La TV comunitaria resiste desde la UTI. Uno, dos, tres ¡corten!.

Fuente: www.lanacion.cl Por Javiera Olivares M.

Combativas, las señales populares tarrean, hacen peñas, rifas y venden publicidad local para mantenerse vivas. Argumentan que su inexistencia legal esconde una vieja despreocupación estatal por la TV alternativa. ¿La estrategia? Multiplicarse para sobrevivir y seguir representando la voz de los más pobres. En Señal 3 La Victoria tienen hasta pasado mañana para pagar los cinco millones de deuda y no ser desalojados.

Apenas podía levantar los pies. Azotada por el sol de media tarde, pero más por los años, la anciana mujer, apoyada sobre un juvenil acompañante, se desplazaba con dificultad por las calles de la población La Victoria.

Corría el año 2003 y al entrar a la casa asentada en el 4855 de la calle Estrella Blanca, una sencilla sala de control le dio la bienvenida al canal comunitario Señal 3. Los muros casi no tenían centímetros en blanco y en medio de videos, monitores y cámaras, se asomaban repletos de afiches contestatarios. Fotografías de trabajos voluntarios, de tomas de terrenos, de Víctor Jara, Violeta Parra, Salvador Allende y Pablo Neruda, auguraban una conversación con sentido.

-Buenas tardes -dijo la anciana jadeante-, llevo caminando una 20 cuadras, pero me urge comprar una antena más grande para poder sintonizar mejor el canal, exigió.

-Por supuesto, le daré una antena de mejor capacidad -contestó emocionado Luis “Polo” Lillo, miembro fundador de la señal.

-Sólo le pido que este canal nunca se muera, es lo único bueno que nos queda a los pobres para ver -replicó la mujer mientras se acercaba a abrazar a Lillo.

El mismo año en que ocurría esta escena, en otra población emblemática había un grupo de vecinos que también se atrevía a registrar su cotidiano con cámara al hombro. En La Legua, los “pantallazos” eran el objetivo inicial. Plazas, avenidas y pasajes hacían de butacas; un telón era la pantalla grande. Documentales y películas eran el contenido en cuestión. “Una noche en medio de un pantallazo se me ocurrió tomar una cámara VHS y grabar: caras, niños y casas. Después, comenzamos a proyectarlas en el telón. Nos impactó mucho que a la gente le gustara tanto verse, ‘ahí sale mi casa, mi hijo aparece jugando’, nos decían”, recuerda Jaime Álvarez, director de Legua TV. Desde entonces la gente no paró de pedir reproducción de los videos y los VHS fueron pasándose de mano en mano en la población. Era el puntapié inicial para la creación de LTV, Canal 3 de La Legua.

Lo que Álvarez vio no fue casualidad. Las reflexiones de Manuel Calvelo, experto en comunicación para el desarrollo rural y profesor de televisión de la Universidad de Chile, van en la misma dirección. Él cree que la televisión comunitaria aporta una piedra más a la participación ciudadana. “Una emisora comunitaria refleja a la comunidad en la cual está inserta; los problemas, vivencias y demandas de ésta. En ese sentido, la televisión comunitaria tiene un papel fundamental en reforzar una democracia”.

No sólo los legüinos iniciaron con “pantallazos” su canal, también los pioneros de la TV comunitaria a nivel nacional, la Señal 3 de La Victoria. Antes de su primera emisión en octubre de 1998 tenían una vasta historia de trabajo poblacional, lucha contra la dictadura y “pantallazos” en las calles.

Once años después, el canal popular más antiguo del país está a punto de hacer sus últimas transmisiones. Tres millones 740 mil pesos es lo que tiene reunido para comprar la casa que ha albergado hasta ahora sus instalaciones y que está puesta a la venta por su dueño. La campaña de finanzas culmina con una tocata en el Galpón Víctor Jara hoy domingo. ¿La meta?, juntar los ocho millones de pesos que vale la vivienda antes del 30 de diciembre; de lo contrario, serán desalojados y tendrán que bajar el telón.

Como siempre, el dinero se consigue a pulso. Y lo más grave es que en La Victoria no son los únicos.

Y la plata ¿de dónde?

En invierno, las callecitas de La Legua se disponen para el frío y la lluvia. No hay poblador que quede desabastecido del remedio: una sopaipilla pasá. En la esquina del consultorio, en la calle Mateo de Toro y Zambrano, a media cuadra de LTV, se instala uno de los carritos sopaipilleros típicos del sector. La dueña del “local” es una “socia cooperadora” del canal de La Legua. Y tal como algunos boliches de la población o el jardín infantil, es mencionado en la programación. “Nuestros socios cooperadores pagan por salir al aire. Lo más caro son diez mil pesos mensuales. Pero a las vendedoras de sopaipillas les cobramos una luca. Juntando todo eso podemos pagar el consumo eléctrico, comprar cintas o baterías”, explica Jaime Álvarez. La publicidad local es una de las formas más típicas de los canales comunitarios para autofinanciarse.

