Contrastes de Vidas

El Mercurio

21/06/2010

Hoy en día, existen en Chile doscientos mil niños/as de cinco a diecisiete años que se han insertado en el mundo laboral, en condiciones deplorables, miserables, plena de injusticia social, fenómeno que cala la dignidad humana desde lo más profundo, incomprensible, puesto que en el marco de los derechos humanos se apela, se aboga porque los niños y niñas en edad escolar deben estar abocados a estudiar, esa es la tarea, la función que supuestamente tienen que vivenciar. En cambio nos enfrentamos con un segmento de niños/as que no viven su vida, conforme a las etapas del desarrollo.

Donde las exigencias o auto-exigencias superan con creces sus condiciones físicas, psicológicas y emocionales a las que son expuestos/as. Para colmo de males, muchos/as de ellos/as son los sostenedores de su hogar, en tanto otros/as deben contribuir con el sustento de la familia. Existiendo además pequeños/as que van en busca del alimento a los basurales, así de cruel es el escenario. Deben ser capaces de autosatisfacer sus necesidades básicas, alimento, abrigo y techo. Para que preguntar, cómo satisfacen las necesidades afectivas que demanda este segmento de la población. En tanto otros/as producto de su escasa o nula capacidad para llevar el dinero al hogar son maltratados, violentados física y psicológicamente, humillados, obligados a proveer del sustento. Esta situación proporciona el ambiente para formar un futuro delincuente y/o promueve la prostitución. Luego será la sociedad la encarga de enjuiciarlo y apuntarlo con el dedo, recriminarlo por las acciones ejecutadas… ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad? Hacer abstracción a la problemática existe. Tal vez muchas personas dirán “no es mi problema”, “a mí no me afecta”, y por tanto continuamos acrecentando el número de niños/as y jóvenes que viven en esta circunstancia.

Situación aberrante, deshumana, donde la desigualdad no tiene espacio para el reclamo… en silencio experimenta y agoniza. Contexto que exige a las autoridades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales analizar los resultados de las políticas sociales en curso, efectividad y seguimiento de éstas, como asimismo promover e impulsar otras reales, políticas públicas, conforme a la realidad que exhiben los antecedentes recabados, capaces de cortar la brecha existente. Complicadas de erradicar.

Resulta complejo es el actual panorama, puesto que si nos remontamos al período presidencial del gobierno de Ricardo Lagos Escobar, existían aproximadamente ciento setenta mil niños/as que se encontraban en esta situación irregular. Cabe además considerar la inversión efectuada en políticas públicas por los gobiernos de la concentración. Sin embargo, esta problemática ha ido en aumento, contraria a toda lógica. Si ayer el número era de ciento setenta mil menores aproximadamente, hoy alcanzamos la suma de alrededor doscientos mil niños/as, es decir, en seis años se han incorporado aproximadamente treinta mil niños/as al mundo del trabajo.

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¿Otra óptica del SERNAM?

EL Morrocotudo

21-06-2010

“El Mercurio publicó dentro de crónica principal en la Pág. C4: Proyectos heredados de Bachelet bajo la lupa, declaraciones de la subdirectora María Paz Lagos Valdivieso bajo el subtítulo: Otra óptica del Sernam, donde la autoridad refiere que los cuatro programas (PMJH, BPL, VIF y Participación) están en revisión “y siendo ajustados al principal objetivo de la nueva gestión que encabeza la ministra Carolina Schmidt: aumentar la participación laboral de las mujeres y conciliar familia y trabajo…”.

Claramente y ya no cabe duda, esta “nueva forma de gobernar”, amenaza a las mujeres chilenas a retroceder los 20 años transcurridos en la construcción y aplicación de políticas públicas en equidad de género cuyo propósito ha sido obtener mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Y no ha sido esto, iniciativa sólo de la ex Presidenta de Chile, ha sido un proceso sostenido de comprensión de cómo se construye un país mas igualitario y democrático, donde las mujeres somos el 51 % de la población.

Chile, suscribió y ratificó en 1989, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW) , el Instrumento Internacional de Naciones Unidas, que consagra los Derechos Humanos de las mujeres en todo el mundo. A Partir de esta fecha, el Estado de Chile debe cumplir obligatoriamente sus preceptos y las mujeres podemos y debemos exigir su cumplimiento en el legítimo ejercicio de nuestra ciudadanía plena.

La CEDAW señala : “teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función de los padres de familia en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación, no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños y niñas exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto” y “reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer , es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. ” y considerando que los Estados partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”.

