Diputados PS piden reabrir comisiones Valech y Rettig

Para los parlamentarios socialistas Alfonso de Urresti y Juan Bustos, el hallazgo de restos óseos de los desaparecidos de Paine deja en claro la necesidad de que el Instituto de Derechos Humanos reabra las comisiones Rettig y Valech.

“La postura del PS siempre ha sido buscar el paradero de los detenidos desaparecidos”, señaló de Urresti y agregó que “por lo mismo, se hace indispensable que el Instituto de Derechos Humanos retome las comisiones Valech y Rettig. Necesitamos continuar en la búsqueda de la verdad y la justicia en estos casos”.

Para el diputado Bustos el hallazgo “no se habría logrado jamás si no existieran procesos pendientes y no se estuvieran llevando a cabo investigaciones acuciosas, por parte de jueces especializados en este ámbito”, afirmó.

Los legisladores PS hicieron estas declaraciones en el marco de la discusión que abrió la tramitación en el Congreso del Instituto de Derechos Humanos, que tras su paso por el Senado fue despojado de la facultad de recurrir a los tribunales de justicia en caso de nuevos antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

Bustos destacó que este nuevo hallazgo es “fruto de la perseverancia de organizaciones e instituciones de derechos humanos que llevan años insistiendo para lograr justicia y verdad”.

La Nacion.cl

La Moneda defiende ingreso a consejo DD.HH. pese a impugnación de 34 organizaciones

Ministro Viera Gallo atribuyó a la derecha los tratados internacionales pendientes, como critican 34 organizaciones ciudadanas y derechos humanos que plantearon hoy su objeción a la candidatura chilena al Consejo ONU.

El optimismo del gobierno por el ingreso al consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió un balde de agua fría luego de la declaración de 34 organizaciones que cuestionaron la candidatura chilena a la instancia.  

Amnistía Internacional Chile, Oxfam, Corporación Humanas, Codepu, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, entre otras aparecen entre las firmantes de una inserción publicada hoy en La Tercera, en donde plantean su objeción a la postulación nacional fuertemente impulsada en Nueva York, en el marco de la reciente 62ª Asamblea General de la ONU.  

Los organismos subrayaron que “para poder mirar a la comunidad internacional con la frente en alto”, el Estado de Chile debe “ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos pendientes para poder integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.  

Sin embargo, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, fue enfático en que “el gobierno de Chile tiene las cartas más en regla que algunos países que son parte de ese consejo”, y si bien admitió que hay tratados internacionales pendientes, responsabilizó de ello a la oposición.  

“Es verdad que en Chile tenemos pendiente en el Parlamento la ratificación de varios tratados importantes: convención contra la desaparición forzosa de personas, convención que declara  imprescriptible los crímenes de lesa humanidad, protocolo facultativo de la convención de la tortura y sobre todo, la adhesión de Chile a la Corte Internacional Penal. Pero ese debe no está en manos del gobierno. Eso hasta ahora ha sido un problema por la actitud de la oposición”, indicó.  

Recordó que “nosotros hemos colocado urgencia a todos estos tratados que están pendientes en el Congreso”, pero aprovechó de hacer un llamado a la Alianza por Chile a concurrir con sus votos para sacar adelante otros proyectos, comenzando con el convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas, el cual debe ser visto a la vuelta del receso parlamentario.  

“Esperamos que la oposición esta vez pueda votarlos favorablemente para que un legado de este gobierno sea no sólo el Instituto de Derechos Humanos, sino que también la plena adhesión de Chile a la estructura internacional que protege y resguarda y promueve los DDHH”, indicó el ministro de la Presidencia.  

Consultado si le sorprende que entre los detractores aparezca el grupo de Villa Grimaldi, el ministro reiteró que “esas organizaciones debieran dirigir sus críticas a quién corresponde y sin duda el gobierno de Chile no puede ser blanco de esas críticas”.

La Nacion.cl

Ministro Viera-Gallo postulación de Chile al Consejo de DDHH

El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, aseguró este jueves que el Gobierno “tiene todas las cartas en regla” para postular al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Lo anterior, luego que un grupo de organizaciones publicaran una inserción de prensa en la cual objetan la candidatura de Chile a la instancia de la ONU.

