Carabineros ordena a sus funcionarios enfrentar y denunciar la discriminación.

FUENTE: WWW.MOVILH.CL

Así quedó establecido en una inédita cartilla producida por la policía que, entre otros elementos, busca prevenir la homofobia y transfobia. El documento fue entregado hoy oficialmente al Movilh por Carabineros, tras ser lanzado algunos de sus contenidos públicamente el año pasado.

La institución de Carabineros entregó de manera oficial al Movilh una histórica cartilla contra la discriminación que busca prevenir y enfrentar casos de discriminación propinados por funcionarios de la policía uniformada.

Se trata del librillo “No a la Discriminación, por un Trato Igualitario” que fue lanzado al anterior 30 de noviembre con el patrocinio de la Subsecretaria de Carabineros y de la UNICEF y que es el resultado de una propuesta ideada por el Movilh que se trabajó durante más de un año en conjunto con la coronel Lily Fuentes.

Fue en esa calidad que Carabineros entregó en forma especial la cartilla al Movilh, en el marco de una reunión sostenida con Fuentes (en la fotografía) enel Edificio Diego Portales.

 “Estamos realmente emocionados con esta cartilla, pues en la práctica implica que desde el discurso oficial de Carabineros se repudiará y rechazara cualquier atropello basado en la orientación sexual o en la identidad de género, así como también la discriminación hacia cualquier otro sector social”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.

Uno de los contenidos más importantes de la cartilla, que no fueron divulgados públicamente cuando fue lanzada, es que llama directamente a los funcionarios policiales a denunciar ante sus superiores cualquier tipo de discriminación.

En el documento se indica que “los actos discriminatorios en los que pueda incurrir un carabinero, constituyen faltas que dan lugar a sanciones administrativas y judiciales”, por lo cual los funcionaros “deben informar a sus superiores” cualquier acto de este tipo.

 “Los jefes de las unidades policiales deben considerar permanentemente esta temática en los procesos cotidianos de instrucción al personal bajo su mando, en especial la responsabilidad que cada uno de ellos tiene”, indica la cartilla.

En ese sentido se pide una especial atención a los grupos más como son  “los niños y niñas, los adultos mayores, los gays, transexuales y lesbianas, las personas que pertenecen a algún pueblo indígena, los pobres, los extranjeros y las personas con discapacidad o defecto físico”.

El librillo, que ya está siendo distribuido en funcionarios policiales de todo el país, es acompañado de un pequeño tríptico de similares contenidos de manera que los carabineros puedan portarlo.

“Esta pequeña herramienta tiene un impacto enorme en la relación establecida entre las minorías sexuales y Carabineros, pues frente a cualquier arbitrariedad basada en la orientación sexual o la identidad de género, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales podrán desde ahora tener la certeza que actos como este no pueden, ni deben ser compartidos por los superiores policiales, loc cual reduce la expresión de la impunidad”, puntualizó Hernández.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

LA GRAVE SITUACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA. LUBICON CREE DE CANADÁ.

 

ARTÍCULO ELABORADO POR:

ANA CAROLINA COFRÉ

Coordinadora

Equipo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de Amnistía Internacional

 

 

            Mientras en Chile se permitirá la exploración geotérmica en los Geiseres del Tatio, a 100 kilómetros al norte de San Pedro de Atacama, lugar sagrado de las comunidades Lickannantay (Atacameños) a través del proyecto de Perforación Geotérmica Profunda llevado a cabo por la Empresa Nacional de Petróleo y la Empresa ENEL, así como el Proyecto Pascua Lama al interior de Vallenar que afecta a las comunidades de Huascoaltinos (descendientes de los antiguos diaguitas), en Canadá, la explotación a gran escala de gas y petróleo ha socavado de forma drástica la capacidad del Pueblo Lubicon Cree, que habita la zona occidental en la provincia de Alberta, de mantener su economía y su modo de vida tradicional basado en la tierra.

 

            Amnistía Internacional ha denunciado estos hechos a las autoridades canadienses, dando a conocer la realidad que está sufriendo el Pueblo Lubicon Cree en su Informe: La Tierra y el Modo de Vida Amenazados. El Pueblo Indígena Lubicon Cree de Canadá, publicado en octubre 2008.

 

El territorio de los Lubicon Cree ocupa 10.000 kilómetros de zonas boscosas de baja altitud, llanuras, ríos, lagos y humedales. A partir de 1979, se construyeron en la zona 2.200 kilómetros de carretera que actualmente es utilizada por las industrias petrolíferas y de gas. Se han perforado 2.000 posos de petróleo y se han usado 56 kilómetros de tierra de este pueblo originario para uso industrial. Los Lubicon Cree han protestado en repetidas ocasiones sobre esta situación que transgrede su derecho a la tierra, su derecho a practicar su economía tradicional basada en la caza y recolección de alimentos, y su derecho a la salud y prácticas culturales tradicionales. Por otra parte, el Pueblo Lubicon Cree no se ha beneficiado en absoluto de la riqueza que se ha creado con este proyecto de explotación de gas y petróleo en su territorio.

 

            La extracción a gran escala en sus tierras iniciada en los años 70, condujo a una disminución brusca de la fauna para labores de caza, pesca, y la recolección de alimentos y plantas medicinales. El número de animales cazados para aprovechar la carne y la piel cayó en un 90% por razones de contaminación. Como consecuencia ha sido extremadamente difícil para los Lubicon Cree desarrollar alternativas que sustituyan su economía tradicional.

