Chile a 60 años de la Declaración de la ONU sobre derechos humanos.

Fuente: www.observatorio.cl

Por José Aylwin*

En esto días se conmemora el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aprobada a mediados del siglo XX, luego de la experiencia de guerra y del genocidio, representa un consenso universal sobre ciertos principios básicos, entre ellos; el que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art.1); y el que “toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna…” (art.2.1)

Enfocada en los derechos individuales, reconoce entre éstos aquellos de carácter civil y político – como las libertades públicas y el derecho a la participación política- y los económicos, sociales y culturales – como la seguridad social, al trabajo y a la sindicación-.

El impacto de la Declaración ha sido enorme.  Hoy, sus principios han sido incorporados  en las constituciones y leyes de más de 90 países.  Desde su aprobación Naciones Unidas y sus órganos asociados han avanzado en la construcción de un derecho internacional de los derechos humanos a través de diversos tratados internacionales sobre materias específicas – tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el relativo a la discriminación y el referido a la tortura – o para sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad – como las mujeres, los niños y los pueblos indígenas—.

Igualmente importante, es que a través de este desarrollo se ha ido incorporando al concepto de derechos humanos un conjunto de derechos de carácter colectivo, entre ellos, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz.

Mecanismos internacionales y regionales, incluyendo varios Comités, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, han sido establecidos para monitorear, promover y proteger estos derechos.  Más recientemente Naciones Unidas ha establecido una Corte Penal Internacional, que constituye un tribunal de justicia permanente para el juzgamiento de los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

La Declaración de la ONU ha sido entonces la base de lo que algunos analistas han llamado, la “otra globalización”, aquella que no está relacionada con los mercados, las comunicaciones, o la informática, sino con la construcción de un derecho supra estatal de los derechos humanos, a través del cual éstos se hacen vigentes y exigibles en todos los rincones del planeta.

Por lo mismo, a 60 años de su redacción, la Declaración plantea desafíos no menores para un Estado como el chileno, que se percibe asimismo como uno de los más globalizados de la región, pero cuyos déficits a la luz de los principios en ella contenidos son sustanciales.
Tras 18 años desde el término de la dictadura, Chile vive en un contexto de grave desprotección de los derechos humanos, incluyendo aquellos establecidos en la Declaración Universal.  En el plano jurídico, sigue vigente la Constitución Política de 1980, la que a pesar de las reformas introducidas, sigue limitando de muchas  formas su reconocimiento y ejercicio.  Tal Constitución, con el sistema electoral binominal que instituye y los elevados quórums requeridos para su reforma, ha generado un cuadro de fuerte exclusión política,  caracterizado por la ausencia de representación de importantes sectores en el Congreso Nacional, y por bajísimos niveles de participación electoral, en particular entre los más jóvenes.

En gran medida la Constitución y sus limitantes explican porque Chile es hoy uno de los países más atrasados de la región en el reconocimiento de los derechos laborales, ambientales, de pueblos indígenas, por mencionar algunos.  Esta es determinante en que nuestro país sea uno de las pocos  en el continente que carece de un Ombudsman o Defensor del Pueblo, entidad que permitiría proteger a los ciudadanos de los abusos de que son objeto, por ejemplo, por las empresas privadas que administran servicios públicos.  También incide en que el Estado chileno siga sin ratificar, entre otros tratados internacionales, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención que declara imprescriptible los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y el Protocolo Facultativo o Adicional a la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Más allá del ámbito jurídico, los derechos humanos se han visto restringidos en el país, además, por opciones de política pública.  Los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos se han centrado fundamentalmente en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado – con los aciertos y déficits que conocemos- y no en los desafíos que éstos representan para la democracia.  Más que en los derechos humanos, tales gobiernos han puesto el énfasis en el crecimiento económico, y su apuesta para lograrlo ha sido la inserción del país en los mercados globales.  Para ello Chile ha suscrito 37 tratados de libre comercio y acuerdos de inversión con las grandes economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y China. Tales tratados se han traducido en la proliferación de proyectos de inversión – la mayor parte de ellos extractivos de recursos naturales – a lo largo del país, cuyas repercusiones más visibles han sido el deterioro y destrucción de los hábitats de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y la inequidad social.  Se trata de fenómenos constatados por entidades internacionales, como la OECD, y el PNUD.  No es casualidad que esta última entidad ubique a Chile entre los 10 países del mundo con peor distribución del ingreso, siendo superado en América Latina solo por Colombia y Brasil.

