Perú ratificó pacto migratorio con Chile

Fuente: La Nación

Trabajdores peruanos en Chile y chilenos en Perú cuentan con derechos laborales “independientemente de su situación irregular”. Todos con libertad de organizarse y negociar colectivamente.

El presidente de Perú, Alan García, ratificó este lunes un memorando suscrito con Chile para permitir el reconocimiento de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores migratorios entre ambos países, informó una nota oficial.

García suscribió el Decreto Supremo que ratifica el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Laboral y Migratoria un día después de la entrada en vigencia de un Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países.

Este acuerdo comercial ha sido criticado por el opositor Partido Nacionalista Peruano (PNP), que ayer presentó una acción de inconstitucionalidad, ya que considera que debió ser revisado por el Congreso de la República antes de su aplicación.

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La Moneda instó a la derecha a aprobar la adhesión a la Corte Penal Internacional

Fuente: Radio Cooperativa

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, advirtió a la derecha las consecuencias para Chile de no aprobar la adhesión a la Corte Penal Internacional, considerando la demanda fronteriza que hizo Perú ante el Tribunal de La Haya.

El secretario de Estado calificó como “fundamental” que se apruebe, ya que no sería bien visto que dos países se presentaran a dirimir en La Haya y uno de ellos -en este caso Chile- no haya validado la adhesión a la Corte Internacional, mientras que Perú lo hizo hace mucho tiempo.

Viera-Gallo declaró que “tenemos que adherir a la Corte Penal Internacional por el mérito del tratado, pero además, por una coyuntura que hace más urgente esta adhesión” ya que Perú está incluido en el tratado y en algunos principios de derecho internacional que Chile no.

Además, señaló que se está avanzando un proyecto de ley que tipificará los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad en Chile con lo que se darían las condiciones de aprobar la adhesión a la Corte Penal Internacional.

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Refugiados peruanos piden a Zalaquett soluciones a largo plazo para los inmigrantes

Fuente: Radio U de Chile

Luego de suspender la cita para reunirse con representantes de las cocinerías, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, concretó el encuentro que tenía pendiente con el Comité de Refugiados Peruanos.

Pero más allá de las medidas sanitarias y de higiene para los puestos de comida ubicados a un costado de la Catedral Metropolitana, el dirigente de la agrupación, Víctor Paiba le planteó al edil que el problema pasa porque la calle Catedral se ha convertido en el principal punto de encuentro y concentración de los inmigrantes en Santiago.

Por esta razón, le propusieron que este espacio sea regulado y se convierta en un paseo peatonal, lo que iría acompañado además de la creación de nuevos espacios que den una real solución del tema social que afecta a los peruanos en Chile, señalando que “se debe incluir a los privados con el fin de que exista una mejor integración”.

Paiba indicó que Zalaquett se comprometió a darles una respuesta en cinco días más, con la propuesta de un proyecto arquitectónico que plantea una solución a largo plazo.

Respecto a la idea de buscar un lugar para que las cocinerías callejeras funcionen en forma legal dentro de un nuevo centro gastronómico ubicado en el centro de Santiago, el dirigente señaló que el planteamiento siempre ha sido buscar una respuesta integral, no sólo para los peruanos, sino que para todos los inmigrantes que necesitan trabajar.

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Fiscalía acusa a defensa de Fujimori de querer llevar su juicio a plano político

Fuente: El Mostrador

El ex mandatario (1990-2000) es procesado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas en 1991 y 1992, y por el secuestro de un periodista y un empresario tras el “autogolpe” de 1992.

La defensa del ex presidente peruano Alberto Fujimori intenta llevar el juicio por violaciones a los derechos humanos que se le sigue al ex gobernante al plano político, afirmó este martes el fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén.

El fiscal declaró a la emisora Radioprogramas del Perú (RPP) que esto se vio en el inicio de los alegatos finales del abogado de Fujimori, César Nakasaki, quien señaló el lunes que el ex gobernante es juzgado por su política de Estado de combate al terrorismo.