Inexistentes para la ley vigente que no contempla este tipo de medios ; con la banda de canales que va del 2 al 13 colapsada y un Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que sólo otorga concesiones a quien “ofrezca las mejores condiciones técnicas”; la TV comunitaria sobrevive a duras penas. Se “cuelga” de la única señal libre de la banda, la 3, e intenta autofinanciarse sin recibir ni un solo aporte fiscal.

Por su inexistencia legal, es difícil determinar el número de canales comunitarios: “Entiende, no tenemos un porcentaje oficial, porque para nosotros es como si no existieran”, contestan en el Ministerio de Cultura cuando se les consulta. Y aunque en el Gobierno no se atreven a dar cifras, entre los expertos se estima que las señales populares han crecido exponencialmente en los últimos cinco años y ya son cien a nivel nacional. De ellas, la mayoría atraviesa profundos problemas económicos o está a punto de desaparecer. Y es que con la venta de publicidad local no alcanza para los cerca de 300 mil pesos mensuales que cuesta un canal comunitario. Las rifas, venta de antenas, peñas folclóricas y tarreos en la feria, tampoco.

Además de tener que buscar espacios para ser alojados generalmente juntas de vecinos u organizaciones sociales , los costos de equipamiento e infraestructura requieren de una inversión de al menos un par de millones de pesos. Por eso y aunque en un principio algunas televisoras tomaron la decisión ideológica de no postular a fondos estatales, hoy por hoy, todas incluso las más radicales lo han intentado. La mayoría sin éxito.

El Estado no ha estado

A la hora de concursar, los problemas con que se topan las TV comunitarias son tres: no existe fondo alguno destinado a este tipo de experiencias. Como están fuera de la ley, deben conseguir una organización que los represente y posea personalidad jurídica. Por último, quienes postulan son pobladores, unos con más estudios que otros, pero mayoritariamente autodidactas. Dueñas de casa, estudiantes, electricistas, carpinteros, gásfiter y repartidores de gas. Por lo tanto, los trámites a realizar resultan engorrosos y la falta de capacitación se convierte en un obstáculo más al competir con directores de cine o productores audiovisuales. “El Estado tolera a las TV comunitarias, pero las mantiene fuera de la ley. No se ha invertido ni en fomento ni en capacitación de quienes las operan, por lo que pueden ser capturadas por los grupos económicos o morir. El Ministerio de la Cultura debiera formar un equipo que estudie el tema, haga propuestas y arroje luces antes de que se promulgue la ley de TV digital”, asegura Calvelo.

Y es que si de fondos se trata, no existe ni un solo programa estatal que contemple algún tipo de fomento a estas televisoras, hay algunos que se acercan, pero no se ajustan totalmente. Por ejemplo, está el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), pero es muy concurrido por profesionales del rubro y con alta complejidad a la hora de postular. También existe desde 2001 el Fondo de Fomento de Medios Regionales dependiente de la Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno y que, según su representante Iván Parvex, tiende a ser entregado a televisoras regionales (con más recursos y profesionalización). En el CNTV, en cambio, indican que no hay ninguna línea de trabajo con los canales comunitarios. De hecho, lo que principalmente se financia es la producción de programas de interés local o cultural, pero los requisitos para postular implican una alta profesionalización y tener el apoyo de un canal grande o una empresa de cable, por lo que la TV comunitaria queda excluida.

Aunque algunas señales populares han ganado fondos públicos como LTV o el Canal 3 de Pichilemu , lo cierto es que la falta de información y capacitación, hacen que ésa no sea la regla. “Hemos postulado varias veces al Fondart y a la DOS y nunca hemos ganado. Hemos sobrevivido limosneando, tarreando en la feria, con alguna ayuda internacional, desde Francia, Noruega o Suecia. No nos sentimos valorados por el Gobierno, porque si ellos dan cinco millones de pesos a “El Mercurio” y a Copesa por conceptos de publicidad, ¿por qué no a nosotros?, sé que podríamos colaborar en la lucha contra la droga o la violencia transmitiendo un spot”, asegura “Polo” Lillo de Señal 3. “Me da pena que si nos vamos, no habrá medios para que la gente se exprese en las poblaciones, no habrá derecho a voz”, agrega.

Y es que según los expertos, uno de los roles que cumple este tipo de canales es representar a la comunidad local, darle identidad y un espacio de opinión. “La gente quiere y tiene derecho a verse en televisión, por eso es importante en la medida que refleja los problemas, las vivencias y las demandas de la comunidad”, explica Calvelo.

