Pobreza cuesta arriba en Chile

Radio Universidad de Chile

14/06/2010

Pese a que en quince años la población ubicada bajo la línea de la pobreza pasó de un 38,6 a un 13,7 por ciento, son más de dos millones de chilenos los que, de acuerdo a la última Casen, viven con menos de 47 mil pesos. El terremoto del 27 de febrero complicó aún más el panorama, que se aleja cada vez más de la promesa del Gobierno de alcanzar el desarrollo en 2018.

Las auspiciosas cifras que arrojaban las mediciones de los últimos quince años, como por ejemplo que la población bajo la línea de la pobreza pasó de un 38,6 por ciento en 1990 a un 13,7 en 2006, según la encuesta Casen que elabora el Mideplan, no parecen concordar con la realidad que quedó expuesta después del terremoto del 27 de febrero pasado.

Una realidad que es común a personas como Don Pedro y su familia, que perdieron su casa durante el maremoto que devastó Dichato y que hoy viven en una de las más de trece mil mediaguas que se construyeron como solución habitacional para los afectados de la catástrofe.

Como muchos de los cerca de dos millones de damnificados, Don Pedro tenía una vivienda sólida, electrodomésticos y formaba parte de la denominada “clase media” chilena. Hoy, su esposa y sus tres hijos, deben ingeniárselas para adaptarse a una mediagua, espacio que originalmente había sido diseñado para erradicar los campamentos y dar un techo a las personas que vivían en condición de pobreza e indigencia.

Pero además, a marzo del 2010 la Dirección del Trabajo contabilizaba más de ocho mil despidos denunciados a causa del cataclismo, lo que disminuyó la capacidad de generar ingresos de miles de jefes de hogar de las zonas afectadas y a más de tres meses de la catástrofe son miles las familias que viven como allegadas y cientos de personas aún no tienen un acceso expedito a la salud.

Ese es el panorama que se dibuja entre las regiones de Valparaíso y el Bío- Bío, que concentran cerca del 80 por ciento de la población del país. Un escenario que pone en entredicho la promesa del Gobierno de acabar con la pobreza, derrotar la indigencia en 2014 y alcanzar el desarrollo en 2018.

Para el académico de la escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, Marcelo Yáñez, “no cabe ninguna duda que el terremoto genera un escenario de precariedad en una parte importante del país. Las personas y familias que antes tenían resueltas sus necesidades de vivienda, vestuario, de alimentación y salud y que se vieron damnificadas, harán que las cifras necesariamente sean más negativos que los que se venían observando antes”.

En Chile, la pobreza se mide a través de la encuesta Casen. Este instrumento traza la línea de la pobreza y de la indigencia en función de los recursos que dispone una familia para adquirir una canasta básica de alimentos. Para el 2006  el umbral de la pobreza se trazó en los 47mil 099 pesos, mientras que la de indigencia en 23 mil 549 para zonas urbanas. En tanto, en las zonas rurales, el límite se puso en los 31 mil 756 pesos para la pobreza y en  18 mil 146 para la indigencia.

Si consideramos que un kilo de pan cuesta en promedio 700 pesos, un litro de leche 500 y un pasaje en Transantiago 480 a partir del jueves, en un mes se gastarían 48 mil 980 pesos. Es decir, a más de dos millones de chilenos no les alcanzaría ni si quiera para costear estos tres elementos.

Por lo mismo, una mayores críticas que se le hacen a la encuesta Casen es precisamente que el ingreso, como indicador único, no capta la realidad que vive la mayoría de la gente de menores recursos.

Por otro lado, la catástrofe detonó situaciones que complejizan aún más la situación en el  país. De acuerdo a un informe de la Fundación para la Superación de la Pobreza, los hogares que caen en esta situación están compuestos en promedio por 4,6 integrantes, lo que complicaría el panorama de las casas que ahora viven con allegados. Asimismo, los índices de pobreza son mayores en las provincias y en los sectores rurales, que precisamente fueron las zonas que sufrieron los peores embates del terremoto.

Es por eso, que el Gobierno decidió coordinar un Panel Casen Post terremoto para tener datos actualizados sobre la situación de las personas en las zonas afectadas. Según indicó Luis Díaz, jefe de la división social del Mideplan, la herramienta tendrá “un módulo adicional que analizará el impacto psicosocial del terremoto que está orientado a tratar de detectar el efecto en el bienestar de las familias por el trauma o la experiencia de haber tenido que enfrentar esta situación”.

Sin embargo, las deficiencias que plantea este tipo de medición en relación con instrumentos que se están aplicando en el mundo, dejan a Chile lejos de los tan anhelados indicadores de los países europeos desarrollados.