El titular de Segpres afirmó que si bien falta por ratificar acuerdos internacionales en materias de las garantías fundamentales, aclaró que esto se debe principalmente a la objeción de la Alianza para apoyar estos tratados en el Congreso.
TNV.cl

OPINIÓN: Participación en el Consejo de Derechos Humanos

La Presidenta ha prometido en la ONU que Chile “promoverá con fuerza el respeto universal de los Derechos Humanos”. Agregó que “la creación de un orden internacional más justo y más humano sólo será posible si ponemos en el centro del debate el respeto a la dignidad de la persona humana” y aseguró al mundo que “en Chile trabajaremos no sólo para mejorar nuestras prácticas y legislación interna, sino también promoveremos la consolidación de los Derechos Humanos junto con el desarrollo económico, social, la paz y
la seguridad”.

Nadie duda de las buenas intenciones de la Jefa de Estado en la materia, pero hasta ahora su Gobierno no ha hecho todos los esfuerzos necesarios para ubicar al país en el plano de respeto a los Derechos Humanos anunciado. Los logros que Chile exhibe  en el último tiempo los ha materializado el Poder Judicial, logrando la sanción de algunos violadores y al extraditar a Fujimori.

La Presidenta debe hacer realidad sus promesas y, para eso, es necesario que su Gobierno ratifique los instrumentos internacionales pendientes; que se derogue completamente la pena de muerte; que la Justicia Militar extinga toda jurisdicción sobre civiles; y se ponga término a toda forma de discriminación (en particular contra los pueblos indígenas, impidiendo la calificación como “conductas terroristas” de sus actos de protesta o demanda social.

Entonces, la Presidenta podrá volver a la ONU habiendo puesto a Chile en el sitial que le corresponde y demostrando que este Gobierno cumple sus promesas.

Leonardo Aravena A.
Coordinador de Justicia Internacional
Amnistía Internacional – Chile

Bachelet promete en la ONU reforzar la consolidación de los Derechos Humanos

NUEVA YORK.- Al intervenir en la sesión plenaria de la 62° Asamblea General de Naciones Unidas, la Presidenta Michelle Bachelet prometió que Chile “promoverá con fuerza el respeto universal de los derechos humanos” y trabajará para consolidarlos, refozando así la candidatura del país para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a partir del próximo año.

Con un tono enérgico, la Mandataria dijo que “la creación de un orden internacional más justo y más humano sólo será posible si ponemos en el centro del debate el respeto a la dignidad de la persona humana”.

Tras ello, prometió que “en Chile trabajaremos no sólo para mejorar nuestras prácticas y legislación interna, sino también promoveremos la consolidación de los derechos humanos junto con el desarrollo económico, social, la paz y la seguridad”.

De esta manera y bajo la atenta mirada del canciller Alejandro Foxley, la Jefa de Estado formalizó la candidatura chilena en búsqueda de los 97 votos necesarios para obtener uno de los tres cupos disponibles para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hoy disputa con Argentina, Brasil y Venezuela.

Siguiendo esa línea, recordó que los derechos humanos han estado “en el centro de la historia reciente de Chile”, por lo que para sus ciudadanos “no hay lugar distante ni situación ajena cuando se trata de proteger la vida y la dignidad de las personas”.

El Mercurio Online

OPINIÓN: Instituto Nacional de Derechos Humanos

Chile no puede constituirse en un espacio donde se promueva la impunidad. La verdad y la justicia son las banderas que ante las violaciones de los derechos humanos han enarbolado de modo permanente las organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto para la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos no deja de sorprendernos en su estado actual. Comenzado en mayo de 2005, el proceso de esta iniciativa ha registrado una serie de modificaciones que la habían ido perfeccionando y que incluían (aunque de manera muy escueta) la participación de algunos organismos de derechos humanos hasta que llegó a la comisión ad hoc conformada por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Chadwick (UDI) y fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la cámara alta.

