Seminario Internacional “VOTO PROGRAMÁTICO Y PLAN DE METAS: INSTRUMENTOS DE CONTRALORÍA CIUDADANA PARA CHILE”

Ciudad Viva invita a participar de este importante evento ciudadano, con nuestros representantes en el Congreso y visitas internacionales pioneras en monitoreo ciudadano a la gestión pública.

El Seminario es organizado por la Red Chilena por Territorios Justos y Sustentables. Por medio de este evento queremos instalar un espacio de trascendencia nacional para el intercambio de información relevante y la difusión de aquellas temáticas que constituyen nuestra Agenda de trabajo, cuales son para el presente año en el ámbito político de la profundización de la democracia y la descentralización, la Contraloría Social y la incidencia política que nos permita promover cambios en la legislación chilena y una cultura política y ciudadana proclive a la rendición de cuentas y la co-gestión de los bienes públicos. Se trata de una iniciativa apoyada por la SEGEGOB y al que ya están confirmados varios congresistas de distintas bancadas. Por eso esperamos contar con su presencia, para trabajar en un futuro proyecto de ley ciudadanía-gobierno en este tema.
Más información en: www.ciudadviva.cl
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Lecciones tunecinas

Túnez le ha dado a la comunidad internacional una lección de democracia por la madurez de los insurgentes, la moderación de sus consignas y la calma con la que se enfrenta a los grupos organizados.
Por BERNARD-HENRI LÉVY.

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El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos

Fuente: El Mostrador

Por Jorge Molina Sanhueza

Rodrigo Ubilla trató de ineficientes a los profesionales de la entidad, aludiendo a que demoraban en tramitar las causas, luego que citaran a declarar como inculpado en la Operación Cóndor al embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, sin informar al gobierno. Los jueces en privado calificaron sus dichos como “ignorancia”, aunque declinaron profundizar la polémica. No es lo único. En el organismo que dirige la ex fiscal Rossy Lama creen que el gobierno busca ser informado de las diligencias que se pedirán para ejercer poder de veto.

Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.

“Ignorancia”

Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.

De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la “alusión gratuita y oblicua” -otros usaron la palabra “ignorancia”- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.

Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.

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Agrupaciones de derechos humanos piden salida de embajador chileno en Argentina

Fuente: Correo Perú

08/06/2010

Agrupaciones de derechos humanos pidieron hoy en Chile la salida del embajador de ese país en Argentina, Miguel Otero, quien aseguró en su país la mayoría de las personas “no sintió la dictadura” del general Augusto Pinochet.

“Las declaraciones son ofensivas para las víctimas tanto chilenas como argentinas de violaciones de los derechos humanos y contrarias a toda norma mínima de convivencia ciudadana”, dijo la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

La dirigente, flanqueada por cinco diputados opositores, dejó en La Moneda una carta al presidende Sebastián Piñera, pidiendo la remoción del representante diplomático, un abogado de derecha.

Mientras tanto, Otero pidió disculpas por sus comentarios: “Nunca fue mi intención causarle daño a nadie”. Además, dijo compartir el dolor de las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos en Argentina.

“Toda mi vida he condenado las violaciones de los derechos humanos (…), no creo en las dictaduras y las condeno enérgicamente”, afirmó.

Sin embargo, en Argentina el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Julio César Martínez, aseguró que pedirá quitar la carta de aceptación del embajador.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA POSICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL  – CHILE.

Presidente Piñera se refiere a declaraciones de Otero y afirma compromiso del Gobierno con los DD.HH.

Fuente: Radio Biobio

09/06/2010

El presidente de la República, Sebastián Piñera, durante su visita al norte del país, se refirió por primera vez a la situación que derivó en la salida de Miguel Otero desde la embajada de Chile en Argentina.

Piñera señaló que su gobierno tiene un compromiso con los Derechos Humanos en el interior del país y también en su política exterior, recalcando que esto se hará respetar hasta el último día de su mandato.

El presidente evitó profundizar en torno a las críticas que surgieron por este impasse, luego de las declaraciones que Miguel Otero realizó en un diario argentino.