Mejor medición, mayor pobreza

Aunque durante los últimos años la encuesta Casen ha tratado de cubrir la mayor cantidad de ámbitos posibles, continúa flaqueando en relación a los estándares a nivel global.

Los esfuerzos internacionales han apuntado hacia una concepción más global de pobreza, “que intenta atender de mejor manera la concepción que se tiene hoy del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, involucrando aspectos como la entretención, la cultura y que en Chile no están incorporados de manera directa”, explica Marcelo Yáñez.

De hecho, ya se han comenzado a aplicar distintos mecanismos en diferentes partes del mundo que toman en cuenta estos aspectos. La Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI) de la Universidad de Oxford está implementando un instrumento que más allá de medir el nivel de ingresos, apunta a detectar las privaciones de las familias en ámbitos como desnutrición, salud, educación y empleo.

En un seminario organizado por la Cepal, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y la Fundación para la Superación de la Pobreza, la directora del programa de la OPHI, Sabina Alkire, ejemplificó el método señalando que “en Perú el 21 por ciento de los niños que son desnutridos vienen de hogares que, de acuerdo a la medición de ingresos,  no son  pobres”.

La región de Bushan, entre India y China, adoptó el “Índice de la Felicidad Nacional”, que contempla el estándar de vida y la vida cultural, entre otras cosas. Si en nuestro país se llegara a aplicar una medición como esta, probablemente los resultados no serían auspiciosos, ya que, por ejemplo, una de las principales conclusiones del el informe anual sobre Cultura y Tiempo libre elaborado por el INE es que los grupos de mayores recursos tienen un acceso continuo y elevado a libros, cine y espectáculos artísticos en vivo y que, por el contrario, la población de bajos ingresos accede a la cultura a través de medios de comunicación como radio y televisión.

Por eso el desafío que tiene Chile en este sentido no es fácil. La Cepal informó que durante el segundo trimestre del 2010 cambiaría la medición de la pobreza en los países de América Latina, incluido el nuestro. La modificación estaría basada en los cambios significativos que ha sufrido la estructura del consumo de las personas y el aumento del ingreso per cápita. En tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que reemplazará la medición de la pobreza por un índice multidimensional para cerca de cien países.

Y aunque los expertos no han querido adelantar posturas respecto de esto, todo apunta a que con un método más exigente y, más aún teniendo en cuenta las consecuencias del cataclismo, la pobreza en Chile podría aumentar de forma sustancial.

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Piñera aprobará una ley que permite a los homosexuales tener derechos de pareja

El Mundo

15/05/2010

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado que su gobierno va a “promover una legislación que resuelva los problemas reales de carácter patrimonial para las parejas de hecho”.

El máximo mandatario dijo además que: “En nuestro país (Chile) existen dos millones de personas que conviven sin estar unidos en matrimonio y, tal como lo he expresado tantas veces, nuestro gobierno no va a discriminar ni por el origen social, étnico, condición económica, ni tampoco por preferencia sexual u opción religiosa”.

El presidente, sin embargo, puntualizó que su iniciativa no “pretende desnaturalizar la esencia del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer”. “Quiero expresar nuestro compromiso como gobierno con resolver problemas reales de gente real”, manifestó Sebastián Piñera tras visitar el Museo de Arte Precolombino de Santiago.

Las palabras de Sebastián Piñera generaron una reacción inmediata tanto en la Unión Demócrata Independiente (UDI), aliada del Gobierno, como en el partido al que pertenece Sebastián Piñera, Renovación Nacional (RN).

El anuncio se ha hecho público después de que el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, adelantara hace unos días el proyecto de Acuerdo de Vida en Común para regular la convivencia de parejas, tanto heterosexuales como homosexuales.

El diputado Patricio Melero ha reconocido que el Acuerdo de Vida en Común no estaba en el programa de gobierno de Piñera, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha admitido que “no tenemos una sola opinión”.

Sorpresa por las declaraciones

“No me puedo creer que Sebastián Piñera haya anunciado algo así, parecía improbable que este gobierno pudiera aceptar la unión no matrimonial de parejas, y menos aún del mismo sexo”, reconoce Marta Mendes, perteneciente al Movimiento de Integración y Liberación (Movilh).

“Mi hermano es homosexual. Se va a poner muy contento cuando le digan que en un país como Chile puede caminar por la calle de la mano de su pareja”, comenta la joven.

El organismo ha calificado el anuncio como “un avance de gran magnitud”. “Este es un hecho sin precedentes, por cuanto nunca antes un presidente de la República se había referido públicamente a esta temática”, añade Marta Medes.