Los cambios introducidos en el proyecto son gravísimos y le hacen perder la esencia de esta institución, como es, determinar que se encuentre sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Justicia, porque ¿cómo se puede garantizar su independencia? Existen además aspectos que han quedado fuera por “olvido u “omisión” y de hecho ellos hacen retroceder del estado actual en que nos encontramos en materia de derechos humanos. ¿Qué sucede con las acciones penales que hay que interponer o se encuentran pendientes por casos de violaciones de los DDHH ocurridos durante el período de la dictadura? En la
actualidad, desempeña un papel importante el Programa de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior respecto de las acciones destinadas a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición y muerte de las personas que hasta hoy figuran como detenidas desaparecidas o de ejecutados políticos cuyos restos no han sido ubicados.

Este grupo de víctimas ya resulta reducido (de hecho no considera a quienes se califican como ejecutados políticos, cuyos restos sí han sido ubicados), pero con las modificaciones del actual proyecto del Instituto Nacional de DDHH que reemplazaría en este aspecto al programa del Ministerio del Interior, se quedarían sin defensa, porque la facultad de hacerse parte en estos procesos y de ejercer acciones y presentar querellas respecto de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y guerra fueron excluidas.

¿”Olvido” u “omisión”? Chile no puede constituirse en un espacio donde se promueva la impunidad.

La verdad y la justicia son las banderas que ante estas graves violaciones de los derechos humanos han enarbolado de modo permanente las organizaciones de la sociedad civil y que constituyen los pilares básicos de esta construcción de una sociedad que queremos promotora y defensora de estas garantías. Esperamos, entonces, que este “olvido” frente a un pueblo que sí tiene memoria, se repare de manera de seguir con la persecución de las responsabilidades penales de los violadores de los derechos humanos y poder avanzar reconociendo nuestra historia.

* Patricia Albornoz, directora del Departamento de DDHH de la Facultad de Derecho de la U. Central

La Nacion.cl

Gobierno reimpulsará proyecto sobre voto de chilenos en el exterior

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, informó que el Gobierno reimpulsará en el Senado el proyecto que otorga el derecho a sufragio a los chilenos residentes en el exterior, a través de una indicación sustitutiva a una iniciativa de ley que el entonces diputado Carlos Dupré (DC) presentó en 1991 y que fue aprobada por la cámara baja.

El proyecto modifica la ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios y establece que en las elecciones para Presidente de la República podrán ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos chilenos que residan fuera del territorio nacional y que se encuentren inscritos en registros especiales. El texto ingresó a la cámara en enero de 1991(Boletín 268- 07) y fue aprobada en general y particular en marzo de 1994. Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

El titular de la Segpres explicó que la indicación reconoce el derecho a voto de todos los chilenos que viven en el extranjero y nombra a los cónsules como encargados de establecer mesas receptoras de sufragios en las principales representaciones diplomáticas del país. Un proyecto con similar objetivo, presentado por al diputada Isabel Allende, fue rechazado por la Sala de Diputados en mayo último.

El aspirante presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, comunicó el fin de semana su disposición a impulsar esta iniciativa, aunque amarrada a un cambio en la nominación de los embajadores. Al respecto, Viera-Gallo resaltó que “una cosa no guarda relación con la otra. El sistema de nombramientos de embajadores se va a discutir en el marco de la modernización de la Cancillería que prepara el ministro Alejandro Foxley. Y, por tanto, no se puede condicionar al reconocimiento del voto de los chilenos en el exterior”.

Afirmó que el Gobierno supone que el planteamiento de Sebastián Piñera es fundado y serio, “y que compromete a Renovación Nacional y seguramente más allá de RN. De esta forma se abre un espacio para una discusión seria y constructiva en el Senado. Se entreabrió una puerta y vamos a hacer lo posible para que se abra de verdad: este es un derecho que a nuestro juicio ya está consagrado en la Constitución”.

El Mostrador.cl

Diputados PPD afirman que el proyecto de Instituto de DDHH se “desnaturalizó”

Los parlamentarios describieron una serie de aspectos frente a los cuales las bancadas de la Concertación discrepan de cambios al proyecto formulados en el Senado.
 