Mientras, las señales populares cifran sus esperanzas en el proyecto de ley de TV digital que funda la categoría de canal comunitario y busca crear instrumentos de subsidio público. Eso sí, desconfían en que esto solucione sus problemas, pues nunca se les pidió una opinión. “Desde que empezó esta discusión no hemos tenido acceso a participar de los contenidos, a discutir, criticar, ni siquiera a sugerir, por ejemplo, que aunque no tengamos fines de lucro creemos justo tener derecho de hacer publicidad local con un tope”, indica Jaime Álvarez de LTV.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACINAL-CHILE.

Impactantes relatos de niños y mujeres ante represión policial en LLeulleu.

Fuente: www.azkintuwe.org

Pese a que ha transcurrido más de un mes del allanamiento a la familia Parra Cárilao, de la comunidad Esteban Yevilao en la comuna de Tirua en la Octava Región, los hermanos Paola (13) y Daniel (10) y sus hermanitos Fernanda (7) y Norberto (4), recuerdan con claridad cómo los amenazaron. Y no solo verbalmente, pues se usaron armas contra ellos: “me apuntaron en la cabeza, me decían que si no entregaba las armas se iban a llevar presa a mi mamá y yo me puse a llorar”, relata afligido Daniel.

 Por Elías PAILLAN* / Viernes 12 de Diciembre de 2008

 

 

 


Comunidad Esteban Yebilao.

Foto de Observatorio Ciudadano.




LLEU LLEU / Diversas informaciones daban cuenta que una familia mapuche con cinco niños, del sector Choque cerca del lago LLeulleu en la comuna de Tirúa, Octava Región, habían sido fuertemente allanados el pasado 17 de octubre por un gran contingente de carabineros y policía de investigaciones. Ello posterior a una emboscada que afectó a un fiscal de Cañete que investigaba hechos en el marco de la movilización de comunidades por la recuperación de tierras.

Para llegar hasta al lugar y conocer en qué estado estaba la familia, y en especial los niños, cuyos padres fueron detenidos no es fácil. Desde Temuco hay que llegar primero a Carahue, luego a Tirúa y desde Tranapuente seguir por el camino de ripio de la carretera de la costa, hasta Lleulleu. En la zona se aprecia un continente de carabineros apostado en la casa del particular Santos Jonquera, quien señala haber sido víctima de ataques. Los policías además resguardan las forestales de Mininco y Volterra.

En cada paradero hay grafitis que exigen la salida de las forestales del territorio mapuche, al igual que las mineras, y la libertad de los prisioneros políticos mapuche. Incluso en un colegio ubicado en el sector de San Ramón lo que más se apreciaba eran sus extensos rayados.

Temor, desconfianza y denuncias

En la población existe miedo, incertidumbre, por la alta presencia de policías en la zona. “Militarizació n que no ayuda a la convivencia”, nos dice un dirigente que no quiere identificarse. En una casa una mujer que declinó identificarse señala que “aquí los niños del colegio de Ranquilhue sufrieron acoso de los carabineros, le apuntaron con sus metralletas, le revisaron las mochilas y le pidieron sus cédulas de identidad”, comenta.


Daniel cuenta otro hecho acaecido el 12 de junio pasado cuando mientras estaba en su escuela sintió disparos. Al acudir al lugar observó a su padre ensangrentado tras un ataque de carabineros que le disparó espalda, mientras él buscaba leña con una motosierra en terreno de su hermano.


En la comunidad Esteban Yevilao otro comunero señala que él no puede entregar información, sino sólo la directiva. Pero igualmente explica que todo sucede por la compra fraudulenta que las empresas forestales Mininco y Volterra hicieron de sus tierras en el pasado, y que ahora con justa razón las comunidades están empeñadas en recuperar. Iniciativa que es respaldada por la machi Rosa Astorga Pilquiman de la comunidad El Malo, pues para ella “cada vez se hace más difícil recolectar hierbas medicinales, por la abundancia de pinos y eucaliptos que afectan las tierras y disminuyen las aguas, así como la eliminación del bosque nativo”, explica en su casa al deleite de un refrescante vaso de chicha.

Paola tiene 13 años y junto a sus hermanos Daniel de 10, Fernanda de 7 y Nolberto de 4, quedaron impactados y choqueados por la violencia y gran aparataje militar con que allanaron sus casas y detenido su padre Nolberto Parra y su tío Cesar, el pasado 17 de octubre. “Me bajé del furgón del colegio, donde mi tía y de repente cuando aparecen carabineros, revisándome, quitándome el celular, y diciéndome quién me lo había regalado y por qué si era muy chica, me dijeron que no tenía que tener celulares a esta edad”, relata con voz entrecortada.

