CHILE: La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su seria preocupación por la integridad personal de siete prisioneros líderes y comuneros mapuches, en huelga de hambre desde el 10 de octubre de 2007

Ginebra, 30 de octubre de 2007. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los comuneros mapuches Sres. Jaime Marileo Saravia, José Millalen Milla, Héctor Llaitul Carrillanca, José Huenchunao Mariñan y la activista Sra. Patricia Roxana Troncoso Robles, quienes mantienen una dura huelga de hambre desde hace 20 días, detenidos en la prisión de Angol.

En el Gobierno hay preocupación por lobby en contra de postulación a Consejo de la ONU: Lagos Weber dialoga con entidades de DD.HH. tras veto a Viera-Gallo

El jueves 13 de septiembre llegaron hasta el despacho de la Presidenta Michelle Bachelet, en La Moneda, las principales dirigentas de las agrupaciones de derechos humanos.Junto con coincidir en la condena por la muerte del cabo Cristián Vera en una de las protestas por el aniversario del 11, las líderes de las organizaciones, entre ellas Lorena Pizarro, Mireya García y Viviana Díaz, se quejaron ante la Mandataria por el rol del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, en la aprobación en el Senado del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos.

Tal fue la molestia expresada -centrada en que el secretario de Estado para conseguir los votos de la Alianza validó restarle al instituto la capacidad de emprender acciones legales en contra de quien atente contra los derechos fundamentales- que, según se supo, Bachelet terminó aceptando la petición de las dirigentas de despojar a Viera-Gallo de su rol de interlocutor con las entidades y asignar esa misión al ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber.

Ya el día anterior a la cita con las dirigentas, tras varios días de ausencia por su gira a Japón y Australia, Bachelet, en el marco de una reunión con el Comité Político, abordó la situación del instituto, expresándole a Viera-Gallo su descontento por los resultados.

Con la determinación ya tomada, Lagos Weber debió retomar las conversaciones con las agrupaciones. De hecho, el viernes último llegaron hasta su oficina en palacio las principales líderes para precisamente conversar sobre la materialización final del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, obviamente, con la atribución de iniciar acciones legales.

En la cita, además del ministro portavoz, participaron el subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, y la asesora presidencial en derechos humanos, María Luisa Sepúlveda.

Además de continuar el diálogo por el Instituto, la preocupación de palacio por mantener en un buen pie las relaciones con las entidades se relaciona con el lobby que han desplegado las agrupaciones para bajar la postulación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la cual son fuertemente críticas por considerar que nuestro país primero debe ratificar una serie de convenios internacionales ante de pretender ingresar a esa instancia.

Para graficar su postura, las dirigentas tienen programado un acto de lanzamiento de la campaña en contra de la candidatura de Chile -la cual quedó en muy buen pie después de la presencia de Bachelet y los presidentes de partido en Nueva York, donde Venezuela bajó su opción-, ceremonia que se realizará la próxima semana en el monumento del Presidente Salvador Allende en la Plaza de la Constitución.

Asimismo, y en búsqueda de apoyo, las cabecillas de las organizaciones han intensificado sus contactos con distintas personalidades y parlamentarios para que se sumen al rechazo a la postulación.

Los reproches, déficit y demandas en este ámbito

Una serie de situaciones que, a su juicio, atentan contra las garantías básicas en nuestro país y por lo tanto hacen “impresentable” una posible integración al Consejo de Derechos Humanos de las naciones Unidas, han denunciado las distintas agrupaciones que trabajan en ese campo.

La más recurrente es que en Chile aún está vigente el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pese al fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. que condena a Chile por el caso del asesinato del profesor Luis Almonacid.

Asimismo, se ha denunciado que nuestro país no ha ratificado en el Parlamento una serie de tratados internacionales que velan por la custodia de los derechos humanos, así como también la adhesión al Tribunal Penal Internacional. También piden la ratificación del tratado que declara la inprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este punto, desde La Moneda se ha planteado que las autoridades tienen la intención de rubricar los tratados y acuerdos, pero responsabilizan a la Alianza de no dar sus votos para hacerlo.

También están los reproches de las organizaciones por la insuficiencia de reparaciones para un número importante de los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto pese a que desde el Ejecutivo han impulsado la reapertura de la labor de las comisiones Rettig y Valech para precisamente recalificar casos que no hayan pasado por dichas instancias o que no hayan sido considerados.

