Yo NO soy orgulloso de los Carabineros de Chile.

Fuente: Ciudad Elefante

 

Ha sucedido un hecho tristísimo, la muerte de varios carabineros en Panamá y algunas mujeres que les acompañaban, más ciudadanos de ese país, que habían abordado el fatídico helicóptero, ayer 29 de mayo. Pienso en las familias que han dejado y en los posibles sufrimentos físicos durante y tras el suceso. Vayan mis condolencias como co-dolor por seres humanos que sufren. Desde una perspectiva mediática, he estado sorprendido por la relevancia que se le ha dado a la mayor autoridad fallecida en el siniestro y el menor cuidado por destacar alguna dimensión humana de sus acompañantes. Pero este no es el detalle principal al que quería referirme. Me causa preocupación ciertas frases-a la vez lugares comunes- en donde se expresa el “inmenso cariño de la ciudadanía y el orgullo de los chilenos, la tremenda credibilidad de la institución de Carabineros en nuestro país”.Debo ser honesto y si quieren les concedo ser bicho raro: Yo NO soy orgulloso de la institución de Carabineros de Chile. En primer lugar por su participación oscura, penosa, en la violación de los Derechos Humanos en la brutal dictadura de Pinochet y más tarde por su actuar conscientemente en os muchos momentos en que ocultaron la verdad y protegieron cobardemente sus filas frente a la -incluso tímida- acción de la justicia. En segundo lugar por aceptar de TODOS los gobiernos de la Concertación el uso abusivo de su poder frente a las expresiones descontento de la civilidad. He visto y he sufrido la BRUTALIDAD del trato policial por parte de Carabineros de Chile. La
Concertación ha usado la fuerza policial en la línea histórica en que han sido utilizadas las fuerzas policiales en el todo el mundo: como elementos disuasivos de las esperanzas de igualdad levantadas desde el pueblo. Estudiantes Secundarios y Universitarios, Pescadores
Artesanales, Pueblo Nación Mapuche, Deudores Habitacionales, Activistas de Derechos Humanos, Ecologistas, Pobladores y tantos otros colectivos civiles han recibido la represión SIN PIEDAD y las técnicas perversas heredadas de la dictadura y PRACTICADAS INSTITUCIONALMENTE. Asesinos como los de Daniel Menco, Alex Lemún, Matías Catrileo, pertenecientes a sus filas, SIGUEN IMPUNES.

Debo ser honesto, NO creo en los Carabineros de Chile ni me siento orgulloso de ellos.

 

Claudio Escobar Cáceres

Ingeniero Civil

Profesor de Estado

La mirada de Amnistía Internacional. Informe Anual 2008.

Fuente: www.amnistia.cl

Amnistía Internacional – Chile presentó públicamente el Informe 2008 “El Estado de los Derechos Humanos en el mundo” en un multitudinario acto realizado el 28 de mayo, en la Universidad Alberto Hurtado. Al acto, que contó con la presencia de representantes de la sociedad civil, embajadas y simpatizantes de la organización, no asistieron representantes del Gobierno, que estaban especialmente invitados. El informe fue comentado por el periodista Juan Pablo Cárdenas, la diputada Karla Rubilar y el Presidente de AI Chile, Karl Böhmer.

La mirada de Amnistía Internacional

Sesenta años después de 1948, rendimos homenaje a la visión extraordinaria de quienes redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya elaboración tuvo una destacada participación el embajador y diplomático chileno Hernán Santa Cruz. Dedicamos nuestro Informe 2008 a todas las personas que con valentía y persistencia siguen arriesgando su vida en la defensa de los derechos humanos.

En el Informe 2008 de Amnistía Internacional se documenta la situación de los derechos humanos en 150 países. Este Informe muestra una sociedad civil mundial dividida por la desigualdad, marcada por la discriminación y desfigurada por la represión política y las violaciones de Derechos Humanos que cometen los Estados y los abusos de grupos armados de oposición, y algunos grupos económicos y actores no-estatales.

A diario, los defensores y defensoras de los derechos humanos –en todo el mundo- ponen contra las cuerdas a los poderosos, sacan a la luz la verdad y dan voz a quienes no la tienen. La defensa de los Derechos Humanos abarca amplios sectores de la vida de las comunidades, y por supuesto, no está limitada al ámbito de la labor de las organizaciones o la abogacía. Se extiende a ámbitos que abarcan desde los derechos de las mujeres, los pueblos originarios, o la diversidad sexual; hasta la libertad de sindicalización, el acceso a la información, la libertad de expresión o la preservación del medio ambiente, por citar unos pocos.

En todas las regiones del mundo se violan los derechos con total impunidad. Se mata y tortura a personas por sus creencias e ideas políticas; mueren mujeres por falta de asistencia médica básica al dar a luz; comunidades enteras se ven privadas de su hogar de forma intencionada a manos de partes interesadas, que de manera despiadada buscan explotar los recursos y saciar su naturofagia.

No obstante lo anterior, en los últimos 60 años, la humanidad ha ido poco a poco haciendo suyo el mensaje de los derechos humanos y entendiendo su promesa. Este informe muestra por qué, para que se materialice la visión de la Declaración Universal de Derechos Humanos de un mundo libre “del temor y de la miseria”, no hay más que un camino: trabajar para garantizar que la indivisibilidad de los derechos consagrados en la Declaración sean una realidad auténtica para todas las personas.

En este informe presentamos un enfoque que se podría calificar como ingenuo, pero no lo es en absoluto: Amnistía Internacional plantea hoy a los gobiernos del mundo el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para realizar mejoras concretas. Un cambio de actitud, que pase de la retórica de los discursos y las salas alfombradas en las reuniones internacionales, a las realidades de las personas que sufren en todo el mundo, por falta de acceso o denegación de los derechos fundamentales.

Sitios como Colombia, Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak, Sudáfrica y Myanmar son “hierros candentes” en las manos frecuentemente insensibles de la comunidad internacional.

El año 2007 se caracterizó por la inhabilidad, la falta de voluntad política, impericia e impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a enfrentar con coraje algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos. Este es el caso tanto de los conflictos prolongados, como el de los abusos y desigualdades que siembran el desaliento y dejan relegadas a tantos millones de personas.

La injusticia, la desigualdad, la discriminación y la impunidad se han transformado en las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos y los organismos internacionales tienen que actuar ya para acabar con la gigantesca brecha que separa lo que se dice de lo que se hace.

Amnistía Internacional revela que 60 años después de haber sido adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, hay todavía al menos 81 países donde se infligen torturas o malos tratos a las personas; que en al menos 54 países se las somete a juicios sin las garantías debidas; y que en no menos de 77 naciones no se permite hablar con libertad ni se tolera el libre flujo de las ideas.

La mayor amenaza para el futuro de los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo colectivo, para enfrentar con seriedad y los recursos necesarios las crisis que se avecinan como sombras gigantescas para la humanidad: el calentamiento global y su impacto sobre las comunidades tradicionales y más pobres del mundo;, la crisis de los alimentos; el impacto del terrorismo en la seguridad pública; el crecimiento permanente de las poblaciones carcelarias; y los siempre presentes desafíos en el acceso y la exigibilidad de derechos como la vivienda, la salud, la seguridad, la justicia y la educación.

El año 2008 ofrece una oportunidad sin precedente a las dirigencias políticas que acceden al poder y a los países que están emergiendo en la escena mundial para “rayar la cancha” de nuevo para la construcción de un mundo más justo y en paz; y para rechazar las políticas y prácticas miopes que en los últimos años han hecho del mundo un lugar muy peligroso y dividido.

