Rubilar (RN) llama a ‘ajustarse el cinturón’ por recorte en presupuesto del Museo de la Memoria

El Mostrador

24/06/2010

La diputada de Renovación Nacional (RN), Karla Rubilar, llamó a la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Romy Schmidt, a “ajustarse el cinturón” tras ser informados de un recorte de 280 millones de pesos en el presupuesto de la institución.

Además, la parlamentaria miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, acusó a la Concertación de usar el tema con fines políticos.

“La gente de la Concertación está utilizando una vez más el tema de los derechos humanos para sacar pequeños dividendos políticos. Aquí todos nos hemos apretado el cinturón, se han recortado fondos regionales, y aún así el Gobierno no ha tocado un peso del presupuesto de mil 400 millones con que cuenta del Museo de la Memoria”, dijo.

Rubilar, explicó que a pesar de la importancia del Museo, los dineros extra deben estar enfocados hacia otras prioridades, haciendo hincapié específicamente, en la reconstrucción.

“(Schmidt) debe acostumbrarse a esta nueva forma de gobernar, donde los recursos que son de todos los chilenos se cuidan, y ella como directora debe administrar bien los fondos que posee, redestinando los recursos necesarios para hacer las reparaciones”, concluyó.

Informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura: la tortura y Chile en sus 200 años

Mapuexpress

24/06/2010

El informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión – tortura incluida – se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”.

El informe que apunta a problemas que tienen que ver especialmente con el uso de la tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes, y con la denuncia de la impunidad en contra de los torturadores, se entrega cada año como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura, el 23 de junio.

La ley antiterrorista

En el caso de los mapuche, denuncia la aplicación de la ley 18,314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista, la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y miembros de comunidades, y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuche de ayer y hoy. Al momento de la entrega de este informe, se recuerda que un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, fue asesinado por la espalda por un carabinero del GOPE. Hay 57 presos políticos mapuche procesados o sentenciados por ley antiterrorista, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.

La Ley Antiterrorista, señalan, viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. Permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.

Libertad de expresión

Además, recuerda el informe, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela, recientemente absuelta de todo cargo por la justicia, es un ejemplo patético, pues ha debido soportar seis años de persecución injusta, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída, y su material de trabajo no le ha sido devuelto. Similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.

La vida humana y las cárceles

Asegura la comisión que parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Ello a la luz de lo que sucedió para el terremoto, cuando al menos tres reos murieron por efecto de los disparos de gendarmes que aplicaron la ley de fuga en un momento de catástrofe, y otro reo, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los presos, al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama. Las tres víctimas de los gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años) y el informe documenta que el Ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo” para la mantención del orden, sin detenerse en el valor de la vida de un ser humano.

Respecto de quienes sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, la Comisión llama a superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.

Agregan que la pensión mensual otorgada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; e insisten en que debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.

La CECT reitera, ante los 200 años de vida de la República, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras por violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o en el exterior por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech; y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura. Se llama a la derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía alguna.

Contenidos del informe

El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político. Pablo Ruiz escribe denunciando la continuidad de participación de uniformados chilenos que cursan estudios en la Escuela de las Américas, actualmente situada en Fort Benning, Estados Unidos, y Hervi Lara se refiere a un tema estrechamente relacionado: el GOPE (fuerzas especiales de Carabineros) y la tortura.

Finalmente, en la parte gruesa del informe, Beatriz Brinkman escribe sobre los derechos del Pueblo Mapuche, y Lucía Sepúlveda aporta un registro documentado sobre Tortura y Prisión Política a luchadores sociales mapuche, que incluye el listado de casos de 96 presos políticos y procesados mapuche, de los cuales 57 personas cumplen prisión efectiva, y también 57 están siendo procesados o han sido condenadas por la legislación antiterrorista. En forma especial se alude al caso de la lonko Juana Calfunao, una de las fundadoras de la Comisión Etica, quien permanece en prisión por más de 3 años y a quien le ha sido negado el acceso a la libertad condicional. También se detallan las escasas sentencias absolutorias y las querellas (pendientes) por tortura o tratos inhumanos presentadas a la justicia. Un análisis final se refiere a la estrategia ideada por los fiscales de re-formalización de los presos como una nueva modalidad que permite extender los plazos de detención sin juicio oral y complejizar las tareas de la defensa. Hay testimonios de casos de tortura, y como anexo se entrega el informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la psicóloga Claudia Molina González y el organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas en enero de 2010, en Ginebra, Suiza.