Además, se acusa la “desnaturalización” que habría sufrido en el Parlamento el proyecto del Intituto de Derechos Humanos, “la criminalización de la protesta social legítima social” y la “existencia de masivas detenciones por sospecha y allanamientos en las poblaciones”.

Un mecanismo para ejercer nuestros derechos

Los derechos humanos no sólo están concebidos para luchar contra la opresión, sino también como principios y orientaciones con capacidad de guiar la acción de los gobiernos.

El derecho internacional de los derechos humanos es, además de un marco jurídico obligatorio y vinculante para los Estados, un marco conceptual que entrega orientaciones y estándares sobre cómo las políticas públicas de un Gobierno deben incorporar el enfoque de derechos, lo que implica integrar, al momento de su implementación, principios como la universalidad de cobertura y no discriminación.

Esto quiere decir que políticas públicas como el Plan AUGE, la reforma previsional o la reforma a la educación no son sino el cumplimiento, por parte del Estado, de la obligación que tiene de satisfacer los derechos humanos de las personas, como los derechos a la seguridad social, a la salud y a la educación.

Este enfoque exige que, transversalmente, se asegure que las personas puedan ejercer derechos como el acceso a la información, la participación ciudadana, a exigir la rendición de cuentas por parte de las autoridades o a la libertad de expresión, entre otros.

Esta mirada supone, en primer lugar, un cambio fundamental en como se ha entendido tradicionalmente la relación entre Estado y ciudadanía. Ya no se trata de que el Estado elabore e implemente políticas para satisfacer necesidades de ciertos sectores de la sociedad; se trata de reconocer que estas personas son sujetos de derechos frente al Estado, y no meros beneficiarios de una política pública. En esta nueva relación, por lo tanto, las personas tienen el derecho a exigir y demandar prestaciones y servicios, y el Estado está obligado a proveerlos.

Cuando las personas son y se saben sujetos de derechos, entonces tienen poder. Poder para involucrarse, reclamar y demandar ante diferentes instancias del Gobierno y la justicia, cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados.

Este enfoque ha ido evolucionando y hoy es más preciso, ya que no sólo establece las obligaciones negativas para un Estado es decir, lo que no debe hacer , sino también obligaciones positivas, como lograr que las personas puedan ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales a través del diseño e implementación de políticas públicas. Así, los derechos humanos no sólo están concebidos para luchar contra la opresión, sino también como principios y orientaciones con capacidad de guiar la acción de los gobiernos.

De esta forma, hay relación directa entre reconocer un derecho, la obligación de parte del Estado de cumplirlo y la posibilidad de exigirlo ante la justicia. Esto no significa imponer un modelo, pero sí implica que las políticas públicas incorporen un enfoque que signifique establecer mecanismos de mayor participación y rendición de cuentas, entre otros aspectos.

De acuerdo a diagnósticos construidos sobre resultados obtenidos en encuestas de opinión realizadas en varios países de América Latina, la posibilidad de ejercer los derechos sociales le da mayor legitimidad al sistema democrático, lo cual se traduce en mayores niveles de gobernabilidad y estabilidad política. Esto significa que existe una relación virtuosa entre la posibilidad de ejercer derechos sociales, a través del acceso a prestaciones y servicios, y cómo la democracia es valorada por las personas. Cuando la democracia hace una “entrega” hacia la ciudadanía, ésta presenta mayores niveles de legitimidad y aceptación.

COMUNICADO AI: Amnistía Internacional pidió al Senado que apruebe la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

En una carta abierta dirigida a Senadores y Senadoras, Amnistía Internacional recordó que el 7 de junio de 2007 se cumplieron los 18 años de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas Y Tribales en Países Independientes de 1989 y que en aquella ocasión pidió al Gobierno de Chile que este instrumento internacional de derechos humanos sea ratificado a la brevedad, según la iniciativa anunciada recientemente por la presidenta Michelle Bachelet.

“La ratificación requiere la aprobación del Senado de la República de Chile, que al dar su voto favorable haría que Chile se adecuara a las actuales tendencias de la comunidad internacional con respecto a los estándares internacionales relativos al reconocimiento de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas” dijo Ana Carolina Cofré, coordinadora de Derechos de los Pueblos Originarios.

