Aborto Terapéutico en Chile: Hasta Cuándo el Silencio

Los casos de Karen Espíndola y Claudia Pizarro, así como los proyectos de ley presentados desatan un debate necesario.

Karen Espíndola y Claudia Pizarro han sido protagonistas central de la instalación del debate sobre la reposición del aborto terapéutico, debate que ha permanecido por dos décadas cercado por todo tipo de fundamentalismos valóricos y religiosos, cuando no fue pospuesto por el cálculo político. Ambas alzaron su voz para exigir que se le concediera el derecho a realizarse un aborto por razones de salud. A cambio recibieron todo tipo de ataques que las expuso al escrutinio público sin mediar consideración de ningún tipo.

Karen levantó con valentía su voz: “anímense a entrar en el debate y analizar los fundamentos y vivencias que les he presentado; no crean en mitos como que todos los que no nos denominamos provida, somos “antivida”, dijo a la prensa.

Desde las postrimerías de 1989, cuando la dictadura militar derogó la legislación que permitía en Chile la realización de abortos con fines de salud, nuestro país entró en el callejón sin salida de la promoción hipócrita del aborto clandestino, el mismo que lleva anualmente a un número de entre 120.000 y 160.000 mujeres de distintas edades y condición social a realizarse abortos ilegales, con toda su secuela de maltrato sicológico, muerte y muchas veces cárcel, convirtiéndolas en delincuentes por ejercer una acción que es legítima en todas los Estados desarrollados, los mismos Estados que nuestras élites admiran y proponen emular a la hora de elegir modelos económicos y políticos.

Durante años, hasta este debate, pareciera que el aborto no existiera en Chile, vivimos una fantasía que se sustenta sobre la creencia de que como la ley lo prohíbe, éste no existe. Silenciamiento al cual han colaborado por igual policías, legisladores y medios de comunicación. Cuando todas y todos sabemos y conocemos de alguien que prueba lo contrario. Por ello no sorprende la virulencia con la cual los mismos de siempre: Políticos y algunos académicos de universidades confesionales, han reaccionado ante las propuestas de legislación que incluso personeros de sus propio sector, como Evelyn Matthei han impulsado. Al respecto Karen señaló “Yo respeto todas las creencias religiosas, pero en un Estado laico como el chileno se debe dejar fuera los argumentos religiosos para imponer conductas. Lo anterior, por cuanto imposiciones jurídicas que se fundamentan en creencias religiosas – por ejemplo, ver la vida como un regalo de Dios u obligar a las personas a darle un sentido espiritual al sufrimiento–, resultan discriminatorias para quienes no las profesan”.

Ofende la manipulación de aquellos que se autoproclaman “defensores de la vida” y que no les inquieta una realidad de discriminación que nos golpea el rostro, al condenar a las mujeres más pobres a arriesgar su vida en “clínicas” abortivas ilegales, mientras se les niega en los consultorios, como los de Puente Alto, el acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, los mismos métodos que se expenden libremente en las farmacias de las zonas más adineradas de la capital. Es la misma violencia de los que en su delirio fundamentalista, están dispuestos a “pedir” a una adolescente que acepte ser víctima por decisión de la ley de la doble agresión que significa el obligarlas a ser madres de un ser nacido de una agresión sexual. Finalmente en su desesperación, estos autoproclamados “defensores de la vida”, han pretendido victimizar doblemente a Claudia Pizarro, acusándola de participar de un montaje solo por pedir el respeto a un derecho. Ni ella, ni ninguna de esas mujeres que seguirán engrosando la lista negra de los abortos en nuestro país, deberían estar a merced de la intolerancia ideológica, ni ser merecedoras de ataques de quienes no tuvieron la misma conducta “provida” cuando en nuestro país se violaron los derecho humanos sistemáticamente.

Mientras no se legisle sobre el derecho al aborto terapéutico y se despenalice cualquier forma de aborto, poniendo fin a un grave problema de salud pública y de abuso de los derechos humanos de millones de mujeres, entre ellas las más pobres y vulnerables, seguiremos sosteniendo que en Chile los derechos humanos de las mujeres en sexualidad y reproducción no son reconocidos, respetados ni protegidos, y que el Estado es responsable directo de esta grave omisión, trasgrediendo principios éticos de autodeterminación y autonomía a los que todo ser humano debe tener derecho. Esta situación, que ya se ha vuelto intolerable, contraviene el espíritu de tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo cual ya diversos Comités de la ONU ha exigido al Estado chileno reparar esta situación, sin obtener hasta el día de hoy respuestas satisfactorias.

Una maternidad no debe ser impuesta por mandatos culturales o religiosos, ni por leyes castigadoras que, en la práctica, constituyen un gran fracaso legislativo. Por ello llamamos a la sociedad, en su conjunto, a movilizarse para exigir al Estado chileno la inmediata revisión de la legislación punitiva sobre el aborto, así como también que cesen las persecuciones de las mujeres que abortan, quienes a menudo son delatadas en los mismos servicios de salud, convertidos hoy en agentes de la persecución penal del Estado.

*Créditos de la Imagen: Soledad Rojas.

Fuente: Fondo Alquimia

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