Carabineros ordena a sus funcionarios enfrentar y denunciar la discriminación.

FUENTE: WWW.MOVILH.CL

Así quedó establecido en una inédita cartilla producida por la policía que, entre otros elementos, busca prevenir la homofobia y transfobia. El documento fue entregado hoy oficialmente al Movilh por Carabineros, tras ser lanzado algunos de sus contenidos públicamente el año pasado.

La institución de Carabineros entregó de manera oficial al Movilh una histórica cartilla contra la discriminación que busca prevenir y enfrentar casos de discriminación propinados por funcionarios de la policía uniformada.

Se trata del librillo “No a la Discriminación, por un Trato Igualitario” que fue lanzado al anterior 30 de noviembre con el patrocinio de la Subsecretaria de Carabineros y de la UNICEF y que es el resultado de una propuesta ideada por el Movilh que se trabajó durante más de un año en conjunto con la coronel Lily Fuentes.

Fue en esa calidad que Carabineros entregó en forma especial la cartilla al Movilh, en el marco de una reunión sostenida con Fuentes (en la fotografía) enel Edificio Diego Portales.

 “Estamos realmente emocionados con esta cartilla, pues en la práctica implica que desde el discurso oficial de Carabineros se repudiará y rechazara cualquier atropello basado en la orientación sexual o en la identidad de género, así como también la discriminación hacia cualquier otro sector social”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.

Uno de los contenidos más importantes de la cartilla, que no fueron divulgados públicamente cuando fue lanzada, es que llama directamente a los funcionarios policiales a denunciar ante sus superiores cualquier tipo de discriminación.

En el documento se indica que “los actos discriminatorios en los que pueda incurrir un carabinero, constituyen faltas que dan lugar a sanciones administrativas y judiciales”, por lo cual los funcionaros “deben informar a sus superiores” cualquier acto de este tipo.

 “Los jefes de las unidades policiales deben considerar permanentemente esta temática en los procesos cotidianos de instrucción al personal bajo su mando, en especial la responsabilidad que cada uno de ellos tiene”, indica la cartilla.

En ese sentido se pide una especial atención a los grupos más como son  “los niños y niñas, los adultos mayores, los gays, transexuales y lesbianas, las personas que pertenecen a algún pueblo indígena, los pobres, los extranjeros y las personas con discapacidad o defecto físico”.

El librillo, que ya está siendo distribuido en funcionarios policiales de todo el país, es acompañado de un pequeño tríptico de similares contenidos de manera que los carabineros puedan portarlo.

“Esta pequeña herramienta tiene un impacto enorme en la relación establecida entre las minorías sexuales y Carabineros, pues frente a cualquier arbitrariedad basada en la orientación sexual o la identidad de género, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales podrán desde ahora tener la certeza que actos como este no pueden, ni deben ser compartidos por los superiores policiales, loc cual reduce la expresión de la impunidad”, puntualizó Hernández.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

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LA GRAVE SITUACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA. LUBICON CREE DE CANADÁ.

 

ARTÍCULO ELABORADO POR:

ANA CAROLINA COFRÉ

Coordinadora

Equipo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de Amnistía Internacional

 

 

            Mientras en Chile se permitirá la exploración geotérmica en los Geiseres del Tatio, a 100 kilómetros al norte de San Pedro de Atacama, lugar sagrado de las comunidades Lickannantay (Atacameños) a través del proyecto de Perforación Geotérmica Profunda llevado a cabo por la Empresa Nacional de Petróleo y la Empresa ENEL, así como el Proyecto Pascua Lama al interior de Vallenar que afecta a las comunidades de Huascoaltinos (descendientes de los antiguos diaguitas), en Canadá, la explotación a gran escala de gas y petróleo ha socavado de forma drástica la capacidad del Pueblo Lubicon Cree, que habita la zona occidental en la provincia de Alberta, de mantener su economía y su modo de vida tradicional basado en la tierra.

 

            Amnistía Internacional ha denunciado estos hechos a las autoridades canadienses, dando a conocer la realidad que está sufriendo el Pueblo Lubicon Cree en su Informe: La Tierra y el Modo de Vida Amenazados. El Pueblo Indígena Lubicon Cree de Canadá, publicado en octubre 2008.