Recordemos que el ex embajador dio una entrevista al diario Clarín, en la cual se refirió al estado de Chile durante el Gobierno de Salvador Allende, su manera de vivir en esa época y como recibió el país la Dictadura Militar.

Con la declaración “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura de Pinochet”, Otero señaló que la gente se “sintió aliviada” al pasar de una situación en la que no había como sostener el hogar, en vista de que no había abastecimiento de productos en el mercado, indicando que Chile vivía “una guerra civil encubierta en todos los frentes”. De igual forma se refirió al Golpe Militar como que si no hubiese ocurrido “Chile hoy sería Cuba” .

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA POSICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL  – CHILE.

Informe 2010 de Amnistía Internacional sobre Chile

Fuente: Amnistía Internacional

EXTRACTO DEL INFORME 2010

REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 17 millones
Esperanza de vida: 78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 96,5 por ciento

Siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió encontrando obstáculos.

Información general
En noviembre, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos regido por normas internacionales y facultado para emprender acciones legales en determinados casos de violación de los derechos humanos.

En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas
El gobierno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierras a las comunidades indígenas de la IX Región, situada en el sur del país. Sin embargo, el decreto aprobado en septiembre –el 124– sobre los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas en decisiones que podrían afectarles directamente no cumplía las normas internacionales. No se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y a promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable impacto en el modo de vida de estas comunidades.

Algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.

En mayo, en el norte del país, junto a la frontera con Argentina, empezaron las obras para la puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su consentimiento.

Las comunidades indígenas mapuches siguieron reivindicando su derecho a la tierra y otros derechos. Algunos grupos mapuches y simpatizantes suyos llevaron a cabo ocupaciones de tierras y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La Coordinadora Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche, reivindicó algunas acciones de protesta. En varios casos, la reacción de las autoridades consistió en aplicar leyes antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), incumpliendo así tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto a no hacer uso de estas leyes como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos.

El 12 de agosto, un mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Collío, murió tras ser tiroteado por unos carabineros. Figuraba en el grupo de unas 80 personas que había ocupado una finca en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, como parte de una campaña para exigir la devolución de unas tierras. Durante la operación policial para desalojar a los manifestantes, al menos ocho personas resultaron heridas. Según los informes forenses, a Jaime Facundo Mendoza Collío le dispararon por la espalda.

En octubre, el gobierno negó que el 16 de ese mismo mes las fuerzas de seguridad hubieran herido con perdigones a varios menores de edad en las inmediaciones de una escuela de Temucuicui donde se estaba celebrando una reunión comunitaria.

Derechos sexuales y reproductivos
El aborto siguió estando penalizado. Continuaron existiendo obstáculos para acceder a anticonceptivos de emergencia. En marzo, la Contraloría General emitió un dictamen en el que se prohibía a los consultorios municipales la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia, lo que perjudicaba a las mujeres que no tenían medios para adquirirlos.

Impunidad
Chile ratificó en junio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diciembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En septiembre, el gobierno anunció su intención de proceder a la reapertura de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisiones Valech y Rettig) para que se pudieran notificar casos de tortura y desaparición forzada no comunicados todavía.

En medio de un ambiente de preocupación por la posibilidad de que la reforma del Código de Procedimiento Penal en 2010 retrasara las causas pendientes por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la Corte Suprema anunció que aceleraría la tramitación de los pertinentes procedimientos judiciales. Según datos oficiales, entre enero y octubre se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. A finales de octubre, sin embargo, sólo se habían impuesto sentencias condenatorias ejecutoriadas en 179 de las 3.186 causas emprendidas a este respecto.

En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de activistas políticos.

En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que las torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa humanidad. Sólo dos personas, los coroneles retirados Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, fueron condenados por estos delitos.

En noviembre empezó en Italia el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech por la desaparición forzada de cuatro personas en la década de 1970. Al finalizar el año no había concluido todavía.

