresas”.

Asimismo, agregó que “lamentablemente el dictamen de la DT emitido ayer (el lunes), en vez de presentar la solución que esperábamos, agrava el problema generado por la nueva ley sobre salarios base, al confirmar el incremento de costos, junto con establecer un período de sólo seis meses para hacer los ajustes en la remuneración”.

Según la CPC estas disposiciones perjudican la competitividad de las empresas y promueven la conflictividad laboral artificial entre trabajadores y empleadores, por lo que afirmaron estar conversando con las autoridades sobre la materia.

“En momentos en que el país experimenta una delicada situación económica y cuando todos los actores públicos y privados hacen importantes esfuerzos por promover medidas que fortalezcan el crecimiento, la innovación, los nuevos emprendimientos y la competitividad de los sectores productivos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la aprobación de leyes que apuntan en sentido diametralmente opuesto y que, además, pueden terminar afectando la paz social”, concluyó la CPC.

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Garzón derivó a prisión al ex fiscal militar Podlech.

Fuente: www.lanacion.cl 

Juez español que logró detención de Pinochet en Londres tiene en sus manos al ex uniformado capturado en Madrid. Desde Chile, la Cancillería aseguró “protección consular”.

 El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, a la espera de que se resuelva en ese país una eventual entrega a Italia, fue quien decidió enviar a prisión al ex fiscal militar durante la dictadura de Chile, Alfonso Podlech Michaud, detenido el domingo en ese país.

Así se dio a conocer en esta jornada en medios hispanos con lo que se confirma una nueva actuación en un caso relacionado con crímenes de  Derechos Humanos en Chile del mismo magistrado que mantuvo detenido al ex dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998.

Garzón, en su calidad de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, adoptó dicha medida después que el chileno compareciera en la Audiencia Nacional el domingo último cuando fue identificado y detenido, mientras se tramita una orden de extradición a Italia.

En Santiago, en tanto, el canciller (s), Alberto van Klaveren, informó que el consulado en Madrid dará protección al ex uniformado.”Estamos averiguando la situación procesal en que se encuentra y nuestro consulado en Madrid ha recibido instrucciones muy claras en el sentido en otorgar la protección consular que corresponde a todo ciudadano chileno que se encuentra en esas circunstancias”, explicó.

Podlech Michaud fue capturado en el aeropuerto de Barajas en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por su presunta relación con la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli Leonelli, en 1973.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973- 1990), entre ellos el religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía arresto político.

En julio de 2006, su familia presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, y contra Podlech, quien cuando se produjo la desaparición ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Venturelli, ex cura que había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento “Tucapel”, de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro. Un documento firmado por el hoy detenido señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

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Carta de Jose Ventureli a la Presidenta Bachelet, por Elena Varela y José Ancalao.

Dra. Michelle Bachelet,
Presidenta de todos los chilenos, martes, 29 de julio de 2008.

A pocas horas de salir de Chile, regresando a Canadá, me voy, como 
sucede con frecuencia creciente, con la angustia de la permanente 
represión que se ejerce contra el pueblo mapuche y contra quienes se 
atrevan a cuestionar el “arreglo de gobierno actual”.

Le escribo con franqueza porque es la mejor forma de plantear los 
problemas. Estoy muy inquieto por la situación de Elena Varela López, 
artista, cineasta y musicóloga que ha dirigido la Orquesta Sinfónica 
de los niños de la escuela Claudio Arrau hasta su detención arbitraria 
y preventiva (como lo permite la ley anti-terrorista del dictador 
Pinochet que Ud ni ningún gobierno ha intentado eliminar)

Estuve hace un par de días visitando a Elena Varela en la cárcel de 
alta seguridad de Rancagua y  me quedo profundamente indignado (como 
invita Amnistía Internacional a hacerlo ante las violaciones de los 
derechos humanos) por el montaje inmoral que se hace contra ella. El 
joven José Ancalao, estudiante de Temuco (del Liceo Pablo Neruda, 
poeta que desde su Canto General y antes, hablaba sobre la defensa de 
los derechos humanos) ha sido también detenido con esa misma ley de 
marras en la que su gobierno se escuda para una represión que muestra 
la vergüenza de la situación en el país.