En Amnistía Internacional queremos que se establezca un nuevo paradigma de liderazgo colectivo basado en los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Tenemos una larga lista de expectativas en éste Informe, pero podrían resumirse diciendo: Son los más poderosos quienes tienen que predicar con el ejemplo.

Algunos ejemplos de esto:

• China tiene que cumplir las promesas en materia de derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos y permitir la libertad de expresión y de prensa, y acabar con la práctica de la “reeducación por el trabajo”. Hoy, exigimos poner las consideraciones éticas por sobre los intereses materiales de unos pocos y que se permita que su sociedad civil goce de todos los Derechos Humanos.

• Estados Unidos tiene que cerrar el campo de detención de Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos en procesos justos o ponerlos en libertad, y rechazar sin sombra de duda el uso de la tortura y los malos tratos. Hoy exigimos, una vez más, que Estados Unidos haga valer el Artículo 5 de la Declaración que se concibió en su suelo: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

• Rusia tiene que mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política, y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos contra los derechos humanos en Chechenia. Hoy exigimos, una vez más, la plena vigencia de los Derechos consagrados en la Declaración, que siempre tuvo problemas de reconocimiento en esas latitudes.

• La Unión Europea tiene que investigar la complicidad de sus Estados en las “entregas extraordinarias” de personas sospechosas de terrorismo, y aplicar a sus propios integrantes los mismos estándares en materia de derechos humanos que fija para terceros países. Hoy exigimos que haga cumplir los compromisos contraídos al suscribir la Declaración Universal y la Declaración Europea de Derechos Humanos.

Chile ha estado presente por muchos años en el corazón y las conciencias de muchas personas solidarias alrededor del mundo. Quiero contarles que Amnistía Internacional ha estado en Chile desde mediados de 1977, pero en 1983, hace 25 años, Amnistía Internacional – Chile fue reconocida como parte del movimiento Internacional, como resultado de la visión de un grupo de mujeres y hombres de nuestro país que estaban profundamente comprometidos en construir un futuro con paz y justicia.
En la región de América Latina las dictaduras fueron reemplazadas por regímenes más o menos democráticos, pero aún siguen persistiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Los Pueblos Originarios siguen postergados en el goce pleno de sus derechos civiles, políticos y también económicos, sociales y culturales. La violencia que sufren las mujeres no deja de cobrar víctimas y las noticias de femicidio se han transformado en una crónica habitual; Las personas sexualmente diversas: lesbianas, gay, travestis, transexuales y transgéneras se ven amenazadas, hostigadas y excluidas de establecer vínculos legales que los equipare plenamente. Grupos armados privados realizan secuestros, y empresas contratistas de mercenarios se involucran en conflictos armados, cometiendo abusos e involucrándose en crímenes de lesa humanidad. Muchos estados incumplen su rol de proteger a los habitantes de los abusos de sus fuerzas de orden y seguridad y a veces aún participan en el menoscabo de derechos, por ejemplo restringiendo la libertad de expresión.

Este gris panorama no ha sido un impedimento, para que las voluntarias y los voluntarios de Amnistía Internacional continúen trabajando a favor de concretar la misión de la organización: Construir una cultura de los Derechos Humanos.
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario sigue a la cabeza de nuestros programas de acción, y aunque silenciosamente, comienzan a percibirse evidencia del impacto y de una preocupación en la opinión pública sobre “los nuevos temas” de Derechos Humanos y su inclusión en las políticas públicas.

Para ello hemos salido a la calle, hemos investigado, hemos hecho lobby y presión ante las autoridades. También se ha tomado contacto con otras organizaciones, que persiguen ideales similares.

No hemos dejado de recordar, de exigir y buscar el fin de la impunidad de quienes violaron los Derechos Humanos en el pasado reciente de nuestra región. Nuestro mayor logro en ésta área ha sido la extradición, para enfrentar la justicia de su país del ex presidente peruano Alberto Fujimori.
Sin embargo, aún no se logra plenamente la verdad, justicia y la reparación en los casos de violaciones a los Derechos Humanos. No hemos dejado de actuar sobre los temas del pasado, como los hechos vinculados con la tortura a bordo del buque-escuela “Esmeralda” y nos unimos a otras organizaciones que exigen del Estado una solución justa de las violaciones cometidas en el pasado.

Saludamos los logros de la investigación en relación al caso de el asesinato y desaparición del sacerdote Miguel Woodward, a cargo de la jueza Eliana Quezada en Valparaíso; y el reciente anuncio del juez Víctor Montiglio que ha resuelto el procesamiento de 98 personas sospechosas de graves cargos en el caso Operación Colombo. Los magistrados y las magistradas deben investigar y resolver sin intervenciones indebidas, pues éste es el único modo en que la justicia cumpla su cometido.

Continuamos comprometidos con la situación de presas y presos mapuche y con nuestras acciones para asegurar que Chile ratifique sin reservas el Convenio 169 de la OIT.
No ha faltado la solidaridad internacional: Amnistía Internacional se caracteriza por el apoyo a las personas individuales cuyos derechos son vulnerados en cualquier parte del mundo. No nos interesa el color político de los regímenes que los violan, nos importa que todas las personas disfruten de todos los Derechos en todo el mundo. En éstos últimos días, hemos ampliado nuestro trabajo de solidaridad internacional para abarcar los países vecinos en la región. Queremos revertir esa repugnante idea que señala que “Chile está en un mal vecindario”.
En el Informe sobre Chile, la referencia abarca temas tales como:

• Las protestas que reflejaban un malestar generalizado por las desigualdades económicas, y se intensificó el debate sobre la necesidad de un salario mínimo.
• La recurrente situación de impunidad en la búsqueda de la justicia por violaciones cometidas en el pasado y los diversos intentos de poner límites a la acción de los magistrados.
• La rampante discriminación de la que son objeto los pueblos indígenas;
• Y el preocupante crecimiento de la violencia que sufren las mujeres, El informe reseña como las deficiencias legales, los procedimientos burocráticos y una acción policial inadecuada siguieron dificultando los enjuiciamientos por actos de violencia doméstica y sexual contra mujeres, lo que se ha transformado en un escándalo terrible para Chile.

A esto se agregan restricciones incomprensibles en las que unos pocos buscan imponer sus ideas y visión del mundo a millones, como es el caso del reciente dictamen del Tribunal Constitucional en relación con la distribución de la “píldora del día después”, lo que termina por afectar –como es habitual- a las personas más pobres.

En materia de libertad de expresión expresamos la solidaridad de Amnistía Internacional para con el fotógrafo de la agencia Efe, Víctor Salas Arenas, quien resultó herido de gravedad en su ojo derecho, tras ser golpeado con un bastón por un Carabinero a caballo, durante una protesta frente al Congreso cuando la presidenta Michelle Bachelet entregaba su cuenta anual al país. Así mismo expresamos nuestra preocupación por el reiterado uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros

También solidarizamos con Elena Varela, cineasta, productora y guionista, compositora y gestora cultural, En este momento ella está encerrada en una celda helada y sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias. Ha sido interrogada con virulencia. Amigos, colaboradores y familiares fueron amenazados. Su productora fue destrozada en un allanamiento.

Queremos saludar los anuncios de la presidenta Michelle Bachelet, que en su cuenta anual hace pocos días se refirió a algunas medidas sobre derechos humanos que impulsará durante el año. Es el tercer año consecutivo de promesas vinculadas con la ratificación del Convenio 169 de la OIT que promueve los derechos indígenas, y la ratificación del Estatuto de Roma, y la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Son iniciativas muy pertinentes, que forman parte de nuestras recomendaciones de la Agenda de Derechos Humanos del Bicentenario y que agradecemos, sin olvidarnos que “del dicho al hecho, hay un largo trecho”.