Revertir los compromisos contraídos internacionalmente a aspectos parciales del desarrollo de un país como pueden ser la conciliación familia y trabajo y la participación laboral de las mujeres, es reducir y simplificar el rol que como mujeres nos cabe en la sociedad y retrotraer a la mujer al rol tradicional como reproductora y cuidadora de la familia, dejando fuera las responsabilidades del padre, como si al engendrar , éste no tuviera injerencia y responsabilidad en la crianza y formación de su prole.

En Chile hoy, las mujeres constituyen el 40 % de la jefatura de hogar , significa que aportan el mayor ingreso de sus hogares, por lo que son ellas las proveedoras y no el padre de familia, deben cargar con la responsabilidad del sustento de la familia y además asumir lo que se ha llamado la doble jornada, el trabajo doméstico. De este porcentaje, la mayoría de las mujeres trabajan como trabajadoras de casa particular o en servicios menores como comerciantes o en actividades de baja remuneración, actividades asociadas a la extensión del rol doméstico, a la baja escolaridad y a la discontinuidad laboral asociada a las funciones reproductivas que tradicionalmente se le asume como rol fundamental. Para mejorar , la condición de las mujeres jefas de hogar, el Sernam desarrolla el Programa de Mujeres Jefas de Hogar.

En el marco de la Ley de Violencia Intrafamiliar, se han instalado en el país 25 Casas de Acogida y 90 Centros de la Mujer , con el objeto de proteger a la mujer que vive violencia grave con peligro de muerte y apoya el empoderamiento y autovalencia que las mujeres necesitan para romper el círculo de violencia.

En relación a la equidad e igualdad laboral que debe primar en las empresas privadas y servicios públicos, el estado de Chile creó el Programa de Buenas Prácticas Laborales que promueve el buen trato entre trabajadoras y trabajadores en estas instancias.

La participación ciudadana de las mujeres como sociedad civil, implica el conocimiento de sus derechos, el acceso a la información y a las plataformas tecnológicas digitales , a través del Programa de Participación y Derechos, también de responsabilidad del Sernam y de cobertura nacional.

Hoy , transcurridos 3 meses desde que asumiera, el gobierno ha puesto en cuestionamiento los programas anclas de Sernam , que representan un avance significativo para las mujeres en lo social, económico, político y cultural, además está el tema de fondo, la negación de las políticas de género para cambiar la situación y posición de las mujeres que tiene que ver con el ejercicio del poder como un derecho esencial para hombres y mujeres en una sociedad que todavía tiene brechas significativas en esto ámbitos, cuál es el propósito? La respuesta parece obvia, se trata de volver a la mujer al rol tradicional en este régimen conservador que va a propiciar la maternidad por sobre todas las cosas poniendo de nuevo la responsabilidad de la baja natalidad en las mujeres, que deberán volver al ámbito de lo doméstico-privado, desligando al hombre y a la sociedad en su conjunto de la responsabilidad social y productiva que implica el sustento y la mantención de la familia.

Una sociedad democrática, es la que brinda soluciones equitativas y en igualdad de oportunidades a todos y todas sus ciudadanas, las responsabilidades de la casa, deben ser compartidas por todos los miembros de la familia , es un trabajo no valorado y no remunerado pero no menos importante, y las mujeres tienen el pleno derecho de incorporarse productivamente al desarrollo del país, compartiendo roles con su pareja en el pleno ejercicio de sus derechos, donde también importa la autonomía que se necesita para ser sujetos del desarrollo accediendo a los puestos de poder político, económicos y científicos como ocurre en los países desarrollados.

La sociedad civil tiene la palabra.

Piñera lanza lobby contra Perú y Nicaragua

La Razón

21/06/2010

Para reelegirse en el Consejo de DD.HH. de la ONU

Pese a que Chile, Brasil y Argentina ya cumplieron el período de tres años de permanencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y les corresponde dejar sus asientos a Nicaragua, Costa Rica y Perú, el gobierno mapocho decidió realizar un lobby para ser reelegido. Todo indica que el país al que se pretende dejar fuera es al nuestro.

Este será el objetivo del presidente Sebastián Piñerra durante su viaje a Nueva York el próximo 21 para intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por reglamento cada uno de los 47 países integrantes puede estar tres años como miembro del consejo, por lo que Chile deberá abandonarlo en 2011. Según El Mercurio su país “ya trabaja para renovar inmediatamente la permanencia”.

Y aunque en 2011 se abrirán sólo tres cupos latinoamericanos al Consejo, pues además de Santiago abandonan la instancia Brasil y Argentina, los candidatos ahora son cuatro. Y es que junto con Chile compiten Nicaragua, Costa Rica y Perú.