La Comisión Etica Contra la Tortura es una entidad conformada en marzo de 2001 por organizaciones de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las

Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Etica contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia. La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.

DECLARACIÓN PÚBLICA Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago.

Fono-fax: 6960678. E-mail:afdd@tie.cl

A no más de 24 horas de la reunión sostenida con el señor Sebastián Piñera, nuestra Agrupación se ve impelida a responder públicamente los dichos del  Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien  nos acusa de “torpes” y se declara “desilusionado” por nuestra actitud para con los resultados de ese encuentro.

Si la “nueva forma de gobernar”, de la cual se ufanan es recepcionar solo aquello que los congratula, están en un error, fuimos tan transparentes, como ha sido nuestra conducta de siempre, que al empezar la reunión expresamos las legítimas desconfianzas que nos produce este nuevo escenario, en que llegan al poder bajo el alero de una coalición política que sin pudor alguno, propulsó, defendió, sostuvo y no quiso saber lo que ocurría en el país durante los 17 años de la dictadura.

Esa misma coalición, el día de hoy, tiene algunos representantes, que sin pudor alguno siguen justificando y defendiendo al dictador.

Casos recientes el del ex embajador en Argentina, Miguel Otero, o los dichos de otro Piñera, esta vez José, podríamos seguir con una larga nómina, incluidos Ministros de Estado, que tuvieron un papel relevante en dictadura. ¿Se explican  así nuestras desconfianzas?

Es cierto, con el señor Hinzpeter, tuvimos una conversación en cuyo tono coincidimos y así lo hicimos saber en distintas instancias, a saber la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados, entre otras. No ha sido así con quien hoy ocupa el cargo de Secretaria Ejecutiva del Programa de DDHH, señora Rossy Lama, que parece ser está en ese cargo para  entorpecer y no facilitar el juicio y castigo de los culpables de la desaparición de nuestros familiares.

Que se use como argumento una suerte de graciosa benevolencia de parte de las nuevas autoridades al recibirnos, demuestra el desconocimiento de lo que ha sido la trayectoria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que hemos sostenido siempre, la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad, responsabilidad que no se diluye y a la que tienen que responder quienes estén como representantes del mismo, sean del signo político que sean.

Si para el gobierno “avanzar en nuestras demandas” se traduce en callar, en no disentir, en no expresar nuestras aprehensiones, están equivocados.

Si para el gobierno, esta actitud nuestra se traduce en deslegitimarnos públicamente, están  equivocados.

Si para el gobierno condicionar el diálogo a una actitud obsecuente de nuestra parte, están equivocados.

Con todo, nuestra lucha continua, no bajaremos los brazos, no lo hicimos en los años de la dictadura ni en los años de la Concertación, al contrario, nos da fuerzas para seguir exigiendo Verdad, Justicia y Memoria, para nuestros familiares. Teniendo la confianza y seguridad que no solo representamos nuestros intereses, sino también nos guía la imperiosa necesidad de implementar en el país todo aquello que permita cimentar un real NUNCA MÄS.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

23 de junio de 2010

La Moneda somete a detectores de metales a invitados a ceremonia con pueblos originarios

Radio Terra

24/06/2010

Los más de 200 invitados a la conmemoración tuvieron que pasar por el instrumento.

La Moneda somete a detectores de metales a invitados a ceremonia con pueblos originarios

SANTIAGO, junio 24.- El umbral del principal acceso al palacio de La Moneda lució esta mañana dos vistosos detectores de metales como medida de seguridad para revisar a los más de 200 invitados a la conmemoración del día de los pueblos originario.