 

            En el año 1988, se llegó a un acuerdo con las autoridades de Alberta que se conoce como el acuerdo Grimshaw. Este acuerdo consiste en ceder 200 kilómetros de tierra para establecer una Reserva Lubicon Cree. En la reserva, los Lubicon Cree supuestamente tendrían todos los derechos para disponer de los recursos tanto los de superficie como los del subsuelo y de crear 41 kilómetros como zona de seguridad. Con este acuerdo, no se concedieron nuevas licencias de extracción, pero aún no se llega a un acuerdo definitivo, reinando en la región una preocupación constante del incremento del ritmo de extracción de gas y petróleo ante medidas de presión para que se de vía libre a nuevas explotaciones tal como lo sucedido en las regiones colindantes de la Provincia. En los distintos momentos de las conversaciones con la autoridad de la Provincia de Alberta, pareció cercana la posibilidad de un acuerdo, pero a partir del 2003, se produjo un fracaso en las negociaciones, lo que aleja a los Lubicon Cree de tener el derecho a dirigir su propio gobierno y a gestionar servicios dentro de la reserva.

 

            Tras un examen realizado sobre la situación en el 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó a Canadá para que garantizara la consulta oportuna a los Lubicon Cree antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversias. Pese a este llamamiento, no se han producido resultados reales ni tampoco se ha consultado a los Lubicon Cree antes de conceder nuevas licencias de explotación, las cuales siguen aumentando.

 

            Los Lubicon Cree de Canadá junto con los Huascoaltinos del Valle del Huasco de Vallenar y los Lickannantay de San Pedro de Atacama en Chile continúan llevando a cabo acciones para evitar que sus derechos económicos, sociales y culturales sean transgredidos por empresas extractivas que atentan con su derecho a la vida. Ya es hora de que las empresas y los gobiernos de alrededor del mundo empiecen a respetar los acuerdos y las promesas hechas hacia los pueblos originarios.

 

 

Este Artículo está basado en la información contenida en el  Informe  de Amnistía Internacional llamado: La Tierra y el Modo de Vida Amenazados. El Pueblo Indígena Lubicon Cree de Canadá 

Si desea obtener mayor información del contenido de este Informe, visite la página web de Amnistía Internacional: www.amnistia.cl o escriba a info@amnistia.cl

Defensores/ras de Derechos Humanos. Derechos en el Bicentenario: “No es caridad… es justicia!”.

Fuentew: www.amnistia.cl

El 27 de enero una nueva versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario se entregó al Ejecutivo. Tras una reunión del Ministro Viera-Gallo con integrantes de las organizaciones que suscriben la Agenda, la prensa publicó los comentarios del Director Ejecutivo de AI Chile refiriéndose a las preocupaciones y la escasa respuesta a las propuestas de la Agenda que se ha recibido del Gobierno. Para profundizar más en el tema, publicamos un entrevista con Sergio Laurenti que reflexiona sobre los alcances de la iniciativa de cara al Bicentenario y las expectativas de la sociedad civil en cuanto a los desafíos por delante. (Lea aquí la entrevista completa)

Sergio Laurenti, director de AI Chile

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SIN IMAGEN1 –>¿Por qué dice que el tema de DDHH se transa con otros intereses políticos?

La historia reciente de graves violaciones de derechos humanos en Chile y la temática de su defensa y promoción –que es un deber del Estado- ha motivado que medidas importantes y esenciales para el desarrollo de un país más justo e igualitario se demoren inexcusablemente. Ejemplo de ello es la falta de ratificación del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional y una larga lista de otros instrumentos internacionales; o el avance en temas de dignidad humana, la lucha contra la discriminación, o el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad. Estos asuntos no son dádivas que los Estados otorgan, son obligaciones que deben cumplirse. Iniciativas importantes para las personas son a menudo usadas políticamente, avanzan, retroceden y frecuentemente se estancan debido a que la agenda política aparece dominada por defensas corporativistas, de intereses sectoriales –primordialmente económicos- y no se pone a las personas en primer lugar.

¿Qué tan grave es que ello ocurra?

En Chile se dan violaciones y abusos hoy –diferentes en su naturaleza y gravedad- a las gravísimas violaciones de Derechos Humanos del pasado pero igualmente importantes, que deben ser enfrentadas y resueltas. Si las responsabilidades del Estado, contraídas a partir de las obligaciones del derecho internacional y de la propia legislación interna, se desatienden o dejan de cumplirse, esto posterga a las personas y a grupos en riesgo, por ejemplo: indígenas, mujeres y niñas, las personas más pobres; abre espacios de impunidad; y expande las brechas de desigualdad con el consecuente incremento de inestabilidad y protesta social.
Un buen ejemplo podría ser la Reforma Procesal Penal, que es revolucionaria y que resulta en grandes avances pero que debe perfeccionarse urgentemente para implementarse de manera eficiente, y hacer que la justicia sea accesible para todas las personas, especialmente las más desprotegidas.

Cuando habla de que en Chile, el Gobierno frente a las demandas en materias de DDHH ofrece más de lo mismo, ¿a qué se refiere?

Primero, una aclaración: Amnistía Internacional nunca denuncia sin proponer soluciones posibles, realistas y basadas en los instrumentos de Derechos Humanos. Hemos señalado y aplaudido algunos positivos avances en la protección de los derechos humanos en Chile, y destacamos como obra del actual gobierno –por ejemplo- la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y el apoyo al desarrollo de un Tratado Internacional de Control de Armas; la incorporación de mayor cobertura del programa AUGE y el avances en temas de verdad y justicia, que se han producido desde la primera versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario.

Segundo, hay una creciente preocupación entre las organizaciones de Derechos Humanos por el escaso o nulo avance –por ejemplo en temas como la “ley anti-discriminación”, la institucionalidad de Derechos Humanos o la ley marco de salud sexual y reproductiva, por citar algunos. Ante esto la respuesta habitual –cuando la hay- es la falta de cooperación de la oposición, proyectos de ley eternamente detenidos en el Congreso, o la noción de que “Chile no está preparado”.
Ha sido mayormente la presión e iniciativa de las organizaciones, y no el liderazgo de los gobiernos y el parlamento los que han generado los avances.

¿Cuál es la importancia del documento “Agenda de DDHH para el Bicentenario”?