Es necesario que haya apoyo substantivo del Poder Legislativo. A menudo, por diferencias políticas mezquinas se deja de hacer y no se avanza. Los problemas que afectan a los derechos humanos no son tragedias aisladas, sino que actúan como virus que pueden infectar y propagarse con gran rapidez y ponernos a todos en peligro. Por eso es necesario que la política se aleje de la retórica y se comprometa para contribuir en la construcción de un país donde los Derechos Humanos sean apreciados, promovidos y defendidos.

Junto con la creciente información y preocupación por los Derechos Humanos, crece en las personas la exigencia de justicia, libertad e igualdad. Algunas de las imágenes más impactantes del año 2007 fueron de monjes en Myanmar, de abogados en Pakistán y de mujeres activistas en Irán. Pero, más cerca de nosotros en muchos rincones de Chile, las personas se organizan y se movilizan. La gente, inquieta e indignada, no se quedará callada, y los dirigentes no deben ignorar a la opinión pública ni a la percepción de que “es hora de derechos para todas las personas, en todo el mundo”.

Los gobiernos tienen que demostrar hoy el mismo grado de amplitud de miras, coraje y compromiso que hace 60 años llevó a las Naciones Unidas a adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración nos pertenece a todos y todas: corresponde ahora leerla, estudiarla, promoverla y reivindicarla como propia.

Nuestro trabajo está dirigido hacia un Chile y un mundo más justo e inclusivo, que se construye con libertad y equidad entre todos y todas, todos los días. AI ha hecho de la vela envuelta en alambre de púas su símbolo .El alambre de púas representa todo lo negativo que hemos expuesto y que tiene sumergido a los seres humanos en el temor. Es tiempo de generar un estado de cosas en que se haga realidad la erradicación de ese alambre de púas de nuestros corazones, mentes y de nuestro entorno.

En eso trabajamos, hasta el día en que no necesitemos más a Amnistía Internacional.

Karl Böhmer, Camille Charru, Sergio Laurenti AI – Chile

 

CUARENTA ORGANIZACIONES REPUDIAN PROYECTO DE ACUERDO DE SENADORES FREI, ALLAMAND, ZALDIVAR Y HORVATH.

Fuente: www.patagoniasinrepresas.cl

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante el proyecto de acuerdo presentado la semana pasada en la Cámara Alta por los senadores de la Región de los Lagos Andrés Allamand (RN) y Eduardo Frei (DC), y de Aysén Antonio Horvath (RN) y Adolfo Zaldívar (IND), donde centran la oposición a las múltiples represas que se quieren materializar en la Patagonia a una simple maniobra extranjera y, por ende, entregan un respaldo tácito y previo a iniciativas hidroeléctricas que en la magnitud planteada impactarían social, ambiental y económicamente en forma negativa el presente y futuro de comunidades y territorios, las diversas organizaciones y agrupaciones chilenas abajo identificadas declaran lo siguiente:

· Llama la atención que estos senadores califiquen de orquestación foránea el intento nacional y global por proteger a las comunidades y ecosistemas chilenos de una intervención a gran escala mediante mega represas, pero que sin embargo no tengan problemas en apoyar tácitamente intereses económicos de empresas extranjeras españolas en el caso de Endesa y Acciona, italianas en el de Enel y canadienses en el de Transelec, por nombrar algunos ejemplos de proyectos originados fuera de nuestro país.

· Más aún, es paradójico que quienes no cuestionan que la propiedad de un bien nacional de uso público básico y estratégico como el agua esté hoy concentrada en manos de empresas eléctricas privadas trasnacionales critiquen a los chilenos y extranjeros que buscan su recuperación nacional para un uso pensando en el bien de ecosistemas de los que dependen los chilenos y chilenas del presente y el futuro.

· Nos avergüenza como compatriotas el nivel de desinformación que demuestran estos cuatro parlamentarios respecto de la opinión que las comunidades por ellos representadas tienen sobre mega iniciativas hidroeléctricas que se quieren desarrollar en la Patagonia y en otras zonas del territorio nacional.

· Es preocupante que estos senadores no se hagan cargo de la visión que sobre los proyectos de represas en la Patagonia tienen, por ejemplo, el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena -que integran más de 30 organizaciones del país-, miles de compatriotas que día a día expresan su clamor por diversas vías y organizando múltiples actividades, y ese 53 por ciento nacional silencioso que expresó que no quiere represas para transmitir esta energía a 2.300 kilómetros de distancia.

· Pero más grave aún nos parece la participación en este proyecto de acuerdo de los senadores por Aysén Adolfo Zaldívar y Antonio Horvath, quienes desde un principio han hecho oídos sordos al clamor de su región respecto al tema. Ellos han obviado en todo momento que prácticamente 40 organizaciones de Aysén han expresado públicamente su oposición a estas iniciativas, al igual que los habitantes de Caleta Tortel que rechazaron en una consulta ciudadana por un 76 por ciento los proyectos de represas en los ríos Baker y Pascua. Tristemente, aún esperan a estos representantes populares los asientos que tenían reservados en octubre pasado para la finalización en Coyhaique de la Cabalgata Patagonia sin Represas, donde más de un centenar de pobladores ayseninos recorrió por 9 días esta tierra para expresar su disconformidad con la construcción de represas en su suelo. Aún les esperan miles de patagones de Palena y Aysén para que participen en las actividades que cotidianamente organizan. En fin, aún les esperan estos hombres y mujeres de la Patagonia para que los escuchen de una vez por todas.

· Llamamos a los senadores a no hacerse cómplices de este proyecto de acuerdo que veladamente defiende -al margen de la institucionalidad ambiental que como país nos hemos dado- intereses privados, no colectivos ni nacionales, sin antes haberse informado claramente sobre la opinión de los chilenos, de su gente, y conocido las consecuencias negativas que estas iniciativas generarían en el ámbito social, ambiental y económico para la Patagonia y el país.

· Chile hoy necesita más que nunca de la claridad y buen juicio de sus autoridades y representantes, no dando un cheque en blanco a intereses privados que quieren usar un bien nacional de uso público, de todos los chilenos, a costo cero, y donde las externalidades negativas serían asumidas por sus compatriotas más indefensos. Y más aún, por esos chilenos de la Patagonia que tanto han aparecido en los medios de comunicación durante la última semana.

· Esto es más cierto aún cuando está demostrado que Chile sí tiene alternativas realmente renovables, limpias y sustentables para la estrechez energética, siendo incluso la hidroelectricidad una de ellas, a una escala sensata, sustentable y controlable, sin represas que han sido fuertemente cuestionadas por el Informe de la Comisión Mundial de Represas.

· Debemos avanzar en la eficiencia y ahorro de energía, porque está demostrado que nuestro país crece porcentualmente en forma similar al aumento del consumo energético en circunstancias que en los países desarrollados de la OECD la relación es hoy casi la mitad en beneficio de la eficiencia. De esta forma, actuamos con una irresponsabilidad energética suicida sin considerar que vivimos en un país y planeta limitados.

· Por Aysén, la Patagonia y por Chile, hagamos las cosas bien, con un debate amplio, democrático y participativo. Que somos los chilenos de hoy y mañana quienes viviremos los aciertos o errores de quienes nos gobiernan.