 

El territorio de los Lubicon Cree ocupa 10.000 kilómetros de zonas boscosas de baja altitud, llanuras, ríos, lagos y humedales. A partir de 1979, se construyeron en la zona 2.200 kilómetros de carretera que actualmente es utilizada por las industrias petrolíferas y de gas. Se han perforado 2.000 posos de petróleo y se han usado 56 kilómetros de tierra de este pueblo originario para uso industrial. Los Lubicon Cree han protestado en repetidas ocasiones sobre esta situación que transgrede su derecho a la tierra, su derecho a practicar su economía tradicional basada en la caza y recolección de alimentos, y su derecho a la salud y prácticas culturales tradicionales. Por otra parte, el Pueblo Lubicon Cree no se ha beneficiado en absoluto de la riqueza que se ha creado con este proyecto de explotación de gas y petróleo en su territorio.

 

            La extracción a gran escala en sus tierras iniciada en los años 70, condujo a una disminución brusca de la fauna para labores de caza, pesca, y la recolección de alimentos y plantas medicinales. El número de animales cazados para aprovechar la carne y la piel cayó en un 90% por razones de contaminación. Como consecuencia ha sido extremadamente difícil para los Lubicon Cree desarrollar alternativas que sustituyan su economía tradicional.

 

            En el año 1988, se llegó a un acuerdo con las autoridades de Alberta que se conoce como el acuerdo Grimshaw. Este acuerdo consiste en ceder 200 kilómetros de tierra para establecer una Reserva Lubicon Cree. En la reserva, los Lubicon Cree supuestamente tendrían todos los derechos para disponer de los recursos tanto los de superficie como los del subsuelo y de crear 41 kilómetros como zona de seguridad. Con este acuerdo, no se concedieron nuevas licencias de extracción, pero aún no se llega a un acuerdo definitivo, reinando en la región una preocupación constante del incremento del ritmo de extracción de gas y petróleo ante medidas de presión para que se de vía libre a nuevas explotaciones tal como lo sucedido en las regiones colindantes de la Provincia. En los distintos momentos de las conversaciones con la autoridad de la Provincia de Alberta, pareció cercana la posibilidad de un acuerdo, pero a partir del 2003, se produjo un fracaso en las negociaciones, lo que aleja a los Lubicon Cree de tener el derecho a dirigir su propio gobierno y a gestionar servicios dentro de la reserva.

 

            Tras un examen realizado sobre la situación en el 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó a Canadá para que garantizara la consulta oportuna a los Lubicon Cree antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversias. Pese a este llamamiento, no se han producido resultados reales ni tampoco se ha consultado a los Lubicon Cree antes de conceder nuevas licencias de explotación, las cuales siguen aumentando.

 

            Los Lubicon Cree de Canadá junto con los Huascoaltinos del Valle del Huasco de Vallenar y los Lickannantay de San Pedro de Atacama en Chile continúan llevando a cabo acciones para evitar que sus derechos económicos, sociales y culturales sean transgredidos por empresas extractivas que atentan con su derecho a la vida. Ya es hora de que las empresas y los gobiernos de alrededor del mundo empiecen a respetar los acuerdos y las promesas hechas hacia los pueblos originarios.

 

 

Este Artículo está basado en la información contenida en el  Informe  de Amnistía Internacional llamado: La Tierra y el Modo de Vida Amenazados. El Pueblo Indígena Lubicon Cree de Canadá 

Si desea obtener mayor información del contenido de este Informe, visite la página web de Amnistía Internacional: www.amnistia.cl o escriba a info@amnistia.cl

Defensores/ras de Derechos Humanos. Derechos en el Bicentenario: “No es caridad… es justicia!”.

Fuentew: www.amnistia.cl

El 27 de enero una nueva versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario se entregó al Ejecutivo. Tras una reunión del Ministro Viera-Gallo con integrantes de las organizaciones que suscriben la Agenda, la prensa publicó los comentarios del Director Ejecutivo de AI Chile refiriéndose a las preocupaciones y la escasa respuesta a las propuestas de la Agenda que se ha recibido del Gobierno. Para profundizar más en el tema, publicamos un entrevista con Sergio Laurenti que reflexiona sobre los alcances de la iniciativa de cara al Bicentenario y las expectativas de la sociedad civil en cuanto a los desafíos por delante. (Lea aquí la entrevista completa)

Sergio Laurenti, director de AI Chile

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SIN IMAGEN1 –>¿Por qué dice que el tema de DDHH se transa con otros intereses políticos?