Chile no cuenta con una institucionalidad de Derechos Humanos ni con un Plan Nacional de Derechos Humanos. La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, originada en una propuesta realizada por AI durante las elecciones presidenciales de 2005, se ha convertido en una iniciativa proactiva de organizaciones e individuos de la sociedad civil que presenta un “mapa de ruta” para las sucesivas administraciones del Estado de modo de situar la promoción y defensa de los Derechos Humanos al centro de las realizaciones políticas y como respuesta a las aspiraciones legítimas de todas las personas que habitan Chile.
La cercanía del Bicentenario de la independencia, debiera motivarnos a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ello supone que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con una perspectiva de Derechos Humanos; específicas para la promoción y protección de estos derechos.
Resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, centrada en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. Y pensamos que la Agenda propuesta es el instrumento idóneo.

Sobre lo mismo, ¿cuáles son los puntos más novedosos para afrontar estas materias?

La Agenda comprende 60 propuestas, algunas muy amplias, en temas tan diversos como Discriminación, Promoción de los Derechos Humanos, Grupos en riesgo, Educación en Derechos Humanos o Democracia y Participación, entre otros. Todas las propuestas son importantes, pero las más recientes inclusiones de la Agenda, que se reflejan en la actualización presentada incluyen: Instrumentos internacionales relativos a refugiados, pueblos originarios y responsabilidad de empresas; medidas más efectivas contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar; control de las policías y reducción de la violencia policial; discriminación de las mujeres en el ámbito político, laboral, de salud y de derecho de familia; protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo la necesidad de mayores recursos para el SENAME y la revisión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente; protección del derecho a la honra y vida privada; y medidas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué sensaciones le dejó su encuentro con el ministro Viera Gallo? ¿Hay compromisos para trabajar en conjunto?

El ministro Viera-Gallo está siempre muy bien dispuesto a recibirnos, a dialogar y a apoyar iniciativas de Derechos Humanos. Nos habló de las aspiraciones del Gobierno respecto de una pronta ratificación del Tratado de Roma y de una votación positiva del proyecto sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respondió con mucha franqueza y apertura respecto a las posibilidades reales y los temas en los que el Gobierno necesita apoyo. Hemos comprometido continuar el seguimiento de los temas de la Agenda, con diversos actores políticos tanto de la Concertación como de la oposición, como lo venimos haciendo hace más de dos años.

¿AI trabaja con el Gobierno u otros grupos políticos, cuáles?

Amnistía Internacional es independiente de cualquier Gobierno, partido político, grupo religioso o económico. No acepta financiamiento gubernamental ni de organismos intergubernamentales y se sostiene con donaciones de sus socios y simpatizantes. Amnistía Internacional y la coalición de cuarenta organizaciones que apoyan la Agenda siempre procuran cooperar con el Gobierno y el Congreso, por medio de propuestas y educación. Las iniciativas de la Agenda son en sí mismas el mayor aporte. En otros ámbitos, Amnistía Internacional señala constructivamente las oportunidades para mejorar; estamos constantemente en contacto para comentar sobre iniciativas legislativas; promover la solidaridad internacional; participamos con nuestra opinión en el Examen Periódico Universal (un procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y para aportar en lo que podamos.

Pareciera ser que cuando se habla de DDHH en nuestro país, el tema se politiza y se traduce en un discurso de izquierda, ¿qué tan bueno o malo es que ello ocurra?

Teñir con un color político la defensa de los Derechos Humanos es un grave error que contamina su avance global y deslegitima a quienes los defendemos. Los derechos son de todas las personas y nuestro trabajo en Amnistía Internacional es contribuir a crear una cultura de promoción y respeto de todos los Derechos Humanos para todas las personas. En Chile, el tema se politiza pues la perspectiva está estancada en un momento histórico que aún divide profundamente al país. Cuando el debate nacional aborde –por ejemplo- asuntos como el impacto de la crisis económica global; el acceso a vivienda digna; el impacto de la violencia en la vida de las mujeres y las niñas; la guerra contra el terrorismo; la globalización de la justicia; el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo o las responsabilidades de las empresas y grupos económicos en los abusos de derechos humanos, probablemente sería más relevante, actual e inclusivo. Considero que en Chile debemos pasar de la aspiración a la exigibilidad de los derechos, y eso no es caridad… es justicia.

¿En qué escenario se encuentra Chile en materia de DDHH respecto de otros países y en Latinoamérica?

Amnistía Internacional no hace rankings entre países. Nos importan y trabajamos sobre las violaciones y abusos de Derechos Humanos donde se producen y nuestras preocupaciones se entregan formalmente a cada gobierno, tanto en el Informe Anual como en otras declaraciones periódicas. Hace poco visitó Chile la Secretaria General de AI Irene Khan, y se reunió con la presidenta Michelle Bachelet y con muchos otros interlocutores tanto del ámbito político como de la sociedad civil. En ese contexto, Amnistía Internacional reconoce que romper con un pasado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos supone un reto enorme para cualquier gobierno. Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Amnistía Internacional observa otras muchas contribuciones significativas de Chile al desarrollo de un marco internacional de derechos humanos sólido y de las instituciones que vigilan su cumplimiento: el país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente; ha apoyado la incorporación de la perspectiva de género en todo el engranaje de las Naciones Unidas, y ha respaldado otros procesos de reforma estructural, como el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo de examen periódico universal y la racionalización y mejora de los mandatos de los Procedimientos Especiales. Chile también ha liderado iniciativas regionales e internacionales encaminadas a mantener la paz y la democracia.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha detectado con preocupación varios ejemplos de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional. Resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.

Para saber más sobre la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario
Vea el artículo comentado, en La Tercera

Peter Gabriel fija fecha para concierto en Chile.

Fuente: www.lanacion.cl

La productora Fénix Entertainment confirmó la presentación de Peter Gabriel en nuestro país para el próximo 24 de marzo. El día del concierto es el único dato disponible y aún se espera que se confirme el lugar y valor de las entradas. El ex integrante de Genesis vendría a presentar un show sin enmarcarse en ningún festival de música y se rumorea que podría venir acompañado de la banda escocesa Travis, encargados de telonear a Gabriel en México.

