Polémica por luz verde a perforación en geysers El Tatio.

 

Fuente: http://www.chilecologico.cl

Mientras comunidades indígenas rechazan luz verde a proyecto de exploración geotérmica en el sector, la sociedad empresarial responsable de la iniciativa destaca la posibilidad de nuevas energías para el país.

La aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta del proyecto “Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I”, de la Empresa Geotérmica del Norte S.A. despertó gran rechazo en las comunidades que se verían afectadas con la iniciativa.

La decisión fue adoptada el jueves por el voto a favor de 15 de los integrantes de la Corema y uno en contra (el consejero Claudio González) y incluye también diversas exigencias ambientales para llevar a cabo el proyecto, cuya inversión estimada es del orden de los 20 millones de dólares.

Esta primera fase busca realizar perforaciones geotérmicas profundas, con fines de exploración, en el sector del ex campamento CORFO, ubicado al sur del campo de géiseres de El Tatio, con el propósito de verificar la factibilidad técnica y económica de generar energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos existentes.

Ante la luz verde al proyecto, que contempla la perforación de cuatro pozos a una profundidad de 2.000 a 2.500 metros cada uno, la comunidad de Toconao realizó una declaración pública donde rechaza lo que considera una “nefasta noticia” y un “claro ejemplo del hambre del imperialismo neoliberal del estado de Chile y su desprecio por el reconocimiento a los territorios indígenas”.

“Teníamos la convicción que las llamadas ‘autoridades de la Corema’ votarían en contra de este proyecto que le da al alma de la cultura lickan antay ( ) Sólo somos unos pobres indios que nada tienen que decir, que les venden los territorios demandados a las transnacionales, que les venden el subsuelo a las empresas mineras, que usurpan el agua subterránea a diestra y siniestra”.

La comunidad acusa que “la estrategia del gobierno es inteligente y dilatará la entrega de nuestras demandas territoriales lo más que se pueda para que de aquí a 50 años las mineras no dejen nada para nuestro hijos y sólo quede desolación y muerte”.

En tanto, la Agrupación Turística y Medioambiental de San Pedro de Atacama (Atyma) también ha expresado su “rechazo absoluto” al permiso al proyecto por Geotermia del Norte, formada por la empresa italiana ENEL, junto a Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Codelco, componen Geotérmica del Norte.

“La experiencia internacional de la explotación geotérmica tiene como resultado la destrucción total o parcial de las fumarolas, las cuales han tenido que reactivar con un sistema de reinyección teniendo resultados relativos, según lo demostró la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental y su experto”, indicó Atyma.

“El proyecto se contradice con la voluntad política demostrada por los gobiernos de la concertación al firmar acuerdos internacionales y leyes nacionales de preservación de áreas de ecosistemas únicos y frágiles y de patrimonio cultural. Expresados en la Ley 19.300 de Bases general de Medio Ambiente, la ley 19.253 Ley Indígena. Pacto de derechos civiles de Costa Rica, Manifestación por parte de la ONU de considerar a Chile dentro de los países que protegen las áreas y grupos étnicos”, agrega la agrupación en un comunicado.

Sin embargo, el representante de ENEL en Chile, Óscar Valenzuela, defendió el proyecto de exploración geotérmica en los geysers de El Tatio, señalando que “este proyecto puede llevar a que generemos una energía eléctrica sustentable, una energía limpia que va a permitir avanzar en lo que requiere el país que es energía menos contaminante”.

Ayer, la ministra de Bienes Nacionales, que se encontraba de visita en la región, se refirió a la aprobación del proyecto de Geotermia y destacó la necesidad de “atender las necesidades energéticas del país y de la región”, a la vez que subrayó el tener que “respetar las tradiciones, la cultura y los derechos ancestrales en un adecuado equilibrio de ambas necesidades”.

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Pfeiffer y Podlech.