La ceremonia se desarrolla en el patio de Las Camelias de la sede de Gobierno y contempla la presencia del presidente de la República Sebastián Piñera además de representantes de los pueblos indígenas quienes deben pasar un exhaustivo control policial antes de ingresar a la actividad.

Tras ser revisados, los asistentes fueron recibidos por el director nacional de la CONADI Francisco Painepan.

Luego de recorte presupuestario directora del Museo de la Memoria emplaza a Piñera a actuar con “coherencia”

Radio Universidad de Chile

24/06/2010

http://radio.uchile.cl/noticias/72456/

Diversas preocupaciones rondan en materia de derechos humanos en nuestro país. Uno de los trabajos reconocidos en esta materia el mundo es la importancia de mantener la memoria en cada uno de  los países.

En Chile, desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que veía este año  como “de instalación”,  tienen muchas dudas de poder cumplir con ese compromiso.

El lunes pasado el directorio del Museo junto a los representantes de la Secretaría General de Gobierno se reunieron y los funcionarios del reciente inaugurado edificio de la calle Matucana, fueron informados que se producirá un recorte de 280 millones en la institución, debido al terremoto.

Pero la directora del Museo de la Memoria y los derechos humanos, Romy Schmidt, hizo un enérgico llamado al actual gobierno. “Llamamos al Presidente Piñera a tener coherencia entre sus dichos y el accionar de su gobierno y a que revise este disminución importantísima en el museo de la memoria”, afirmó.

Los recursos del museo están destinados en el presupuesto que se discutió en el 2009,  pero en la puesta en marcha se dieron cuenta que necesitaban más apoyo.

Esos montos fueron disminuidos, finalmente este dinero se iba a utilizar en la reparación de daños del edificio que se vio afectado el pasado 27 de febrero y que mantiene hasta hoy habilitada sólo una pequeña parte de la entidad para visita de público.

El trabajo estará concentrado en poder cumplir con la puesta en marcha en el mes de agosto para estar al 100 por ciento en el mes de septiembre para celebrar el Bicentenario.

Denuncian represión contra trabajadores, estudiantes y mapuches chile

Prensa Latina

23/06/2010


La represión en Chile es aplicada contra trabajadores, estudiantes y mapuches que exigen cambios, denunció la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), que entregó hoy su informe 2010 al gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Al conmemorarse este miércoles el Día Internacional Contra la Tortura, dirigentes de la CECT depositaron en el palacio de La Moneda su informe, titulado “Tortura y Chile en sus 200 años”.

En su introducción, sostiene que el actual sistema socio-económico “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”.

Entre las denuncias, destaca la aplicación de la Ley Antiterrorista (1984), la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuches, como el caso del comunero Jaime Mendoza Collío, muerto por la espalda por un Carabinero.

Actualmente hay 57 presos políticos mapuches procesados o sentenciados por Ley Antiterrorista, según la CECT, que resalta especialmente el encarcelamiento desde hace tres años de la lonko (dirigenta) Juana Calfunao, fundadora de la organización.

El informe, de 70 páginas, incluye denuncias de persecución de periodistas extranjeros y artistas visuales chilenos, como la cineasta Elena Varela, recientemente absuelta luego de seis años de acusaciones falsas y detenciones arbitrarias.

El documento señala que “similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional”.

Por otro lado, la Comisión criticó también las deficientes condiciones al interior de las cárceles.

La CECT, que incluyó numerosos anexos de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y testimonios de casos de tortura, llamó -ante los 200 años de vida republicana- a derogar la “ley de auto amnistía de la dictadura (de Augusto Pinochet)”.

Asimismo, pidió castigo para los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros.

“En Chile no existe politización de la justicia”, presidente de la Corte Suprema de Justicia

Andes Info

24/06/2010

Milton Juica, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en diálogo con Andes, comentó sobre la importancia de juzgar los crímenes a los derechos humanos desde la experiencia chilena y la formación de los jueces, en  el marco de la V Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Audio:

¿Qué aportará Chile en materia jurídica a esta reunión de la Unasur?