Suscriben la presente declaración:

1. Agrupación ChillánActivo (Región del Bío Bío)

2. Comité de Defensa de la Provincia de Palena (Región de Los Lagos)

3. Geoaustral (Región de Los Lagos)

4. Mesa Privada Territorio Palena Emprende (regiones de Los Lagos y Aysén)

5. Agrupación Mesa Representativa La Voz de Tortel (Región de Aysén)

6. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Región de Aysén)

7. Corporación Costa Carrera (Región de Aysén)

8. Escuela de Guías de la Patagonia (Región de Aysén)

9. Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna filial Aysén (Región de Aysén)

10. Agrupación Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane (Región de Aysén)

11. Agrupación Herederos de la Patagonia de Villa Cerro Castillo (Región de Aysén)

12. Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Lago Caro (Región de Aysén)

13. Asociación Gremial de Pequeños Agricultores de Río la Paloma (Región de Aysén)

14. Unión Comunal del Adulto Mayor de Puerto Aysén (Región de Aysén)

15. Asociación Indígena ‘Mawun Mapu’ (Región de Aysén)

16. Comunidad Mapuche Huilliche ‘Mahuelquín Delgado’ (Región de Aysén)

17. Comunidad Mapuche Huilliche ‘Guaquel Marimán’ (Región de Aysén)

18. Comunidad Mapuche Huilliche ‘Melipichún Nitor’ (Región de Aysén)

19. Cooperativa de Pescadores Artesanales y Armadores de Puerto Aguirre (Región de Aysén)

20. Sindicato de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores ‘Los Delfines’ de Puerto Cisnes (Región de Aysén)

21. Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi (Región de Aysén)

22. Consejo de Desarrollo Local de Puyuhuapi (Región de Aysén).

23. Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida (Región de Aysén)

24. Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches (Región Metropolitana, Región de Valparaíso, Región del Bío Bío, Región de la Araucanía, Región de Los Ríos, Región de Aysén)

25. Organización de Jóvenes Mapuche ‘LaKuTuN’ (Región Metropolitana)

26. Oficina de Asuntos Indígenas de La Granja (Región Metropolitana)

27. Agrupación Mapuche ‘Trawun Mapu’ (Región Metropolitana)

28. Agrupación Mapuche ‘Kila Lof’ (Región Metropolitana)

29. Agrupación Mapuche ‘Rhelmu Antu’ (Región Metropolitana)

30. Agrupación Mapuche ‘Werken Mapu’ (Región Metropolitana)

31. Agrupación Mapuche ‘Newen Peai’ (Región Metropolitana)

32. Agrupación Mapuche ‘Meli Newen Mapu’ (Región Metropolitana)

33. Corporación Chileambiente

34. Ong Ecosistemas

35. Fundación Terram

36. Agrupación Defensores del Bosque

37. Red Nacional de Acción Ecológica

38. Confederación Nacional de Panificadores CONAPAN

39. Geo Juvenil

40. Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena

Chile, 11 de mayo de 2008

Mesa de conversación: El agua como derecho humano.

Fuente: www.elciudadano.cl

El Movimiento Ciudadano Anti Pascua Lama tiene el agrado de invitarles a participar en una nueva mesa de conversación de nuestro ciclo realizado durante todos los martes del mes de mayo. Este próximo martes 27 de mayo lo invitamos a discutir cómo la minería pone en riesgo el agua que es un derecho humano de todas las personas y comunidades.

En la ocasión estarán presente Hugo Gutiérrez, abogado e integrante de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Expondrá cómo con estas problemáticas se violan derechos humanos, también nos explicará la relevancia de la autodeterminación de los pueblos y la participación política y social para defender el agua.

También contaremos con las interesantes reflexiones de Armando Uribe en entrevista grabada. Este abogado especializado en minería, poeta y premio Nacional de Literatura 1994 explicará las implicancia de los Tratado de Libre Comercio, el Tratado  Minero chileno argentinos y las implicancias geopolíticas que esto conlleva.

El  periodista Nibaldo Mosciatti, director de Radio Bío Bío será el moderador de esta mesa de conversación.

Estos tres expositores nos invitarán a ver más profundamente por qué el agua dulce en calidad y cantidad necesaria está cada vez más en disputa en el mundo y cómo ciertas actividades económicas ejercen una presión excesiva sobre el ecosistema y, por tanto, al tener problemas con el acceso al agua se está atropellando un derecho básico para la vida de cualquier ser humano

Los esperamos mañana MARTES a las 20 HORAS para abrir este espacio de intercambio y construcción. Para los que no sabe el CINE ARTE ALAMEDA queda ubicado en Alameda Bernardo Ohiggins Nº 139.

Para mayor información contactarse con:

accionantipascualama@gmail.com
www.fotolog.com/nopascualama

Elena Varela y las graves violaciones al trabajo documental.

Fuente: www.elquintoinfierno.cl

Por Francisco Gedda*

Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de “asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia”.

Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado “Newen Mapuche” con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual…

Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, -en los hechos-, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.

Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental “Newen Mapu” Che fueron incautados por la Policía de Investigaciones. Más grave aún, se incautaron cintas pertenecientes a “Sueños del Comandante”, otro proyecto documental cuya etapa de investigación y guión es respaldada y financiada con un Fondo Corfo. Contenían estas cintas testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume.

No hay razón alguna para que los documentales “Newen Mapu Che” y “Sueños del Comandante” sean vínculados a los “supuestos” delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje periodístico. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del Estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental. Se atenta incluso, en el caso de las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica, para convertirlo burdamente en instrumento de inteligencia policial. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas de los reportajes y documentales audiovisuales.

Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el Estado.

Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad provisional mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental “Newen Mapu Che”, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y violados en su privacidad por terceros.

Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciones políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura.

Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.

En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.

Llamo a todos aquellos que aprecian los derechos ciudadanos fundamentales y los colegas periodistas y documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.

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*Francisco Gedda es académico de la Universidad de Chile, director Serie Frutos del País

Mums rechaza las críticas de la Iglesia Evangélica a Ley Contra la Discriminación.

Fuente: www.mums.cl

Por Coordinación Política muMs / Mayo 2008

El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, rechaza la oposición que ha presentado la Iglesia Evangélica frente a la propuesta de Ley Marco contra la Discriminación y el reconocimiento de parejas del mismo sexo.MUMS no comparte las preocupaciones del vocero de la Iglesia Evangélica, el Obispo Soto ya que la propuesta de Ley Marco Contra la discriminación es amplia, apunta al respeto de los derechos humanos y ha sido consensuada con amplios sectores del país.

La Ley Contra la Discriminación y el reconocimiento de parejas del mismo sexo no atentan contra los derechos de ninguna persona, ni de las iglesias, al contrario lo que hacen es corregir en parte la desigualdad en materia de derechos que presenta parte importante de los chilenos.

 

Compartimos el respeto a la libertad de culto consagrada en nuestra leyes y en la libertad de los distintos sectores de nuestra sociedad de plantear sus posiciones sobres los debates nacionales y la formulación de las leyes. Sin embargo, entendemos también que las visiones y convicciones religiosas son personales y de libre elección, por lo cual no pueden anteponerse a los derechos fundamentales, obligaciones y libertades de las personas consagrados en la legislación nacional e internacional.En este contexto, y en la necesidad de plantear nuestros puntos de vista a las máximas autoridades del país, le exigimos que la presidencia del senado nos reciba en igualdad de condiciones.

