Un fallo que confirma el acuerdo antidelincuencia.

Fuente: www.lanacion.cl

Detrás de la acción del juez Rondini, como de la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un debate más amplio que el jurídico.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió hace algunos días una sentencia que ha venido a confirmar, en la práctica, los contenidos de la llamada “agenda corta” pactada entre el Gobierno y la oposición conservadora para combatir a la delincuencia, fenómeno social que ocupa un lugar central en las preocupaciones de la opinión pública. El órgano de control rechazó el recurso de un juez de garantía de Puerto Montt, Patricio Rondini, que solicitó declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 20.253 -que entró en vigencia el 14 de marzo-, el que permite a un fiscal suspender, hasta que se pronuncie vía apelación el tribunal de alzada, la libertad a un imputado otorgada por un juez de garantía. El argumento del magistrado consistió en que esa disposición legal atentaría contra el número uno del artículo 83 de la Carta Fundamental, que impide al Ministerio Público actuar en el terreno jurisdiccional. Según Rondini, al intervenir un prosecutor bloqueando una decisión del juez invadiría una esfera privativa del magistrado, atentando contra la Constitución, y por ello demandaba una declaración de inhabilidad.

El TC, sin embargo, resolvió que la disposición en cuestión fue dictada por el Poder Legislativo en uso de sus facultades y que no atenta contra el ordenamiento constitucional pues, en última instancia, siempre serán los tribunales los que se pronuncien acerca de la libertad de una persona. Con todo, el Constitucional estableció en su fallo que la potestad de regular la decisión judicial en materia de libertad personal pertenece al Congreso, como “depositario de la voluntad democrática”, y que tal atribución comprende “el conjunto de apreciaciones de política, conveniencia y oportunidad que lo llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa orgánica”. De este modo, el TC ha señalado que el Parlamento actuó legítimamente al establecer un cuerpo legal que controla la libertad de los imputados.

Es claro, sin embargo, que detrás de la acción del juez Rondini, como de la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un debate más amplio que el jurídico, marcado por el análisis sociológico, político y mediático. En efecto, tanto la derecha como una amplia mayoría de los medios de comunicación han elaborado la teoría de la “puerta giratoria” que favorecería a los delincuentes, escenario donde la responsabilidad principal recaería en los jueces, en particular los que revisan las detenciones, debido a una presunta “mano blanda”, ya que estarían influidos por una formación demasiado garantista que termina inclinándolos hacia los infractores de la ley, devaluando el interés público y los derechos de las víctimas.

Esta sensación ambiente -que mezcla subjetividades ciudadanas con hechos concretos y verificables- fundamenta la “agenda corta” antidelincuencia que en 2007 consensuaron el Ejecutivo y la derecha. Se trata de un conjunto normativo ratificado por el Congreso en uso y ejercicio de la correlación política que los electores han establecido de forma democrática. El TC con su fallo ha validado esa plataforma programática.

 
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