Por Felipe Portales

En el caso Pfeiffer, hemos observado atónitos como la Corte Suprema ha propuesto insistentemente en sus quinas a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que sistemáticamente se ha pronunciado, en el ejercicio de su labor, a favor de la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en nuestra historia republicana. Además, dicho ministro ha aplicado criterios que contravienen abiertamente la jurisprudencia adoptada por la Sala Penal de la propia Corte Suprema, respecto de la aplicación del decreto-ley de amnistía en casos de desapariciones forzadas de personas.

Más atónitos hemos quedado aún con el hecho de que la presidente de la República haya escogido dicho nombre para proponerlo al Senado, como futuro miembro de dicha Corte. Y, peor aún, que la mayoría de los senadores concertacionistas -¡incluyendo varios socialistas!- hayan estado en un primer momento dispuestos a ratificarlo. Gracias a una esclarecedora intervención del senador Frei en el momento del voto –quien como presidente de la República no se distinguió precisamente por la búsqueda de justicia respecto de las violaciones de derechos humanos- se logró que la mayoría de los senadores de la Concertación no avalaran tamaña aberración presidencial.

A su vez, el caso Podlech nos revela, en primer lugar, las enormes limitaciones que –pese a los significativos progresos experimentados luego de la detención de Pinochet en Londres- todavía revelan nuestros tribunales, a la hora de impartir justicia respecto de crímenes contra la humanidad. Ha tenido que ser la Justicia italiana la que se encargue de procesar a quien, de acuerdo a diversas acusaciones de víctimas o familiares de ellas, podría ser responsable de la tortura y desaparición forzada de personas –incluyendo un sacerdote italiano- en la zona de Temuco, luego del golpe de Estado de 1973.

Por otro lado, la ausencia de reacción del gobierno de Bachelet y de los partidos de la Concertación frente a la detención de Podlech en España y su entrega a Italia –así como las que en su momento tuvo el gobierno de Lagos y el liderazgo concertacionista frente a la detención en Argentina del general Joaquín Ramírez Pineda- nos revela, por contraste, la falsía del gobierno de Frei y de quienes hegemonizaban el liderazgo de la Concertación cuando defendieron a Pinochet de su detención en Londres. Si en realidad –como lo dijeron reiteradamente- hubieran estado defendiendo principios como la soberanía nacional, tendrían que haber reaccionado del mismo modo en los casos de Ramírez y Podlech, ya que constituyen tres expresiones de lo mismo: la extraterritorialidad de las responsabilidades penales en casos de crímenes de lesa humanidad. O si hubieran modificado auténticamente sus opiniones, valorando ahora positivamente esta extraterritorialidad, es evidente que estarían reconociendo sentidamente el profundo error histórico cometido a favor de Pinochet.

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Suprema entrega balance de causas de DDHH en Santiago.

Fuente: www.lanacion.cl Por Andrea Chaparro.

El pleno revisó ayer el informe elaborado por el ministro Hugo Dolmestch sobre el avance de los procesos que se instruyen en la Corte de Apelaciones de la capital.

Un balance sobre el estado de las causas de derechos humanos de Santiago entregó ayer al pleno de la Corte Suprema el ministro Hugo Dolmestch, visitador del tribunal de alzada de la capital. Según los antecedentes recabados por el magistrado, a la fecha hay 81 causas falladas pero existen 169 investigaciones abiertas con diligencias y peritajes en curso.

En el informe elaborado por el juez, se detalla el avance de 250 indagaciones por delitos de lesa humanidad instruidas por ocho ministros de la Corte de Apelaciones, quienes informaron causa por causa sobre el número de procesados, condenados y víctimas.

Así, el ministro Mario Carroza tiene tres procesos emblemáticos fallados: el caso Albania, José Carrasco y Jécar Neghme. Sólo tiene en etapa sumaria y con diligencias pendientes el crimen de Alejandro Pinochet Arenas, donde hay 35 procesados.

Por su parte, el magistrado Juan Fuentes Belmar ha dictado condenas en 13 causas pero le quedan 22 pendientes. Entre las causas que tiene asignadas hay 18 episodios del caso Comando Conjunto y 43 procesos provenientes del Quinto, Octavo y Noveno Juzgado del Crimen de la capital.