Las noticias, entrevistas y opiniones vertidas en este blog, no representan necesariamente el pensamiento de Amnistía Internacional – Chile.

Amnistía junto a cuarenta ONGs proponen agenda de DD.HH. para el bicentenario.

Fuente: www.radio.uchile.cl

Amnistía Internacional, junto con cuarenta organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el ministro secretario general de la presidencia José Antonio Viera-Gallo, para presentarle la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, en su versión actualizada.

El director de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, dijo que en materia de derechos humanos siempre se encuentran con buena voluntad en el seno del gobierno pero hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

“Siempre nos encontramos en el gobierno con buena voluntad en materia de derechos humanos, pero hay una distancia con lo que se dice y lo que se hace nuestro pedido al ministro fue poner atención a algunos temas como la ley Anti Discriminatoria, la figura del Defensor del Pueblo y la ley marco de Salud sexual y Reproductiva, estos son tres temas de los sesenta de la agenda para todos los cuales el ministro estuvo abierto, mencionando las dificultades que tiene en el Congreso para concretarlas”, indicó Laurenti

La organización internacional dice que el principal escollo del gobierno para cumplir con estos compromisos, algunos de ellos inscritos en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es la poca disposición en el congreso de discutir estos temas.

Por lo mismo su próxima tarea es reunirse con legisladores de la Alianza por Chile para avanzar en temas pendientes y proyectos de ley que se encuentran dormidos en el parlamento.

Además, Laurenti, calificó como una demora escandalosa la dilatación por más de 18 años de Chile para ratificar el Chile el tratado de Roma, siendo uno de los pocos países de América latina, que todavía no permite la existencia del Tribunal Penal Internacional.

“La Corte Penal Internacional es una demora escandalosa, Chile estuvo entre los primeros países que firmó el Tratado de Roma, pero no lo ha ratificado en estos 18 años hasta ahora. Estamos viendo ya los frutos de la Corte Internacional en establecer un mundo más justo y Chile no es parte de ese esfuerzo, entre los pocos países en la región que está en deuda en este sentido”, subrayó el experto en DD.HH.

El documento completo de la “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”, replantea la importancia y necesidad de implementar las 60 iniciativas propuestas al gobierno antes del 2010.

El problema que encuentran las ONGs participantes de esta cita fue que las temáticas de derechos humanos se transforman en una moneda de cambio, donde oficialismo y oposición utilizan algunos de los recursos que son pilares fundamentales de la agenda, manipulándolos en desmedro de avanzar realmente en mejorar la legislación.

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Sergio Laurenti, director ejecutivo del organismo en Chile, se reunió con el ministro Viera Gallo. Amnistía Internacional: “Es muy grave que los DDHH sean una moneda de cambio para otros temas políticos”.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, afirmó que la respuesta del gobierno a las demandas en materia de derechos  humanos, es “más de lo mismo”.

Laurenti, junto a representantes de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile, visitaron hoy al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, a quien entregaron una versión renovada de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario.

En concreto, el documento pasó de 47 a 60 recomendaciones e incluye instrumentos internacionales como el derecho de los refugiados, el fortalecimiento de la legislación que previene la violencia doméstica y medidas más efectivas contra la violencia  de género e intrafamiliar, entre otros.

El dossier también incluye un capítulo sobre personas en  riesgo, “que involucra a los grupos indígenas, ciertamente a los  mapuches entre ellos, y en particular las implicaciones de la violencia policial en la vida de estas comunidades”.

Laurenti reconoció la buena disposición de Viera Gallo ante los planteamientos de las organizaciones, pero precisó que para  el gobierno las limitaciones se centran en la aprobación de  estos temas en el Senado, donde la oposición es mayoría.

Al respecto, el dirigente calificó como “muy grave, que la  temática de derechos humanos se transforme en una moneda de cambio que pueda ser utilizada como un elemento de negociación  para otros temas políticos”.

“Eso es un estándar diferente al que Chile presenta en el  ámbito internacional donde hace buena letra con los temas de  derechos humanos y ahora que tiene un asiento en el Consejo de  Derechos Humanos, tiene una obligación”, dijo.

Finalmente, Laurenti destacó las “buenas perspectivas y una  aspiración” de Viera Gallo de que el Tratado de Roma se  ratifique antes del 21 de mayo, día en que la Presidenta  Michelle Bachelet dará su última cuenta anual al país.

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ONG Social Indigena denuncia ante el silencio de los medios. Piden 15 años de cárcel para cineasta Elena Varela.

Fuente: ONG Social Indigena.

La Fiscalía pidió una condena a quince años de cárcel para la cineasta chilena Elena Varela, detenida en mayo cuando grababa un documental sobre el conflicto mapuche, acusada de dos atracos, informó hoy el diario ‘La Tercera’.


Elena Varela, quien ha estado ligada a la lucha por la reivindicacion de los derechos ancestrales del pueblo Mapuche,actualmente en libertad condicional, está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio y tenencia ilegal de armas en los atracos a una sucursal bancaria y a una oficina de pago de pensiones en 2004 y 2005, en los que murieron cuatro personas.

Los mismos cargos pesan sobre Kenny Sánchez y Sergio Reyes, ex operario de la empresa forestal Mininco, para quienes la Fiscalía de Rancagua, ciudad situada unos 90 kilómetros al sur de Santiago, pide veinte años de prisión.

Los tres acusados serán sometidos a un juicio oral en los próximos meses, mientras que a otros tres procesados se les retiraron los cargos al no demostrarse su participación en los atracos.

Según la Fiscalía, los imputados integraron una organización destinada a cometer atracos en ‘beneficio propio’ y para financiar ‘lo que ellos llaman un trabajo político, como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero’.

Entre éstos últimos el Ministerio Público cita a Mauricio Hernández Norambuena, ‘Ramiro’, ex dirigente de la Frente Patriótico Manuel Rodríguez -grupo guerrillero de izquierdas que luchó contra la dictadura chilena- y preso en Brasil desde 2002 por su participación en el secuestro de un empresario.