Frente a la creciente exclusión política y económica, diversos sectores sociales se han organizado en defensa de sus derechos.  A las movilizaciones que los pueblos indígenas iniciaron en los noventa en defensa de sus derechos territoriales, se han sumado en años recientes las de los trabajadores – afectados por las bajas remuneraciones, las limitaciones del derecho a huelga, y la sub contratación- la de los estudiantes que reivindican una educación  gratuita y de calidad, la de los pobladores que reclaman por un techo digno. Lamentablemente, la respuesta del Estado frente a esta protesta ciudadana ha sido la represión policial de sus movilizaciones y la criminalización de sus líderes.

El actuar represivo de los agentes policiales del Estado ha resultado en la muerte de tres personas mapuche y de un trabajador en los últimos años.  A ello se suman numerosos casos de  tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que son responsables los mismos agentes, afectando fundamentalmente a defensores de derechos humanos.

Tales hechos han sido representados al Estado de Chile no solo por entidades nacionales de derechos humanos, sino también por instancias internacionales, entre ellas la Relatoría para los derechos indígenas de la ONU (2003), el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos, ambos el 2007, sin que hasta ahora sus recomendaciones hayan sido consideradas por las autoridades.
 
La persistencia de la conducta represiva por parte de las fuerzas policiales está estrechamente relacionada con la impunidad en que quedan los delitos que éstos cometen en contra de civiles, como consecuencia de su juzgamiento por la justicia militar.  A ello se suma la falta de voluntad de las autoridades para promover la investigación judicial y/o sanción administrativa de estos hechos de violencia policial. Tal como señala el informe de derechos humanos del 2008 de la Universidad Diego Portales: “Las autoridades de turno encargadas del gobierno interno y la seguridad, parecen haber intensificado una práctica y discurso generalmente crítico y denostador de la protesta social y de la defensa de los derechos de ciertos grupos o visiones no hegemónicas de la sociedad.”

Este es el contexto en que Chile vive a 60 años de la Declaración.  Es el contexto que será analizado por el Consejo de Derechos Humanos que, de conformidad al procedimiento de revisión periódica universal instaurado, evaluará en mayo de 2009 el cumplimiento y los déficits del Estado de Chile en relación con los compromisos que ha adquirido en materia de derechos humanos.

Los desafíos que la Declaración Universal plantea al país en este contexto no son menores. Ella nos debería llevar  a revisar las bases del ordenamiento jurídico, y a introducir reformas a fin de que este reconozca y proteja efectivamente los derechos humanos contenidos en ella, y a aquellos que desde su aprobación han sido reconocidos a los individuos y colectivos por el sistema de Naciones Unidas. Ello nos obliga en primer término a la reforma de la Constitución. Tratándose de una carta generada en un contexto autoritario, que no permite su auto regeneración, se hace indispensable, como han  sostenido sectores crecientes de la población, la conformación de una Asamblea Constituyente con una representación plural, desde donde se elabore una nueva carta fundamental que oriente la vida nacional, que tenga al centro los derechos humanos, y cuyo texto sea sometido a la aprobación de la ciudadanía. 

La Declaración, además, nos debería llevar a revisar las políticas públicas hoy vigentes en el país, en particular aquellas referidas al modelo económico, a la relación entre proyectos de inversión y derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales afectadas por estos, a su participación en los beneficios que ellas generan, a la protección del medio ambiente en un contexto de cambio climático.  Ello en especial teniendo presente la reciente crisis financiera, en que el neoliberalismo clásico ha demostrado sus insuficiencias como mecanismo asignador de recursos, y en la que el rol del Estado en la economía ha sido revalorizado hasta por quienes han sido sus históricos detractores.