Entre las causas que instruye el juez Víctor Montiglio destacan la Caravana de la Muerte, Colombo, Operación Cóndor y Conferencia. Todas subdividas en episodios debido a su complejidad. El informe establece que -a la fecha- ha fallado dos casos y que aún le quedan pendientes 37, no obstante, es uno de los jueces que ha dictado más procesamientos por violaciones de los derechos humanos. La cifra bordea las mil 328 encargatorias. Otro ministro que tiene a su cargo voluminosas causas y de alta complejidad es Alejandro Madrid, quien dirige las investigaciones por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos y el del ex diplomático chileno-español, Carmelo Soria, por ejemplo. El magistrado tiene seis causas pendientes para fallo.

En el caso del juez Carlos Gajardo tiene asignadas 27 causas, de ellas ya dictó condenas en una y el resto continúan pendientes. Entre sus causas emblemáticas está el Patio 29, sin embargo, en ese proceso en particular su avance está condicionado a los resultados de los laboratorios extranjeros donde se enviaron las muestras de las víctimas.

El ministro Alejandro Solís llevó el caso Prats, todos los episodios de Villa Grimaldi y el caso Tejas Verdes, José Domingo Cañas, entre otros. Ha dictado sentencia en 25 causas de derechos humanos y tiene diligencias pendientes en 32 procesos. Es el magistrado que más fallos ha dictado a la fecha.

El juez Jorge Zepeda falló 12 causas y tiene 22 pendientes. Entre sus casos está Colonia Dignidad, el crimen del cura Llidó y Estadio Nacional. Mientras que el ministro Joaquín Billard dictó condenas en 21 causas y le restan 23 por cerrar. Entre los casos que indaga está Pisagua.

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CONVOCATORIA “IMÁGENES PARA LA MEMORIA” EN LA BIBLIOTECA DE SANTIAGO.

Fuente: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.


La Embajada Argentina en Chile y Memoria Abierta (Organización de Derechos Humanos de Argentina), conjuntamente con la Biblioteca de Santiago, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Museo de la Memoria de Chile presentarán entre los días 9 de septiembre y 5 de octubre la muestra Itinerante *Imágenes para la Memoria* en la Biblioteca de Santiago.
 
Esta muestra tiene como objetivo el fortalecimiento de los valores democráticos, a través de la presentación de una muestra integrada por fragmentos testimoniales, materiales de prensa gráfica, fotos y otros documentos relevantes que permiten abrir el diálogo sobre lo que pasó y sus efectos en el presente.
 
Con ese motivo, se convoca a estudiantes universitarios y militantes de movimientos de derechos humanos,  a oficiar de guías voluntarios para todos aquellos grupos de estudiantes y de personas que deseen recorrer la muestra.  Más que conocimientos específicos de un material que ya habla por si mismo, se requiere sensibilidad y voluntad de acompañamiento.
 
 
Para los voluntarios que deseen prestar este servicio, les pedimos que se comuniquen al siguiente mail:

mbechara@embargentina.cl o a los teléfonos 5822600, a los efectos de convocarlos a la reunión de capacitación que tendrá lugar el día miércoles 3 de septiembre a las 14 horas, en Paseo Ahumada 341 piso 5to (Departamento Cultural Embajada Argentina).

 Para mayor información, por favor ingresar a http://www.memoriaabierta.org.ar/im/index.php

 

 

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Negociación colectiva a la chilena.

Fuente: www.elciudadano.cl

La actual radicalización de los procesos de negociación colectiva es producto de una legislación laboral hecha para que los trabajadores tengan reducidos espacios de maniobra. Pese a la carencia de propuestas del Ejecutivo para resolver esto, los subcontratistas de Codelco ponen en jaque la lógica del subcontrato y las multitiendas y supermercados avanzan en la conformación de federaciones. La imagen en blanco y negro de las luchas sindicales poco a poco comienza a adquirir color.

