CAMPAÑA MAS RESPETO A LOS DD.LL DE LAS Y LOS JOVENES: ACTO DE CIERRE

El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos

Fuente: El Mostrador

Por Jorge Molina Sanhueza

Rodrigo Ubilla trató de ineficientes a los profesionales de la entidad, aludiendo a que demoraban en tramitar las causas, luego que citaran a declarar como inculpado en la Operación Cóndor al embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, sin informar al gobierno. Los jueces en privado calificaron sus dichos como “ignorancia”, aunque declinaron profundizar la polémica. No es lo único. En el organismo que dirige la ex fiscal Rossy Lama creen que el gobierno busca ser informado de las diligencias que se pedirán para ejercer poder de veto.

Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.

“Ignorancia”

Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.

De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la “alusión gratuita y oblicua” -otros usaron la palabra “ignorancia”- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.

Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.

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