Daniel cuenta otro hecho acaecido el 12 de junio pasado cuando mientras estaba en su escuela sintió disparos. Al acudir al lugar observó a su padre ensangrentado tras un ataque de carabineros que le disparó espalda, mientras él buscaba leña con una motosierra en terreno de su hermano. “Él arranco porque le dio miedo que le hicieran lo mismo que en Tranaquepe.” En aquella ocasión los carabineros lo maltrataron, señala. “Le dejaron moretones en los hombros, en la espalda, también le sacaron un diente, le dejaron los ojos negros. Mi papa quedo jodido de la mano, tenía una mansa herida, por eso le habían agarrado susto a los carabineros y de ahí mi papa se saco fotos donde aparecía sangrando”, comenta con pena. Posteriormente esas fotos fueron requisadas por carabineros el día del allanamiento.

El día del allanamiento del 17 de octubre Daniel cuenta que “Me apuntaron en la cabeza, de cerca, estaban adentro de la casa, me amenazaron, me decían que si no entregaba las armas se iban a llevar presa a mi mama (Jessica), y yo me puse a llorar. A mi tía (Verónica) le decían que entregara las armas sino le iban a llevar a todos sus hijos…Después se fueron a la casa de mi mami (abuela Maria Liencura de 73 años), y le empezaron a desparramar toda la harina, y parece que le echaron Tañas”.

Continúa su crudo relato: “Y después le llevaron todos los huevos a mi mami, eran los últimos que tenia y se los llevaron, y parece que se los comieron. Ahí donde estaban sembrando (Nolberto y Cesar Parra) desparramaron las papas y el abono también. Desparramaron todo. Los carabineros, pararon a un caballero que andaba vendiendo frutas, le apuntaron, él traía una guagüita también, lo apuntaban, le decían insolencia y le decían que se fuera, él se fue con miedo…” culmina su testimonio con sollozos.

Testimonio de las madres

Jessica Cárialo (27) madre de los niños antes mencionado y esposa de Norberto Parra, actualmente detenido en Concepción ratifica que ese día llegaron carabineros, “apuntando con las armas a los niños, llegaron diciendo entreguen las armas, donde tienen las armas, cooperen. Nosotros le decíamos si no tenemos armas, de dónde vamos a sacar armas. Ellos decían, es que digan, tienen que decir donde tienen las armas. Hicieron el allanamiento y no encontraron nada”. Comentó que había un gorro hace semanas botado en un camino público que todo el mundo ignoraba al transitar, pero que carabineros mostró como medio de prueba señalando haberlo tomado al interior de la casa allanada. “Los carabineros pasaron a recogerla”, nos cuenta la familia.


Jessica Cárialo (27) madre de los niños antes mencionado y esposa de Norberto Parra, actualmente detenido en Concepción ratifica que ese día llegaron carabineros, “apuntando con las armas a los niños, llegaron diciendo entreguen las armas, donde tienen las armas, cooperen”.


Verónica Mariñan, esposa de César Parra, tiene un bebé de un año 8 meses y se llama Celso Explica que ese 12 de junio su esposo estaba buscando leña en tierras de su hermano Nolberto cuando fue atacado por carabineros y se les pasó la mano. Después decían entre ellos (los carabineros) : ‘la cagamos’ decían entre ellos y decían ‘la jodieron con dispararle al chiquillo si estaban en un recinto privado’ y ellos le pusieron que estaba en la Mininco que habían disparado allá que andaba robando madera, puras mentiras eso. Allí tiene las pruebas, ahí le dispararon”, añade. “Los niños están traumatizados, no pueden ver a carabineros, mi hijo ve un carabinero y arranca y se aferra a mí, en las noches tienen pesadillas”, concluye.

Por su parte la abuela María Liencura Yevilao (73), madre de Jessica y Leonel, relata: “patearon mi casa, patearon la puerta, usted vio como estaba ahí (quedó un hoyo). Y la tele la tiraron abajo y la radio también abajo. Todo, harina cruda tenía y me la desparramaron. Me querían llevar mi Trarilonko y mi prenda, todo eso lo querían llevar, yo tuve que quitarlo. No sé para que sería que se lo querían llevar y fotos de mi finado esposo… también de mi chiquillo, donde a ellos le pegaron por ahí en Tranaquepe… ‘Dé la verdad y le vamos a pagar un sueldo, le vamos a pagar plata y usted va arreglar todito’, así me decían (los carabineros) . ¿Cómo yo les voy a decir, si no hay armas aquí?”, culmina.

Termina el recorrido y a la zona con una sensación ingrata, ¿cómo y por qué una institución de estado que está para proteger a las personas, especialmente a los más vulnerables como niños y mujeres, hace todo lo contrario? ¿Por qué carabineros y policías con el aval de los fiscales, cometen estos abusos? ¿Quién responde por la salud psíquica y física de esos menores?, son interrogantes que esperan una respuesta más temprano que tarde / AZ

 * Periodista del Observatorio Ciudadano. Colaborador de Azkintuwe.

Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chaskinayrampi