Tras ser detenido, Sergio Reyes aseguró que en 2003 la organización realizó una escuela de guerrilla e instrucción ideológica y que mantenía contactos con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, considerada una organización terrorista por EEUU y la Unión Europea.

Varela fue detenida junto a otras cinco personas en la región de La Araucanía, unos 680 kilómetros al sur de Santiago, cuando filmaba el documental ‘Newen Mapuche’ sobre el conflicto entre comunidades mapuches y compañías forestales por las tierras ancestrales que reclaman los indígenas.

Durante la detención, la policía incautó vídeos, película, equipos de sonido, cámaras y vestuario necesarios para la filmación del documental, financiado por el estatal Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de Cultura y las Artes.

Defensores de los derechos humanos, Mapuches,cineastas y periodistas protestaron contra el arresto de Varela, quien permaneció encarcelada en Rancagua desde el 7 de mayo hasta el 13 de agosto, tras lo cual se le concedió el arresto domiciliario con la prohibición de salir del país.

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12 de Febrero día internacional de los niños soldados.

Fuente: Equipo Derechos Humanos de los Niños, Amnistía Internacional – Chile.

En muchos países año tras año se reclutan niños y niños para enfrentamientos bélicos. Hoy se estima que hay más de 250.000 niños usados con este fin alrededor del mundo. La mayoría se concentra en el continente africano. Sin embargo, esto no significa que en otras partes no exista. Por ejemplo, Colombia es quizás el país sudamericano con mayor porcentaje de niños soldados, y en los últimos años la infancia ha sufrido un genocidio de características magnánimas. La causa fundamental que provoca tal violación a los derechos humanos es la falta de perspectiva que ha surgido en torno a los conflictos bélicos, como a su vez en el narcotráfico. La situación en algunos sectores ha llegado a tal extremo que hoy en día los niños se ofrecen voluntariamente quizás al ser la única alternativa para subsistir.

A pocos días del 12 de Febrero fecha que ha sido instituida internacionalmente como acto de denuncia por estos abusos. Creo que es necesario crear conciencia sobre los derechos humanos y es por esto mismo que este tema en particular es de suma importancia, ya que es una violación a los derechos desde la base humana o sea desde la infancia.

Creo firmemente que todo niño posee el derecho intrínseco a la vida, y como tal pertenece a su libertad futura,  el forzar a un niño a participar de algún conflicto en el cual arriesgue su vida, es una transgresión a éstos. Y a si mismo debemos luchar para que se cumpla este objetivo y así terminar con este flagelo. La causa depara para muchos años más, y quizás el cambio sea lento, pero personalmente creo  que la base de todo activista en cualquier causa, es el disfrutar el proceso, esperando cumplir el objetivo final, lo cual por cierto siempre requiere de esperanza, voluntad y compromiso. Y con esto me gustaría dejar un par de preguntas. ¿Ustedes disfrutan el proceso? ¿Tienen la voluntad y las ganas para comprometerse con la bella tarea de luchar por quienes son el futuro, o sea los niños?

José Manuel Rodríguez Manríquez

Solicitan reunión formal a Presidenta para entregar idea pro empleo en base a modelo forestal sustentable.

Fuente: www.elciudadano.cl

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) solicitó formalmente una audiencia a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para la entrega de una propuesta de desarrollo sustentable de bosques nativos y masas forestales tendientes a la generación de empleos en el corto y mediano plazo.
La reunión fue pedida la semana pasada a través de una carta y el avance de una propuesta desarrollada por la AIFBN durante el año 2008, orientada al fortalecimiento del sector forestal incluyendo bosques, industria y plantaciones; y que permitiría generar miles de puestos de trabajo asociados a la implementación de la Ley de Bosque Nativo.
El vicepresidente de la AIFBN, el ingeniero forestal René Reyes, destacó que sus contenidos permiten armonizar el desarrollo sostenible del sector forestal como complemento a las medidas que el Gobierno ha tomado para reactivar la forestación.
Reyes llamó a la primera mandataria a que reciba personalmente la propuesta para interiorizarse de sus detalles y sean incluidas en un nuevo paquete de medidas pro-empleo.
“El documento propone generar puestos de trabajo a partir de la implementación de la Ley de Bosque Nativo. Por ello consideramos que la Presidenta debe recibirnos porque en este recurso hay un tremendo potencial. Creemos que este es un tema que debe ser conversado para generar un proyecto de ley pro empleo”, aseveró.
Por su parte, el ingeniero forestal e integrante del directorio de la AIFBN, Luis Astorga, explicó que la propuesta y sus lineamientos consideran el manejo con fines productivos de 5,3 millones de hectáreas de bosque nativo que están en proceso de degradación, y que al mismo tiempo, pueden ser recuperados y manejados en forma responsable.
“El modelo forestal basado sólo en plantaciones no es sustentable. Ha generado problemas y pobreza en el sector campesino, no obstante el gran patrimonio forestal disponible a nivel nacional. Nuestros planteamientos permiten integrar un desarrollo forestal ligado a las plantaciones junto al manejo adecuado del bosque nativo”, aseguró Astorga.
Cabe destacar que la (AIFBN) es una organización compuesta por más de 350 profesionales, entre los que se cuentan ingenieros forestales, economistas, abogados, biólogos, entre otros, que desde 1993 han estado trabajando en pro del fortalecimiento del sector forestal asociado al manejo y conservación de este recurso renovable.

Pedro Andrade

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Familiares de desaparecidos formalizaron acción judicial. Presentan denuncia criminal contra la diputada Rubilar.

Fuente: www.lanacion.cl Por Leslie Ayala Castro / La Nación.

Buscan que el ministro en visita Carlos Gajardo esclarezca los hechos que rodearon el cuestionamiento a víctimas de la violación de derechos humanos en la dictadura. Piden que se cite a declarar a la parlamentaria RN, a Manuel Contreras y Javier Gómez.

Mediante una denuncia criminal, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) oficializó ayer la acción judicial que seguirá en contra de la diputada RN Karla Rubilar, quien denunció erróneamente a supuestos falsos detenidos desaparecidos.