Fuentes de la organización sostuvieron que: “De concretarse las palabras de Piñera volverán a este país más libre y democrático, con menos discriminación y en beneficio de unas dos millones de parejas afectadas por una brutal vulnerabilidad jurídica y social”.

Los detractores de esta iniciativa, algunos grupos políticos y religiosos, argumentan que: “No se debería tomar tan a la ligera la idea del matrimonio. Lo único que deberían necesitar quienes desean regularizar su situación es casarse. Así ha sido siempre y así debería ser”.

Otro tema candente: el aborto

Para algunos, sin embargo, Chile aún se encuentra considerablemente atrasada en tema de libertades sexuales. Tan sólo tres países latinoamericanos tienen una prohibición absoluta sobre el aborto: Nicaragua, El Salvador y Chile.

“Es inaceptable que las mujeres no tengan un control sobre su propio cuerpo y eventualmente sobre su propio destino cuando son objeto de violaciones o cuando su vida está en riesgo. En estos casos en la mayor parte de las sociedades es admisible la interrupción del embarazo”, manifiesta Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional de Chile.

Paradógicamente, un estudio llevado a cabo hace unos años manifestaba que Chile registraba la tasa de abortos más alta de América Latina, pese a que la práctica está prohibida.

El estudio indicó que en Chile la tasa de abortos era de 50 por cada mil mujeres en edad fértil. Estos datos rebasan considerablemente a los de Alemania, Bélgica y Holanda, países donde esta práctica es legal, y las tasas de aborto son menores a 10 por cada 1.000 mujeres.

15 de Junio Día Internacional contra el Maltrato a las Personas Mayores

Fuente: El repuerto

15-06-2010

La actividad conmemorativa regional se desarrollará hoy a las 10:30 hrs. en la entrada de las dependencias del IPS, en el centro de pago del BBVA.

El 15 de junio, se conmemora el Día Mundial por la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, esta fecha busca visibilizar y reconocer el abuso a las personas mayores, como un tema de derechos humanos y envejecimiento activo y salud publica.

El Gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, adhiere a esta fecha, con el fin de contribuir a la toma de conciencia ante esta realidad con objeto de promover el ejercicio y respeto de los derechos de las personas mayores, que hoy son el 13% de la población en chilena.

Este año Senama realizará en todas las regiones del país, una actividad central con el fin de difundir las modificaciones a la ley de Violencia Intrafamiliar que permitieron incorporar a las personas mayores como grupo específico, al igual que los niños y las mujeres.

Cabe hacer presente que además de la aprobación de esta ley, en octubre del año pasado Chile fue sede de la III Reunión de Seguimiento a la Declaración de Brasilia, en la que los países –especialmente de América Latina y el Caribe- acordaron impulsar la elaboración de una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, y la designación de un Relator Especial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargado de velar por la promoción y protección de los derechos de las personas mayores.

Asimismo, Senama cuenta con una línea telefónica nacional gratuita, a través de la cual la población puede informar sobre situaciones que vulneren los derechos de los adultos mayores. Se trata del FONO MAYOR 800 4000 35.

Se incorpora a los mayores en la Legislación Nacional

La ley Nº 20.427 fue promulgada el 10 de marzo de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 18 de marzo de este año, con lo que entró en vigencia.

13 de cada 100 chilenos son mayores de 60 años. Uno de cada 5 mayores declara haber sufrido algún tipo de violencia. Las personas mayores son vulnerables al maltrato sicológico, físico y al abuso económico o patrimonial y también de negligencia. Los adultos y adultas mayores se incluyen ahora como grupo vulnerable en todo el contenido de la ley de Violencia Intrafamiliar (VIF).

De acuerdo a la definición del artículo 5º de la ley VIF, podríamos señalar que constituye violencia intrafamiliar contra una persona adulta mayor, todo maltrato que afecte su vida, su integridad física o psíquica, cuando el ofensor sea o haya sido su cónyuge o conviviente, o bien su pariente por consanguinidad en toda la línea recta (bisabuelo/a; abuelo/a; padre/madre; hijo/a; nieto/a; bisnieto/a) o en la colateral hasta el tercer grado inclusive (tío/a sobrino/a).

La ley establece que también habrá violencia intrafamiliar cuando se maltrate a un adulto mayor que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar, sin importar su parentesco, o grado de parentesco.

Asimismo, gracias a esta ley se podrá denunciar ante los Tribunales de Familia los abusos patrimoniales; establecer medidas cautelares de protección ante casos de maltrato y abandono hacia los mayores.

