Comisión del Constitución del Senado aprueba derogación de amnistía.

Publicado el 17 Dic 2008 Radio Universidad de Chile

El proyecto establece la derogación del artículo 93 del Código Penal, con lo
que elimina la amnistía o prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Ahora se debe discutir en la Sala, donde requiere sólo de mayoría simple
para ser aprobada, y la Alianza ya mostró su disposición a votar
favorablemente. Con esto, Chile también daría un paso en el derecho
internacional, acatando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allanando el camino a la ratificación del Tratado de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional.

Los tres votos favorables a la iniciativa son de los parlamentarios de la
Concertación, ya que los senadores de la Alianza por Chile, Alberto Espina
de RN y Andrés Chadwick de la UDI, miembros de la instancia, no estuvieron presentes. Con esto, cumple un primer trámite para discutirse en la Sala del Senado.

La ex presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora Soledad Alvear,
señaló que es muy valiosa la aprobación del proyecto, pero criticó a los
senadores de la Alianza que se restaran de la votación. “Espero que con
buenos argumentos podamos convencerlos de algo tan importante porque cuando estamos legislando hoy en derechos humanos, el que tengamos una legislación clara, permite a quienes aspiran llegar al poder decirle a la ciudadanía con absoluta claridad que el respecto a los derechos humanos no admite excepción alguna”.

El senador de la UDI Andrés Chadwick justificó su ausencia porque estaba en
la comisión de Educación en esos momentos y señaló que su partido estaría a favor de la derogación de la Ley de Amnistía, en el marco de la adecuación
de la normativa chilena a los tratados internacionales sobre crímenes de
lesa humanidad. Pero un factor clave para la UDI es que la ley no sea
retroactiva para que no se aplique a los crímenes cometidos durante la
dictadura en Chile.

“Los delitos de lesa humanidad deben ser susceptibles perseguidos cualquiera sean las circunstancias y tiempo en que hayan ocurrido. No me imagino a alguien que piense que un delito de lesa humanidad, de genocidios, de tortura, de sufrimientos atroces, puedan quedar de alguna manera amparados por la prescripción ¿Esto rige para atrás por las situaciones que hemos vivido en Chile? No, la ley penal rige de hoy en adelante, no hay un tema político que diga relación con las situaciones del pasado, es un tema de legislación hacia el futuro”, manifestó Chadwick. .

En tanto, en el Ejecutivo, el ministro Secretario General de la Presidencia,
José Antonio Viera Gallo, manifestó su satisfacción por que se haya logrado
aprobar, al menos en primer término, y situó sus expectativas en la votación en la Sala del Senado.

“Lo que hace es ratificar lo que la jurisprudencia de los tribunales vienen
realizando, en el sentido que los crímenes de guerra, lesa humanidad o
genocidio, según el derecho internacional no son amnistiables ni
prescriptibles. Hay una referencia al derecho internacional en general.
Nosotros esperamos que esto se pueda aprobar, con esto avanzamos mucho en algo que la jurisprudencia ya viene diciendo”.

El proyecto se presentó en esta comisión luego que se declarara inadmisible
para ingresar al Senado el texto original de autoria del fallecido
Presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Juan Bustos, porque ya
había pasado por un primer trámite constitucional. Por esto, los presidentes
de los partidos de la Concertación firmaron un nuevo proyecto, con el mismo texto de Bustos, y colocaron en el Senado, lugar donde deben ingresar las iniciativas que tienen que ver con temas amnistía.

En 1978 la junta militar y Pinochet dictaron el decreto que establecía la
amnistía como una estrategia para asegurar la impunidad de quienes habían
actuado en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, el más duro de la represión. Esta normativa se usó 1998, cuando los tribunales dejaron de aplicarla, sentando jurisprudencia en la materia, pero su derogación fue una promesa del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, que reiteró Michelle Bachelet, diez y seis años después.

Poniéndose al día

Además de derogar el artículo del Código Penal, el proyecto incorpora a la
legislación nacional los crímenes que el derecho internacional considera
como de lesa humanidad, guerra o genocidios. Con esto, el país cumple dos
deudas.

La primera de ellas es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humamos que dispuso la reapertura del proceso por el asesinato en Chile del profesor Luis Almonacid Arellano, cerrado mediante sobreseimiento definitivo por aplicación de la Ley de Amnistía. La decisión de la CIDH obliga al Estado a modificar su normativa interna al derecho internacional, eliminando las leyes que permiten la impunidad.

El segundo pendiente también tiene que ver con la necesidad de adecuación de las leyes chilenas a la normativa internacional para suscribir tratados como el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente destinado a
investigar y juzgar a individuos responsables de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, pero puede actuar sólo en los Estados que formen parte de éste y cuando no puedan o no tengan la voluntad de llevar adelante los procesos por sí mismos. Además, sólo puede investigar crímenes cometidos después del 1 de julio del 2002. A pesar que 108 países ya han reconocido su jurisdicción, Chile aún no ratifica el Estatuto de Roma.

Sin embargo, el paso que dio el proyecto de ley en la comisión del Senado se
puede interpretar como un gran avance para que el país forme parte de estas instancias internacionales. “Dice relación con una adecuación de nuestra legislación interna al tratado penal internacional de Roma, que se hace necesario para poder otorgar una ratificación. En este entendido votaría favorablemente”, afirmó el senador Chadwick.