El libelo fue presentado ante el ministro en visita Carlos Gajardo, quien indaga la aparición de falsas víctimas de violación de los derechos humanos, tras la aparición de Germán Cofré, quien fue calificado como tal y después de una década se supo que estaba vivo y residiendo en la ciudad de Mendoza, Argentina.

Esta vez la AFDD quiere que el magistrado investigue la “operación de inteligencia” que se gestó tras conocerse el episodio de Cofré y donde, a juicio de la entidad, actuaron personas inescrupulosas que se unieron para entregar antecedentes erróneos y desvirtuar así la realidad.

La parlamentaria de la Alianza, cuando ostentaba el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (luego fue censurada), entregó a La Moneda información que cuestionaba la desaparición de Luis Emilio Recabarren, quien fue detenido junto a su esposa, su padre y dos hermanos en abril de 1976.

Ello a pesar de que el propio ministro Alejandro Solís, quien indaga este episodio, aseguró que no existe ningún antecedente para suponer que él vive en la actualidad.

La acción adoptada por la diputada Rubilar y saber qué intereses están detrás de esto es lo que la AFDD quiere que el juez Gajardo investigue.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación, indicó que con lo ocurrido “ofendieron el natural sentimiento de dolor que se siente tras la desaparición de un familiar”.

Esto último en alusión a Ana González, madre de Recabarren, quien se vio muy afectada cuando el nombre de su hijo saltó a la luz como un posible falso detenido desaparecido. La mujer sufrió una descompensación y debió ser internada en el Hospital San José.

EL MAMO Y GÓMEZ AL BANQUILLO

Para esclarecer todo esto, la denuncia criminal patrocinada por el abogado Hugo Gutiérrez solicita la comparecencia de la propia diputada Rubilar.

Asimismo, pidieron que se interrogue al procurador Javier Gómez, quien asesoró a la parlamentaria en su fallida denuncia e integra la actual defensa del general (R) Manuel Contreras, quien está condenado por varias causas de violación de los derechos humanos.

Otro de los citados es el ex jefe de la DINA, de quien se sospecha que estuvo tras esta “operación de inteligencia”, pues la tesis de la inexistencia de detenidos desaparecidos la ha plasmado en innumerables ocasiones y más en detalle en su libro “La verdad histórica”.

De hecho, Gómez contactó a Bárbara Cepeda para incluir el caso de su padre, Horacio Cepeda, como uno más en la lista de falsos detenidos desaparecidos que Rubilar denunciaría a La Moneda, esto sobre la base de un documento en el que ella aparece declarando ante un notario que cuatro años después de su detención vio a su progenitor en Argentina.

La letra y firma de Bárbara fueron falsificadas, por lo cual se adjuntó el documento para que sea investigado su origen, que hasta el momento sólo estaría en la antojadiza literatura del Mamo Contreras.

La denuncia busca a los responsables de los delitos de asociación ilícita, vejación injusta contra particulares y falsificación de instrumento público.

El ministro Gajardo deberá resolver en los próximos días si se declara competente frente a la acusación y accede a las diligencias.

Sigue polémica por integración de sala penal
Al rojo vivo sigue la polémica por la integración de la segunda sala de la Corte Suprema, lo que la semana pasada significó que dos fallos de derechos humanos tuvieran rumbos totalmente distintos en base a los criterios de prescripción de delitos de lesa humanidad.

Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, calificó la situación como impresentable: “Nos parece más bien un acto de profunda injusticia que la contundencia de lo que fue el terrorismo de Estado y el genocidio dependa de quien componga la sala penal para ver si tenemos justicia o impunidad”.

En tanto, el ex ministro e integrante de la sala penal de la Suprema, Enrique Curi, señaló que una solución podría ser que se unifique la jurisprudencia dentro de los cánones del derecho internacional, previo a una presentación ante el pleno del máximo tribunal.

Esto, “aun cuando está dentro de lo facultativo para la sala, porque la verdad es que el pleno no la puede obligar a integrarse de una cierta manera para ver ciertas causas”, señaló el otrora magistrado.

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Obama prohíbe la tortura y ordena cerrar la cárcel de Guantánamo.

Fuente: www.elciudadano.cl

En su tercer día como presidente, Barack Obama firmó órdenes ejecutivas para prohibir la tortura, la clausura definitiva del centro de detención de Guantánamo, el fin de los centros de detención clandestinos de la CIA y un proceso de reevaluación de los detenidos bajo sospecha de “terrorismo”, lo que revierte algunas de las medidas y políticas más criticadas a escala mundial impulsadas por el gobierno de George W. Bush. Obama reafirmó que su gobierno “no continuará con una falsa opción entre nuestra seguridad y nuestros ideales”, frase de su discurso inaugural, y una denuncia directa de la argumentación de su antecesor.

Rodeado de unos 16 generales y almirantes retirados que habían promovido el fin del empleo de técnicas de interrogación consideradas como tortura, así como el cierre de centro en Guantánamo, Obama firmó las tres órdenes ejecutivas y estableció un grupo de alto nivel dentro de su gobierno para evaluar cómo proceder a desmantelar las instalaciones y elaborar un plan para el manejo de detenidos en el futuro.

Las órdenes establecen que todo oficial estadunidense se apegue a las reglas del Manual de Campo del Ejército en materia de interrogación, el cual explícitamente prohíbe técnicas que incorporan amenazas, coerción, abuso físico y waterboarding (todas justificadas por Bush, quien rechazó que fueran tortura). Obama dijo que “podemos cumplir con una regla que dice que no torturamos, y aún así obtener la información que necesitamos”.

Más tarde reiteró en otro acto: “puedo decir sin titubear o equivocarme que Estados Unidos no torturará”.

Continuará la lucha contra el terrorismo “con nuestros valores”

Todo esto manifiesta, añadió, que “estamos dispuestos a observar normas básicas de conducta, no sólo cuando es fácil, sino también cuando es difícil”, e insistió en que el país continuará su lucha contra la violencia y el terrorismo de una manera consistente “con nuestros valores e ideales”.