Amnistía Internacional considera de vital importancia que Chile no solamente ratifique este convenio, sino que se tomen medidas inmediatas para su aplicación en áreas tan importantes como: administración pública, legislación, justicia, educación, seguridad social, salud, trabajo, tierras, medio ambiente, entre otras. Estas medidas permitirían desarrollar, con la participación de los Pueblos Originarios, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger sus derechos fundamentales y a garantizar el respeto a su identidad y culturas.

“Tomando en cuenta que Chile es el único país latinoamericano que no ha ratificado éste instrumento internacional avanzar con una decisión largamente pospuesta sería una señal efectiva del compromiso del Estado con la plena vigencia de los Derechos Humanos y la acción inclusiva hacia los Pueblos Originarios de Chile, también largamente postergados” concluyó Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de AI Chile.

Información General:

  • El Convenio 169 entró en vigencia el 27 de junio de 1989
  • Algunos países que lo han ratificado son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Noruega, Venezuela
  • Chile es el único país latinoamericano que no lo ha ratificado

Penas más severas para los agresores de mujeres

La iniciativa legal -que será enviada al Congreso la próxima semana- endurece las penas contra quienes maltraten a sus parejas y amplía las herramientas legales en el marco del tipo penal ya existente. El anuncio fue hecho en el marco del lanzamiento de la campaña “No más violencia contra las mujeres”, donde el mensaje central apunta al auxilio ciudadano.

Un hombre increpa a su pareja en un restaurante. La discusión sube de tono y termina con él arrastrándola de un brazo a la calle ante la indiferencia de varios comensales. De eso trata el spot que a partir de hoy y hasta el 25 de noviembre comenzará a exhibirse en los medios de comunicación como parte de una campaña antiviolencia, lanzada ayer en La Moneda y que se dio a conocer en el marco de un plan mayor: el envío al Congreso -la próxima semana- de un proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes incurran en violencia contra el género femenino.

Así lo anunció ayer la Presidenta Bachelet, quien explicó que dicho proyecto busca endurecer las sanciones contra los agresores y ampliar las herramientas legales para enfrentar una realidad creciente. Entre las nuevas disposiciones, está aumentar, independiente de las penas de parricidio, el delito de homicidio calificado no sólo a esposos o convivientes sino también a novios, pololos o ex parejas. “Quiero que el castigo sea ejemplar y efectivo para quien cometa la cobardía de agredir a una mujer”, argumentó la Mandataria.

El proyecto busca además simplificar la investigación de la violencia conyugal; agrava el delito de incendio de la vivienda de la víctima, y penaliza los daños, destrucción o inutilización de los bienes de la agredida.

También faculta a los jueces de familia y penales para que obliguen a los agresores a presentarse regularmente ante la autoridad policial; amplía el plazo de medidas accesorias; impide rebajar la penalidad por haber actuado bajo un arrebato, y exige la consideración del juez de familia para evaluar la irreprochable conducta anterior.

Ex carabineros homosexuales obtendrán beca y pedirán reincorporación

Apoyados por el Movilh, policías exonerados tuvieron una nueva reunión con autoridades del Gobierno.

Los ex uniformados Victor Rivas, Armando Salgado y E.A.V.S, quienes fueron en mayo pasado obligados a firmar su renuncia a Carabineros en razón de su orientación sexual, serán becados por el Ministerio de Educación para que cursen una carrera, al tiempo que solicitarán formalmente su reincorporación a la policía, informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La determinación se adoptó en una cita coordinada por el organismo, a la cual asistieron su presidente, los ex policías, la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, el asesor del Ministerio de Defensa Sergio Escobar, la coronel Lily Fuentes, representantes del Mineduc y el abogado de los ex policías, Alfredo Morgado.

Tras la cita en el edificio Diego Portales, los ex carabineros y Jiménez se mostraron satisfechos por la beca, por cuanto “esto contribuirá a paliar el daño padecido por una brutal discriminación y que ha provocado serios problemas sociales, familiares y económicos a los afectados”.

Además, “claramente esto es una medida reparatoria y, por lo tanto, implica que desde el gobierno también existe conciencia de que este caso hubo discriminación, al igual como lo reconoció de manera expresa la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en reunión que sostuvimos el pasado 16 de octubre”, añadió Jiménez.