Le ruego me conteste al respecto. Su silencio en estos y varios otros 
casos es culposo y, por asociación y capacidad indudable de impedirlo, 
una mancha que nadie quiere ver en su persona. El país está llegando a 
un punto en que siente ira por lo que sucede. Los estudiantes mapuche 
muertos y los jóvenes reprimidos deben ser respetados. La carta que 
Usted recibiera de la madre de Matías Catrileo, asesinado por 
Carabineros en enero pasado, merece una respuesta abierta de su parte 
así como el compromiso del cese de estas leyes de la dictadura que 
sólo reflejan identidad con un pasado represivo ignominioso.

Le pido, le exijo junto con el resto del país, que actúe como lo 
prometió: en el mejor interés de estas personas y de quienes ven en la 
transición transada, aspectos que ponen a Chile entre los países que 
violan los derechos humanos y  por lo que su propio gobierno nada hace 
por detenerlo.

Respetuosamente presentado, consciente de que los derechos de rechazar 
lo que sucede es algo que usted también respetó y por lo  que sufrió 
intensamente. Pero Usted no es la única y hoy es su deber defender y 
seguir defendiéndolos.

Atentamente,

José Venturelli Barón
Pediatra

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Ley de Operación de Embalses ante Crecidas, lista para aprobarse hoy en el Congreso. Represas que provoquen inundaciones serán multadas.

Fuente: www.lanacion.cl Por Ricardo Ahumada.

Establecer el monto de las multas es la última traba de una ley que de aprobarse facultará al Ejecutivo a vaciar embalses ante una alerta de crecida y en caso que se compruebe, responsabilizar a sus operadores de aluviones o torrentes.

A dos años de la crecida más grande que han experimentado en 150 años los ríos de la Octava Región, donde se midieron caudales de hasta 5.900 metros cúbicos por segundo en el río Biobío y que ocasionaron la muerte de catorce personas y cuantiosos daños a infraestructura y viviendas en julio del año 2006, el Parlamento se alista a aprobar un proyecto de ley destinado a evitar un hecho similar ante un frente de lluvias torrenciales. En ese entonces, el Estado no tenía -y en rigor aún no- facultades para abrir las compuertas de las centrales antes de que colapsaran y así contar con un recipiente gigante que pudiera evitar o menguar los daños aguas abajo.

Por eso, a poco más de un año que ingresara el proyecto de Ley de Operación de Embalses frente a Alertas y Emergencias de Crecidas, el documento que faculta a las autoridades respectivas a actuar previo a una inundación está a punto de ser aprobado. Así, una vez decretado un estado de alerta de crecida desde la Onemi, los operadores de embalses deberán seguir las indicaciones de un manual. “El objetivo principal es que las empresas frente a una alerta de crecida tengan que evacuar agua antes para que el embalse sirva como un colchón que la reduzca y aminore los daños”, dice el director general de Aguas, Rodrigo Weisner.

“Hoy día hay cierta capacidad para predecir un fenómeno de lluvia torrencial y más o menos de predecir cuantos mililitros van a llover en horas. Entonces, con este instrumento, ahora eres capaz de decir que el volumen de agua que va a transcurrir por la cuenca va a ser de tal dimensión que corre el riesgo de que en 24 horas más se inunde tal población”, dice Saldivia.

Después de haber sido anunciado en 2007 por la Presidenta Bachelet en la cuenta anual del 21 de mayo, el documento recibió el apoyo unánime en la cámara baja y de la mayoría en el Senado -hubo dos votos en contra-, pero no alcanzó acuerdo en un punto fundamental: el monto de las multas y posibles indemnizaciones en el caso de que el operador del embalse tenga alguna responsabilidad en una inundación.