Las órdenes ejecutivas de Obama establecen que a los detenidos por Estados Unidos en conflictos armados se les otorga un “trato seguro, legal y humano” y el “cumplimiento de Estados Unidos de las obligaciones de tratados, incluida la Convención de Ginebra”.

Unos 245 hombres permanecen detenidos en Guantánamo, casi todos de manera indefinida sin acusaciones formales, y privados de los derechos legales que otorga la Constitución. No se sabe cuántos centros de detención secretos tiene la CIA, aunque ahora éstos tendrán que desaparecer bajo las nuevas órdenes.

Agrupaciones de derechos humanos elogiaron estas acciones de Obama, aunque algunos desean que sea más rápido el proceso de clausura de Guantánamo y proponen más medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos de los detenidos.

“Durante años el gobierno de Bush afirmó que ‘nosotros no torturamos’, pero aprobó métodos como el waterboarding, la privación de sueño o la exposición al frío de manera prolongada. La orden del presidente Obama contra tales prácticas es un gran paso hacia la restauración de la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo”, declaró Jennifer Daskal, abogada para asuntos contra el terrorismo de Human Rights Watch.

Las acciones de Obama hoy “reafirmaron los valores estadunidenses y son un rayo de luz después de ocho años largos y oscuros”, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en comentarios al New York Times. A la vez, organizaciones como el Centro por Derechos Constitucionales (CCR) que encabezaron los esfuerzos para otorgar derechos legales a los detenidos y demandar al gobierno por violaciones a las leyes nacionales e internacionales, opinaron que la clausura de Guantánamo y otras instalaciones parecidas debería realizarse lo antes posible y no en el transcurso de un año.

Por otro lado, mientras Obama firmaba sus órdenes, el designado para ser su próximo director de inteligencia nacional, el ex almirante Dennis Blair, subrayó que habrá un nuevo esquema en el manejo de las operaciones de inteligencia en una audiencia ante el Senado en torno a su ratificación. El máximo encargado de las agencias de inteligencia en su conjunto (incluida la CIA) dijo que una de sus prioridades será recuperar la confianza de la opinión pública, y que todas las agencias “tendrán que respetar la privacidad y las libertades civiles del pueblo estadunidense, y tendrán que apegarse al imperio de la ley”.

Estas declaraciones y órdenes sirvieron tanto para condenar algunas de las prácticas del gobierno de Bush más denunciadas a escala mundial, como para enviar una señal de ruptura con el gobierno antecesor.

Poco más tarde, Obama acudió al Departamento de Estado para acompañar en su primer día de trabajo a su nueva titular, Hillary Clinton, y desde ahí anunció el nombramiento de dos enviados especiales. El ex líder del Senado, George Mitchell, fue designado como enviado a Medio Oriente para promover las negociaciones hacia la paz entre países árabes e Israel, mientras el ex embajador ante la ONU, Richard Holbrooke, fue designado como enviado para abordar el asunto de Al Qaeda y el Talibán en Afganistán y Pakistán.

Ambos son veteranos en política exterior, y Mitchell es recordado en particular por su labor para promover la exitosa negociación entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Holbrooke, a su vez, es recordado por sus iniciativas para negociar los acuerdos de Dayton para resolver el conflicto de Bosnia.

“Esta va a ser una gran aventura”, declaró Clinton en el Departamento de Estado, tras la bienvenida que le brindaron más de mil funcionarios que gritaban y silbaban entusiastas. En breves comentarios dijo que la misión principal, por ahora, es restaurar la posición de Estados Unidos en el ámbito internacional. La nueva jefa diplomática subrayó que la tarea será un esfuerzo “en equipo”, y expresó su deseo de promover un ambiente abierto.

Algunas de las primeras iniciativas de Obama ya enfrentan en el Congreso los primeros intentos para obstaculizarlas, de parte de republicanos. Han logrado postergar la ratificación de Eric Holder como procurador general, en parte, por temor a que impulse investigaciones contra funcionarios y agentes que podrían haber participado en la tortura de detenidos y otras acciones posiblemente ilegales. Por otro lado, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner advirtió que clausurar Guantánamo podría dejar en libertad a individuos “peligrosos” que amenazan la seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, no se espera que esta oposición logre detener el giro en políticas de seguridad anunciadas las últimas 48 horas. Por ahora, Obama y su equipo han demostrado, desde sus primeras horas en el gobierno, que esto no será más de lo mismo. Por lo menos en asuntos que explícitamente violan la Constitución, la Carta de Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra, para empezar.

David Brooks
La Jornada

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Hilda Molina, la doctora cubana que pide ayuda al gobierno chileno: “No es primera vez que le escribo a la Presidenta Bachelet”.

Fuente: www.elmostrador.cl

Hace 15 años que la especialista en neurología no ve a su hijo radicado en Argentina. Tampoco conoce a sus nietos. Por eso, ha hecho intensas gestiones para obtener el permiso gubernamental que le permitiría dejar La Habana para visitar a sus familiares. Entre sus esfuerzos está el reciente envío de una carta a la mandataria, revelado ayer por El Mostrador.cl, donde le solicita reunirse con ella en su visita a Cuba. A su misiva se suma la del chileno Raúl Gutiérrez y otros cuatro mensajes. “A mi me enseñaron que siempre se debe contestar cuando a uno le escriben”, dice apelando a la Jefa de Estado.

Por Claudia Urquieta Ch.

“¡Oigo!”, se escucha al otro lado de la línea telefónica. La voz de la doctora Hilda Molina, con marcado acento cubano, suena distante. Luego de explicarle que la llamada es de Chile y que queremos entrevistarla sobre la carta que envió a la Presidenta Michelle Bachelet para pedirle apoyo e “informarla sobre la realidad de su país”, pide unos segundos para terminar otra llamada que mantenía con Argentina.