OBREROS A LA SALIDA DE LA FÁBRICA

La imagen podría ser la misma de hace cien años: Un  grupo de obreros a la salida de la fábrica. Claro que ahora es una escena inmóvil. Sin piano como música de fondo, sin puertas abiertas y a la orilla de la línea del tren. Más de cien años después de que Lumiére buscara reproducir imágenes en movimiento en el celuloide, los obreros yacen sentados a la hora del fin de turno en los bordes del puerto de San Antonio, en los márgenes de la negociación colectiva y en el límite del hastío. Ahora no hay cámara alguna ni medios de comunicación para la huelga de los obreros de la empresa Terquim. “Pues de eso se trata, ellos no quieren que haya imagen alguna del movimiento”, comenta un obrero.

Los operarios de la Empresa Terquim de San Antonio votaron la huelga en noviembre del año pasado. En su mayoría llevaban casi diez años trabajando con ácido sulfúrico y cuatro meses antes formaron un sindicato. De los 40 funcionarios más de la mitad se afilió a la agrupación. Era que no, si percibían un sueldo de 265 mil pesos de una empresa que factura 300 millones de pesos mensuales. El año pasado Terquim tuvo una utilidad neta de 900 millones de pesos.

La huelga duró poco más de una semana. Mientras protestaban afuera de la fábrica, fueron detenidos por carabineros y la cobertura medial fue mínima. El reajuste de un 5% pedido no lo lograron, de los 22 miembros del sindicato fueron despedidos 9 trabajadores, el resto fue amedrentado de tal forma que hoy la agrupación la integran 6 trabajadores.

Rubén Peralta, dirigente del sindicato, sintetiza que el problema es la actual legislación laboral: “Esta nos obliga a recurrir a instancias fuera de la legalidad para poder presionar en un proceso de negociación colectiva. La empresa puede contratar rompehuelgas, demorar los procesos y, finalizada la huelga, puede despedir por ‘razones de la empresa’. Eso instala cualquier negociación en la ley del garrote. Todo está dado para el empleador”.

La huelga de los subcontratistas de Codelco del año pasado subió los bonos de las organizaciones sindicales luego de décadas de letargo. Datos de la Dirección del Trabajo dan cuenta que del total de la fuerza laboral en Chile, los sindicalizados no alcanzan un 13% y de estos sólo un 7% negocia colectivamente.

A juicio de Cristián Cuevas, dirigente de los trabajadores subcontratistas de Codelco, “la negociación colectiva como fue estructurada por el Código Laboral está superada. No da cuenta de la complejidad actual de las relaciones productivas y laborales. Los trabajadores no tienen posibilidad alguna de negociar en el marco regulatorio, pese a que somos un actor principal para el desarrollo económico”.

Marcos Kremerman, economista de Fundación Sol, acusa que “hay una asimetría de poder importante entre los trabajadores y empleadores, expresadas en los impedimentos del Código del Trabajo a algunas acciones que empoderarían a los trabajadores; además de la situación de varias razones sociales de una misma empresa: cada vez hay más sindicatos pequeños con minúsculos poderes de negociación”.

La situación se arrastra desde el Código Laboral de 1979, redactado por José Piñera (hermano de Sebastián y ex ministro del Trabajo de Pinochet), que terminó por endosar a los trabajadores los costos sociales del ajuste económico, precarizando las relaciones de trabajo y debilitando la organización de los asalariados. A juicio del investigador laboral, Emilio Morgado, “la precarización aumentó las formas de trabajo por cuenta propia, aumentando los contratos a plazo fijo o por servicios determinados, hicieron difusa la relación de dependencia laboral, todo lo que provocó la inestabilidad actual del empleo”.

Cuevas acusa que “una conducta permanente es aplicar políticas de terror, de vulneración de los derechos de los trabajadores y amenazar su estabilidad en el empleo. Aún vemos que los empleadores dicen que cualquier demanda de los trabajadores pone en riesgo la empresa”.

Ante tal panorama los trabajadores que han dado el primer paso de organizarse en sus empresas han debido idear diversas formas de presión.