Las multas podrían ir desde 50 hasta 1.000 UTM por incumplimiento de monitoreo y desde 30 hasta 300 unidades tributarias anuales por no presentar un manual ante la DGA. En el caso de que un posible evento perjudicara a terceros, el operador deberá indemnizar previo informe emitido por la DGA. Ese punto, que pasó a revisión de una comisión mixta, se zanjará hoy en la sesión de la cámara de diputados a las 15:00 hrs.

Instrumento valioso

El documento indica que ante un estado de alerta o emergencia de crecidas, emanado desde la Oficina Nacional de Emergencias, se coordinarían los pasos a seguir según la Onemi, la Intendencia y la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), y se procedería a vaciar el agua acumulada en los embalses. Para ello, todos los embalses y sus operadores respectivos deben registrarse en la DGA y presentar planes de contingencia, instalar y mantener sistemas de monitoreo y contar con manuales de operación frente a estos eventos. “Este instrumento a nosotros nos parece que es extremadamente valioso porque de esa manera puede prevenir riesgos de aluviones, torrentes, caminos cortados aguas abajo”, dice el subsecretario del MOP, Juan Eduardo Saldivia.

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El rendimiento escolar chileno.

Fuente: www.elciudadano.cl

Acaban de publicarse los resultados del II Estudio Regional Comparativo y Explicativo realizado en 16 países de América Latina y El Caribe. En Chile fueron evaluados 13048 alumnos, distribuidos en 481 aulas y 162 escuelas. La población escolar chilena (entre 5 y 14 años) representa el 17,3% de la población total, estamos hablando de 2,817 millones estudiantes.

91,65% de las escuelas tiene agua potable, el 89,93% posee baños suficientes y el 23% tiene una biblioteca. Cada biblioteca en promedio cuenta con 1458 libros. Respecto al género, los resultados de las niñas son ligeramente mejores a los de los niños en Lectura. En Matemáticas, los niños aventajan a las niñas.

El 9% y 16% de los docentes de 3° y 6°, respectivamente; desarrolla una actividad adicional a la enseñanza. Al menos uno de cada 10 niños de 3°, trabaja fuera de la casa.

En Matemática; 146 mil estudiantes de 3° de primaria aún no reconocen triángulos ni círculos. 39 mil alumnos de 6° no interpretan información directa de un gráfico de barras que puede ver, por ejemplo, en un periódico.

395 mil alumnos de 3°, pueden resolver un problema que requiere una adición y sustracción entre números naturales. Mientras que 380 mil estudiantes de 6°, son capaces de identificar calles perpendiculares en el plano de una ciudad.

En lectura; 45 mil alumnos de 3° aún no son capaces de leer palabras y frases. 8 mil estudiantes de 6° no leen párrafos ni textos breves.

500 mil estudiantes de 3°, pueden reconocer la moraleja implícita en un cuento, el tema de una historieta  o al protagonista en la tapa de un libro de cuentos. 824 mil alumnos de 6° leen poemas y crónicas periodísticas complejas.

A pesar que los estudiantes chilenos evaluados obtuvieron resultados por encima de la media regional, existe una disparidad al interior del país, entre el área urbana y rural.

No basta con hacer críticas, muchas veces destructivas y sesgadas; es necesario usar los resultados de este estudio como un medio para tomar decisiones en las políticas educativas, plantear debates y reflexiones en la agenda pública. Conviene manejar las conclusiones del informe como una herramienta que nos permita mejorar lo que aún nos falta.

Si bien es cierto el contexto socioeconómico y cultural influyen en el rendimiento, podemos disminuir las disparidades en el aprendizaje concentrándonos en las variables asociadas a la escuela, por ejemplo el clima escolar.

La generación de un ambiente de respeto en el aula, donde los alumnos se sientan acogidos, comprendidos, respetados es sustancial para reducir la desigualdad causada por factores sociales.