La historia reciente de graves violaciones de derechos humanos en Chile y la temática de su defensa y promoción –que es un deber del Estado- ha motivado que medidas importantes y esenciales para el desarrollo de un país más justo e igualitario se demoren inexcusablemente. Ejemplo de ello es la falta de ratificación del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional y una larga lista de otros instrumentos internacionales; o el avance en temas de dignidad humana, la lucha contra la discriminación, o el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad. Estos asuntos no son dádivas que los Estados otorgan, son obligaciones que deben cumplirse. Iniciativas importantes para las personas son a menudo usadas políticamente, avanzan, retroceden y frecuentemente se estancan debido a que la agenda política aparece dominada por defensas corporativistas, de intereses sectoriales –primordialmente económicos- y no se pone a las personas en primer lugar.

¿Qué tan grave es que ello ocurra?

En Chile se dan violaciones y abusos hoy –diferentes en su naturaleza y gravedad- a las gravísimas violaciones de Derechos Humanos del pasado pero igualmente importantes, que deben ser enfrentadas y resueltas. Si las responsabilidades del Estado, contraídas a partir de las obligaciones del derecho internacional y de la propia legislación interna, se desatienden o dejan de cumplirse, esto posterga a las personas y a grupos en riesgo, por ejemplo: indígenas, mujeres y niñas, las personas más pobres; abre espacios de impunidad; y expande las brechas de desigualdad con el consecuente incremento de inestabilidad y protesta social.
Un buen ejemplo podría ser la Reforma Procesal Penal, que es revolucionaria y que resulta en grandes avances pero que debe perfeccionarse urgentemente para implementarse de manera eficiente, y hacer que la justicia sea accesible para todas las personas, especialmente las más desprotegidas.

Cuando habla de que en Chile, el Gobierno frente a las demandas en materias de DDHH ofrece más de lo mismo, ¿a qué se refiere?

Primero, una aclaración: Amnistía Internacional nunca denuncia sin proponer soluciones posibles, realistas y basadas en los instrumentos de Derechos Humanos. Hemos señalado y aplaudido algunos positivos avances en la protección de los derechos humanos en Chile, y destacamos como obra del actual gobierno –por ejemplo- la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y el apoyo al desarrollo de un Tratado Internacional de Control de Armas; la incorporación de mayor cobertura del programa AUGE y el avances en temas de verdad y justicia, que se han producido desde la primera versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario.

Segundo, hay una creciente preocupación entre las organizaciones de Derechos Humanos por el escaso o nulo avance –por ejemplo en temas como la “ley anti-discriminación”, la institucionalidad de Derechos Humanos o la ley marco de salud sexual y reproductiva, por citar algunos. Ante esto la respuesta habitual –cuando la hay- es la falta de cooperación de la oposición, proyectos de ley eternamente detenidos en el Congreso, o la noción de que “Chile no está preparado”.
Ha sido mayormente la presión e iniciativa de las organizaciones, y no el liderazgo de los gobiernos y el parlamento los que han generado los avances.

¿Cuál es la importancia del documento “Agenda de DDHH para el Bicentenario”?

Chile no cuenta con una institucionalidad de Derechos Humanos ni con un Plan Nacional de Derechos Humanos. La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, originada en una propuesta realizada por AI durante las elecciones presidenciales de 2005, se ha convertido en una iniciativa proactiva de organizaciones e individuos de la sociedad civil que presenta un “mapa de ruta” para las sucesivas administraciones del Estado de modo de situar la promoción y defensa de los Derechos Humanos al centro de las realizaciones políticas y como respuesta a las aspiraciones legítimas de todas las personas que habitan Chile.
La cercanía del Bicentenario de la independencia, debiera motivarnos a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ello supone que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con una perspectiva de Derechos Humanos; específicas para la promoción y protección de estos derechos.
Resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, centrada en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. Y pensamos que la Agenda propuesta es el instrumento idóneo.