LOS $6 MIL DE RIPLEY

En octubre del 2008 nació la Coordinadora de Sindicatos del Comercio, en la que confluyen 26 sindicatos de las empresas Ripley, Falabella y Almacenes Paris. Como la ley impide la negociación interempresas, hicieron coincidir las negociaciones colectivas para que a principios de diciembre se votara la huelga. El resultado fue un éxito, ya que en su mayoría se obtuvo un alza en los beneficios para los trabajadores.

La excepción fue la negociación de los trabajadores de Falabella Pro en enero de este año, proceso en el que tres dirigentas hicieron una huelga de hambre acusando las presiones de la empresa, sorprendida por la primera huelga en sus 118 años. Las vendedoras de seguros de vida estuvieron durante 8 días sin comer, concitando el apoyo de la coordinadora, la visita de diputados y hasta del propio ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Era la primera vez que las trabajadoras vivían un proceso de negociación colectiva.

Daniela Wall, una de las huelguistas, rememora el hecho diciendo que “éramos un grupo de trabajadores sin experiencia en estos procesos y quizá nos faltó madurez. Quizá no estoy conforme, pero nos tocó y lo asumimos. La experiencia, si bien no aumentó la cantidad de socios en el sindicato, significó que hoy tenemos una mejor relación con el empleador y logramos algunos beneficios”. Un gran apoyo para su lucha fue la ayuda de la confederación recién creada. Wall comenta que “nosotros no hubiésemos conseguido nada si los sindicatos de Ripley y Almacenes París no nos hubiesen apoyado. Creo que la idea de la confederación es potente, es algo que va a beneficiar. A mayor organización son mayores los logros”.

Cristián Cea, de uno de los sindicatos de Almacenes París, cuenta que “lo que nos resultó a nosotros fue la unión, es la única fórmula. Que la gente sepa lo que está pasando, maneje la información. La empresa nos vio tan firmes y sólidos que tuvo que ceder”.

Jornadas extenuantes, carencia de festivos y domingos o la multiplicidad de razones sociales de una misma empresa, hicieron que se formara una comisión investigadora de la Cámara de Diputados el 2001 acerca de las condiciones laborales en las multitiendas. No por nada, entre el 2006 y 2007 el sector retail fue multado con 3.822 sanciones de la Dirección del Trabajo. El 29,51% de las multas recayeron en Ripley, Falabella y Paris, empresas que recibieron 1.128 sanciones. Helia Henríquez, socióloga de la Dirección del Trabajo, está próxima a publicar un estudio sobre la situación laboral en las multitiendas, que dará cuenta de la situación de los sindicatos y las remuneraciones, dice que la intervención más urgente es “cambiar la dinámica de poder al interior de las tiendas”.

Respecto de las remuneraciones, Henríquez señala que “no hay claridad respecto a los factores que definen la remuneración final. Suben y bajan, cambian sin gran orden. Y como aún no se prolonga la ley que regula esto pueden poner cualquier sueldo base. No hay garantía para los trabajadores que recibirán su sueldo a fin de mes, considerando que el salario tiene que dar estabilidad y el trabajador no puede correr con su sueldo los riesgos de la empresa. El alza del sueldo base queda cargado a las comisiones”. El año pasado se supo que Ripley, que en 2006 tuvo ingresos por $822.000 millones, tenía trabajadores cuyo sueldo base era $6.000.

Horacio Bastías, de la Federación de Trabajadores de Ripley, está satisfecho con los resultados de las últimas negociaciones colectivas. Recomienda que “lo fundamental es juntar la mayor cantidad de gente para enfrentar la negociación, que se actué de manera informada y transparente con los trabajadores. En Ripley juntamos a varios sindicatos para que la fuerza sea mayor. Ahora con otras organizaciones queremos concretar otra negociación más grande. El resultado del año pasado fue satisfactorio, porque negociamos juntos todos los sindicatos. La idea es negociar todos los sindicatos con la empresa madre”.