El clima del aula no es asunto que dependa única y exclusivamente del profesor, quien debe generar un ambiente grato para estudiar. También depende de la educación en virtudes que los padres de familia brindan a sus hijos, pues muchas veces la permisividad y la sobreprotección en casa dificultan la construcción de un clima escolar adecuado en el aula.

La equidad mejorará disminuyendo la segregación escolar, que muchas veces es reflejo de lo que sucede en la sociedad. Debemos tratar a todos por igual, evitando marginar a las personas por su condición social, económica o cultural. De nada sirve buscar culpables, importa concentrarnos en generar un clima escolar adecuado para reducir la disparidad causada por el factor social y económico.

CARLOS ALBERTO ROSALES PURIZACA
EDUCADOR Y ANALISTA

rosalespurizaca@gmail.com

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AFDD instó a parlamentarios a rechazar el Instituto de Derechos Humanos.

Fuente: www.cooperativa.cl

Lorena Pizarro insistió en que el proyecto “se desnaturalizó”. Diputado Accorsi adelantó promoción de una instancia de diálogo.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) llamó a los parlamentarios a rechazar el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, al insistir en que la iniciativa legal de “desnaturalizó” tras su paso por el Senado.

La iniciativa fue analizada por dirigentes sociales y los diputados Ximena Vidal, Enrique Accorsi, Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló, Ramón Farías, integrantes de la comisión de Derechos Humanos.

Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, insistió en que “este proyecto cuando llega al Senado se desnaturaliza”.

“Pierde aquello que es fundamental: la protección y la promoción de los derechos humanos, la prevención de la violación a los derechos humanos y la sanción a los responsables de estos crímenes cometidos bajo la dictadura”, agregó.

El diputado Accorsi adelantó que los parlamentarios promoverán una instancia de diálogo para buscar mejoras a la iniciativa e impulsar su aprobación, estancada luego que los timoneles de la Concertación hicieran público su respaldo al rechazo de la AFDD.

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No dejemos morir la educación superior estatal.

 Fuente:; www.lanacion.cl Por Juan Manuel Zolezzi*.
Una condición insoslayable de las universidades estatales es que debemos ser instituciones de reconocida excelencia y calidad en los ámbitos de nuestras competencias.
Hemos sido testigos de las prolongadas manifestaciones estudiantiles y de la agudización de la vehemencia en expresar sus reclamos y planteamientos.

Por un lado, las nuevas generaciones, igual que ayer, portadoras de legítimas aspiraciones y renovados ideales, concitan la unificación de fuerzas y entusiasmos para ejercer necesarias presiones ante una lenta y entramada institucionalidad, de tradición conciliadora de la diversidad económica, social y cultural del país, que parece no responder con la contundencia y velocidad a un tema crucialmente estratégico, como la educación en todos sus niveles.

Ésta debe articularse de forma inteligente para sustentar el desarrollo de Chile como nación y espacio de convivencia de todos los chilenos.

Las frustraciones agudas de esas generaciones parecen causarles presiones desmedidas a su comportamiento, el que suele transgredir los parámetros básicos de entendimiento necesarios para concordar de modo civilizado las mejores formas de atender con eficacia las demandas estudiantiles.

La problemática de la educación chilena se arrastra por años y hace indispensable revisar, cada vez que sea necesario, el marco en el que se desarrolla, en especial el de las instituciones de educación superior.

Las 16 universidades estatales que reciben aportes directos mínimos de parte del Estado, mediante su quehacer, hacen posible garantizar a los jóvenes una preparación de calidad y excelencia, con diversidad de visiones, tolerante y pluralista, con equidad en el acceso al conocimiento, sin discriminación, fronteras temáticas ni limitación a intereses específicos.

La creciente complejización de la educación superior -a nivel mundial y nacional- hace que el rol de la universidad estatal sea cada vez menos nítido. Aspectos como la integración a la lógica del mercado del resto de las universidades, su financiamiento corporativo y el escaso financiamiento estatal dificultan el quehacer de las casas de estudio del Estado.