Al considerar que luego de ser aprobado en el Senado el proyecto de creación del Instituto de Derechos Humanos se ha “desnaturalizado”, los diputados del PPD Antonio Leal y Tucapel Jiménez informaron ayer que existe un acuerdo entre los parlamentarios de la Concertación en la cámara baja para intentar reponer en una comisión mixta las atribuciones que le fueron recortadas al ente en el Senado.

De este modo, Leal y Jiménez insistieron en su rechazo al acuerdo que alcanzó el ministro José Antonio Viera-Gallo con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) para dar viabilidad -en la interpretación del secretario de Estado- a la formación de la nueva dependencia estatal.

“Por lo tanto, el actual proyecto no es vinculante para la Cámara de Diputados, porque nosotros aprobamos un texto que tiene que ver con un tipo de Instituto de Derechos Humanos que desgraciadamente desde el punto de vista de algunos elementos fundamentales, se ha desnaturalizado en lo antes acordado”, afirmó Leal.

Entre los aspectos más relevantes -según los legisladores- está la idea de reponer la facultad que se le otorgaba al instituto de iniciar acciones legales y que éste pudiera hacerse parte en las querellas por violaciones de los derechos humanos. Esta facultad eliminada en el Senado está en la base del rechazo de los diputados de la Concertación.

La gravedad de eliminar esta atribución, según explicó Leal, es que no existiría ningún organismo que representara a las víctimas. De acuerdo con el diputado, esto le fue incluso reconocido por Viera-Gallo, que también se manifestó dispuesto a revaluar la posibilidad de que el instituto pueda recuperar facultades judiciales.

Leal y Jiménez plantearon que otra de las situaciones que “debilita” al instituto es el hecho de que en su consejo consultivo no está suficientemente representada la sociedad civil. Ambos indicaron que en el texto aprobado en la Cámara de Diputados la sociedad civil tenía los mismos derechos que el resto de los consejeros, lo que se modificó en el Senado.

Otro factor criticado por los legisladores pepedeístas es que el proyecto aprobado en el Senado deja afuera a la comunidad internacional, ya que el instituto, que debe elaborar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, ha quedado sin la obligación de remitirlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a Naciones Unidas. Los parlamentarios advirtieron que en la cámara baja sí se incluyó a la comunidad internacional.

Asimismo, Leal y Jiménez cuestionaron el hecho de que el proyecto emanado del Senado haya excluido de las atribuciones del Instituto de Derechos Humanos la cuestión de la discriminación. “Esto nos parece una aberración y así se lo hemos comunicado al ministro Viera-Gallo, porque las grandes violaciones de los derechos humanos después de las dictaduras son precisamente las discriminaciones tanto raciales o de género, por ejemplo”, explicó el diputado Leal.

Después que las bancadas de la coalición gubernamental decidieran la semana pasada dejar sin piso la negociación que hilvanó Viera-Gallo con los senadores aliancistas Chadwick y Espina, éstos han criticado fuertemente la posición de la Concertación, al haber desconocido un acuerdo para el cual ellos entendían que tenía mandato. De hecho, ha trascendido que la propia Presidenta Michelle Bachelet, que se reunió con la AFDD el jueves 13, no estuvo de acuerdo con el pacto que hizo Viera-Gallo y habría solicitado enmendarlo.

Sin embargo, tanto en RN como la UDI son partidarios de votar favorablemente el
entendimiento y rechazan que el instituto tenga atribuciones judiciales.
La nacion.cl

Visiones disímiles cruzan a senadores oficialistas por proyecto que crea

Mientras unos senadores apuestan a aprobar la iniciativa como sea, otros rechazarán de plano el proyecto si la comisión mixta no repone la facultad, pues -argumentan- un instituto que no pueda tomar acciones legales sería una tomadura de pelo.

La negociación del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, de eliminar del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos la posibilidad de que éste se querelle en casos de derechos humanos, entrampó su avance en el Congreso.

El costo de la negociación no sólo generó repudio en el mundo de los derechos humanos, sino que también entre los parlamentarios oficialistas, en especial en los diputados que criticaron duramente al Senado.