Finalmente, obliga a una discusión sobre los paradigmas culturales hoy dominantes en nuestra sociedad, los que ya sea por el impacto de los medios de comunicación de masas dominados por el mercado o por la inacción del Estado, se han empobrecido, relegando a un segundo plano principios como el respeto por el otro, la solidaridad, la fraternidad que inspiraron la Declaración de la ONU, por detrás del consumo, el lucro y el éxito que hoy constituyen las aspiraciones culturales prevalecientes en la población.

Si no asumimos estos desafíos, la polarización y la exclusión que crecientemente han caracterizado a nuestro país en los últimos años, seguirán debilitando las posibilidades de una convivencia social armónica, así como deteriorando aún más la democracia que tanto costo recuperar. Esperemos ello no sea así.

*Codirector del Observatorio Ciudadano

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Protegen intereses económicos e ideológicos. Los grupos de poder que impiden el reforzamiento de la educación pública.

Fuente: www.elmostrador.cl

Expertos, profesores y la sociedad en general coinciden en la necesidad de reforzar la educación pública. Pero la derecha se opone fuertemente a ello, aduciendo que se perjudicaría la “igualdad de trato”. Pero la necesidad de mantener el sistema actual responde a motivos menos loables y tiene su génesis en los años 80, cuando los cercanos a Pinochet diseñaron a la medida la estructura educacional que hoy impera y que les trae magros beneficios. Lógicamente, terminar con ella no está entre sus planes.

Por Claudia Urquieta Ch.

Los resultados de la PSU dejaron una vez más en evidencia la enorme brecha que existe entre los logros alcanzados por los estudiantes de los colegios municipalizados y los alumnos de los establecimientos particulares.

Se confirma así la triste realidad de que los fracasos dependen en gran medida del lugar de dónde provenga el estudiante y su situación socioeconómica. En este escenario los más perjudicados son las familias más pobres que no tienen ninguna otra opción que enviar a sus hijos a los establecimientos municipales, dejando claro que la libertad de elección que defienden con ahínco los sectores más conservadores del país no es tal. Y que está absolutamente condicionada dependiendo del bolsillo de cada uno.

No es un misterio para nadie que la única forma de revertir esta situación es dedicar más atención y recursos, precisamente a los establecimientos que reciben a los quintiles más bajos, y que son los colegios municipalizados. En esta línea, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que “el país tiene que recuperar la fórmula de atender preferentemente a la educación pública”.

Expertos, profesores, estudiantes y gran parte de la sociedad civil está de acuerdo con este punto. De hecho, uno de los caballitos de batalla de la revolución pingüina de 2006 fue el término de la educación municipalizada.

Por ello, hace unas semanas la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de ley para reforzar la educación pública, tópico que quedó fuera de la Ley General de Educación (LGE) porque los parlamentarios de derecha se opusieron tenazmente a que se priorizara a este tipo de establecimiento, según ellos porque va en desmedro de los colegios subvencionados y perjudica la “igualdad de trato”.

Pero en realidad lo que aquí se defiende tiene más que ver con una posición ideológica. Y también económica.

La lucha neoliberal

Para entender de dónde proviene la fuerte oposición a que el Estado se haga cargo con mayor fuerza de sus propios centros de estudio, es necesario volver al punto en que se quebró la tradicional fórmula educativa del país: el Gobierno de Augusto Pinochet.

“Mirarlo sólo hoy es mirar una foto, porque  en ese período es cuando se quiebra la idea de Estado docente”, explica la periodista y experta en educación María Olivia Mönckeberg.

En esos años es de donde sale la idea de quitar al Estado los colegios y delegarlos en las municipalidades. Y con amarras constitucionales y parlamentarias se logró que luego no se pudiera cambiar ese diseño, inspirado en la línea de dar más a lo privado y menos al Estado. Por eso poner a la educación pública como prioridad no es vista con buenos ojos por quienes apoyan esa fórmula.

“Detrás de la polémica hay una lucha ideológica bien importante que tiene la idea de que el rol del Estado en educación se puede cumplir solo financiando la educación, versus el rol del Estado sólo se puede cumplir si administra una parte”, señala la diputada Carolina Tohá (PPD).