Hoy por hoy la jurisprudencia es cosa de cada país, cada país tiene sus diferencias y eso hay que respetar. Hay ciertas materias que en realidad pueden servirnos en materia de varios países por ejemplo el tratamiento de los Derechos Humanos,  porque lo derechos humanos sí que trascienden las normas de los países y estamos todos sujetos a principios que son universales y que cada país tiene que asumirlos como propios y si no los tiene como propios, tiene que asumirlos. Por tanto,  lo que haga por ejemplo los jueces argentinos, los jueces uruguayos es un referente para Chile para ver cómo operan.

En materia de Derechos Humanos, Chile ha logrado juzgar a las personas que han estado involucradas en delitos de lesa humanidad, ¿Cómo podría Ecuador llegar a lo mismo?

Cuando se volvió a la democracia pese a las restricciones que tenía el poder judicial chileno en cuanto a poder investigar por culpa propia de no tener la fuerza suficiente para poder imponerse frente en la dictadura en la democracia, El poder judicial chileno empezó una amplia investigación de los derechos humanos. Tanto que hoy por hoy en Chile existe más de 500 procesos de investigación, 200 terminados y 150 personas cumpliendo condena que son miembros de las Fuerzas Armadas de los grados más altos generales,  jefes de los servicios, todos están cumpliendo condena y la sociedad a valorado mucho eso que el poder judicial haya tomado esa iniciativa.

¿Existe un compromiso de los jueces para juzgar estos delitos?

Todos los jueces están involucrados hasta las últimas consecuencias, nosotros hemos llegado a casi un estándar de causas y creo que vamos a agotar todo el sistema de todos los hechos que fueron delictivos y vamos a investigarlo todo, todo ese es el propósito del poder judicial y todo se va a sancionar. En Chile no está amparando la ley de amnistía, la prescripción de los delitos de lesa humanidad y creo que hemos dado un ejemplo en esa materia y se ha procesado al presidente de la época que fue Pinochet y no fue condenado porque murió antes.

¿Qué pasa con los políticos involucrados, a ellos se los investiga de la misma manera?

Nosotros con tribunales investigamos solo responsabilidades penales, las responsabilidades políticas son de carácter política. Pero hay cierto una línea muy tenue entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal, puede estar compartida si es responsabilidad política y penal entonces los jueces tomen la responsabilidad penal y sumen el compromiso de investigarlo, pero los informes de comisiones como la Rettig y la Valech, fueron en Chile muy decidoras de gente que no creía que había pasado algo en el país. A mí me cuesta mucho creer que algo alguien piense que no haya pasado. Hoy por hoy nadie en Chile puede decir que esto no existió.

¿Para tener buenos jueces es necesaria una Escuela de la Función Judicial?

Chile tiene una tradición muy centenaria de carrera judicial, allá los jueces hacen una carrera de jueces más bajo hasta llegar a la Corte Suprema y para llegar a ser juez además hoy por hoy para postular a un cargo judicial tiene que aprobar un curso de formación en la carrera judicial de modo que nadie entra por la ventana en el poder judicial. Salvo hay cinco cargos de ministros de la Corte Suprema que pueden ser propuestos en un nombramiento  tripartito, Corte Suprema, Presidente de la República y Senado, cinco personas pueden venir del exterior para conformar parte de la Corte Suprema. Una Corte Suprema de 21 ministros, todo lo demás en Chile no entra nadie que no sea de la Carrera Judicial y la politización no existe.

¿Cómo les ayuda el tener una escuela de formación de jueces?

Esto hace que tengamos un poder judicial muy creíble muy legitimado, en que los jueces no están para políticos ni para partidos políticos, no se sienten además con deudas políticas y eso es una gran cosa. En Chile en general el juez es apolítico y no guarda gratitud en los nombramientos que le hayan hecho, el juez no debe ser en ese sentido generoso con los que los han nombrado debe ser lo más duro posible para demostrar que es independiente.

En Ecuador la designación de jueces por concurso….