De ahí que, en la Concertación, hayan surgido visiones disímiles sobre la iniciativa legal. Consciente de que la Alianza no aportará con sus votos si el Instituto puede iniciar acciones legales, el senador DC Jorge Pizarro explica que si dicha facultad no se repone en comisión mixta, de todas maneras se debe aprobar la formación de este organismo, pues “es mejor eso que nada”.

Una posición más de consenso es la que defiende el también senador DC, Mariano Ruiz Esquide, quien apuesta por explorar una “fórmula intermedia”. “Creo que una forma de salvar este obstáculo es permitir que el Instituto de Derechos Humanos se pronuncie sobre nuevos casos de detenidos desaparecidos, pero que sea un tercero quien tenga la facultad de querellarse para iniciar la investigación”, afirmó Esquide.

A su juicio, la derecha -que se mantiene inflexible frente al tema- debería posibilitar la participación de terceros y agrega que en muchos proyectos la Concertación ha tenido que usar la persuasión para conseguir los votos de la oposición, por lo que ésta no será la excepción. De lo contrario, el proyecto en cuestión “quedará estancado”.

Ruiz Esquide declinó precisar si estaría dispuesto a aprobar el proyecto sin que el instituto cuente con la facultad de querellarse, pues insistió en que “nunca doy por perdida una pelea, hasta que la pierdo”.

Rechazo

Posiciones más radicales son las que asumieron los senadores del PS, Carlos Ominami y el PPD Roberto Muñoz Barra. El legislador socialista aclara que estuvo ausente el día en que el Senado eliminó la facultad del Instituto para iniciar acciones legales, por lo que no se siente partícipe de dicha determinación, aunque -de todas formas- precisa que no lo habría permitido.

En este sentido, Ominami advierte que resulta contradictorio que mientras Chile se erige en el concierto internacional como una nación defensora de los derechos humanos, por otro lado se esté limitando la búsqueda de la verdad.

“Creo firmemente que se cometió un error y espero que se generen los acuerdos para reponer dicha facultad, porque -de lo contrario- soy partidario de no posibilitar la aprobación del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos”, comentó.

Si bien advierte que no hay que ponerse en el peor de los escenarios, insiste en que “las prerrogativas que debe tener una institución como la que se busca crear, deben ser resguardadas”.

De ahí que reafirma que los consensos que el Gobierno ha ido buscando en este tema son “inútiles”.

Para el senador PPD Roberto Muñoz Barra, en tanto, éste es un tema “demasiado sensible” como para no darle la seriedad y transparencia que requiere.

Sin rodeos, recalca que “si se está buscando crear una institución maquillada y que no va a tener la eficacia que se requiere, no es conveniente legislar al respecto”.

Asimismo, replica que éste es un excelente momento para que todos los sectores “salgan al pizarrón”. Por ejemplo, estima que “la derecha debe dar demostraciones concretas de que le ha perdido el temor al pasado”, apuntando a que si la Alianza quiere ser consecuente, debería aprobar la idea de que el Instituto de Derechos Humanos pueda querellarse.

“Soy prudente y realista. Si se crea un instituto que no podrá iniciar acciones legales, no servirá para los fines que fue concebido. En este caso, no pasaría de ser más que una tomadura de pelo”, aseveró al tiempo en que precisó que se debe tener muy presente que este es un tema “eminentemente ético”.

La Nacion.cl

Gobierno impulsa en el Senado convenio que reconoce a pueblos indígenas

Acuerdo de la OIT, que está en el Congreso desde 1990 para su ratificación, aborda puntos como reconocimiento de etnias y sus derechos a la tierra. Subsecretario de Mideplan afirma que disposiciones son perfectamente constitucionales y están en la línea del respeto a la institucionalidad.

Durante los últimos días se han registrado hitos importantes en materia de pueblos originarios: la Asamblea de la ONU aprobó la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, mientras que en Chile ingresó a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado la ratificación del convenio 169 de la OIT, que entre otras cosas hace un reconocimiento de los pueblos aborígenes y de los derechos a la tierra.