“A Fujimori no se le está juzgando por su actividad política. Eso es algo en lo que no nos pronunciamos. Nakazaki hábilmente pretende llevar a un juicio penal un tema político. Quiere poner en el banquillo de los acusados a su agrupación política”, indicó Guillén.

Añadió que la fiscalía está “reprochando penalmente a Fujimori la conducta ilícita que realizó, la conducta delictiva que ordenó realizar”.

Guillén también enfatizó que el juicio “no es un cuento”, sino “una realidad concreta” y que la fiscalía considera “firmemente que la culpabilidad de Fujimori se ha demostrado razonablemente”.

El fiscal informó que se han presentado alrededor de 500 documentos, 18 audios y videos, y cerca de 60 testigos para sustentar la acusación del Ministerio Público contra Fujimori.

“Las (pruebas) más importantes son las órdenes iniciales que dio Fujimori, que determinaron la aplicación de métodos de guerra sucia en el Perú”, remarcó.

Guillén también dijo que Fujimori reconoció durante el proceso que le encargó el combate al terrorismo a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, quien tomó el control del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), del dinero que se le entregaba a este organismo y del manejo de las Fuerzas Armadas.

“Esa es una orden en un plano extralegal, es una respuesta paralela a la respuesta institucional. Esa orden fue para que Montesinos aplique otro método distinto a la respuesta oficial”, anotó.

El representante del Ministerio Público aseguró que “la misma actividad del destacamento Colina”, el grupo militar que cometió las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, “corrobora plenamente la tesis de la fiscalía”.

“Montesinos dirigió, manejó operativamente al destacamento Colina, y nadie puede sustentar que Fujimori desconocía lo que hacía Montesinos. Fujimori, vivió, despachó y trabajó en el SIN. Él estaba plenamente enterado de lo que sucedía”, concluyó.

Nakasaki señaló el lunes que este juicio tiene profundas connotaciones políticas e insistió en que ni la fiscalía ni los abogados de la acusación han mostrado pruebas.

El ex mandatario (1990-2000) es procesado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas en 1991 y 1992, y por el secuestro de un periodista y un empresario tras el “autogolpe” de 1992.

Un sondeo publicado el lunes último señaló que un 54,4 por ciento de los peruanos considera que Fujimori debe ser sentenciado, cuando menos, a 30 años de cárcel.

La encuesta de la empresa privada CPI indicó que el 41,5 por ciento está de acuerdo con el pedido de la fiscalía de 30 años de prisión, un 12,9 por ciento cree que la sanción debería ser mucho mayor, un 35,3 por ciento considera que la solicitud es excesiva y el 10,3 por ciento no sabe o no opina.

La Fiscalía acusa a Fujimori de ser el “autor mediato”, es decir, de haberse valido del aparato del Estado para cometer estos crímenes.

Nakazaki anunció que su alegato le tomará al menos seis sesiones del juicio, hasta el 4 de marzo aproximadamente, luego del cual vendrá la participación del propio acusado.

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Opinión: Delitos aberrantes y la necesidad de una Convención Internacional sobre Derechos Humanos de la Comunidad LGBT

Fuente: Fernando Pisani, AG Magazine

Una reflexión sobre la creación de leyes y organismos que defiendan los derechos humanos LGBT más allá de la pacatería de la sociedad, cómplice de aberrantes violaciones a la integridad de las personas homosexuales y transexuales.


La noticia corrió como reguero de pólvora dentro de la comunidad LGBT y todos nos sorprendimos con la brutal noticia de la travesti peruana que fue torturada y ultrajada por una autodenominada “guardia vecinal” de la ciudad de Tarapoto, en ese país.