Informe PDI: una mujer muere a la semana agredida por su pareja

Fuente: El Mercrurio

15/06/2010

Análisis revela que ataques surgen de peleas que desembocan en el uso de armas cortantes, y ocurren en el hogar de la víctima, entre otros datos.

ÓSCAR SAAVEDRA

Daniela Mejías González (23) fue la última mujer que murió por el ataque de su pareja. Recibió cortes en el cuello, el abdomen y la espalda. Con ella, este año ya suman 22 las víctimas de los llamados “femicidios”.

Su historia es similar a la de otras fallecidas desde 2007 a mayo pasado, cuyos casos aparecen examinados en un informe de la Jefatura de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El análisis de 169 muertes entrega datos de la relación entre el agresor y la víctima, el perfil del imputado, el tipo de arma usada y el origen del hecho, entre otros antecedentes.

En promedio, una mujer fallece a la semana a manos de su pareja: 59 decesos se registraron en 2009, de acuerdo con los registros de la policía y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

“Al revisar los años anteriores, se puede observar que los casos son constantes y que están cercanos al medio centenar, lo que es preocupante”, dice el subprefecto Luis Sandoval, jefe nacional de Homicidios.

El informe, en tanto, da a conocer que los cónyuges cometen la misma cantidad de ataques que aquellos que no están casados (convivientes y parejas), con un 20% cada uno.

El perfil de los imputados indica que cuando perpetraron el crimen, el 13% tenía entre 30 y 34 años; el 11% tenía entre 50 y 54 años, y el 10% tenía entre 20 y 24 años.

Las agresiones se consuman mayormente con armas cortantes (35%), armas de fuego (28%) y golpes con elementos contundentes (20%). Y más de la mitad (54%) ocurre en el hogar de la víctima.

El subprefecto Sandoval señala que “más allá de la relación cercana entre víctima y victimario, son hechos de extrema violencia”.

El móvil más común son las discusiones (14%), seguido por las rupturas amorosas y casos reiterados de violencia intrafamiliar (ambos con 13%).

“En casi la totalidad de los casos, se advierte una agresión constante a las mujeres, tanto psicológica como físicamente, que finalmente concluye con su muerte. Por ello es relevante que se denuncien ante la policía”, plantea Sandoval.

La investigación detalla los casos por regiones: Metropolitana (39%), del Biobío (14%) y de Los Lagos (10%). Indica, además, que el mes de julio concentra el 14% de estas muertes, mayo el 11%, febrero el 10% y abril el 9%. Mientras que el jueves es el día que registra más de estos hechos: 18%.

Ley corta de isapres integrará sugerencias de parlamentarios

Fuente: La Nación

15/06/2010

Ley corta de isapres integrará sugerencias de parlamentarios

El próximo mes el Tribunal Constitucioinal se pronunciará sobre la legalidad de la tabla de factores de las isapres. Foto: Esteban Garay.

La integración de algunos elementos de la propuesta presentada por diputados de la Concertación a la ley corta de isapres 2, que regularía la tabla de riesgos, fue admitida ayer por el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El titular de la cartera indicó: “Hacemos el juicio de que efectivamente lo que está en juego es la legitimidad de tal tabla de factores”, que regula el incremento de los planes de salud según la edad de los afiliados o por las posibilidades de embarazo, en el caso de las mujeres.

Agregó que “nos hemos reunido, especialmente con el diputado (Jorge) Burgos, que presentó el proyecto muy interesante el día viernes, y algunos otros parlamentarios, y estamos contrastando esta ley corta 2 de isapres con esta propuesta”.

En ese sentido, aseveró que “no hemos tomado una decisión final al respecto”, acerca de cuándo se presentará el proyecto del Ejecutivo al Congreso.

PROPUESTA PARLAMENTARIA

La propuesta presentada por los DC Jorge Burgos y Víctor Torres y por el PS Juan Luis Castro plantea la creación de un plan mínimo común, que incluya las patologías AUGE y otras, que permita comparar precios entre las aseguradoras privadas.

Por sobre ese plan base, las isapres podrían ofrecer coberturas adicionales.

Además, los parlamentarios proponen establecer un fondo de compensaciones de riesgos entre los afiliados, medida muy similar a la que preparaba el ministerio en el área.

Torres señaló que “es necesario dar un paso definitivo por tener un sistema de salud más eficiente y esencialmente más solidario para todos los chilenos y creemos que este proyecto va en esa dirección”.

En el próximo mes el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la legalidad de la tabla de factores de riesgo que aplican actualmente las isapres.