Se trata de un proyecto cuya tramitación ha resultado larga y complicada. De hecho, ingresó al Congreso en 1990 y recién en abril de 2000 fue aprobado por la Cámara de Diputados. Posteriormente, los parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que si bien desechó el reclamo, estableció que se requiere quórum calificado para su aprobación.

Así se abre un difícil periodo de debate en el Senado. En ese marco, el subsecretario de Mideplan, Gonzalo Arenas, desdramatiza los alcances de la aplicación del convenido, puntualizando que le da un marco jurídico a lo que actualmente se está haciendo en Chile en materia indígena.

-¿Qué significa para Chile este convenio de la OIT?
-Son tres cosas importantes. Lo primero es tener un instrumento a la altura de lo que son los desafíos que Chile tiene como país moderno, desarrollado, donde tiene que integrar a los pueblos originarios que le aportan tanto en cultura, en materia de tradiciones. Aquí estamos haciendo un reconocimiento a aquella fuerza que tiene parte importante de nuestra población, estamos hablando de más de un millón y medio de personas que efectivamente se sienten identificados con un pueblo originario y que naturalmente tiene que tener estos derechos muy explicitados. Lo tercero tiene que ver con lo que hace un
país que quiere efectivamente estar integrado al mundo y estar integrado al mundo significa tener una voz muy activa en materia comercial, en materia de inversión, pero también en el cumplimiento de lo que son los compromisos con los pueblos originarios.

-¿Cómo se evalúa internacionalmente la manera en que está abordando Chile el tema de los pueblos originarios?
-Esto es muy valioso, porque efectivamente en todos los países del mundo a partir de este convenio, se pone en evidencia de que los pueblos originarios juegan un gran rol, y por lo tanto los países lo observan con mucha seriedad, aquellos países que son capaces de cumplir con los compromisos, sobre todos los que tienen población originaria importante, son capaces de incorporar en su propia legislación interna, lo que significa el respeto con los pueblos originarios.

-¿Chile ha ingresado un poco retrasado a la discusión sobre la situación de los pueblos originarios en comparación con otros países latinoamericanos?
-En esto la Presidenta Bachelet ha sido clara y categórica en el sentido del compromiso que ella tomó el 5 de abril pasado con los pueblos originarios. El tema de la profundización de la democracia y el reconocimiento de los derechos, tiene ahí un rol central y esencial porque efectivamente creemos y la Presidenta así ha sido clara en afirmarlo, de que acá nosotros tenemos una riqueza importante, tenemos un grupo importante de ciudadanos que forman parte de estos pueblos originarios. En las políticas públicas nosotros hemos
avanzado de manera muy importante en materia de lo que es restitución de tierras, en los programas de acompañamiento para efectivamente poder tener en verdad la capacidad de que puedan emprender. Hemos tenido una política pública muy activa, hemos puesto muchos recursos a disposición para que los pueblos originarios efectivamente puedan desarrollarse y estar integrados a nuestra sociedad.

-En 1990 ingresó este convenio al Congreso para su ratificación ¿Por qué ha demorado tanto este proceso?
-Chile en esto es necesario que avancemos más rápido, esto viene del año 89 cuando esta convención empieza a implementarse por parte de la OIT. Chile inmediatamente retornada la democracia, automáticamente incorpora a la discusión el tema del reconocimiento del convenio 169, pero junto con ello inicia toda una política hacia los pueblos indígenas que quedaron expresado en la creación de una institucionalidad que es Conadi, en la creación de programas especiales que van en apoyo y en soporte de lo que son las iniciativas del mundo indígena, y junto con ello requiere que también su legislación tenga que cambiar. La demora yo creo que también es porque aquellos que creen que el país tiene que ser segregado, que tenemos algunos sectores de la población que no forman parte; yo creo que esta es una de las demostraciones de que nosotros tenemos que ser capaces de que efectivamente respetamos y queremos que los pueblos originarios estén muy integrados a la vida nacional, y de esa manera tengan derechos explícitos que le reconocemos nosotros en nuestra carta fundamental.