Fuentes sureñas dan por descontado que Costa Rica obtendrá los apoyos necesarios, debido a un reconocido perfil internacional en este tema. De hecho, el hasta hace poco presidente Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz.

“En ese contexto, se admite que la competencia estará básicamente enfocada con Perú –país con el que Chile mantiene un litigio limítrofe en La Haya– y Nicaragua”, reseña el medio.

Corte de Apelaciones de Santiago y Concepción dictan resoluciones en causas de Derechos Humanos

Radio Bio Bio

18/06/2010

Dos ministros en visita que investigan procesos por violaciones a los derechos humanos dictaron resoluciones en las causas que instruyen en las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Concepción y la de Santiago, respectivamente.

En primer lugar el ministro Carlos Aldana, del tribunal de alzada penquista, dictó condena de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Adán Valdebenito Olavarría, ocurrido a partir del 24 de septiembre de 1974 en la ciudad de Lota.

El magistrado sentenció a Manuel Contreras Sepúlveda a la pena de 541 días y a Orlando Manzo Durán a la pena de 61 días de presidio remitido por su responsabilidad como autor y cómplice del delito de secuestro calificado. En el caso de Contreras Sepúlveda se dio por cumplida por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva.

En tanto, el ministro Alejandro Solís, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Ramón Martínez González, ocurrido el 13 de enero de 1975, en Santiago.

El magistrado procesó a Manuel Contreras Sepúlveda, Mario Jahn Barrera, Marcelo Moren Brito, Fernando Lauriani Maturana y Miguel Krassnoff Martchenko por su responsabilidad como autores de delito mencionado.

Respecto de los procesados Contreras Sepúlveda, Moren Brito y Krassnoff Martchenko se ordena la prisión preventiva anexa a las condenas que cumplen. En cuanto al procesado Lauiriani Maturana se mantiene el beneficio de la libertad provisional y en cuanto al procesado Jahn Barrera se ordenó su ingreso a prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad.

Fiesta Anti-yankee, Villa Francia

20 DE JUNIO: EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS

Para más información contacte con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Santiago de Chile, al Tel. 02-235-5945  info@amnistia.cl

20 DE JUNIO: EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS

A diario, en todo el mundo, alguna persona toma la difícil decisión de abandonar su hogar. La guerra, la persecución, los desastres medioambientales y la pobreza son sólo algunas de las razones por las que una persona puede sentir que debe abandonar su familia, su comunidad o su país.

Las personas refugiadas dejan su país porque no les queda otra opción y porque temen por su vida o su seguridad o por la de su familia. También huyen de su país cuando su gobierno no quiere o no puede protegerlas frente a graves abusos contra los derechos humanos.

Las personas desplazadas internamente son aquellas que, a causa de la guerra, la persecución o los desastres medioambientales, se ven obligadas a trasladarse dentro de su propio país, sin llegar a cruzar fronteras nacionales.

Las personas solicitantes de asilo son aquellas que han llegado a otro país y han presentado o van a presentar una solicitud para que se les reconozca la condición de refugiadas, pero aún no han sido reconocidas formalmente como tales. Estas personas tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra. El artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “[e]n caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.

Una persona migrante es una persona que se traslada de un sitio a otro para vivir, y normalmente para trabajar, de forma temporal o permanente. Las personas migrantes pueden desplazarse dentro de su país de origen o a otro país. Pueden verse obligadas a realizar ese desplazamiento por no tener acceso a alimento, agua o refugio adecuados, o para garantizar su seguridad y la de sus familias. O pueden hacerlo para encontrar un empleo o para reunirse con su familia. Muchas se marchan por una combinación de motivos.

En muchos casos, las personas tienen más de una razón para abandonar su hogar. Pero, sea cual sea el motivo, todas ellas tienen derechos humanos. Además, las personas refugiadas tienen derecho a protección internacional.

Datos clave

  • Se calcula que 200 millones de personas viven fuera del país en el que nacieron: aproximadamente el 3 por ciento de los 6.500 millones de habitantes del mundo.
  • En el mundo hay, según estimaciones, 14,2 millones de personas refugiadas, aproximadamente el 0,21 por ciento de la población mundial.
  • La cifra de personas desplazadas internamente se calcula actualmente en torno a los 24,5 millones: el 0,4 por ciento de la población mundial.
  • La mayoría de las personas refugiadas y desplazadas internamente se encuentran en Asia y África, que entre los dos suman un total de 9,2 millones de refugiados y 18,1 millones de desplazados internos.

¿Qué hace Amnistía Internacional?