Sobre lo mismo, ¿cuáles son los puntos más novedosos para afrontar estas materias?

La Agenda comprende 60 propuestas, algunas muy amplias, en temas tan diversos como Discriminación, Promoción de los Derechos Humanos, Grupos en riesgo, Educación en Derechos Humanos o Democracia y Participación, entre otros. Todas las propuestas son importantes, pero las más recientes inclusiones de la Agenda, que se reflejan en la actualización presentada incluyen: Instrumentos internacionales relativos a refugiados, pueblos originarios y responsabilidad de empresas; medidas más efectivas contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar; control de las policías y reducción de la violencia policial; discriminación de las mujeres en el ámbito político, laboral, de salud y de derecho de familia; protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo la necesidad de mayores recursos para el SENAME y la revisión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente; protección del derecho a la honra y vida privada; y medidas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué sensaciones le dejó su encuentro con el ministro Viera Gallo? ¿Hay compromisos para trabajar en conjunto?

El ministro Viera-Gallo está siempre muy bien dispuesto a recibirnos, a dialogar y a apoyar iniciativas de Derechos Humanos. Nos habló de las aspiraciones del Gobierno respecto de una pronta ratificación del Tratado de Roma y de una votación positiva del proyecto sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respondió con mucha franqueza y apertura respecto a las posibilidades reales y los temas en los que el Gobierno necesita apoyo. Hemos comprometido continuar el seguimiento de los temas de la Agenda, con diversos actores políticos tanto de la Concertación como de la oposición, como lo venimos haciendo hace más de dos años.

¿AI trabaja con el Gobierno u otros grupos políticos, cuáles?

Amnistía Internacional es independiente de cualquier Gobierno, partido político, grupo religioso o económico. No acepta financiamiento gubernamental ni de organismos intergubernamentales y se sostiene con donaciones de sus socios y simpatizantes. Amnistía Internacional y la coalición de cuarenta organizaciones que apoyan la Agenda siempre procuran cooperar con el Gobierno y el Congreso, por medio de propuestas y educación. Las iniciativas de la Agenda son en sí mismas el mayor aporte. En otros ámbitos, Amnistía Internacional señala constructivamente las oportunidades para mejorar; estamos constantemente en contacto para comentar sobre iniciativas legislativas; promover la solidaridad internacional; participamos con nuestra opinión en el Examen Periódico Universal (un procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y para aportar en lo que podamos.

Pareciera ser que cuando se habla de DDHH en nuestro país, el tema se politiza y se traduce en un discurso de izquierda, ¿qué tan bueno o malo es que ello ocurra?

Teñir con un color político la defensa de los Derechos Humanos es un grave error que contamina su avance global y deslegitima a quienes los defendemos. Los derechos son de todas las personas y nuestro trabajo en Amnistía Internacional es contribuir a crear una cultura de promoción y respeto de todos los Derechos Humanos para todas las personas. En Chile, el tema se politiza pues la perspectiva está estancada en un momento histórico que aún divide profundamente al país. Cuando el debate nacional aborde –por ejemplo- asuntos como el impacto de la crisis económica global; el acceso a vivienda digna; el impacto de la violencia en la vida de las mujeres y las niñas; la guerra contra el terrorismo; la globalización de la justicia; el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo o las responsabilidades de las empresas y grupos económicos en los abusos de derechos humanos, probablemente sería más relevante, actual e inclusivo. Considero que en Chile debemos pasar de la aspiración a la exigibilidad de los derechos, y eso no es caridad… es justicia.

¿En qué escenario se encuentra Chile en materia de DDHH respecto de otros países y en Latinoamérica?