Así como en su momento, el salvaje asesinato de Matthew Shepard en los EE.UU. materializó la lucha por los derechos de los homosexuales; bueno sería que el sufrimiento padecido por la triste protagonista de este hecho delictivo mitigara los peligros a los que día a día se ven expuestos y expuestas miembros de nuestra propia comunidad, cuya condición y manera de ganarse la vida las someten a constantes vejaciones, explotación y malos tratos.

El camino es la lucha. Políticas claras en materia de diversidad sexual y derechos humanos reglamentados, vigentes y con mecanismos de defensa y promoción aplicables en lo cotidiano.

Debemos ser concientes de que el padecimiento al que fue sometida la travesti peruana no dista demasiado de la realidad de cualquier chica que trabaja en las calles de nuestros subdesarrollados países.

Tampoco escapa a nuestro conocimiento el modesto rol desempeñado, actualmente, por los organismos protectores de derechos humanos.

Asimismo, la labor desarrollada por los legisladores es a todas luces inconsistente y avanza a paso de tortuga cuando se trata de sancionar derechos en beneficio de la comunidad LGBT.

Habitualmente, acostumbrados a la continua desidia y lentitud de los gobernantes de turno, nos alegramos ante pequeños logros. Pero, al enfrentarnos cara a cara con casos como el de Matthew Sheppard o el de Techi, la travesti peruana, vemos que la lucha no puede esperar.

Necesitamos que las y los legisladores se sienten a debatir en serio y a crear normas que abarquen todas aquellas necesidades, derechos y libertades de los que nos hemos visto privados durante tanto tiempo.

Necesitamos una Convención Internacional de Derechos de Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales y Bisexuales que establezca derechos y deberes, así como la obligación de su implementación en las normas locales de los países firmantes.

Necesitamos Organismos de Derechos Humanos realmente comprometidos en la defensa de estos últimos y sobre todo en el cumplimiento, defensa y promoción de los derechos de la comunidad LGBT.

No es un camino fácil. Tampoco es políticamente correcto, toda vez que lo distinto consterna y nuestras sociedades —aún pacatas y convencionales— se asustan fácilmente y prefieren “tolerar” dramatizando los abusos en lugar de trabajar en pos de su real supresión.

Pero es el único camino posible. El que han recorrido la mujeres en la lucha por la obtención del voto femenino y el reconocimiento de todos y cada uno de sus derechos.

El que han recorrido las personas de color en la eliminación de la esclavitud y el apartheid, así como todas las formas de explotación y discriminación a personas de raza negra.

El que han recorrido los defensores de los derechos de los niños, en la lucha por la creación de la Convención Internacional sobre sus Derechos y su posterior implementación en los países suscriptores.

Es un camino superador y que no sólo nos permitirá disminuir las posibilidades de sentirnos azorados frente al dolor y la crueldad infringidos por seres humanos iguales a nosotros, cometiendo delitos aberrantes en nombre de la moral, sino que nos dará las armas que necesitamos para castigar y erradicar definitivamente tales flagelos y sentirnos de una vez y por todas, integrados, íntegros e iguales.

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Mujeres peruanas en Chile.

Fuente: www.flacso.cl

Reportaje publicado en la revista online Zona Mujer del portal Terra, el miércoles 21 de enero de 2009, donde se publican opiniones y cifras entregadas por la Directora del Programa Género y Equidad, Claudia Dides.

[21.01.2009] Hace unas semanas apareció publicado en España un folleto que establecía los derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia. En esta carta informativa se establecía punto por punto los lugares donde debían acudir en caso de sufrir algún nivel de violencia.

Entonces nos preguntamos si es que iniciativas como la española se llevaban a cabo en Chile. Para ello, investigamos el caso de las mujeres peruanas que residían en nuestro país. ¿Hay políticas que indican dónde deben acudir si es que sufren de violencia intrafamiliar o violencia de género o laboral? Y si es así ¿esas políticas se cumplen?