El activista gay informó además que a raíz de los casos similares que han afectado a un total de cuatro carabineros, un policía civil y un trabajador de Gendarmería, “ya están citados a declarar a la comisión de Derechos Humanos los directores generales de esas instituciones y el ministro de Defensa, José Goñi, quienes deberán apersonarse en el Congreso el próximo 31 de octubre”.

Junto al abogado Alfredo Morgado, los ex uniformados decidieron por el momento postergar el inicio de acciones legales contra Carabineros, hasta seguir el conducto regular de solicitar la reincorporación a la institución. “Si hay impedimentos, o si no hay garantías de que tras una eventual reincorporación no habrá hostigamientos, creemos que el único camino que quedará serán las acciones legales”, puntualizó Jiménez.

Chile mantiene postura sobre ingreso y residencia de ilegales

Si bien Chile no descarta asumir a futuro una política migratoria común en la región, por ahora en el Ministerio del Interior se afirma que se mantendrá la práctica vigente. En tanto el canciller Foxley anunció que durante la próxima Cumbre Iberoamericana los jefes de Estado firmarán un convenio de seguridad social a favor de los inmigrantes.

En el marco de dar a conocer los antecedentes de lo que será la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que tendrá lugar en Santiago entre el 7 y 9 de noviembre próximo, el canciller Alejandro Foxley anunció que se firmará un convenio de seguridad social.El secretario de Estado dijo que ya han confirmado su asistencia 20 jefes de Estado y que la firma de dicho convenio permitirá a los migrantes “trasladar su fondo de pensiones de un país a otro”.

“El fenómeno de las migraciones está para quedarse en Iberoamérica”, dijo y destacó que se trata incluso de un tema “central de discusión hoy en Europa”. Añadió que “el proceso de globalización, de integración de las economías, conlleva un aumento del flujo de personas de un lado a otro. Las razones de estos flujos son diversas: hay gente que busca una mejor oportunidad económica, hay países que quieren atraer talentos que no tienen en suficiente cantidad”, explicó.

Como ejemplo de búsqueda de soluciones, Foxley mencionó que la Unión Europea (ante) ayer hizo un acuerdo de conceder lo que ellos llaman una tarjeta azul para residencia por dos años a personas talentosas que vienen de otros países”. Sin embargo, el canciller declinó pronunciarse sobre posibles cambios en la política migratoria chilena, precisando que esa materia depende del Ministerio del Interior. En la secretaría de Estado aludida, en tanto, se dijo que si bien Chile no descarta la posibilidad de evaluar una política migratoria común en la próxima Cumbre Iberoamericana, específicamente respecto del ingreso y la residencia clandestina no ligada a otros delitos, se mantiene la opción por las regularizaciones periódicas como la anunciada ayer por el Gobierno. Asimismo se explicó que el proceso de regularización migratoria, que regirá entre el 5 de noviembre de este año y el 5 de febrero de 2008, responde a la postura tradicional chilena en la materia y que es concordante con el Protocolo de Palermo, en lo referente al tráfico ilícito de migrantes. “Esta medida, lo que hace en el fondo, es despenalizar el ingreso ilegal al país cuando el inmigrante es víctima de tráfico ilícito, porque allí no opera su voluntad”, sostuvo una fuente de esa secretaría de Estado.

En la Ley de Extranjería actualmente vigente, el ingreso ilegal al país siempre se ha solucionado por la vía administrativa, de tal manera que si un extranjero es sorprendido sin la debida autorización de ingreso en Chile, la intendencia respectiva debe presentar un requerimiento en su contra, pero también tiene la facultad de desistirse de esa acción procesal y entonces se le aplica, pero como medida migratoria, no penal, la salida o expulsión del país. “Obviamente, esto es cuando sólo hay un componente migratorio en el ingreso, porque si se trata de un ingreso ligado a delitos como narcotráfico u otros, se persigue penalmente”, se subrayó en Interior.

De acuerdo con lo informado por la secretaría de Estado, es importante diferenciar entre ingreso ilegal y residencia irregular, destacando que “la mayor cantidad de situaciones que se requiere regular es la residencia que se mantiene por años incluso”.

La Nacion