Lo que caracteriza a las universidades públicas de propiedad del Estado es su deber específico de estimular los valores públicos comunes. Nos corresponde fortalecer la dimensión de lo que nos es común, los objetivos y las expectativas que nos unen como nación.

Debemos garantizar que el país disponga de un capital humano de excelencia y calidad y con los conocimientos que le permitan orientar su acción en función del bien común de sus habitantes, más allá de intereses individuales, corporativos o sectoriales.

No se trata que las universidades estatales monopolicemos las funciones públicas, sino que para nosotros la misión específica es garantizar, por nuestra existencia y quehacer, el aporte a valores públicos de importancia para toda la población tales como la diversidad, equidad, integración y pluralismo. Ésta es nuestra verdadera razón de ser y de ella deriva la importancia de nuestra existencia.

La universidad estatal debe asegurar el diálogo entre las expresiones y miradas, estimulando y abriendo espacios sin exclusión. Esta apertura y amplitud es en especial necesaria respecto de aquellos ámbitos del saber que otras universidades no cubren suficientemente y que el país necesita, integrando en ello las regiones del país, los diferentes grupos socioeconómicos y las disciplinas más postergadas.

También le cabe a la universidad estatal un rol fundamental en la promoción del desarrollo de diversas disciplinas científicas, sociales, artísticas y culturales, en particular en las áreas que el mercado no alcanza o no le interesa.

Junto a lo anterior, a las universidades estatales se nos exige como tarea permanente investigación y desarrollo en áreas de interés para el progreso del país, en momentos históricos en los que ya no existe duda respecto al nexo entre desarrollo, conocimiento e innovación.

La aguda crisis que enfrenta el sistema de educación superior estatal nos ha hecho enfrentar de forma decidida problemas como la crítica situación financiera de estas universidades -solicitando el aumento de los aportes basales que hoy en el mejor de los casos alcanzan a tan sólo 25% de nuestros presupuestos-, mayor y mejor financiamiento para los estudiantes, apoyo para mejorar los equipamientos de pregrado, facultades y recursos para la renovación urgente de las plantas académicas y administrativas, devolución de recursos por leyes impuestas por el Estado sin los aportes correspondientes, flexibilización del sistema legal y administrativo para una mejor gestión.

Una condición insoslayable de las universidades estatales es que debemos ser instituciones de reconocida excelencia y calidad en los ámbitos de nuestras competencias. Es un requisito que la sociedad se merece y debe exigir; de otra forma, el aporte que como instituciones realizamos no garantiza una contribución real al bien común.

*Rector de la Universidad de Santiago de Chile

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Represas de Aysén… ¿se justifican?

Fuente: www.lanacion.cl

Quienes nos oponemos a las represas en Aysén no nos oponemos a la generación de energía eléctrica, no nos oponemos a un desarrollo económico que vaya en beneficio de todos.

Nos entrenamos por las rendijas de la información de lo que sucede realmente tras las sutiles pero tupidas redes del poder.

Leer los diarios en Chile se ha transformado en un complicado ejercicio de interpretación en que se trata de descifrar qué nos quieren hacer creer, qué nos quieren ocultar y, lo más difícil, qué sucede realmente.

La Tercera hace unos días informó que la erupción, e irrupción, del volcán Chaitén obliga a modificar el trazado de la línea de transmisión (de 2 mil 300 kilómetros de longitud) que debería transportar, sin escalas, la energía del proyecto HidroAysén al centro del país.

El artículo está escrito de modo de alimentar nuestro terror energético, advirtiendo que este hecho posterga la entrada en marcha de todo el proyecto. Agrega un grano de arena a la sensación, creada por los lobbystas del mega proyecto, de que sin éste Chile se paralizará irremediablemente en los años venideros.