CATASTRO DE MUJERES PERUANAS EN CHILE
De acuerdo a cifras reveladas por la Fundación Instituto de la Mujer en noviembre de 2008 durante un seminario en Sao Paulo Brasil, “del total de migrantes en Chile, un 48% son hombres y un 52% son mujeres”.
Esta fundación señala además que las mujeres peruanas representan a un 60, 2 por ciento de la población peruana que reside en Chile.

“Las cifran avalan la tendencia mundial de la feminización de la migración, característica que también se presenta en Chile”, indica la Fundación.

Pero todo esto son más que cifras, ya que son bien conocidas las situaciones de vulnerabilidad que rodean a las mujeres migrantes.

“Cuando las mujeres migran, atraviesan umbrales complejos, que impactan de inmediato y en forma directa en su fuero interno, en lo familiar y comunitario. Se desplazan por largos kilómetros, se internan en paisajes distintos al propio, con otras vecindades, otras gentes y otros códigos. Deben reconocerse como “diferentes” y luego hacer esfuerzos por redignificarse frente a la discriminación”, indica, Carmen Torres, Directora ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer.

A pesar de lo preocupante de la situación, en Chile por el momento no existe ninguna cifra oficial que indique cuántas mujeres peruanas denuncian por violencia en nuestro país.

CASOS DE VIOLENCIA EN CHILE: “ME HUMILLABA CONSTANTEMENTE”

Para poder adentrarnos en el mundo de las mujeres peruanas debemos pasar por un filtro. De lo contrario, parece ser prácticamente imposible acceder a las historias femeninas. El filtro tiene nombre y apellido: Víctor Paiva, presidente del comité de refugiados peruanos en Chile.

Víctor nos invita a ir un domingo a la calle Catedral en Plaza de Armas donde se congregan algunas mujeres peruanas. Llegamos a la cita, y nos comienza a relatar varios casos de mujeres que están en el lugar y que han sido golpeadas en sus lugares de trabajo e incluso mujeres que han perdido a sus bebés por no ser atendidas en algún hospital.

Si bien él intenta convencer a un par para que nos dé alguna entrevista, en un inicio, con mucha desconfianza, ellas indican que no quieren hablar de esas “intimidades” y que no están dispuestas a aparecer denunciando un hecho por temor. De sacarse una fotografía, ni hablar.

A punto de abortar nuestra misión, se nos acerca tímidamente una mujer que se identifica como Luz Consuelo Guzmán Rodríguez, nos cuenta que en agosto cumple cuatro años desde que vive en Chile y accede a contarnos su triste historia, mientras el resto se congrega alrededor de ella para escucharla.

La señora Luz trabajó un tiempo como asesora de hogar en una casa particular en Talagante. Cuenta que el primer problema apareció cuando su empleador se demoró siete meses en hacerle un contrato formal de trabajo. En esa oportunidad no quiso hacer más problemas y esperó pacientemente hasta que finalmente pudo firmar un documento oficial.

Pero el problema mayor vendría después. Luz nos cuenta que en una de sus jornadas laborales, se cayó. Si bien en un inicio no le dio importancia al golpe, tras dos días, comenzó a dolerle la pierna a tal punto que le impedía trabajar normalmente. Fue así que la señora de la casa, de profesión enfermera, la llevó hasta su lugar de trabajo, para que le hicieran una radiografía. Tras este examen, salió que no tenía nada y que tan sólo debía ingerir algunos calmantes, por lo que una licencia médica, no era necesaria.

“Me empezó a doler de nuevo le dije a la señora que me iba a Santiago a verme la pierna, entonces el doctor me dijo que debía darme una licencia, porque necesitaba descansar, y me dio licencia por siete días y acaté lo que me dijo”, cuenta Luz.

“Así es que la señora para la cual trabajaba me dijo que me iba a descontar de mi sueldo los días no trabajados y eso fue lo que hizo porque no me pagó unos 50 mil pesos a fin de mes. Pero lo dejé así, pensé que quizás ella se había cansado de mí”, agrega la mujer que finalmente concluye el relato asegurando que dejó de trabajar para esta familia, pero poco o nada sabía acerca de sus derechos.