 

Abismante diferencia entre utilidades de AFPs y condiciones de trabajadores. Tema pendiente en la ‘reforma’ del sector

Hasta mediados de los 90 era una buena opción para quienes no tenían mucha calificación. Hoy ser vendedor de AFP es un camino seguro a las deudas y el estrés. Condiciones leoninas, sueldos al borde de la ley y prácticas antisindicales no bastaron para que las demandas de este gremio fueran incluidas en la Reforma Previsional. Otra muestra del inmenso poder de la industria, que ha logrado esconder una realidad escandalosa. Felipe Saleh.
El 2 de agosto del año pasado, Hugo Mejías (52) vendedor de AFP Habitat le mostró al resto de sus compañeros la liquidación de sueldo que acababa de recibir: 150 mil pesos. Padre de tres hijos, dos de ellos en la universidad, Mejías estaba lleno de deudas. La única salida aparente era que lo despidieran para pagar sus compromisos con la indemnización. Pero nadie lo recibió. Al día siguiente, Mejías condujo su auto hasta la Cuesta Barriga y se lanzó al barranco, pero no murió y se ató al cuello una cuerda que llevaba en la guantera.

Ciertamente esta historia es un caso extremo, pero refleja en buena medida la precariedad en la que trabajan cientos de personas en el eslabón más bajo de la industria previsional. Como vendedores a comisión. “El plazo para que un vendedor reciba su sueldo en el caso de Habitat llega a 14 meses. Si un vendedor hace un traspaso en el mes de enero al segundo mes le pagan un 2%, al quinto mes le pagan un 3% y en el mes catorce, si el afiliado permanece en la AFP, le pagan otra comisión”, explica Patricio Perez, presidente del sindicato de Habitat. Así, un trabajador puede recibir un mes $400 mil y al siguiente $70 mil. Porque el sueldo base en ninguna administradora es igual al sueldo mínimo. La cifra que exige la ley, que es de $144 mil, se logra con asignaciones de colación y movilización, entre otras.

Prohibido tener 40

Otro asunto son las metas que cada vendedor debe cumplir para mantener su empleo. En promedio, se exigen unos 20 contratos al mes. Lo que en plata significa recaudar aproximadamente unos $15 millones en este tiempo.

Esta necesidad genera lo que en la industria se conoce como “incentivos perversos”. Es decir, que el vendedor pague una suma de dinero al afiliado para que firme un contrato, y la cantidad sale de sus bolsillos. “Hay personas que han llegado a pagar más de un tercio de su sueldo en incentivos. Muchos tienen que mantener una ‘bicicleta’ que al poco tiempo se hace insostenible”, dice Julia Espinosa, también de Habitat, preocupada porque este mes no ha superado los tres millones en ventas.

Con este sistema de pagos diferidos la administradora se asegura de no tener que pagar las comisiones conseguidas por el trabajador si éste es despedido y menos si el afiliado decide cambiarse de AFP por cualquier razón.

Aunque esta práctica no es tan extendida en todas las administradoras y otras pagan en diferido pero en menos tiempo, hay otras costumbres que son altamente discutibles, pero en vista del poder que ostenta la industria están lejos de acabarse. “Si un contrato es con una persona mayor de 45 años, al trabajador se le paga lo mínimo, por la posibilidad de que el afiliado se jubile anticipadamente”, explica Mirta Rivera, vendedora de Provida y presidenta de una de las dos federaciones que agrupan a los vendedores de la industria.

Otro de los pactos implícitos entre las administradoras es no aceptar a un vendedor despedido, quien debe mantenerse al menos un año fuera del sistema.

Mirta Rivera y Patricio Perez concuerdan en que este trabajo vivió su esplendor hasta mediados de los ’90. “Pero a partir del 99’, las administradoras tuvieron problemas con la “Crisis Asiática”, despidieron un montón de gente y cambiaron las reglas, decían que se pagaba mucho”, explica Pérez.

Industria intocable

Actualmente, un vendedor de AFP puede ganar desde 400 mil hasta un millón doscientos mil. Siempre y cuando logre reclutar clientes del perfil que las administradoras buscan: “gente joven, en promedio de 35 años y con una renta que supere los $500 mil, cuando la mayoría no promedia los $250 mil”, dice Mirta Rivera.

Paralelamente, los vendedores se quejan de la dificultad para negociar colectivamente, y los problemas para que los sindicatos logren tener algún poder. “El año pasado, cuando teníamos que firmar el contrato colectivo, nos cortaron el mail y los teléfonos para que no nos pusiéramos de acuerdo”, cuenta Julia Espinosa. Aunque los trabajadores de las demás empresas reconocen problemas en este sentido, la mayoría de las “aberraciones” sindicales se dan en Habitat. “Nos hicieron firmar el contrato colectivo con el finiquito al lado, si no firmábamos nos despedían”, dice Patricio Perez. Esta administradora es una marca fuerte en el mercado, la tercera en rentabilidad. El directorio lo preside el empresario José Antonio Guzmán, vinculado a la construcción a través de “Guzmán y Larrain”, y lo integra también el ex presidente de la Cámara de la Construcción Fernando Echeverría Vial.

Para el senador Guido Girardi “la reforma previsional que aprobamos es un gran avance, pero el sistema sigue teniendo dos grandes víctimas: los afiliados que entregan el 25% del total de sus rentas, y los trabajadores, que reciben comisiones miserables, muy lejos de la alta rentabilidad de las empresas. Lamentablemente durante la discusión parlamentaria no logramos tocarle un pelo a la industria”, reconoce. En cambio, los empresarios del gremio sí lograron terminar con la idea de una AFP estatal. Girardi se reunió hace algunos días con los trabajadores de las isapres, que viven una situación equivalente.

Ningún comentario

Las cifras de las que habla Girardi son elocuentes. Hasta diciembre del año pasado, el conjunto del sistema previsional percibía $141.853.137 millones de pesos en rentabilidad. Suficiente para que el tema de la “fuerza de venta” sea secundario. En la Dirección del Trabajo reconocen que hay denuncias contra las administradoras, pero ninguna pasa la Corte de Apelaciones y tampoco se han hecho estudios en torno a esta ocupación. En la Superintendencia existe una circular que norma el registro y la capacitación de los vendedores. Nada más. Y sólo se remiten a decir que los incentivos monetarios para atraer clientes “no existen”. En la Asociación de AFP, literalmente no se ha oído “ningún comentario”, aunque los encargados quedaron de hacer consultas para complementar esta crónica. Al cierre no hubo respuesta.

60 AÑOS DE FRACASO EN DERECHOS HUMANOS: Los gobiernos deben actuar ya.

Fuente: www.amnistia.cl

En la presentación del Informe 2008 Amnistía Internacional ha planteado hoy a los gobiernos del mundo el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para obrar mejoras concretas.

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar son puntos calientes que exigen una actuación inmediata en materia de derechos humanos.”

“La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace.”

El Informe 2008 de Amnistía Internacional pone de manifiesto, 60 años después de haber sido adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, que en al menos 81 países todavía se infligen torturas o malos tratos a las personas, que en al menos 54 se las somete a juicios sin las garantías debidas, y que en al menos 77 no se les permite hablar con libertad.

Irene Khan ha afirmado: “El año 2007 se ha caracterizado por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a atajar algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos, ya fueran arraigados conflictos o crecientes desigualdades que a tantos millones de personas están dejando relegadas.”

Amnistía Internacional advierte de que la mayor amenaza para el futuro de los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo colectivo.

La secretaria general de Amnistía Internacional continúa: “El año 2008 ofrece una oportunidad sin precedente a los nuevos líderes que acceden al poder y a los países que emergen a la escena mundial para fijar nuevas orientaciones y rechazar las políticas y prácticas miopes que en los últimos años han hecho del mundo un lugar más peligroso y dividido.”