Como ciudadanos debería llamarnos la atención que los medios y, lo que es más grave, altas autoridades, den por sentado que ese proyecto es ya cosa decidida. El “atraso” de la puesta en marcha del proyecto, del que se lamentan los medios y el ministro del Interior, implica a buen entendedor que su puesta en marcha ya está decidida y que toda la discusión en torno intereses del país y de la región que enfrenta a las empresas interesadas a importantes opiniones contrarias a dicho proyecto son un mero trámite.

Este es un primer punto grave, porque demostraría que todo el aparato jurídico, institucional y la misma democracia chilena no son más que una formalidad, sino una farsa.

Si la aparición de un incómodo volcán en la ruta del proyecto “atrasa” aún más su entrada en funcionamiento, cabe preguntarse qué habría sucedido si el megaproyecto estuviera ya en marcha o si el volcán hubiera esperado algunos años para irrumpir Tendríamos pues un verdadero desastre energético, la mega línea de transmisión habría transmitido el desastre natural de Chaitén al centro del país y es bien sabido que los desastres del centro son desastres nacionales.

Que calculen y nos informen los economistas qué habría significado la interrupción violenta del suministro de un paquete de 2 mil 750 MW, casi un tercio de la capacidad instalada actual en el SIC, en el bien entendido que la disponibilidad de esa energía habría ya contribuido al desarrollo de los proyectos industriales, mineros, habitacionales, etc.

En el poco tiempo que llevamos mal discutiendo la conveniencia de este absurdo y faraónico proyecto, hemos tenido un sui generis tsunami en Aysén, la erupción del volcán Chaitén, la desaparición y recuperación de dos lagos regulados por los glaciares, la evidencia de comportamientos nunca antes observados en estos glaciares, su acelerado retroceso y la tendencia a deshielos violentos que afectan el caudal y el cauce de los ríos, con graves consecuencias para las obras de ingeniería en las regiones centrales del país y con aún insospechadas consecuencias en las regiones australes donde las masas de hielo y agua en juego son gigantescas e incontrolables.

El volcán Chaitén con su erupción sepultó una pequeña ciudad en una especie de plasticina, cambió el curso del río Blanco, creando una presa en cuestión de horas. Chile, que es un estrecho territorio atrapado entre una gigantesca cordillera y la mar, vive sobre más de 2 mil volcanes (80 activos, el Chaitén no lo era) y mil 700 glaciares, buena parte de ellos ubicados a lo largo de la hipotética línea de transmisión del proyecto HidroAysén

Saquemos por un momento de la discusión a los empresarios que pagan el lobby de este megaproyecto que les reportará megaganancias y razonemos en términos de país.

Quienes nos oponemos a las represas en Aysén no nos oponemos a la generación de energía eléctrica, no nos oponemos a un desarrollo económico que vaya en beneficio de todos los habitantes de Chile en todas sus regiones, no nos oponemos al uso racional y ponderado de la riqueza hidroeléctrica que nuestro país ofrece por su especialísima conformación. Nos oponemos, firmes y convencidos, a un proyecto muy caro, vulnerable y obsoleto.

Nos oponemos a los megaproyectos pesados, invasivos, groseros, peligrosos, inseguros e inútiles para el bien del país.

Estamos por satisfacer de manera regional, distribuida y a escala de servicio público, no de meganegocio, las necesidades de crecimiento energético, por diversificar las fuentes de energía de manera que no peligre nuestra autonomía energética por eventos ligados a crisis económicas o desastres naturales.

Estamos por la máxima eficiencia en el uso de la energía en todos los sectores, estamos por exigir a los nuevos grandes emprendimientos industriales o mineros que sus proyectos contemplen y tengan resuelto el abastecimiento energético, de forma renovable, con desarrollo de tecnologías de punta e inversiones en investigación de una matriz diversificada y regionalizada.