Según nos cuenta, esta no era la primera vez que se sintió abusada. Hace un tiempo trabajó en otra casa particular de una sicóloga. Si bien asegura que jamás la golpearon, cuenta que su empleadora le gritaba simplemente porque no hacía algún quehacer y se dirigía a ella con frases despectivas del tipo ‘tu no sabes hacer nada bien’,incluso de acuerdo a su relato, vivía en una humillación constante.

Casos con el de Luz lamentablemente se repiten entre las mujeres peruanas. ¿Están resguardas por alguna ley en caso de sufrir de este tipo de violencia ya sea laboral o intrafamiliar?

LO QUE DICE EL PAPEL
Son tantas las preguntas que se asoman con los casos de mujeres peruanas que han sido víctimas de violencia en Chile, así es que para saber si efectivamente estas mujeres están resguardas por la ley, hablamos con Claudia Dides, socióloga, y directora del programa de Género y equidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (Flacso).

Dides nos cuenta que en Chile existen normas que regulan la migración en Chile, tales como el decreto ley 1094 de extranjería. Nos indica que el organismo encargado de la legislación migratoria es el departamento de extranjería y migración que tiene “funciones como las asesorías jurídicas y la información sobre los derechos y las obligaciones que tienen inmigrantes, la nacionalización, asilo político etcétera”.

Consultada sobre las mujeres peruanas específicamente y su situación en Chile, Dides nos asegura que los derechos de estas inmigrantes están absolutamente respaldas por leyes en todos los sentidos imaginables.

Por ejemplo en el ámbito laboral “a los emigrantes siempre se les dice que antes de firmar un contrato de trabajo, tienen que revisarlo y pueden buscar ayuda en el centro asistencial laboral de la dirección del trabajo, eso es un derecho consagrado, esto con el fin de que de documento cuente con todos los datos necesarios, tales como lugar de trabajo, horarios etcétera”. Y ojo que esta lógica se ocupa para los trabajadores que cuentan con un contrato de trabajo, así como aquellos que trabajan a honorarios (con boleta).

Además, Dides, nos cuenta que existe una guía que indica cada uno de estos puntos y que en caso de que el trabajador note alguna regularidad, puede ir a interponer un reclamo en la dirección de trabajo, así como cualquier chileno.

Además, también hay protección para las trabajadoras peruanas o de cualquier otro país que se embarazan. “Está prohibido despedir a una trabajadora embarazada. También ningún empleador puede exigir un certificado de embarazo, hay que compatibilizar las labores de la empleada de acuerdo a su salud como embarazada, obviamente sin que esto afecte su sueldo, es decir, no puede haber ninguna baja. A esto se incluye el fuero maternal y el pre y post natal”, asegura la socióloga.

Por otra parte la especialista indica que en el 2007 el Ministerio de Salud publicó una circular muy importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres extranjeras embarazadas más allá de lo laboral en donde se señala que todas, sin importar si tienen un estatus regular en nuestro país – es decir si es que tiene o no contrato de trabajo o visa – tienen el derecho a ser atendidas.

CIRCULAR CONTRA LA VIOLENCIA
¿Y qué pasa con el tema de la violencia de la cual pueden ser víctimas? “Hay una circular específica de cómo una extranjera debe afrontar la violencia intrafamiliar, que indica que puede presentarse a los mismos lugares que se presenta cualquier chilena, puede llamar al Fono Familia de carabineros, puede ir a cualquier comisaría de Carabineros de Chile, cualquier unidad de policía de investigaciones, ministerio público, juzgado de familia”, explica Dides quien además recalca que ellas también derecho a apoyo sicológico y jurídico.

Dides incluso asegura que en caso que una mujer peruana sufra de alguna lesión producto de una situación de violencia, “puede acudir si es que tienen Fonasa al sistema público de salud, si tiene Isapre, al sistema privado. Cuando no tienen ninguno de los servicios también pueden postular a los recursos que hay para los indigentes”.