Allí la mujer de 66 años tiene a gran parte de su familia: su hijo, su nuera y sus dos nietos de 14 y 8 años. Y también a su madre, que con nueve décadas a cuesta logró obtener en 2008 el permiso gubernamental para conocer a sus bisnietos, que nacieron en Buenos Aires.

La doctora Molina no ha tenido la misma suerte. Pese a las gestiones personales que hizo el ex presidente argentino Néstor Kirchner ante el gobierno cubano, la mujer aún no conoce a su descendencia y hace 15 años que no ve a su hijo. En esta entrevista relata el largo periplo que ha debido atravesar para conseguir un “permiso de salida” y revela detalles de las cartas enviadas a Michelle Bachelet.

 -¿Es la primera vez que escribe a la presidenta Michelle Bachelet?

-No. Le escribí en 2006 porque me dirigí a ella como médico, como mujer, como madre desesperada porque no dejaban salir a mi mama de Cuba. Se estaba muriendo y no había razones para negarle el permiso. Esa carta no me la contestó. Así que hace unos días le adjunte una copia de aquella carta y le estoy pidiendo que si fuera tan amable de concederme una entrevista para hablarle un  poco de los derechos familiares en Cuba. Sé que ella sufrió mucho por la violación de los derechos de su familia y todo lo que sucedió con su papá.

-¿Y ha recibido respuesta a esta segunda misiva?

-Ninguna. Hay cosas que ya no tienen vigencia, porque gracias a Dios Raúl Castro le dio permiso a mi madre para ir a Argentina. Pero a mi no me dejan salir.

-¿A qué otros personajes ha pedido ayuda?

 -Una persona muy amable y que ha hecho gestiones ha sido José Luis Rodriguez Zapatero, el presidente de España. Hace algunos años le escribo y siempre me contesta. Y firma él mismo, no como funcionario. Me parece que es muy humano. Al menos a mi me enseñaron que siempre se debe contestar cuando a uno le escriben. Mi madre le escribió a Chávez cuando no la dejaban irse. Dicen que es católico y él dice que es el hijo de Fidel. Pero no le contestó.

-Bachelet tampoco le contesta.

-Vamos a ver qué pasa. El gobierno cubano también pone condiciones. No sé si les pone condiciones a los presidentes que vienen de visita aquí.

“Fidel Castro no me ha perdonado”

-¿Por qué?

-Durante toda mi vida colaboré con el régimen. Mi trabajo fue muy reconocido: por logros científicos me hicieron diputada de la Asamblea Nacional y me dieron condecoraciones. Yo creé el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Pero en 1994 rompo con el sistema, que daba prioridad a los pacientes extranjeros por sobre los cubanos. El centro que yo dirigía lo dejaron para ellos. Lo discutí dentro del Gobierno, pero luego comprobé que no atendían lo que estaba planteando y que además eran agresivos conmigo. Me dejaron en claro que era una orden.

-¿Y qué hizo usted?

-Ahí decidí terminar con el sistema. Devolví mis condecoraciones, renuncié a todo. Mi hijo trabajaba conmigo en el centro y ya estaba casado con su actual esposa, que es argentina.

-¿Este conflicto afectó a su hijo?

-Siempre tuve miedo de que fuera a haber venganza contra él. El gobierno sabe lo que toda madre quiere a un hijo. Justo en esos días tenía que salir a Japón por una beca que le habían dado allá. Le pedí que no regresara a Cuba, que fuera a Argentina con su esposa. Y cuando pensé que estaba fuera de peligro renuncié.

-¿Cambió su situación luego de eso?

-Me convertí en lo que todas las personas que critican al gobierno: se las excluye y se las considera como no personas. A mi me vigilaban, me quitaron la línea telefónica. Pero yo lo hice pacíficamente y cumpliendo con mi conciencia: no estaba de acuerdo y no me iba a sumar. Fidel Castro no me ha perdonado eso. Él visitaba mucho ese centro y no me perdonaron que rompiera ese vínculo. Cuando supe que iba ser abuela en junio de 1995 comencé a hacer los trámites para asistir al nacimiento de primer nieto.

“Sólo quiero ir de visita, no abandonar Cuba”

 -Aún no conoce a sus nietos…

 -Ya mi nieto mayor en junio cumple 14 años. Luego nació un segundo nieto que en mayo cumplirá 8 años. Hace 15 que no veo a mi hijo. Mi madre nunca estuvo de acuerdo con  el sistema, ella es una católica muy comprometida.

Pero pensamos que no tendría problemas para visitar a la familia. En 2006, y luego de un accidente casero quedó muy mal, por lo que mi hijo y su esposa la convencieron para que los visitara y la vieran médicos allá. Así que iniciamos los trámites, pero el gobierno le informa que tampoco puede ir de visita. No tenían explicación. El único inconveniente era que era mi madre. Así estuvimos dos años pidiendo ayuda al Vaticano. Con el miedo de que muriera sin conocer a sus bisnietos.

-¿Cómo lograron que saliera?

-Hubo mucha insistencia y personas que intercedieron. Hubo gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Castro le dio permiso, así que ahora está allá.

 ¿Qué pasa con su salida?

-Si no me dejan salir estoy preocupada por la situación de mis nietos: no entienden por qué no pueden tener relación normal con su abuela. Yo sólo quiero ir de visita, no abandonar Cuba. Ni siquiera lucho por mí, sino por ellos. Para ver si alguien nos ayuda y me permite viajar allá. Estoy conceptuada dentro de los disidentes aunque no sé mucho de política, pero solo por el hecho de criticar estoy catalogada así.

-¿Cómo le llegan las críticas a los disidentes y a quienes viven en el exilio?

-Repiten lo que dice el gobierno, porque son como sus voceros. Voy a cumplir 66 años en mayo. Cuando este sistema triunfó tenía 15. Y he servido durante todos estos años con la entrega más grande que se pueda imaginar. Me siento con todo el derecho a decir a mi país lo que considero está mal. El hecho de que otras personas opinen diferente no les da derecho a descalificar nuestras posturas. Es como si los cubanos sólo pudiéramos opinar a favor del gobierno.

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