Natalia Duque, dirigente del sindicato de Líder, a su vez acusa que “cambió la mente en la directiva del Líder porque ahora no persiguen la formación de sindicatos”. El 2005 fueron bullados los casos de persecución a los trabajadores de la empresa que querían formar un sindicato. Líder cambió su política laboral cuando hasta en encuestas aparecía la pésima percepción de la ciudadanía respecto de su imagen. Duque cuenta que hoy “tenemos sindicatos por local y una federación con 4 ó 5, de casi mil socios y otro interempresa. La última negociación fue de los sindicatos del norte, quienes votaron la huelga para conseguir beneficios con la empresa. Les fue bien”.

CONSEJO SIN CONSENSO

El año pasado la presidenta Bachelet convocó a un Consejo de Equidad Social, dirigido por el economista Patricio Meller, que se abocaría a aunar criterios para revertir la actual brecha en la distribución del ingreso y el estancamiento del empleo. La CUT se marginó de la iniciativa.

Los primeros días de mayo el consejo daría a conocer sus conclusiones, pese a que en gran parte de las materias tratadas no hubo acuerdo. La crítica fundamental de los trabajadores se basa en que las propuestas juntan sentidas aspiraciones del movimiento sindical, como la posibilidad de negociar colectivamente, con propuestas de centros de estudios neoliberales.

Emilio Morgado, investigador laboral y miembro del consejo, confiesa que hay “divergencias en la comisión de relaciones laborales e institucionalidad: hay tantas visiones que es difícil llegar a acuerdo. Se dejó constancia de todas las visiones y sus fundamentos para los que decidan. También en materia de flexibilidad laboral no hubo acuerdo: yo soy partidario de cuando sea pactada, siempre cuando sean representativos de las respectivas partes. El problema es que en Chile la flexibilidad ha sido establecida de hecho unilateralmente. La experiencia internacional demuestra que es más aceptada y eficaz cuando es pactada entre las partes”.

Harald Beyer, investigador del empresarial Centro de Estudios Públicos, señala que “el Consejo de Equidad no abordó temas laborales, aunque es importante decir que el equilibrio del mercado de trabajo chileno es inadecuado: poco empleo y contratos precarios. Los contratos indefinidos han estado cayendo y aumentan los de plazo fijo. Si uno mira cifras del seguro de cesantía, nota que más de la mitad duran menos de un año”. Beyer acusa la “inflexibilidad del mercado laboral chileno: las empresas no se arriesgan a contratos de largo plazo, por lo que la principal cosa a reformar son las indemnizaciones por año de servicio, combinándolas con un mejor seguro de cesantía o una indemnización a todo evento”.

A juicio de Kremerman “pese a lo manoseado del concepto, la flexibilidad puede mejorar las condiciones laborales, siempre cuando se negocie con los propios trabajadores, como es en el caso de flexibilizar los horarios de trabajo a través de una negociación. Pero en Chile el concepto ha significado más bien correr aún más el borde de la precariedad laboral”.
Morgado señala que “todo esfuerzo que se haga por acentuar el acuerdo entre las partes va a fortalecer una paz laboral que no se funda en la inexistencia entre las partes”. Por ello cree que juntar la discusión de la ampliación del seguro de cesantía con el de la indemnización por años de servicio no es adecuado. “El hecho de que se le quiera transformar en el ingrediente de cosas, como el seguro de desempleo, le quita contorno a la naturaleza original. Lo primero que debiera hacerse es respetar la titularidad de la representación de los trabajadores, que recae en las organizaciones sindicales. Esta afirmación se dispone en los convenios 87 y 98 de la OIT”.

Consultado de que si acaso es pertinente tomar medidas impopulares, como el fin de la indemnización por años de servicio, Beyer dijo que se puede aprovechar los momentos en que no haya elecciones próximas: “Que el gobierno se esté yendo abre espacio a que las medidas que son impopulares sean efectuadas. Esa es una de las ventajas de un gobierno que no se reelige. Hay que aprovechar la libertad que se tiene para hacerlo”.