Existe la posibilidad de que los países ratifiquen los tratados y luego
adecuen su legislación a ellos, o lo hagan al revés, cambiando las leyes y
después incorporándose, camino que al parecer está tomando Chile y que ahora dependerá de la Sala del Senado si sigue adelante. 

Equipo de Comunicaciones
Amnistía Internacional – Chile

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AMNISTIA PREOCUPADA POR SEGURIDAD NIÑOS MAPUCHES.

Fuente: SIP Amnsitía Internacional – Chile.

SANTIAGO DE CHILE, 17 (ANSA) – La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por la seguridad de los niños mapuches en la zona donde hubo una serie de enfrentamientos entre miembros de esa comunidad y policías. “La cifra de niños víctimas sigue en aumento: en la comunidad Esteban Yevilao, según informes, carabineros allanaron una vivienda y amenazaron a cuatro niños, apuntándolos con armas”, aseguró la organización, sobre la región de Ercilla, 587 kilómetros al sur de Santiago.
AI también recordó la intoxicación que sufrió un bebé de siete días de
vida por el humo de una bomba lacrimógena lanzada al interior de su
vivienda. “Amnistía Internacional ha recibido noticias de una aparente
militarización de las comunidades a causa de actividades desproporcionadas de control del orden público, y el uso de fuerza excesiva en respuesta a las protestas de algunos mapuches”, advirtió.
La organización mencionó el deber del estado de hacer frente a actos
delictivos, pero enfatizó que “estas tareas deben desempeñarse respetando
los derechos humanos y sin recurrir a fuerza excesiva o uso de legislación
inapropiada”.
Chile ratificó la Convención del Niño, que establece que “los Estados
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus
padres, o sus tutores o de sus familiares”.
Varios informes de organizaciones de derechos humanos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, han denunciado que las
comunidades indígenas chilenas siguen siendo objeto de una discriminación
generalizada y de otros abusos, principalmente, la militarización en la zona
mapuche. GAT  17/12/2008 17:59 

 Equipo de Comunicaciones
Amnistía Internacional – Chile

Matanzas de Barrio Alto y La Cantuta. Fujimori admite crímenes.

Fuente: www.elmostrador.cl

El ex mandatario peruano sostuvo que las masacres fueron “errores lamentables” de su política antiterrorista e insistió en que en la nueva estrategia plasmada en los manuales y directivas de las FF.AA. se dice “eliminar a ellos (terrorista) y su veneno”.<!–

Vea además

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    El ex presidente peruano Alberto Fujimori admitió que las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por las que se le procesa por violación a los derechos humanos, fueron errores “lamentables” de su política antiterrorista.

    “Yo nuevamente reitero, no me equivoqué (en relación a la política antiterrorista), con excepción de estos lamentables crímenes (Barrios Altos y La Cantuta)”, dijo Fujimori en la audiencia durante la cual se mostraron un vídeo y un audio vinculados a las referidas matanzas.

    Insistió en que cuando en la “nueva estrategia” plasmada en manuales y directivas de las Fuerzas Armadas “se dice eliminar a ellos (terroristas) y su veneno” no se alude al acto de matar, si no “a desaparecer el terrorismo de la faz del Perú”.

    Sobre el vídeo que se presentó hoy ante la Sala Penal Especial, Fujimori comentó que los extractos “no reflejan la línea y conducta” de su Gobierno, “ni la actuación como presidente en la lucha contra el terrorismo”.

    Reiteró que ni el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, ni su ex asesor Vladimiro Montesinos le informaron sobre la existencia del grupo militar encubierto Colina o de agentes de inteligencia dedicados a la guerra sucia.

    Fujimori aclaró que defendió a Montesinos durante su Gobierno porque “no sabía nada sobre sus actos ilícitos”.

    El ex presidente peruano (1990-2000) y entonces jefe máximo de las fuerzas armadas es acusado de ser el autor mediato (planificar, organizar y dirigir) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por Colina, que supuestamente creó Montesinos para luchar contra el terrorismo.

    Al inicio de la audiencia, el ex mayor del Ejército Santiago Martin Rivas pidió disculpas públicas a Fujimori “por los excesos verbales” que considera en que incurrió en un vídeo en el que afirma que el ex mandatario ordenó las dos matanzas.

    El material audiovisual es una entrevista que le hizo el periodista Umberto Jara a Martin Rivas, en su calidad de jefe operativo del paramilitar grupo Colina.

    Martin Rivas confirmó al juez que sus declaraciones en el vídeo fueron efectivamente hechas por él, pero que ahora no las avalaba porque fueron inducidas por el periodista.

    Por su lado, Jesús Sosa, el otro ex Colina citado a la audiencia de hoy, dijo que el entonces procurador Ronald Gamarra, ahora abogado de la parte civil, le sugirió que acusara a Fujimori por las referidas matanzas para obtener beneficios carcelarios.

    “Gamarra puede ratificar eso y él lo sabe”, indicó Sosa, tras asegurar que al negarse a este pedido, las autoridades le recomendaron acusar a Montesinos, preso en la base militar del Callao desde 2001 con varias sentencias por corrupción.

    Sosa ratificó la versión que dio en su primera presentación en este proceso y reconoció la entrevista que concedió al diario La República sobre Barrios Altos y La Cantuta.

    Además de las dos referidas masacres, Fujimori es juzgado por el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe de Estado de 1992.

    EFE

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