“No tiene ninguna colisión con nuestro aspecto jurídico”

-¿Cuáles son los principales puntos de discusión que han causado que se haya demorado tanto el debate?
-Yo creo que la miopía permanente de la oposición en no querer jugar un rol verdaderamente como corresponde a un país moderno, en lo que es la política con los pueblos originarios. Si nosotros creemos que queremos un país modernos, organizado, nuestro compromiso es también incorporar a estos grupos.
Y naturalmente la derecha se opone porque su visión no es lo amplia que este
país requiere y que este país necesita.

-¿Hay puntos específicos que ellos han pedido que se cambien?
-Ellos siempre han hecho cuestión de la constitucionalidad de este convenio y ya el Tribunal Constitucional se pronunció muy clara y explícitamente de que no tenemos ningún problema de constitucionalidad y por lo tanto, las disposiciones que nosotros vamos a incorporar una vez aprobado este convenio, son perfectamente constitucionales y están en la línea del respeto a nuestra institucionalidad.

-En el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, sus críticos sostienen que ello llevaría a establecer una nación dentro de otra nación.

-El convenio no dice eso, lo que dice es que hay que reconocer las características propias de un mundo que tiene una cultura, una historia, una tradición. No tiene ninguna colisión con lo que es nuestro aspecto jurídico, sino que al contrario, le da más fuerza y potencia más a un país como el nuestro el tener incorporado con plenos derechos a nuestras etnias.

-¿No es reconocer una nación dentro de la nación?
-No.

-¿Qué significa para los pueblos indígenas ser reconocidos?
-Significa que toda la política indígena que nuestro país está llevando adelante y que hoy día se expresa en la institucionalidad, en los financiamientos, en programas para diferentes actividades, junto con ello, que vaya de la mano esta política explícita, con un reconocimiento específico en lo que es el nivel de nuestra institucionalidad jurídica, que es lo que requiere para que efectivamente seamos coherentes entre lo que nosotros
pensamos que tiene que tener derecho estos pueblos y la realidad de lo que nuestra legislación recoge.

-En el tema del derecho a la tierra ¿esto puede traer algún conflicto con la propiedad actual de terrenos?
-No, de ninguna manera, porque en nuestra legislación y en la Conadi, el consejo de la Conadi ha ido sistemáticamente invirtiendo en la compra de tierras que son reconocidas a través de un procedimiento establecido en la propia legislación, y que permite ir incorporando de manera paulatina y sistemática lo que eran los territorios ancestrales, reconocidos por títulos de merced, que efectivamente hoy día forman parte y de hecho, la Conadi está comprando activamente los territorios, por lo tanto no es un problema de que
aquí vaya a encenderse un conflicto porque están incorporando el derecho a la tierra como un derecha natural que tienen estos pueblos originarios.

-¿Entonces esto no produciría conflicto de propiedad?
-No trae ningún problema, al contrario, lo que hace es darle el marco jurídico a esto que ya estamos haciendo de acuerdo a nuestra legislación interna.

-¿Cómo abordarán el trabajo con los senadores de oposición teniendo en cuenta que la ratificación del convenio requiere de quórum calificado?
-Lo importante es que ya se puso en tabla en la comisión de RR.EE. del Senado ya se realizó la primera sesión durante el transcurso de esta semana, hay una segunda sesión para el mes de octubre para invitar a un periodo de consultas, de aclaraciones, de participación de los actores principales, para conocer en profundidad la opinión de los sectores originarios, como también de instituciones académicas, o de otro tipo que quiera participar en esta conversación, de tal manera que lleguemos a una votación en el Senado lo más informada y lo más clara posible respecto a lo que son las diferentes posiciones que significa este convenio.

-¿Cuándo será votado en la sala?
-Depende de la celeridad con la cual se realice la discusión en la comisión, pero nosotros creemos que por lo menos debiera dedicarse un tiempo importante en lo que resta de este año al trabajo en comisión, para que efectivamente veamos todas las bondades que significa que Chile ratifique esta convención que otorga el pleno reconocimiento a nuestros pueblos originarios.