Eso en Chile es impensable que pudiera hacerse, no se lo ha hecho y ni creo que se vaya hacer nunca. Esa es nuestra ponencia de Chile es  posición de Chile, es la realidad de Chile y no queremos imponérsela a nadie porque esa es una cosa de cada país.

Gobierno negó nuevos aportes para restaurar el Museo de la Memoria

Cooperativa

23/06/2010

http://www.cooperativa.cl/gobierno-nego-nuevos-aportes-para-restaurar-el-museo-de-la-memoria/prontus_nots/2010-06-23/132933.html

Romy Schmidt enfatizó que con esta decisión se pone en riesgo su reapertura.

Subsecretario Ubilla explicó que esos fondos serán destinados a las zonas afectadas por la catástrofe.

El Gobierno negó el presupuesto extra de 280 millones de pesos que había sido asignado para la restauración del Museo de la Memoria, con el fin de cubrir los daños que provocó el terremoto.

ImagenEl subsecretario Rodrigo Ubilla, quien asistió a una actividad en el museo, reafirmó que no se trata de un recorte, sino que se desestimaron los dineros extras para ser derivados a las zonas afectadas por la catástrofe

La directora del establecimiento, Romy Schmidt, criticó la decisión del Gobierno y enfatizó que “no entendemos cómo las víctimas de la dictadura pasan nuevamente a ser víctimas, condenándolas nuevamente al anonimato, poniendo en riesgo que el museo se pueda reabrir nuevamente”.

Schmidt pidió al Presidente Piñera que “por favor haga efectivos sus dichos permitiendo que este recorte presupuestario, en el caso del museo, no sea de la magnitud que han hecho y hasta altura del año donde estaba comprometido y que nosotros teníamos como fecha de reapertura el 7 de agosto, cuestión que hoy se entra en reevaluación”.

El financiamiento a la Educación Superior condicionado a lo público

Radio Universidad de Chile

22/06/2010

Chile financia sus universidades principalmente a través de los aranceles que cobran a sus estudiantes y, en el caso de las tradicionales, con los aportes basales que reciben por criterio histórico. Este es un sistema con inconsistencias verdaderamente excepcionales. Las universidades estatales están obligadas a autofinanciarse como si fueran privadas, algunas privadas reciben recursos del Estado como si fueran estatales, ninguna rinde cuenta por ello ni responden a exigencia alguna. Otras se comportan casi como públicas, pero se financian y funcionan como privadas, dando pie a que motivaciones ajenas al quehacer académico.

Esto, entro otras cosas, configura un escenario crítico donde las instituciones discriminan y endeudan a los estudiantes por el valor de sus aranceles y la educación estatal se debilita por no “ser competitiva”. En muchos casos se lucra de manera encubierta o se financian con recursos fiscales proyectos ideológicos particulares. En el fondo se entiende a la educación como un bien individual que debe ser pagado por aquel que lo recibe (el estudiante) y poco se hace por asegurar la primacía del bien común como aspiración fundamental de un Sistema de Educación Pública Universitaria.

Este panorama se ha venido profundizando desde 1980 y ya va siendo hora de hacer reformas profundas que pongan freno al negocio de la educación. Debemos superar la exclusión de los sectores populares de la educación de calidad, detener la regulación exclusivamente dejada al mercado y revertir la falta de compromiso social de quienes reciben aportes estatales.  El desafío de este periodo es apostar hacia un Nuevo Sistema Nacional de Educación Superior.

La reforma necesaria debe regular el sistema esclareciendo un rol claro a las instituciones públicas y diferenciando la institucionalidad y el financiamiento de éstas, del resto de la que quieran continuar desempeñando un rol privado. El paso inicial es definir la educación pública que necesitamos y a cualquier institución que se precie de tal deberían exigírsele tres cosas mínimas como compromiso explícito con el Estado.

Que sea abierta a la comunidad, no discriminando ni excluyendo por ideología o nivel socioeconómico, sino que representando la composición social de la manera más fiel, lo que no va a conseguirse los actuales mecanismos de acceso y valores de los aranceles.