En diciembre, un juez ordenó la detención de seis personas después de que las nuevas investigaciones emprendidas sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva revelaran que había muerto por envenenamiento, y no por infección, como se creía en un principio. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por los acusados. Los abogados de la familia de Eduardo Frei afirmaron que éste había sido asesinado por su oposición al gobierno de Augusto Pinochet.

EXTRACTO DEL INFORME 2010
CHILE
REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 17 millones
Esperanza de vida: 78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 96,5 por ciento
Siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron
reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un
clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió
encontrando obstáculos.
Información general
En noviembre, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional
de Derechos Humanos regido por normas internacionales y facultado para emprender acciones
legales en determinados casos de violación de los derechos humanos.
En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico
universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver
con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de
derechos humanos.
Derechos de los pueblos indígenas
El gobierno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierras a las
comunidades indígenas de la IX Región, situada en el sur del país. Sin embargo, el decreto
aprobado en septiembre –el 124– sobre los procedimientos de consulta y participación de los
pueblos indígenas en decisiones que podrían afectarles directamente no cumplía las normas
internacionales. No se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a
incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y a
promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable
impacto en el modo de vida de estas comunidades.
Algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de
subsistencia de los pueblos indígenas.
En mayo, en el norte del país, junto a la frontera con Argentina, empezaron las obras para la
puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las
comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su
consentimiento.
Las comunidades indígenas mapuches siguieron reivindicando su derecho a la tierra y otros
derechos. Algunos grupos mapuches y simpatizantes suyos llevaron a cabo ocupaciones de
tierras y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La Coordinadora
Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche, reivindicó algunas
acciones de protesta. En varios casos, la reacción de las autoridades consistió en aplicar leyes
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antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto
Pinochet (1973-1990), incumpliendo así tanto las promesas formuladas anteriormente por el
gobierno respecto a no hacer uso de estas leyes como las recomendaciones de diversos
organismos internacionales de derechos humanos.
El 12 de agosto, un mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Collío, murió tras ser
tiroteado por unos carabineros. Figuraba en el grupo de unas 80 personas que había ocupado
una finca en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, como parte de una campaña para
exigir la devolución de unas tierras. Durante la operación policial para desalojar a los
manifestantes, al menos ocho personas resultaron heridas. Según los informes forenses, a
Jaime Facundo Mendoza Collío le dispararon por la espalda.
En octubre, el gobierno negó que el 16 de ese mismo mes las fuerzas de seguridad hubieran
herido con perdigones a varios menores de edad en las inmediaciones de una escuela de
Temucuicui donde se estaba celebrando una reunión comunitaria.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto siguió estando penalizado. Continuaron existiendo obstáculos para acceder a
anticonceptivos de emergencia. En marzo, la Contraloría General emitió un dictamen en el que
se prohibía a los consultorios municipales la distribución gratuita de anticonceptivos de
emergencia, lo que perjudicaba a las mujeres que no tenían medios para adquirirlos.
Impunidad
Chile ratificó en junio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diciembre la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas. En septiembre, el gobierno anunció su intención de proceder a la reapertura de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Comisiones Valech y Rettig) para que se pudieran notificar casos de tortura y
desaparición forzada no comunicados todavía.
En medio de un ambiente de preocupación por la posibilidad de que la reforma del Código de
Procedimiento Penal en 2010 retrasara las causas pendientes por violaciones de derechos
humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la Corte Suprema
anunció que aceleraría la tramitación de los pertinentes procedimientos judiciales. Según datos
oficiales, entre enero y octubre se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las
fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. A finales de octubre, sin embargo,
sólo se habían impuesto sentencias condenatorias ejecutoriadas en 179 de las 3.186 causas
emprendidas a este respecto.
En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de
activistas políticos.
En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que las torturas perpetradas en la Academia de
Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa
humanidad. Sólo dos personas, los coroneles retirados Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres
Jorquera, fueron condenados por estos delitos.
En noviembre empezó en Italia el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech por la
desaparición forzada de cuatro personas en la década de 1970. Al finalizar el año no había
concluido todavía.
En diciembre, un juez ordenó la detención de seis personas después de que las nuevas
investigaciones emprendidas sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva
revelaran que había muerto por envenenamiento, y no por infección, como se creía en un
principio. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por
los acusados. Los abogados de la familia de Eduardo Frei afirmaron que éste había sido
asesinado por su oposición al gobierno de Augusto Pinochet.