RECOMENDACIONES LABORALES

Ante la incertidumbre de que el gobierno de Bachelet modifique las condiciones de negociación colectiva con el fin de empoderar a los trabajadores, ellos mismos apuestan por desarrollar estrategias de lucha.

Cuevas advierte que “ninguna lucha es homologable en cada sector, cada proceso tiene realidades distintas. Lo principal es superar el individualismo. Hay que organizarse. Pese a que la situación demuestra que no se puede en el marco de la actual institucionalidad, la tecnología disponible nos ofrece oportunidades para articularnos mejor. ¿Cómo lo hacemos? Con sabiduría, prudencia, inteligencia y mucha conspiración”.

Marcos Kremerman comenta que “veo difícil grandes cambios en la situación, pese a que tiene que lograrse algún avance. Para lograr el desarrollo cualquier actor social debe tener las herramientas para ejercer derechos y hacer ciudadanía. En otros contextos o hay sindicatos grandes o donde hay bajos niveles de sindicalización, como ocurre en Francia, cuando se negocia es a partir de pisos mínimos para grandes grupos de trabajadores. Eso es sinónimo de una economía desarrollada, que es en donde todas las partes están representadas”

Entre las propuestas Kremerman aboga porque “el derecho a huelga sea efectivo, que no haya reemplazo de trabajadores y más personas puedan negociar. Además de los subcontratistas, que puedan negociar quienes trabajan a plazo fijo o a honorarios. Que cambie también el cómo se negocia, o sea, que los sindicatos cuenten con la información financiera de la empresa.”

Bastías acusa que hoy el principal problema es “la multiplicidad de RUT de las empresas, que atomizan la organización sindical. También que no tengan posibilidad de poner remplazos y se respeten las decisiones de los sindicatos. Lo fundamental es la negociación supra empresa”. Duque agrega que “lo fundamental es que la sindicalización sea automática, porque hay muchas empresas que persiguen a los dirigentes”.

Cea añade que “los trámites judiciales sean más rápidos, lo que exige una mejora radical en el Código del Trabajo. Espero que no pase lo mismo que pasó con los juzgados de familia con la nueva justicia laboral. Además anuncia que “este año las negociaciones colectivas en Almacenes París se están moviendo. Estamos formando la Confederación de Sindicatos del Comercio, que integran a Líder, Falabella, París y Ripley. Hay que esperar que se concrete”.

Hernández agrega que “se debe fortalecer el poder de los sindicatos para negociar, hoy estos están atomizados al agruparse por locales y por empresas. Por lo menos que puedan negociar los mismos trabajadores de una empresa”. Cuevas sostiene que ampliar el poder sindical “estrecharía el abismo que existe en la distribución del ingreso en el país. Hoy lo principal es dirigir la conversación a la supra empresa, ya que éstas son las principales beneficiadas y las que generan este tipo de relación contractual y buscan eludir a través de diversas razones sociales la efectiva negociación colectiva de parte de los trabajadores. Hay que ir buscando convergencias que permitan influir esto”.

Por Mauricio Becerra

El Ciudadano

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Reforma al Seguro de Cesantía.

Fuente: www.lanacion.cl Por Por Andrés Naudon, director del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo de la Universidad Central.

En muchos casos, el empleador que desea poner término al contrato no lo hace con el propósito de ahorrar el costo de la indemnización, lo que lo lleva, en algunos casos, a adoptar una posición de hostigamiento laboral.

Es loable el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Seguro de Cesantía para asegurar un mayor acceso a él, y especialmente, al Fondo Solidario. Sin embargo, en este proyecto se omitió enfrentar el tema de las indemnizaciones por años de servicio, porque, como dijo el ministro del Trabajo, no pareció oportuno que el debate del seguro de cesantía facilitara el despido de los trabajadores, respuesta políticamente correcta en atención a que en Chile existe “nominalmente” un sistema de estabilidad en el empleo (que significa que no puede haber despido sin causal).