Amnistía Internacional hace campaña por los derechos de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas internamente en todo el mundo, y saca a la luz los abusos contra los derechos humanos de estas personas y su falta de protección.
En Chile, Amnistía Internacional tiene un equipo especializado en el tema, que colabora en mantener presión sobre los sucesivos gobiernos, y busca que se aplican buenas prácticas en el trato a migrantes, refugiados/as y solicitantes de asilo. Actualmente prepara un informe sobre la discriminación que sufren estas personas en el contexto nacional.

Amnistía Internacional también llama la atención hacia los peligros a los que se enfrentarían estas personas si fueran obligadas a regresar a su país.

Los activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo captan apoyos ante sus gobiernos para que se introduzcan cambios en las leyes, políticas y prácticas nacionales, y además trabajan con otras organizaciones para proteger los derechos de todas las personas refugiadas y migrantes.

Amnistía Internacional pide a todos los Estados que compartan la responsabilidad de la protección a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internamente y migrantes y que cumplan las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional.

Amnistía Internacional cuenta además con una red global de coordinadores y coordinadoras de refugiados en más de 50 países que trabaja junto con otras organizaciones no gubernamentales para proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y desplazadas internamente.

Nuestra organización no representa a personas individuales en procedimientos de asilo, aunque sí puede emprender acciones sobre cuestiones o casos individuales.

Fundamentos

Uno de los principios más importantes de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados es el principio de no devolución (non refoulement), es decir, el derecho de una persona refugiada a no ser devuelta a un país en el que corra peligro de ser perseguida. Amnistía Internacional se opone a que se devuelva a cualquier persona a un país en el que pueda correr peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional desea ver el fin de la detención ilegal de solicitantes de asilo en los países en los que estas personas buscan refugio. La detención afecta de forma especialmente negativa a las personas ancianas, a las víctimas de tortura, a menores no acompañados/as y a otras personas.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos y a otras autoridades que respeten los derechos fundamentales de las personas desplazadas internamente. La organización se opone al reasentamiento forzado de personas a causa de su religión, origen étnico, sexo, color o lengua.

Expertos de Chile Argentina y Uruguay proponen ahondar en enseñanza de DD.HH.

ADN

18/06/2010

Expertos en derechos humanos de Chile, Argentina y Uruguay propusieron hoy en Santiago profundizar en la enseñanza de la historia reciente y de las violaciones cometidas en esos países durante las dictaduras militares de los años 70 y 80.

Especialistas en este campo participaron en el segundo Seminario Internacional sobre “Pedagogía de la memoria, derechos humanos e historia reciente”, que se celebrará hasta mañana viernes, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de la capital chilena.

La docente argentina Silvia Finocchio aseguró a Efe que en ese país el panorama es alentador, ya que, según dijo, “en los últimos Gobiernos, ha habido un respaldo muy importante desde el Estado que ha permitido un trabajo con la memoria en la escuela”.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que durante la dictadura argentina (1976-1983) hubo cerca de 30.000 desaparecidos.

“La historia reciente ha sido un tema central para las políticas educativas y para las universidades, en las que hay diez grupos de trabajo en este ámbito”, señaló Finocchio, quien estimó que Argentina puede ser un referente en esta materia.

En cambio, la experta considera que tanto en Brasil como en Chile “la presión por enseñar la historia reciente es muy grande”, una afirmación con la que no se mostró de acuerdo Romy Schmidt, directora ejecutiva del Museo de la Memoria de Chile, inaugurado en enero de 2010.

“Chile sí tiene incorporado en el currículum obligatorio el tema de los derechos humanos. Lo que sí nos falta es material didáctico para que haya un cierto manejo objetivo por parte de los docentes”, admitió la ex ministra de Bienes Nacionales (2006-2010).

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), más de 28.000 personas sufrieron tortura o prisión política y 2.279 resultaron detenidas, desaparecidas o ejecutadas, según cifras oficiales.

En tanto, Amparo Delgado, del Museo de la Memoria de Uruguay, inaugurado el 10 de diciembre de 2007, observó luces y sombras en el tratamiento de los derechos humanos, así como en la asimilación de estos hechos por parte de la sociedad uruguaya.

Delgado aseguró que el rechazo en el plebiscito celebrado en 2009 a la anulación de la Ley de Caducidad, que desde los años 80 obstaculiza la investigación de los crímenes de lesa humanidad, “fue un golpe muy duro”.

Durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) se registraron 200 casos de desaparecidos y 10.000 de prisión política, lo que según Delgado es el mayor número en Latinoamérica en proporción a su población, que ronda los 3 millones de personas.