El gobierno y la delincuencia

¿Cómo es posible que el Estado se ponga al servicio de la delincuencia y desproteja a quienes diariamente son objeto de los más infames delitos? […] Lo que hace la administración estatal es costear el funcionamiento de la justicia, que incluye tanto a los tribunales que juzgan a los “delincuentes” como a los fiscales que los investigan, y no solamente a los abogados que los defienden.
Por: Eduardo Díaz Saavedra

Tal como hace veinte años, cuando Chile retornó a la democracia, el discurso presidencial del pasado 21 de mayo mantuvo expectantes a todos los sectores políticos de la ciudadanía, desde la derecha más extrema del oficialismo hasta la izquierda más radical de la oposición.

Y no porque estemos en presencia de un cambio de régimen político (no al menos desde una óptica formal), sino porque desde 1964 que no se presentaba ante el Congreso pleno un Presidente de derecha elegido democráticamente.

Entre todos los anuncios que el gobierno hizo en materia de acceso a la educación, mejoramiento de las condiciones de salud, reformas políticas democráticas, reconstrucción tras el terremoto, indemnidad del matrimonio a cambio de un bono, etc., un tema que me llamó particularmente la atención fue el de la “batalla contra la delincuencia”. Aquí, junto con proclamar un incremento de la dotación policial en diez mil carabineros y mil detectives, sumado al registro nacional de condenados, anunció también la creación de una “defensoría” para las víctimas de delitos, vale decir, un organismo estatal encargado de nombrarle a éstas un abogado querellante que represente sus intereses.

Claro, si el Estado, a través de una Defensoría Penal Pública, les designa un abogado defensor a aquellos “delincuentes” que no disponen de capital suficiente para contratar a uno de su confianza, no es posible que las víctimas de escasos recursos permanezcan indefensas. ¿Cómo es posible que el Estado se ponga al servicio de la delincuencia y desproteja a quienes diariamente son objeto de los más infames delitos?
Sin embargo, tal como lo señala Carlos Peña en su columna dominical de “El Mercurio”, es un error sostener que el Estado se pone del lado de la delincuencia por el hecho de financiar la defensa de los imputados. Lo que hace la administración estatal es costear el funcionamiento de la justicia, que incluye tanto a los tribunales que juzgan a los “delincuentes” como a los fiscales que los investigan, y no solamente a los abogados que los defienden.

Porque una de las garantías básicas del Estado democrático constitucional es, precisamente, el derecho a un juicio justo, que consiste no sólo en garantizar el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial dentro de un marco de reglas transparentes, sino también el derecho a una defensa jurídica. Garantía que la Constitución y las leyes, tanto nacionales como internacionales, reconocen a toda persona que pueda ser encausada como partícipe de un delito, y no sólo a quien efectivamente lo cometió.

En este sentido, el derecho a la defensa en un proceso penal es una garantía del ciudadano frente al Estado, que por tener el monopolio de la fuerza socialmente organizada, tiene la facultad exclusiva de aplicar sanciones. Por lo tanto, como bien dice Peña, lo que hace el poder estatal es simplemente legitimar el castigo y ponerse del lado de la ley.

Sostener que el financiamiento estatal para la defensa legal de los imputados es poner al Estado al servicio de los “delincuentes”, significa no entender, e incluso desdeñar, una garantía que asiste a todos los ciudadanos en una sociedad democrática y que nació en el seno de la misma tradición política liberal con que este gobierno declara sentirse identificado. Cuestión que nos muestra que para el conservadurismo democrático pro capitalista (malamente llamado “neoliberalismo”), la democracia y los derechos fundamentales no son más que un corolario de los derechos de propiedad y de libre empresa que conforman el eje central de su ideología reduccionista.

Eduardo Saavedra Díaz es abogado y alumno de magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Talca. Dimplomado en Reforma Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica de Chile.