Que sea pluralista, permitiendo la libertad de asociación y de cátedra, en busca de generar ciudadanos críticos, formados en los valores democráticos y abiertos a las ideas y sus contradicciones.

Que sea democrática, de manera que esta comunidad tome las riendas institucionales para poner los énfasis y recursos en aquellos problemas más sentidos, donde el rol de la universidad sea más necesario. Un gobierno universitario triestamental, con resguardo de las jerarquías propias del quehacer académico es garantía de trasparencia, equidad y pertinencia social como ningún otro.

Si esto existió en las universidades ya lo perdimos, así que lo principal es recuperarlo. Hoy la educación pública lo es principalmente de nombre y da por sentado que cumple un rol que ya no es tal y que formalmente no se le exige, pero es justamente en este rol que se justifica que una universidad deba recibir recursos del Estado, previo acuerdo explícito entre las partes. Superar los criterios históricos con los que las universidades en Chile reciben recursos para pasar a financiar solo aquellas que se comprometan formalmente a desarrollar un rol público bajo estas tres premisas, es el segundo cambio fundamental que deberíamos impulsar. Las universidades necesitan aportes basales para funcionar con autonomía, y estos recursos son clave para el desarrollo de la investigación, mantener la excelencia académica, proteger a los estudiantes vulnerables y bajar el valor de los aranceles.

Un financiamiento directo a las universidades públicas es necesario para comprometerlas con un proyecto educativo alineado con las necesidades de la sociedad en su conjunto y no de grupos de poder o corrientes ideológicas, por eso es fundamental definir un límite entre lo que es educación pública, abierta, pluralista y democrática, la que debe ser financiada, y educación privada, que puede funcionar de manera complementaria para aquellos que tengan interés particular en otro tipo de educación y estén dispuestos a pagar por ella.

Pensar que las universidades son públicas por el solo hecho de formar profesionales es un grave error, más importante es la formación que tienen esos profesionales y su disposición a trabajar por el país más que sólo por ellos mismos. También se equivocan quienes sostienen que son más públicas aquellas instituciones que tienen estudiantes pobres, olvidando que lo público está en que sea para todos, contribuya al desarrollo de todos e integre el pensamiento de todos. Creer que solo hay que proteger al estudiante y entregarle directamente a él los recursos para que decida dónde estudiar termina por apoyar la subvención del negocio educacional y no da garantías de asegurar el derecho a una educación de calidad.

Regular en pos de la calidad implica exigir y entregar. Pedir a las instituciones que cumplan con requisitos mínimos y entregarle lo necesario para que lo hagan con excelencia académica, abriendo las posibilidades para que puedan optar a una formación de estas características todos los que no tengan interés en una educación ideológicamente particular.

Reformar el Sistema de Educación Superior y particularmente el Financiamiento Universitario pasa por formar un conjunto de Universidades Públicas voluntariamente constituido por aquellas comprometidas a ser democráticas, abiertas y pluralistas, que cumplan con condiciones mínimas. Que se les entreguen recursos de manera diferenciada en relación al carácter de su propiedad y el cumplimiento de este rol, directamente a las instituciones y no a los estudiantes, para que puedan bajar sus aranceles, localizar ayudas estudiantiles y administrar con autonomía sus presupuestos. Constituido este sistema hay que hacerlo crecer y que de una vez por todas se deje de subvencionar la educación privada bajo pretexto de que es la única opción.

PIÑERA RATIFICO COMPROMISO CON DERECHOS HUMANOS

El presidente chileno, Sebastián Piñera, ratificó hoy su compromiso con los derechos humanos, tras la polémica que generó su decisión de interrumpir una audiencia que mantenía con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“Soy un convencido que un gobierno que cree en la democracia y en el estado de derecho debe respetar, hacer respetar y promover la defensa de los derechos humanos en todo lugar y en toda circunstancia”, dijo Piñera.

El mandatario recibió hoy a la organización de derechos humanos, pero interrumpió el encuentro aduciendo que tenía un compromiso previo agendado, lo que generó duras críticas de los miembros de la Agrupación.