Amnistía Internacional ha desafiado a los gobiernos a que establezcan un nuevo paradigma de liderazgo colectivo basado en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Y son los más poderosos quienes tienen que predicar con el ejemplo”, ha subrayado la señora Khan.

• China tiene que cumplir las promesas en materia de derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos y permitir la libertad de expresión y de prensa, y acabar con la práctica de la “reeducación por el trabajo”.
• Estados Unidos tiene que cerrar el campo de detención de Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos en procesos justos o ponerlos en libertad, y rechazar sin sombra de duda el uso de la tortura y los malos tratos.
• Rusia tiene que mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política, y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos contra los derechos humanos en Chechenia.
• La Unión Europea tiene que investigar la complicidad de sus Estados miembros en las “entregas extraordinarias” de personas sospechosas de terrorismo, y aplicar a sus propios miembros los mismos baremos en materia de derechos humanos que fija para terceros países.

Irene Khan ha advertido: “Los dirigentes mundiales se encuentran en estado de negación, pero el precio de su inacción es elevadísimo. Tal como demuestran Irak y Afganistán, los problemas que afectan a los derechos humanos no son tragedias aisladas, sino que actúan como virus que pueden infectar y propagarse con gran rapidez y ponernos a todos en peligro.”

“Los gobiernos tienen que demostrar hoy el mismo grado de amplitud de miras, coraje y compromiso que hace 60 años llevó a las Naciones Unidas a adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos.”

“Crece en las personas la exigencia de justicia, libertad e igualdad.”

Algunas de las imágenes más impactantes del año 2007 fueron de monjes en Myanmar, de abogados en Pakistán y de mujeres activistas en Irán.

La señora Khan concluye: “La gente, inquieta e indignada, no se quedará callada, y los dirigentes mundiales ignoran a la opinión pública, para su propio riesgo.”

NOTAS PARA LOS REDACTORES
1. La publicación del Informe 2008 de Amnistía Internacional, el documento de periodicidad anual en el que la organización analiza la situación mundial de los derechos humanos, coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y abarca en esta edición 150 países y territorios.
2. El Informe 2008 destaca las siguientes tendencias:
• Grupos armados y fuerzas gubernamentales utilizan impunemente a la población civil como objetivo.
• La violencia contra las mujeres es omnipresente.
• Se fomentan la tortura y los malos tratos como métodos aceptables de obtención de información.
• Se reprime la disidencia y se ataca a periodistas y activistas.
• Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes carecen de protección.
• Se niegan los derechos económicos y sociales.
• Se elude la responsabilidad social corporativa por abusos contra los derechos humanos.
3. Amnistía Internacional constata progresos en las últimas seis décadas, como la promulgación de determinadas leyes y el establecimiento de instituciones para la defensa de los derechos humanos, el apoyo creciente a los esfuerzos para que se ponga fin a la pena de muerte, y el procesamiento de algunos casos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad por parte de tribunales nacionales y cortes internacionales de justicia.
4. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
5. La “reeducación por el trabajo” es un sistema de detención punitiva que impone la policía en China por periodos de hasta cuatro años sin cargos, ni juicio, ni revisión judicial.

Suprema recibe 12 mil firmas en apoyo a reapertura de caso Víctor Jara.

Fuente: http://www.lanacion.cl , por Lesly Araya.

Hasta la oficina de partes de la Corte Suprema llegó ayer Joan Turner, viuda de Víctor Jara, para entregar las 12 mil firmas recolectadas en las últimas semanas en apoyo a la moción que busca la reapertura del caso por la muerte del cantautor chileno.

La entrega oficial de estos documentos se realizó en el marco de una manifestación que se inició a las 11 de la mañana en Plaza Brasil y que concluyó con actos culturales en el frontis del Palacio de Tribunales.

En una protesta pacífica organizaciones sociales, de trabajadores y políticos llegaron a manifestar su preocupación por la situación de este emblemático caso en el cual causó impacto que la investigación se cerrara sin identificar al autor material.

Los actos fueron simbólicos ya que el máximo tribunal no tiene incidencia en la indagatoria propiamente tal, ya que ésta se encuentra arraigada en la el ministro de fuero Juan Fuentes Belmar.

La viuda de Jara, junto a su hija ingresaron hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, para presentarle sus inquietudes y la necesidad de que “se haga justicia” como señala el “Manifiesto Justicia Para Víctor Jara, Justicia Para Chile”, el cual fue firmado tanto por chilenos como por la comunidad internacional.

Tras dos horas de permanecer en las afueras del recinto, quienes acudieron al acto se retiraron de forma pacífica entonando cánticos del cantautor chileno.

El golpe más grande a la represión. Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo.

Fuente: www.lanacion.cl

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. (Ver recuadro). También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias “El Elefante”, ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

 

Los 98 procesados por la Operación Colombo irán a Punta Peuco y Santiago I.

 Fuente: www.elcalarin.cl“Las primeras personas que recibamos en condición de detenidos van a ir ingresando al penal de Punta Peuco, que está especialmente destinado a personas que están procesadas o condenadas por violaciones a los derechos humanos y que tienen la calidad de ex uniformados”, explicó Maldonado.

Maldonado dijo que probablemente, debido a la gran cantidad de personas que serán notificadas, se exceda la capacidad de Punta Peuco “y haya algún número de ellas que tengan que ir a Santiago I”.

Esta última opción, según Maldonado, es “perfectamente” válida, ya que es una unidad penal de similares características a Punta Peuco en cuanto a seguridad.

El titular de Justicia recordó que los procesados tendrán derecho a pedir su libertad provisional, ya que este proceso de enmarca en el antiguo sistema judicial, “entonces probablemente así como es una situación masiva, uno puede estimar responsablemente que también es una situación transitoria”.

NOTIFICACIÓN DE JUEZ

El juez Víctor Montiglio notificará este martes a 98 personas, entre militares y civiles, por su presunta participación en la llamada Operación Colombo, denunciada como una maniobra comunicacional de inteligencia de la DINA en los primeros del régimen militar para encubrir la desaparición de opositores al gobierno.

Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de 40 ex miembros del Ejército, 30 ex Carabineros, 10 ex policías civiles, dos ex marinos además de ex miembros de la Fuerza Aérea de Chile y civiles, e incluso los porteros de los centros de detención de la DINA.

Las notificaciones se realizarían a partir de este martes en circunstancias que aún no han sido detalladas.

Según el Informe Rettig, el plan -también conocido como las listas de los 119- consistió en una “acción de desinformación” atribuida al organismo de inteligencia para explicar el destino de detenidos desaparecidos, dando cuenta de su muerte en enfrentamientos entre ellos supuestamente en Argentina y otros.

La maniobra comunicacional -añade el documento- culminó con la publicación de dos listas con los nombres de 119 chilenos desaparecidos en la revista argentina “Lea”, en un número único, y en el diario brasileño “Novo O Dia”, de aparición ocasional en Curitiba.

Por la Operación Colombo están procesados ex jefes y agentes de la Dina, entre ellos los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez (ex subsecretario de Guerra), y el brigadier (r) Pedro Espinoza, por el secuestro calificado de 47 personas, la mayoría de ellos militantes del MIR.

Santiago.- Al penal de Punta Peuco y Santiago I serán trasladadas las 98 personas, entre militares y civiles, que serán notificados por el juez Víctor Montiglio, por su presunta participación en la llamada Operación Colombo, denunciada como una maniobra comunicacional de inteligencia de la DINA en los primeros años del régimen militar, para encubrir la desaparición de opositores al gobierno. Así lo informó hoy el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, luego de participar en el comité político de La Moneda, que fue encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet.