Estamos naturalmente por el desarrollo de fuentes no contaminantes, entre ellas las diversas posibilidades sustentables de la energía hidroeléctrica, de la energía solar, de la energía geotérmica y la cada vez más importante energía eólica, que disminuyan al máximo o idealmente terminen con la dependencia de combustibles fósiles. Estamos también, y en buena fe, dispuestos a escuchar, a colaborar y participar en el hasta ahora, ausente debate nacional.

Desde luego estamos por recuperar ya la soberanía nacional sobre las aguas de Chile, sobre sus mares, lagos y ríos. Estamos, por último, por enfrentar los desafíos del desarrollo desde el punto de vista del interés de Chile y sus habitantes, estamos por que los conceptos de patria, de territorio, de ciudadano, de habitante, adquieran algún sentido al margen de la manipulación mediática de los poderosos intereses multinacionales que son, por definición, su antítesis.

Lo que queda claro por ahora es que instalar a 2 mil 300 kilómetros del consumo una tal potencia de generación es un absurdo estratégico y un mal negocio para Aysén y para Chile.

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LAS DOS CARAS DETRÁS DEL REFUGIO.

Fuente: www.fasic.orgCelebramos junto a refugiados beneficiados de PROSIR su día internacional. Fuimos testigos de la alegría y picardía de un grupo de personas que son mayoritariamente de Colombia y vimos también la pena y angustia que se esconde detrás de sus rostros.  

Son las 2 de la tarde del viernes 20 de junio y el ajetreo ya se puede sentir en dependencias de FASIC. No es un día normal, al menos para quienes no son chilenos y forman parte de los más de 1600 refugiados registrados en Chile. Se celebra una fecha no indiferente para ellos y que a diferencia de un día cualquiera les recuerda con más fuerza el no estar en su patria, muchos sin sus familias y a otros,  hechos violentos que han marcado su vida para siempre.

El ajetreo es normal entonces, en dos horas más comenzará el festejo, o más bien la conmemoración de la fecha. Está organizada una jornada cultural con comidas, bailes y música típica. Todo es parte del Programa de Servicio para Refugiados (PROSIR) de La Iglesia Metodista, Servicio Mundial de Iglesias y de FASIC. Una celebración que de manera paralela se realiza en Arica y que además coincide con que muy pronto el Programa cumplirá  un año de existencia.

Las mismas personas y familias beneficiadas por PROSIR prepararon las comidas típicas de sus países de origen que en su mayoría son de Colombia, otros en menos cantidad del Perú y sólo una familia es del Congo, Sudáfrica. En total 20 son las personas y/o grupos beneficiados por el Programa.

Platos y ollas iban y venían, ingrediente de aquí para allá. Mientras un par de niños muy traviesos jugaban en recepción. Todo listo para comenzar la jornada. Sólo faltaban lo más importante: las personas invitadas, que al igual que buenos chilenos, llegaban impuntual a la cita.

Media hora más tarde comenzaba la jornada conmemorativa. Elizabeth San Martín, asistente social de PROSIR daba la bienvenida a una decena de asistentes que más tarde triplicaría su número. Se entonó la canción nacional de Colombia y Chile, respectivamente y luego de los discursos y testimonios se vino lo mejor. Probar y degustar los sabores de Colombia: arepas, patacones, cocadas y beber la cerveza y ron de esa tierra, junto con la refrescante agua de panela. Las infaltables empanadas de pino y el vino chileno jugaron de local.

El ritmo lo puso una pareja de bailarines que danzaban al son de la cumbia colombiana

La jornada llegaba a su fin, faltaban minutos para las 7 de la tarde. Los ánimos y las risas comenzaban a decaer. Los invitados, debían regresar a sus hogares provisorios en muchos casos.