Esta estabilidad es meramente formal si se considera que entre las causales de terminación está la de “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, que permite al empleador desvincular al trabajador en cualquier momento, pagando la indemnización por años de servicio en el caso de que el trabajador tenga más de un año de antigüedad.

En muchos casos, el empleador que desea poner término al contrato no lo hace con el propósito de ahorrar el costo de la indemnización, lo que lo lleva, en algunos casos, a adoptar una posición de hostigamiento laboral, orientado a provocar la renuncia del trabajador y, por su parte, éste muchas veces se ve obligado a mantener una relación laboral que no desea por no perder su eventual indemnización. Una forma de terminar con las múltiples relaciones laborales “insanas” y que se traducen en cuadros depresivos del trabajador (que dan origen a largas licencias médicas que encarecen los costos de salud, tanto pública como privada), sería transparentar en la norma jurídica la realidad en cuanto a que el empleador puede despedir en cualquier momento (como en efecto ocurre en la práctica).

Ello se podría haber logrado contemplándolo en este proyecto de reforma del Seguro de Cesantía, tal como se discutió en la Comisión Meller, un mecanismo de sustitución de las indemnizaciones por años de servicios eventuales, por una indemnización a todo evento, financiada a través del sistema del Seguro de Cesantía.

Se podría financiar con un aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía de 8,33% de las remuneraciones mensuales o con la diferencia entre este monto y el aporte de 0,8% que hace el trabajador, permitiéndole a éste último acceder al Fondo Solidario, en el caso de registrar aportes suficientes o no tener un año de servicio, en ambos casos por razones de baja antigüedad.

Este escenario tiene la ventaja para el trabajador de asegurar su indemnización cualquiera sea la causal de terminación de su contrato y acabar con la incertidumbre respecto a su pago, por cierre o quiebra de la empresa, durante la sustanciación del juicio que debe ordenar su pago, por el hecho de estar la indemnización previamente ahorrada, sistema similar al que existe respecto de las trabajadoras de casa particular. Con esto, se terminarían la mayoría de los eternos juicios laborales con los consecuentes ahorros para el Estado que sostiene el sistema jurisdiccional y que le podrían, incluso, haber ahorrado los millonarios costos que debe enfrentar en la implementación de la reforma procesal laboral.

Ello, porque con anterioridad, con gran acierto, se sustrajo de su competencia la sustanciación de las cobranzas previsionales, despejando la carga de trabajo de los juzgados del Trabajo, la que se vería aún más reducida con la tesis que me atrevo a plantear, pudiendo por tanto haber continuado su funcionamiento tal como lo hacen hasta ahora.

Es cierto que este sistema podría criticarse por significar potencialmente un aumento en los despidos, como en su oportunidad se dijo respecto del aumento de los divorcios, como argumento para oponerse a la aprobación de una ley de divorcio. Pero el tema no es cuántas relaciones laborales (o matrimoniales) existen en un país, sino cuántas relaciones sanas existen.

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Gobierno frena tramitación de proyecto que crea Instituto de DDHH.

Fuente: www.lanacion.cl

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos destacó la decisión de La Moneda que determinó sacar del trámite parlamentario a la iniciativa que era cuestionada pues no velaba por la sanción de violaciones a los derechos humanos.

Tras reunirse con el ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, anunció que el Ejecutivo frenará la tramitación del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos.

“Se nos acaba de informar por parte del Gobierno la decisión de no continuar adelante con la tramitación del proyecto que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el cual nuestras organizaciones no estábamos de acuerdo, porque sentíamos que era una instancia que no velaba por la prevención y sanción a futuras violaciones a los Derechos Humanos y a vivir nuevamente el terrorismo de Estado”, explicó Pizarro.

La Agrupación no estaba de acuerdo con este Instituto, porque no se hacía responsable de sancionar a quienes violaron los Derechos Humanos en el pasado ni se haría parte en querellas ante la justicia por delitos de esta índole, aparte de ser fruto de un acuerdo entre el Gobierno y la Alianza.

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