Amnistía Internacional no hace rankings entre países. Nos importan y trabajamos sobre las violaciones y abusos de Derechos Humanos donde se producen y nuestras preocupaciones se entregan formalmente a cada gobierno, tanto en el Informe Anual como en otras declaraciones periódicas. Hace poco visitó Chile la Secretaria General de AI Irene Khan, y se reunió con la presidenta Michelle Bachelet y con muchos otros interlocutores tanto del ámbito político como de la sociedad civil. En ese contexto, Amnistía Internacional reconoce que romper con un pasado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos supone un reto enorme para cualquier gobierno. Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Amnistía Internacional observa otras muchas contribuciones significativas de Chile al desarrollo de un marco internacional de derechos humanos sólido y de las instituciones que vigilan su cumplimiento: el país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente; ha apoyado la incorporación de la perspectiva de género en todo el engranaje de las Naciones Unidas, y ha respaldado otros procesos de reforma estructural, como el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo de examen periódico universal y la racionalización y mejora de los mandatos de los Procedimientos Especiales. Chile también ha liderado iniciativas regionales e internacionales encaminadas a mantener la paz y la democracia.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha detectado con preocupación varios ejemplos de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional. Resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.

Para saber más sobre la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario
Vea el artículo comentado, en La Tercera

Peter Gabriel fija fecha para concierto en Chile.

Fuente: www.lanacion.cl

La productora Fénix Entertainment confirmó la presentación de Peter Gabriel en nuestro país para el próximo 24 de marzo. El día del concierto es el único dato disponible y aún se espera que se confirme el lugar y valor de las entradas. El ex integrante de Genesis vendría a presentar un show sin enmarcarse en ningún festival de música y se rumorea que podría venir acompañado de la banda escocesa Travis, encargados de telonear a Gabriel en México.

Las noticias, entrevistas y opiniones vertidas en este blog, no representan necesariamente el pensamiento de Amnistía Internacional – Chile.

Amnistía junto a cuarenta ONGs proponen agenda de DD.HH. para el bicentenario.

Fuente: www.radio.uchile.cl

Amnistía Internacional, junto con cuarenta organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el ministro secretario general de la presidencia José Antonio Viera-Gallo, para presentarle la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, en su versión actualizada.

El director de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, dijo que en materia de derechos humanos siempre se encuentran con buena voluntad en el seno del gobierno pero hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace.

“Siempre nos encontramos en el gobierno con buena voluntad en materia de derechos humanos, pero hay una distancia con lo que se dice y lo que se hace nuestro pedido al ministro fue poner atención a algunos temas como la ley Anti Discriminatoria, la figura del Defensor del Pueblo y la ley marco de Salud sexual y Reproductiva, estos son tres temas de los sesenta de la agenda para todos los cuales el ministro estuvo abierto, mencionando las dificultades que tiene en el Congreso para concretarlas”, indicó Laurenti

La organización internacional dice que el principal escollo del gobierno para cumplir con estos compromisos, algunos de ellos inscritos en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es la poca disposición en el congreso de discutir estos temas.

Por lo mismo su próxima tarea es reunirse con legisladores de la Alianza por Chile para avanzar en temas pendientes y proyectos de ley que se encuentran dormidos en el parlamento.

Además, Laurenti, calificó como una demora escandalosa la dilatación por más de 18 años de Chile para ratificar el Chile el tratado de Roma, siendo uno de los pocos países de América latina, que todavía no permite la existencia del Tribunal Penal Internacional.

“La Corte Penal Internacional es una demora escandalosa, Chile estuvo entre los primeros países que firmó el Tratado de Roma, pero no lo ha ratificado en estos 18 años hasta ahora. Estamos viendo ya los frutos de la Corte Internacional en establecer un mundo más justo y Chile no es parte de ese esfuerzo, entre los pocos países en la región que está en deuda en este sentido”, subrayó el experto en DD.HH.

El documento completo de la “Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario”, replantea la importancia y necesidad de implementar las 60 iniciativas propuestas al gobierno antes del 2010.

El problema que encuentran las ONGs participantes de esta cita fue que las temáticas de derechos humanos se transforman en una moneda de cambio, donde oficialismo y oposición utilizan algunos de los recursos que son pilares fundamentales de la agenda, manipulándolos en desmedro de avanzar realmente en mejorar la legislación.

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Sergio Laurenti, director ejecutivo del organismo en Chile, se reunió con el ministro Viera Gallo. Amnistía Internacional: “Es muy grave que los DDHH sean una moneda de cambio para otros temas políticos”.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, afirmó que la respuesta del gobierno a las demandas en materia de derechos  humanos, es “más de lo mismo”.