En entrevista exclusiva publicada en El Clarin. José Aylwin habla de la necesidad de crear un Observatorio de Derechos Ciudadanos.

Fuente: www.observatorio.cl

 

En calidad de Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx) sobre indicadores de legislación indígena en Latinoamérica, las cifras son preocupantes y el “nuevo trato” de la presidenta Bachelet una vergüenza internacional.

 

Coyoacán, DF.- José Aylwin (1956) viajó por cuarta vez a México, después de exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la precaria situación y acoso del gobierno de Chile contra la comunidad mapuche. En calidad de Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx) sobre indicadores de legislación indígena en Latinoamérica, las cifras son preocupantes y el “nuevo trato” de la presidenta Bachelet una vergüenza internacional.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas coprodujo en 2007 –bajo la dirección de la cineasta María Teresa Larraín- el documental El juicio de Pascual Pichún, primer caso contra un campesino indígena en América víctima de la Ley Antiterrorista, la fabricación del delito es responsabilidad de Juan Agustín Figueroa (el mismo usurpador de la Fundación Neruda) y pronto distribuirán el DVD vía Internet; el acervo editorial del Observatorio.cl también ha publicado: El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato” (dossier coordinado por José Aylwin y Nancy Yáñez; LOM, 2007); Los mapuche ante la justicia (Eduardo Mella; LOM, 2007); Indebido proceso: juicios mapuche (coedición Human Rights Watch; 2004); así como un boletín de carácter semestral y la página web con reportes actualizados de prensa.

En exclusiva para Clarín.cl José Aylwin (abogado con magíster por la Universidad de British Columbia y vecino de las comunidades indígenas desde 1994 en Temuco) habla de la necesidad de crear un Observatorio de Derechos Ciudadanos: “La decisión está tomada. Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados –comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y los Derechos Humanos”

MC.- José ¿qué recapitularías de la presentación que hiciste del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en México?

JA.- Asistí a un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Fondo Indígena que tenía por objeto proponer indicadores relativos a derechos y desarrollo de pueblos indígenas que permitan la comparabilidad de los progresos que en esta materia existen en los distintos estados de América Latina. La presentación que realice trató de la experiencia del monitoreo de derechos de pueblos indígenas que realizamos en el Observatorio de Derechos de Pueblos indígenas en Chile. Aunque no hacemos uso sistemático de indicadores, compartí allí la experiencia de nuestro trabajo como ONG de promoción, documentación y defensa en materia de derechos indígenas, en el complejo contexto que viven los pueblos indígenas en Chile hoy. El trabajo en este ámbito se remonta al 2000 cuando conformamos un Programa de Derechos Indígenas en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (Temuco), en un contexto de conflictos territoriales crecientes que afectaron al pueblo mapuche. Posteriormente, a contar del 2004 seguimos desarrollando este trabajo desde la sociedad civil luego de la que la universidad nos impidiera tener una voz pública en estas materias. Somos un equipo de 15 personas que trabajamos en Temuco y Santiago, nos concebimos como un centro interétnico e interdisciplinario que trabaja por el reconocimiento y respeto de los derechos hoy internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, orientado por los lineamientos del derecho internacional.

MC.- Dentro de los indicadores internacionales ¿Chile estaría en último lugar en el trato a los pueblos indígenas?

JA.- Todo indica que Chile es uno de los países más rezagados de Latinoamérica en materia de derechos indígenas. Ello está determinado por dos situaciones. Por un lado existe un desconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y de sus derechos. Para la Constitución vigente, que data de 1980, el único pueblo es el chileno. Los esfuerzos por lograr tal reconocimiento jurídico después de 17 años no han prosperado. La legislación de 1993 tampoco reconoce a los pueblos indígenas, sino solo a las “etnias”. La misma no permite la participación política indígena, ni reconoce sus derechos territoriales frente a proyectos de inversión. No es casualidad entonces que Chile se ubique en los últimos lugares en el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas en la región, hecho incluso reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo. La legislación además ha demostrado insuficiencias graves para asegurar los derechos que establece. Su institucionalidad -la CONADI- está en crisis y no ha dado respuesta a las demandas de los pueblos indígenas. Por otro lado, la política pública del gobierno es dual; en lo medular la CONADI orienta sus esfuerzos a la compra de tierras para los indígenas en el mercado. Se trata muchas veces de tierras ancestrales de los pueblos indígenas, y que por efectos de la especulación, se tranzan hoy a valores 5 a 10 veces superior al de 1990. La CONADI más que la tierra, compra la resolución de un conflicto, por lo que debe pagar a sus actuales propietarios precios especulativos. Más allá de esta política pública sectorial, la apuesta central del Estado chileno –desde hace 15 años- ha sido la expansión de la economía global hacia territorios indígenas. Chile tiene una economía basada en la exportación de recursos naturales (minería, forestación y pesca, entre otras), los que se encuentran mayoritariamente en los territorios indígenas. Cuando los pueblos indígenas se han movilizado en defensa de sus territorios y sus derechos son amenazados por estos proyectos de inversión…

MC.- Viene proporcionalmente la criminalización de la protesta social…

JA.- En efecto, dicha criminalización se manifiesta a través de la utilización de la Ley Antiterrorista para perseguir judicialmente a los defensores de derechos de pueblos indígenas, en particular a los defensores mapuches. También se manifiesta en el uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de comunidades y de personas indígenas. Por ello hemos hablado de que en Chile las autoridades han impulsado una política dual, de “zanahoria y garrote”’ para los pueblos indígenas, por cuanto por un lado invierte recursos a favor de algunas comunidades que no desafían el modelo, y por otro, reprime a aquellas que luchan por sus derechos colectivos violados o amenazados por el mismo Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo, ubica a Chile en el lugar 20 de 21 entre los peores por su legislación indígena.

MC.- ¿La Ley Antiterrorista se aplica en otros países contra las comunidades indígenas?

JA.- El Relator de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen documentó la existencia de procesos de criminalización contra de estos pueblos en México, Colombia y Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la OEA), en el marco de los hechos posteriores a los atentados en contra de las torres gemelas (septiembre, 2001) manifestó su preocupación por la violación de Derechos Humanos como consecuencia de la aplicación de políticas antiterroristas en la región. La CIDH elaboró un informe sobre la materia en que condenó este tipo de violaciones de derechos humanos recomendando a los Estados americanos a respetar estos derechos en el contexto la lucha contra el terrorismo. Si bien Latinoamérica, Chile es el único caso de aplicación de Ley Antiterrorista en contra de los pueblos indígenas –desde 2003- sólo existe otro país donde recientemente se aplicó –en 2007- la Ley Antiterrorista en contra de los maoríes en Nueva Zelanda –uno de los 4 Estados que votó en contra de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas- frente a hechos de protesta social.

MC.- Y ahora que mencionas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cuál fue la respuesta del delegado de Bachelet ante la CIDH de la OEA? Cuéntanos qué pasó en Washington…

JA.- El pasado 10 de marzo asistimos a la CIDH acompañados por dos dirigentes mapuches: Adolfo Millabur (alcalde de Tirúa) y con Manuel Santander (del Consejo de Todas las tierras). Los representantes del gobierno de Bachelet que participaron de la audiencia negaron muchas de las violaciones de Derechos Humanos de las que dimos cuenta en la audiencia (homicidios y violencia física y sicológica en contra de mapuches imputables a los agentes del estado), o señalaron que el gobierno estaba adoptando distintas medidas para abordarlas. Al ser interrogados por los comisionados de la OEA, les solicitaron información sobre las acciones concretas que desarrolla el gobierno tanto en el ámbito administrativo como legislativo y judicial para poner freno a tales violaciones de derechos. Por ello solicitamos a la CIDH la realización de una misión “in loco” de observación de esta realidad en Chile, solicitud sobre la cual la CIDH aún no se pronuncia pero esperamos sea acogida.