En este sentido, según explica la parlamentaria, el principal factor de resistencia es una visión ideológica de tipo neoliberal de la derecha, que considera que no es importante que la educación pública vaya reduciéndose.

“Es el más ideológico de los temas que hay en Chile porque tener educación privatizada, gestionada por privados, tiene como efecto en la sociedad que las familias van modelando la visión de los hijos y la visión republicana se debilita y desaparece. Esa es la panacea del neoliberalismo: cada uno se educa a su pinta en su grupo de referencia y no tienen espacio de socialización en la diversidad. En cambio la idea republicana es distinta, ya que todos deben caber adentro de lo diverso que es”, asegura Tohá.

La piedra de tope

Porque nada de lo que sucede hoy día es casualidad. “Quienes trataron de destruir a la Universidad de Chile, o la ex Universidad Técnica del Estado, son en su mayoría profesionales que hoy están ligados las universidades privadas. Ellos diseñaron el sistema y dentro del modelo era importante destruir esas casas de estudio por razones políticas. La primacía de la Chile era considerada por los pinochetistas un escollo, por lo que había pesado en la historia del país”, dice Mönckeberg.

Según explica, en todo lo relativo al rediseño del sistema universitario participaba gente afín, como el economista Sergio Melnick que era ministro de Odeplan, la “fábrica de pensamiento” y de diseño de esa época. Así como el ingeniero comercial Ernesto Silva Bafalluy, que junto a otros activos miembros de la UDI, como Joaquín Lavín y Federico Valdés Lafontaine constituyeron la Universidad del Desarrollo a un mes de que Pinochet entregara la banda presidencial en 1990.

O el economista Hernán Büchi, que tras ser derrotado en las presidenciales de 1989 formó junto al que fuera su jefe de gabinete cuando fue ministro de Hacienda, Cristián Larroulet, el Instituto Libertad y Desarrollo, tribuna desde donde desarrollan ideas y plantean su oposición a lo que sea adverso al modelo implantado.

No es raro entonces que figuras respetadas en educación como Patricia Matte, que también perteneció a la “incubadora” de Odeplan, promueva colegios subvencionados y forme parte de dicha institución. Por ello, en general la oposición y sus centros de pensamiento rechazan darle más atención a la educación estatal.

Todo esto explica la fuerte reticencia hace unos meses a la idea impulsada por algunos parlamentarios de la Concertación de priorizar la educación pública, especialmente de parte de voces de la UDI, donde se concentra la mayor cantidad de gente que trabajó con Pinochet en este ámbito.

Aunque hay que tener claro que los “parlamentarios” son los voceros, pero detrás hay poderes más sólidos, marcados también por un fuerte componente económico. Porque la educación es un gran negocio: de hecho hay universidades que se desarrollan verticalmente y también poseen colegios. Y obviamente están preocupados de proteger sus intereses. “Los llamados sostenedores reciben subvención bajo una forma parecida a lo que proclamaba el padre de los Chicago Boys, Milton Friedman: si existe una torta de 100 si le das más a la educación publica ellos piensan con razón que les tocara menos a los privados”, explica la periodista.

El freno en el oficialismo

En el caso de la Concertación, aunque la gran mayoría aboga por mejorar la educación estatal, también hay sectores que creen poco en ella.

Según el diputado Carlos Montes, hay diferencia de visiones en primer lugar y también hay grupos de interés. “Dentro del oficialismo hay militantes que tienen colegios y aprovecharon la oportunidad, ya que por ejemplo con la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) los edificios se construyeron con enormes beneficios del Estado”.

Pero considera que son los menos. Lo mismo opina Carolina Tohá, que reconoce que “hay gente a la que el tema  no le quieta el sueño y se quedaría conforme, pero muy minoritaria. En esto no hay dos almas: la visión es que tiene que haber educación pública, laica, de buena calidad”.

Por otra parte, Montes explica que también hay oposición por parte de “grupos de poder fácticos: como algunos dueños de colegios católicos  y la Conacep, que han sido muy duros porque representan a los colegios subvencionados”.