Piñera anunció que esta semana recibirá nuevamente a los familiares de detenidos desaparecidos, que tras la reunión de hoy consideraron que “no es fácil” el diálogo con el gobierno.

“Estamos hablando, y así se lo señalamos a él, con el Presidente que representa al mismo sector político que violó los derechos humanos en este país”, dijo la presidenta de la entidad, Lorena Pizarro.

El padre de Pizarro está desaparecido desde 1976 cuando se secuestró a toda la cúpula del entonces clandestino Partido Comunista.

Experta dice que aplicación del Convenio 169 OIT tardará varios años

Mapuche Noticias

23/06/2010

El convenio 169 de la OIT fue ratificado por Chile y entró en vigor en Septiembre del año pasado, este tratado otorga diversos beneficios a los mapuche y otros pueblos originarios entre los cuales se encuentran el reconocimiento de los pueblos indígenas tribales, derecho a la consulta previa, derechos humanos y laborales, entre otros.

Según informó Radio BíoBío: “Schapira, experta de la OIT, aseguró que la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos originarios, demorará algunos años, debido a los cambios que debe adoptar el Estado sobre la forma de incluir y hacer participar a los indígenas en las políticas públicas del gobierno.”

Según el artículo 5º de la Constitución Política de la República de Chile, los tratados internacionales ratificados por Chile adquieren jerarquía constitucional, por lo que su contenido debe ser respetado con la misma validez que cualquier otra jurisprudencia.

Recordemos que los mapuche detuvieron la construcción de un aeropuerto en Quepe, gracias a este tratado internacional.

Lorena Pizarro (AFDD): “No bastan sólo las palabras a favor de los DD.HH.”

El Mostrador

23/06/2010

“Nosotros le señalamos al Presidente Sebastián Piñera que no bastan sólo las palabras y las declaraciones de principio en relación a que se condenan estos hechos”, eso “lo venimos escuchando hace 20 años”, insistió.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se refirió a la reunión que sostuvo ayer la entidad con el Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con radio Cooperativa, la dirigente sostuvo que existen ‘discrepancias’ y diferencias “con la visión sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país durante los años de dictadura”.

“Nosotros le señalamos al Presidente Sebastián Piñera que no bastan sólo las palabras y las declaraciones de principio en relación a que se condenan estos hechos”, eso “lo venimos escuchando hace 20 años”, insistió Pizarro.

En esa línea, dijo “lo que necesita en Chile, no sólo los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, sino que para construir un país donde se asegure este ‘nunca más’, es que la verdad y la justicia sean, además de un imperativo ético, una acción concreta que permita profundizar esta democracia”.

La presidenta de la AFDD hizo hincapié en que “para esas medidas no hay respuesta, para esas medidas sólo hay análisis generales, hay compromiso de responder en algún momento cuando lo que tiene que tomarse ahí es una decisión política, de Estado, donde se pide particularmente que se ponga urgencia un proyecto de ley que permite y favorece un enjuiciamiento a los violadores de derechos humanos”.

“Un mandatario que señala un compromiso con este tema, la necesidad de verdad y justicia, no logro entender qué tanto tiene que estudiar si lo que estamos pidiendo es que vayan a la cárcel quienes violaron los derechos humanos, salvo que es el Mandatario que representa al mismo sector de derecha que es el responsable de los crímenes y el terrorismo de Estado”, manifestó.

Respecto al respaldo otorgado por el Jefe de Estado a la directora del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, Pizarro la calificó como “una muy mala señal“.

“Es tan grave la posición que él ha tomado en relación a no solicitarle la renuncia a la señora Lama, porque entonces uno no puede borrarse el recuerdo, cuando en periodo electoral, los uniformados en retiro vinculados a crímenes, a violaciones, a torturas, señalaron que el señor Piñera había hecho un compromiso en off“, reclamó la dirigente.

“(Piñera) niega este compromiso, pero la señora Lama, que es la que está a cargo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se reúne con ellos y cuando alguno se cuela que lo procesan lo llaman”, concluyó Pizarro.