Efectivamente así como nos asegura Dides, existe una guía que orienta a las mujeres extranjeras en nuestro país para que sepan qué hacer en caso de sufrir violencia en nuestro país.

Se trata de una guía elaborada por la Fundación Instituto de la Mujer en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones y el Colectivo Abriendo Puertas para la Integración.

De acuerdo a Carmen Torres, Directora Ejecutiva de la Fundación Instituto Mujer, esta guia se elaboró ya que “la realidad de las mujeres inmigrantes es extremadamente precaria, porque se enfrentan a múltiples situaciones de discriminación. La mayoría de ellas emigra escapando de la pobreza y en busca de mejores posibilidades de desarrollo y calidad de vida, “chocando con el hacinamiento, la doble discriminación –mujer e inmigrante-, la soledad y distanciamiento de sus redes familiares, el abuso laboral, la depresión y frecuentes episodios de violencia doméstica”.

En este documento, que es de distribución gratuita y que se encuentran disponibles en las oficinas de la Fundación Instituto de la Mujer (Fono: 274 6800) se especifica los problemas más habituales a los que pueden enfrentarse las mujeres extranjeras e indica estrategias de cómo solucionarlos, incluso agrega un completado listado de las entidades que pueden acudir de acuerdo a cada problemática.

Entonces si todo está tan claro y hay tanta norma que resguarda los derechos de las mujeres peruanas así como de todas las extranjeras en nuestro país ¿qué es lo que pasa que en algunas oportunidades no se cumple nada de lo que dice en el papel?

LA DURA REALIDAD
Para hablar un poco más sobre la realidad que viven las mujeres peruanas en Chile, contactamos a Víctor Paiva, presidente del comité de refugiados peruanos en nuestro país.
Al confrontarlo con todas las leyes que existen en nuestro país que resguarda a las mujeres peruanas, Paiva asegura que “lo que pasa es que estas directrices y resoluciones no llegan al funcionario donde directamente van las mujeres, entonces muchas veces pasa que son ellos los que les dicen que no tienen ningún derecho”.

Paiva incluso nos comenta que uno de los grandes errores del Gobierno y de las políticas que ha generado en torno a los inmigrantes, es que no se hacen campañas importantes para darle a conocer a los mismos extranjeros y chilenos de las circulares y guías que publican.

Esta apreciación es respaldada por la socióloga y directora del Programa de Género y equidad de Flacso, Claudia Dides. “En términos de avances de políticas públicas de integración e inclusión de emigrantes, se han dado pasos súper importantes en el último tiempo, el punto está en cómo los emigrantes internalizan esa información, y cómo en los servicios públicos hacen efectiva esa política, porque una cosa es que aparezca en la circular y otra cosa es que los mismos funcionarios sepan que esa circular existe y que hay que seguirla. Ahí es donde quizás está la deficiencia y la discriminación”.

Por otro lado Dides comenta que en el caso de las mujeres el tema es doble “la mujer sabe que tiene acceso a ese derecho, pero tienen que hacer el nexo entre el consultorio y el departamento de extranjería, es ahí donde a mi juicio faltan mecanismos de coordinación entre los centros de salud y de atención sicológica de violencia y extranjería”. 

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Documentos adjuntos:

Reportaje publicado en la revista online Zona Mujer del portal Terra, el miércoles 21 de enero de 2009. “La realidad que viven las mujeres peruanas en Chile: La dura realidad” (67.3 KB)
Reportaje publicado en la revista online Zona Mujer del portal Terra, el miércoles 21 de enero de 2009. “La realidad que viven las mujeres peruanas en Chile: Lo que dice el papel 1” (60 KB)
Reportaje publicado en la revista online Zona Mujer del portal Terra, el miércoles 21 de enero de 2009. “La realidad que viven las mujeres peruanas en Chile: Lo que dice el papel 2” (59.5 KB)