-¿Hay alguna meta de cuándo podría ser ratificado el convenio?
-El compromiso de la Presidenta es que esto se transforme lo más rápidamente en ley y suponemos que durante 2008 esto debería ser, esperamos, una realidad.

El Mostrador.cl
por Alejandra Araya Brañes

ONU da ultimatum a Chile en materia de pueblos indígenas

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, tras dos décadas  de negociaciones, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas dando así protección de 370 millones de personas que de alguna u otra manera pertenecen a etnias vulnerables en todo el mundo.Con 143 votos a favor, once abstenciones  y cuatro votos en contra, siendo estos de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, el documento es el primero en reconocer la libre y auto determinación de derechos ancestrales indígenas; derecho a la concepción, desarrollo y promoción de procesos indígenas  por sobre las legislaciones nacionales.

La declaración de 46 artículos establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo  la propiedad de sus tierras,  a los recursos naturales que se encuentren en ellas y protección de los mismos, además de la preservación de su cosmovisión. El documento también reconoce derechos individuales, y colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo.

Esta declaración es uno de los hitos más importantes  de los últimos cincuenta años en la historia indígena a nivel mundial. En este sentido el estado chileno  deberá fortalecer  los derechos de los pueblos originarios y dar garantías de ello, modernizando y mejorando la legislación vigente.  Así mismo deberá actualizarse y poner se a la par de las legislaciones existentes a nivel mundial, para lo cual deberá modificar y acondicionar las políticas públicas, tanto a nivel nacional, regional y comunal.

La ONU por medio de su secretario general, Ban Ki-moon, acogió con beneplácito la adopción del documento, la cual calificó como un triunfo para todas las comunidades indígenas del mundo.

En un comunicado, afirmó que se trata de un momento histórico en el que los Estados Miembros de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con sus dolorosas historias y han demostrado su disposición de avanzar juntos por el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos. De esta manera instaron a los gobernantes a aplicar las recomendaciones del documento para realzar la identidad cultural y preservación de los pueblos.

Diego Carrasco, Director ejecutivo de OCIM, Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes en Chile calificó esta declaración de “un verdadero triunfo ya que junto con la noticia de este hecho histórico se había conocido en agosto recién pasado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Estado de Chile sobre las medidas que se han adoptado para la protección de la comunidad indígena Mapuche Huilliche  Pepiukelen”.

Esta comunidad ubicada en la comuna de Calbuco, en la localidad de Pargua en la X región, está siendo investigada por la CIDH luego que sus miembros denunciaran ante la instancia internacional, una serie de amenazas y hostigamientos en contra de los dirigentes de la comunidad, específicamente en contra de Francisco Vera Millaquén, quien actualmente es Werkén de la comunidad.

Vera Millaquén junto a su familia y miembros de su comunidad han tenido que soportar una serie de vejaciones y ser testigos de  como sus tierras ancestrales, las que sumaban más de cuatrocientas hectáreas, se han reducido a menos de 3,5 Hta.

 “Por medio de engaños del Estado y las industrias las han perdido e instalado en ellas instalado cinco plantas de harina de pescado”, en las cercanías de Pargua, décima región.

El Werkén Francisco Vera Millaqúen se mostro muy satisfecho con la recomendación, pero indica que desconfía del estado de Chile y agrega que habrá que tener mucho cuidado, ya que “harán de todo-el Estado- para evadir esta medida, como es costumbre”.

El Estado chileno tiene solo treinta días, hasta el 22 de septiembre de 2007, para responder esta ineludible recomendación e informar a la CIDH.

Este importante e histórico precedente tiene gran relevancia, por cuanto en el mes de marzo del presente año el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas recomendó expresamente a Chile el reconocimiento de las tierras ancestrales, la consulta de los pueblos indígenas en el caso de inversiones en sus territorios y el cese de persecuciones en contra de los dirigentes.

 Carlos Gutierrez, X Región

Difusión y recolección de firmas en el Metro

Martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de septiembre, 11:00 a 14:00
Metro de Santiago (se indicará la estación el viernes 21)
Difusión de las propuestas de la Agenda y recolección de firmas.
Si quieres ayudar contacta a bfont@amnistia.cl