Antes de que eso ocurriera, me entró la inquietud de ver que realidad había detrás de esas caras alegres, gozadoras y muy livianas. Al conversar con algunos de ellos me pude percatar de las dos caras del refugio. Por un lado está  la rabia, molestia y discriminación que sienten algunos del trato que reciben a diario en Chile, en especial quienes se encuentran acompañando a sus parejas, esposos o familia. Es el caso de Carmen Gatica (33). Tuvo que dejar hace tres años su Colombia para acompañar a su marido. Dice tener muchas ganas de regresar a su tierra, pues acá no le dan ganas de salir de su casa por la menera que la miran y tratan. Se siente sola en un país que le es extraño y poco amigable. Una realidad que es nada cercana a la frase tantas veces utilizada “y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero”.

La otra cara de este refugio lo ejemplifica don Guillermo, quien hace seis años que no ve a su esposa e hijos. Por problemas serios que tuvo en Colombia tuvo que huir y vivir dos años en Ecuador y luego llegó a Chile. Acá dice él, ha logrado encontrar parte de la tranquilidad que las guerrillas le arrebataron. Se siente bien, protegido y acostumbrado a la cultura chilena.

Arica ciudad de integración

En el norte del país, en Arica, las celebraciones estuvieron centradas en la realización de un Foro panel titulado “Arica Ciudad de Integración”, el cual tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad ariqueña sobre los refugiados y sus familias.

En la inauguración de la jornada participaron como oradores el Intendente (s) Luis Gutierrez Torres, el Vicario de la Pastoral Social de la ciudad, Federeico Soto y Claudio González Urbina, Secretario Ejecutivo de FASIC.

Como panelistas del Foro participaron representantes de organismos y entidades estatales relacionados directamente con la problemática, entre ellas: la Pastoral  Social, la Gobernación e Intendencia, así como también la Municipalidad de Arica. Todos coincidieron en que aún queda mucho trabajo por hacer y que las necesidades para estas personas de parte del Estado son mayores. Plantearon la urgencia de implementar una Ley de Refugio y mayor sensibilidad por parte de la ciudadanía, pues según datos entregados en el encuentro, existe un alto grado de ignorancia de la problemática en la población.

Posteriormente, se realizó un encuentro festivo y testimonial con las familias de refugiados que viven en la ciudad nortina.

 

 

 

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Traducirán leyes chilenas al mapudungun

Un proyecto pionero desarrolla la Biblioteca del Congreso Nacional, que se propuso traducir del castellano al mapudungun las normativas más emblemáticas y de mayor utilidad ciudadana.

Con el apoyo de los profesores Domingo Curaqueo y Florentino Millavil, la Biblioteca del Congreso Nacional inició un trabajo de traducción de las principales leyes desde el castellano al mapudungun.

Curaqueo, que es profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) y subdirector del Liceo Cervantes, sostuvo que “es muy importante traducir las leyes, pero también otros textos de interés, para que los mapuches y no sólo ellos conozcan más acerca de la ley, de los derechos, sino también de la labor del Congreso y de la vida política de Chile, porque una cultura permanece viva si hay textos escritos”.  

Recalcó que “por eso estamos empeñados en escribir también lo que nos contaron nuestros antepasados, ya que con el tiempo las versiones van cambiando y reinterpretándose, con lo cual se va perdiendo el sentido original y verdadero de las cosas en su contexto”.  

Perteneciente a la agrupación de profesores y profesionales mapuches “Likan Mapu” (Mapuche urbano), Curaqueo aprendió el mapudungun con su abuela paterna, quien lo incentivó a conocer esta cultura y posteriormente a profundizar el estudio de su pueblo y analizar el origen de las palabras mapuches y de otras culturas, como por ejemplo la Maya.  

“Me interesó participar en el proyecto de la Biblioteca, creo que esta institución está haciendo algo pionero y de beneficio para mi pueblo, y de alguna manera con nuestros conocimientos y cosmovisión de las cosas, podemos colaborar en esto”, indicó.  

En una primera instancia se traducirán 18 leyes, entre ellas la de filiación, donación de órganos, acoso sexual, maternidad, tabaco, reforma previsional, subcontratación, violencia intrafamiliar, posesión efectiva sin testamento, pensiones alimenticias y solidarias.

 

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