 Tomando en cuenta los grandes intereses que hay detrás de cualquier cambio al actual sistema educacional, el futuro del proyecto que pretende fortalecer la educación pública es muy complejo: se necesita quórum calificado. “Y como la UDI y buena parte de RN no entiende ni comparte la idea de una educación pública fuerte, es muy difícil que se apruebe”, asegura Montes.

Carolina Tohá coincide con esta percepción, ya que señala que “bastó que la propuesta asomara la nariz y ya lo estaban bombardeando por todos lados. Pero son muchos y mayoritarios los sectores que han pedido por décadas que se revise el tema educacional municipal”.

Lo que sumado a que la opinión pública y otros actores sociales poderosos como los profesores y los estudiantes comparten la necesidad de lograr cambios, y el próximo año hay elecciones “no va a ser tan fácil darle la espalda, y al que quiera cerrar el debate no le será fácil hacerlo gratis”, asegura la parlamentaria.

Por eso, ve como una oportunidad única llevar la discusión en este período, ya que así la gente podrá recordar en la práctica cómo actuó cada una de las partes.

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Un fallo que confirma el acuerdo antidelincuencia.

Fuente: www.lanacion.cl

Detrás de la acción del juez Rondini, como de la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un debate más amplio que el jurídico.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió hace algunos días una sentencia que ha venido a confirmar, en la práctica, los contenidos de la llamada “agenda corta” pactada entre el Gobierno y la oposición conservadora para combatir a la delincuencia, fenómeno social que ocupa un lugar central en las preocupaciones de la opinión pública. El órgano de control rechazó el recurso de un juez de garantía de Puerto Montt, Patricio Rondini, que solicitó declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 20.253 -que entró en vigencia el 14 de marzo-, el que permite a un fiscal suspender, hasta que se pronuncie vía apelación el tribunal de alzada, la libertad a un imputado otorgada por un juez de garantía. El argumento del magistrado consistió en que esa disposición legal atentaría contra el número uno del artículo 83 de la Carta Fundamental, que impide al Ministerio Público actuar en el terreno jurisdiccional. Según Rondini, al intervenir un prosecutor bloqueando una decisión del juez invadiría una esfera privativa del magistrado, atentando contra la Constitución, y por ello demandaba una declaración de inhabilidad.

El TC, sin embargo, resolvió que la disposición en cuestión fue dictada por el Poder Legislativo en uso de sus facultades y que no atenta contra el ordenamiento constitucional pues, en última instancia, siempre serán los tribunales los que se pronuncien acerca de la libertad de una persona. Con todo, el Constitucional estableció en su fallo que la potestad de regular la decisión judicial en materia de libertad personal pertenece al Congreso, como “depositario de la voluntad democrática”, y que tal atribución comprende “el conjunto de apreciaciones de política, conveniencia y oportunidad que lo llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa orgánica”. De este modo, el TC ha señalado que el Parlamento actuó legítimamente al establecer un cuerpo legal que controla la libertad de los imputados.

Es claro, sin embargo, que detrás de la acción del juez Rondini, como de la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un debate más amplio que el jurídico, marcado por el análisis sociológico, político y mediático. En efecto, tanto la derecha como una amplia mayoría de los medios de comunicación han elaborado la teoría de la “puerta giratoria” que favorecería a los delincuentes, escenario donde la responsabilidad principal recaería en los jueces, en particular los que revisan las detenciones, debido a una presunta “mano blanda”, ya que estarían influidos por una formación demasiado garantista que termina inclinándolos hacia los infractores de la ley, devaluando el interés público y los derechos de las víctimas.

Esta sensación ambiente -que mezcla subjetividades ciudadanas con hechos concretos y verificables- fundamenta la “agenda corta” antidelincuencia que en 2007 consensuaron el Ejecutivo y la derecha. Se trata de un conjunto normativo ratificado por el Congreso en uso y ejercicio de la correlación política que los electores han establecido de forma democrática. El TC con su fallo ha validado esa plataforma programática.

 
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