Laurenti, junto a representantes de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile, visitaron hoy al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, a quien entregaron una versión renovada de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario.

En concreto, el documento pasó de 47 a 60 recomendaciones e incluye instrumentos internacionales como el derecho de los refugiados, el fortalecimiento de la legislación que previene la violencia doméstica y medidas más efectivas contra la violencia  de género e intrafamiliar, entre otros.

El dossier también incluye un capítulo sobre personas en  riesgo, “que involucra a los grupos indígenas, ciertamente a los  mapuches entre ellos, y en particular las implicaciones de la violencia policial en la vida de estas comunidades”.

Laurenti reconoció la buena disposición de Viera Gallo ante los planteamientos de las organizaciones, pero precisó que para  el gobierno las limitaciones se centran en la aprobación de  estos temas en el Senado, donde la oposición es mayoría.

Al respecto, el dirigente calificó como “muy grave, que la  temática de derechos humanos se transforme en una moneda de cambio que pueda ser utilizada como un elemento de negociación  para otros temas políticos”.

“Eso es un estándar diferente al que Chile presenta en el  ámbito internacional donde hace buena letra con los temas de  derechos humanos y ahora que tiene un asiento en el Consejo de  Derechos Humanos, tiene una obligación”, dijo.

Finalmente, Laurenti destacó las “buenas perspectivas y una  aspiración” de Viera Gallo de que el Tratado de Roma se  ratifique antes del 21 de mayo, día en que la Presidenta  Michelle Bachelet dará su última cuenta anual al país.

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ONG Social Indigena denuncia ante el silencio de los medios. Piden 15 años de cárcel para cineasta Elena Varela.

Fuente: ONG Social Indigena.

La Fiscalía pidió una condena a quince años de cárcel para la cineasta chilena Elena Varela, detenida en mayo cuando grababa un documental sobre el conflicto mapuche, acusada de dos atracos, informó hoy el diario ‘La Tercera’.


Elena Varela, quien ha estado ligada a la lucha por la reivindicacion de los derechos ancestrales del pueblo Mapuche,actualmente en libertad condicional, está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio y tenencia ilegal de armas en los atracos a una sucursal bancaria y a una oficina de pago de pensiones en 2004 y 2005, en los que murieron cuatro personas.

Los mismos cargos pesan sobre Kenny Sánchez y Sergio Reyes, ex operario de la empresa forestal Mininco, para quienes la Fiscalía de Rancagua, ciudad situada unos 90 kilómetros al sur de Santiago, pide veinte años de prisión.

Los tres acusados serán sometidos a un juicio oral en los próximos meses, mientras que a otros tres procesados se les retiraron los cargos al no demostrarse su participación en los atracos.

Según la Fiscalía, los imputados integraron una organización destinada a cometer atracos en ‘beneficio propio’ y para financiar ‘lo que ellos llaman un trabajo político, como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero’.

Entre éstos últimos el Ministerio Público cita a Mauricio Hernández Norambuena, ‘Ramiro’, ex dirigente de la Frente Patriótico Manuel Rodríguez -grupo guerrillero de izquierdas que luchó contra la dictadura chilena- y preso en Brasil desde 2002 por su participación en el secuestro de un empresario.

Tras ser detenido, Sergio Reyes aseguró que en 2003 la organización realizó una escuela de guerrilla e instrucción ideológica y que mantenía contactos con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, considerada una organización terrorista por EEUU y la Unión Europea.

Varela fue detenida junto a otras cinco personas en la región de La Araucanía, unos 680 kilómetros al sur de Santiago, cuando filmaba el documental ‘Newen Mapuche’ sobre el conflicto entre comunidades mapuches y compañías forestales por las tierras ancestrales que reclaman los indígenas.

Durante la detención, la policía incautó vídeos, película, equipos de sonido, cámaras y vestuario necesarios para la filmación del documental, financiado por el estatal Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de Cultura y las Artes.

Defensores de los derechos humanos, Mapuches,cineastas y periodistas protestaron contra el arresto de Varela, quien permaneció encarcelada en Rancagua desde el 7 de mayo hasta el 13 de agosto, tras lo cual se le concedió el arresto domiciliario con la prohibición de salir del país.

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