Foro Consumo Responsable y Desarrollo Sustentable

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“Se ve muy mal cuando una Multinacional Irrumpe en un Territorio como lo está haciendo Endesa en la Patagonia”.

Fuente: www.patagoniasinrepresesas.cl

Eva Saldaña, del Departamento de Participación de la filial española de Greenpeace

Explicó que las principales críticas a este tipo de iniciativas nacen cuando no tienen “evaluaciones de impacto ambiental adecuadas, ni consultas con la comunidad ni planteamientos de desarrollo sostenible”.  Durante una visita a la Región de Aysén y a los sectores amenazados por las represas de HidroAysén, se reunió con pobladores y dirigentes de organizaciones críticas a las iniciativas.

Durante una semana la coordinadora de la Red de Jóvenes en Acción del Departamento de Participación de Greenpeace España, Eva Saldaña, recorrió el sur de la Región de Aysén reuniéndose con pobladores amenazados por las centrales hidroeléctricas proyectadas por HidroAysén (sociedad controlada por la trasnacional Endesa y la chilena Colbún) y con dirigentes de organizaciones locales que se oponen a las represas en el río Baker y Pascua. En su gira visitó los parajes de los ríos Colonia y Los Ñadis, la zona de confluencia del Baker con el Chacabuco y el valle aledaño, Cochrane y el área donde la empresa construye túneles de cientos de metros, supuestamente para estudios, luego de lo cual dejó un mensaje: “Se ve muy mal cualquier multinacional que irrumpe en un terreno, sobre todo cuando lo hace de la manera en que lo plantean, sin evaluaciones de impacto ambiental adecuadas, sin consultas con la comunidad, sin planteamientos de desarrollo sostenible”.

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Irregular aprobación de termoeléctrica de Codelco en Ventanas por Corema de Valparaíso.

Fuente: www.elciudadano.cl

Sin los consejeros regionales y con sólo 14 de sus 22 integrantes la comisión aprobó la calificación ambiental de la termoeléctrica a carbón que Codelco quiere construir cerca de Ventanas. La votación se realizó gracias a la también cuestionada aprobación del Plano Regulador Intercomunal de Valparaíso, a la que tampoco asistieron todos los consejeros y de la que no hay acta pública.

El viernes pasado, la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso aprobó la resolución de Calificación Ambiental de la Central Térmica Energía Minera (CTEM), proyecto presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por Energía Minera S.A., filial de Codelco, sin la presencia de ninguno de los cuatro consejeros regionales y con sólo 14 de los 22 integrantes de la Comisión. El proyecto contempla la construcción y operación de una central termoeléctrica a carbón en las comunas de Quintero y Puchuncaví, compuesta por tres unidades de generación de 350 MW de potencia bruta cada una, que juntas deberán inyectar entre 500 MW y 1.050 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).

La zona, ubicada al sureste de Ventanas, fue declarada saturada de contaminación de material particulado MP10 y SO2, de anhídrido sulfuroso, arsénico y metales pesados en 1993 por el Decreto Supremo 252 impulsado por el Ministerio de Agricultura. La Universidad de Valparaíso, a su vez, ha ratificado ese diagnóstico en estudios realizados desde entonces en la zona.

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HidroAysén a la Comisión Interamericana de DDHH

Fuente: Antonio Valencia /  La Nación

Consejo Defensa de la Patagonia acudirá a la instancia luego de desfavorable fallo en la Suprema.

Adicionalmente, opositores a las megarepresas recurrirán por segunda vez a la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, que ya en diciembre pasado declaró admisible otra demanda contra el Estado.

El Observatorio

Río Aysen. Foto: El Observatorio

Como parte de su férrea oposición a las cuatro megarepresas que Endesa y Colbún pretenden construir en la Región de Aysén, el Consejo de Defensa de la Patagonia recurrirá por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el lunes la Corte Suprema confirmara el rechazo al recurso de protección interpuesto por la organización en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), que no acogió la solicitud de aplicación de un tratado hídrico vigente entre Chile y Argentina.

Basado en el mismo fallo, en que el máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de diciembre pasado, la agrupación ciudadana acudirá nuevamente ante la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá para denunciar “una pauta persistente en el incumplimiento de la legislación sectorial por parte del Estado de Chile”.

A fines del año pasado, la mencionada entidad canadiense declaró admisible la denuncia interpuesta en junio de 2008 por el consejo una vez que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles otorgara el permiso provisorio al proyecto sobre los ríos Pascua y Baker, sin considerar el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos adscrito al Tratado de Medio Ambiente firmado entre Chile y Argentina en 1991.

INSTANCIAS AGOTADAS

Marcelo Castillo, abogado del Consejo de la Patagonia, confirmó que agotada la última instancia judicial dentro del país -la Corte Suprema-, procede estampar el reclamo ante organismos internacionales, donde esperan sean atendidas las denuncias de violación de derechos humanos de igualdad ante la ley y el incumplimiento de legislación ambiental.

“Consideramos que los fallos de primera y segunda instancia, sólo por una formalidad absurda, pues presentamos nuestra solicitud antes de que HidroAysén entregara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no se hicieron cargo de nuestros reclamos de ilegalidad por violación de derechos”, señaló el abogado.

“Vamos a pedir medidas provisionales de modo que se adopten varias iniciativas, entre las que no se descarta la paralización del proyecto, pues la comisión posee facultades discrecionales para ello, dependiendo de los antecedentes que aportemos”, indicó Castillo.

En una arista más de la batalla contra el megaproyecto, cuya inversión asciende a 3.200 millones de dólares, la denuncia será presentarán en marzo próximo en la sede de Washington del organismo internacional.

HIDROAYSÉN Y TRILLIUM

El recurso de protección rechazado por los tribunales nacionales, según explicó Castillo, fue presentado para revertir la omisión por parte de la Corema de Aysén que no dio curso a la solicitud de condiciones administrativas establecidas por ley para aplicar el citado tratado entre Chile y Argentina que, entre otros puntos, establece que las cuencas hídricas compartidas deben contar con un plan general de utilización, “instrumentos que no existen para los casos de las cuencas de los ríos Pascua y Baker”.

Pese al revés judicial en la Corte Suprema, Castillo enfatizó que la sentencia de dicho tribunal no emite juicio sobre el fondo del asunto (la no aplicación del tratado binacional de recursos hídricos compartidos) ni se refiere a la admisibilidad y/o aprobación del EIA.

“Acá las instituciones no están funcionando y se está comprometiendo internacionalmente al Estado por este tipo de situaciones”, lamentó Castillo, abogado que formó parte de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, tras seis años, condenó al Estado en el caso Trillium. “Aunque son causales distintas, existe ese precedente por cuanto el fondo -la violación de derechos-, es similar”, advirtió.

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