MC.- ¿La presidenta Bachelet estaría dispuesta a invitar a la CIDH para una misión de observación sobre Derechos Humanos?

JA.- Pensamos que el gobierno de Chile no podría –sin un conflicto mayor- negarse a la misión de la CIDH o de la OEA al país, ya sería una paradoja muy grande para un Estado que ha suscrito y ratificado muchos tratados internacionales de derechos humanos, aunque en el mes de febrero ya se produjo una discusión en El Mercurio…

MC.- ¿El montaje periodístico del lobby de los mapuches en Europa?

JA.- Sí, se habló de la posibilidad de que viniese un observador y el Ministro del Interior dijo que no tenía problema, pero después de ver subrogantes, el vocero del gobierno se retractó, dijo que por ningún motivo, pues: “Chile es un país suficientemente maduro que no aceptaría a los observadores extranjeros”, es el mismo discurso que privó durante la dictadura.

MC.- ¿El Ministerio del Interior acusa de recibo a tus solicitudes en calidad de que eres hijo del ex presidente Patricio Aylwin? o ¿por lo hecho en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas?

JA.- Lo grave es que el Ministro del Interior no acusa recibo de nuestros reclamos, como ocurrió en el mes de febrero pasado fecha en que este negó haber recibido una denuncia de nuestra parte frente una situación de tortura en contra de mapuche en la localidad de Ercilla. Más allá de ese incidente, pienso que a algunas autoridades de gobierno les molesta que exista un referente de Derechos Humanos que tenga prestigio y resonancia internacional. Varios en el Observatorio tenemos una larga trayectoria en el trabajo de defensa de derechos humanos que data de tiempos de dictadura. Por otro lado, cuando hablamos, nuestra voz es documentada. Por lo mismo somos escuchados, aunque los medios de prensa tradicionales nos censuren.

MC.- ¿Qué falta para que el Estado recapacite en su afán de acosar sistemáticamente a la comunidad mapuche?

JA.- En la medida en que se multipliquen las voces que denuncien esta realidad, tanto dentro como fuera de Chile, en la medida en que se genere más conciencia de lo que está ocurriendo, habría más posibilidades de que se revierta la situación actual de hostigamiento del pueblo mapuche. Lamentablemente los medios de comunicación –impresos y electrónicos- en poco contribuyen dar a conocer lo que ocurre con los pueblos indígenas en el país. Por otro lado el gobierno ha desarrollado una política de represión de los movimientos sociales que hoy va mucho más allá del movimiento mapuche. Así en los últimos años diversos movimientos sociales – sindicales, estudiantiles, etc.- se han levantado en protesta de un modelo que los excluye. El derecho de manifestación esta severamente restringido en el país, hay que solicitar autorización para manifestarse, y esta muchas veces es denegada.

MC.- ¿Por qué la policía y las Fuerzas Armadas rebasan sus atribuciones?

JA.- La policía se pone al servicio de los grandes capitales, porque su actuar es absolutamente diferente tratándose de comunidades locales, que en poblaciones donde hay proyectos de inversión, la policía está entrenada para reprimir al débil, para defender el capital. Llama la atención, la incapacidad de las autoridades en su discurso público censuran –o dicen no estar de acuerdo con- un actuar abusivo, sin embargo cuando las autoridades tienen denuncias sobre violaciones de DD.HH. por parte de la policía, lejos de investigar las encubre; la verdad no veo la lógica de por qué las autoridades no fiscalizan –incluso administrativamente- a las fuerzas policiales. Fue un punto que preguntó la CIDH al representante del gobierno de Chile: ‘¿Qué acciones administrativas desarrolla el gobierno frente a las denuncias por violaciones de Derechos Humanos imputables a la policía?’ la excusa del gobierno es que rige aún la legislación militar; nosotros, en el Observatorio, hemos interpuesto querellas contra carabineros por sus violaciones de DD.HH. que involucra a civiles, la justicia militar da carpetazo a los casos presentados, es una herencia de la dictadura; pero ahora el Estado cuenta con mecanismos para solicitar información, para pedir sumarios administrativos, para que sean removidos funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de DD.HH. el Estado no hace función de su potestad.

MC.- ¿Qué dijo el representante del gobierno de Chile ante la CIDH?

JA.- Dio una respuesta muy ambigua, dijo que el gobierno había desarrollado varias acciones, entre otras iniciativas de capacitación a la policía en DD.HH; sin embargo no dio cuenta de acciones administrativas de fiscalización de abusos policiales. Tampoco habló de pasos concretos para poner término a la persistencia de la jurisdicción militar sobre causas civiles. Cabe recordar que el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado chileno a modificar su legislación para impedir la jurisdicción militar sobre causas que involucran a civiles. En la actualidad el gobierno de Bachelet no acata el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. La policía se siente impune y actúa impunemente.

MC.- ¿Hablamos de violaciones menores hasta el asesinato por parte de la policía contra los pibes mapuches Alex Lemún y Matías Catrileo?

JA.- No cabe duda, las violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos indígenas, que hemos denunciado nacional e internacionalmente, van desde el asesinato de jóvenes mapuche hasta la violación del derecho al debido proceso, pasando por abusos policiales, impunidad de delitos cometidos por agentes estatales en contra de mapuche. Todo ello en un contexto de conflictos generados por la expansión de la economía global hacia los territorios de los pueblos indígenas con el aval del gobierno. Mi percepción –y la comuniqué ante la CIDH- es que los agentes policiales del Estado se sienten con la autoridad para reprimir y violar DD.HH. puesto que administrativamente no son fiscalizados y judicialmente están blindados.

MC.- Finalmente, entiendo que el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas se extenderá a una ONG que prestará atención a los Derechos Ciudadanos, José ¿por qué el giro?

JA.- En Chile hay un déficit de ciudadanía muy marcado, la democracia es tremendamente restringida, tanto por las limitaciones a la participación política derivados del sistema electoral binominal, por la ausencia de una institucionalidad y cultura ciudadana, como por la exclusión económica de grandes sectores de la población. Por ello queremos asumir nuestro rol como ciudadanos, junto a otros movimientos sociales indígenas y no indígenas que hoy emergen en el país. Por otra parte los pueblos originarios, en particular los mapuches, son actores por sí mismos, tienen voz propia, y no queremos interferir con su autonomía y representación propia. La decisión está tomada. Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados – comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y los Derechos Humanos. Porque Chile es un país que se concibe asimismo como altamente globalizado, pero dicha globalización sólo se refiere al ámbito económico, a la inserción de Chile en los mercados globales, a los tratados de libre comercio, pero no toma en cuenta otras dimensiones como la cultural y la de los derechos humanos, ámbitos en que Chile tiene, como vimos, rezagos significativos. Queremos contribuir a generar conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia mas real, más inclusiva para todos los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto de los pueblos indígenas. Queremos formar arte de los movimientos que hoy abogan por una asamblea constituyente, para que se puede refundar un sistema político que parece asfixiado, en que el monopolio de la representación política la tienen solo dos sectores, en que los jóvenes no participan, en que la diferenciación económica social es cada vez más fuerte, y como consecuencia de ello, la violencia se extiende.