Justicia espera que nuevos antecedentes sobre fortuna de Pinochet contribuyan a cerrar el caso

Fuente: Radio Universidad de Chile

07/06/2010

Se trataría de 19 millones de dólares que no tienen origen conocido, tal como lo señaló un informe de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y pese a que Pinochet ya no puede ser imputable, abogados indican que, de ahora en adelante, habría que trabajar para determinar si hubo responsables dentro de su grupo familiar.

El juez Manuel Valderrama acogió un informe de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sobre el patrimonio de Augusto Pinochet y determinó que su contenido debía quedar limitado a la investigación y que cualquier antecedente será entregado desde la justicia.

Una de las informaciones más polémicas tiene que con la confirmación de que la fortuna de Pinochet alcanzaría los 21 millones de dólares. De ellos, 19 millones no tienen un origen conocido.

Con estos datos a disposición, el ministro en visita por el caso Riggs indicó que “esta información que es traída a tribunales, es fundamental para determinar los pasos a seguir en el proceso y espero que sea lo suficiente para finalizar pronto con esta causa”.

Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos y uno de los querellantes de Pinochet en otras causas, dijo que  se especuló mucho pero lo que el ministro Valderrama buscó con esa gestión fue un criterio más técnico.

Contreras agregó que esta suma puede ser muy exigua frente a lo que se piensa y,  en definitiva, y lo importante es investigar la participación de terceros, en este caso sus familiares.

“Por el hecho de estar muerto ya está sobreseído. Esto tiene importancia política, moral y ética, pero penalmente, los únicos que pueden ser condenados son los familiares. Por ahí hay que buscar y en el caso Riggs yo creo que es muy importante que se cierre el proceso, que se determine exactamente lo que se robó, pero a la hora de dictar fallos, el juez está obligado a decir que se cierra el sumario y que se termina el expediente y se archiva porque el tipo en cuestión está muerto, entonces tiene que dictar un sobreseimiento definitivo”, precisó Contreras.

Para el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier esta nueva evidencia es la oportunidad para conocer toda la verdad.  “Indudablemente que también tenemos que ver la responsabilidad de terceros. Hay hechos no aclarados que pudieran indicar que por allí salieron muchos de estos fondos y la justicia, ahora más que nunca, tiene la obligación de aclararlos”, dijo.

Por su parte, la senadora socialista Isabel Allende  destacó la entrega de estos antecedentes porque, a su juicio, servirán para tener la esperanza de que este caso se cierre con una condena.

“Aquí hay un estudio de una institución que nadie podría poner en duda que llega a una conclusión, que es bastante fuerte por cierto, donde se está indicando que existen 19 millones que no tienen justificación. Ahora la palabra la tiene el juez. Esto se viene arrastrando hace muchos años y creo que Chile, por su propia dignidad, merece que se nos diga exactamente lo que pasó”, dijo la parlamentaria.

El balance fue ordenado en noviembre de 2007 por la Corte Suprema, para determinar el monto exacto de las cuentas y bienes del fallecido Dictador y consta de más de 70 páginas.

El departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile estaba trabajando hace más de un año en el tema.

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La multicolor bandera Mapuche flamea legalmente en Chile

Fuente: Prensa Latina

07/06/2010

Casi 20 años después de su creación, la multicolor Bandera Mapuche, perseguida y defendida con fervor, acaba de lograr su pleno reconocimiento legal y podrá ser izada al lado del pabellón de Chile. Tras un conflicto judicial, a raíz de un dictamen de Pablo Astete, alcalde de la sureña localidad de Villarica, que rechazaba una solicitud del Consejo Mapuche Mallelafquén, la Contraloría General de la República determinó la total legalidad del símbolo en todo el territorio nacional.

La resolución, fechada el 28 de abril pasado, autoriza el izamiento de la Bandera Mapuche en reconocimiento de “la diversidad, la cultura, la identidad, las artes y la autonomía municipal del país”.

La determinación, que no ha tenido mayor repercusión en los grandes medios chilenos, sin embargo, fue saludada de inmediato por organizaciones indígenas y populares, como el Consejo de Todas las Tierras, que recordó su “criminalización” durante el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-94).

En su primera reacción, señaló que la adopción de la bandera en octubre de 1992 “provocó una reacción desmedida, ilegal e ilegitima” de parte de ese gobierno, que empleó 11 querellas en tribunales contra la bandera y la organización que la propiciaba.

El Consejo de Todas las Tierras sostuvo que la bandera constituye un medio para exteriorizar la realidad Mapuche y para afirmar su “conciencia colectiva, cultural, identitaria y de liberación ante todas las formas de opresión que mantiene el Estado Chileno con los Mapuches”.

Llamó asimismo a todos los Mapuches a utilizar la resolución para “fortalecer nuestra identidad, sentimiento de pertenencia colectiva, afirmación sobre nuestros derechos a las tierras, territorio y libre determinación”.

Más aún, exhortó a reafirmar que en Chile “hay dos Pueblos y dos culturas, pero que una oprime a la otra”.

Por último, convocó a seguir desarrollando el actual “proceso organizativo encaminado hacía la libre determinación y el autogobierno Mapuche, sustentado en el derecho internacional y el símbolo que nos exterioriza”.

El dirigente Aucán Huilcamán aseveró que la decisión “ratifica lo resuelto en 1992 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que el Estado de Chile debe pedir disculpas públicas e indemnizar a 114 Mapuches que condenó, entre otras cosas, “por lucir una bandera propia del pueblo Mapuche”.

No todos, sin embargo, están de acuerdo con la decisión.

Por ejemplo, Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia, insistió en que Chile es “un Estado unitario, republicano, democrático y representativo”.

Y, sobre el dictamen, opinó: “históricamente, me parece una barbaridad, una cosa indignante. Algo que no cabe en la ruta histórica del país”.

Pero, otro es el criterio del sociólogo Cristián Parker, director del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad e Santiago de Chile (USACH), quien sostuvo que es un “reconocimiento implícito de que en Chile existen grupos étnicos distintos y que, en su seno, como Estado chileno, tiene minorías étnicas y por lo tanto es multiétnico”.

El investigador consideró que “aquí hay un paso más, que avanza en un reconocimiento que es, por lo demás, histórico y es parte de la deuda que la nación y el Estado chileno tienen, con los pueblos originarios”.

Al mismo tiempo, señaló que se cumple con la normativa relativa a la autonomía de los municipios (ley orgánica constitucional), la Ley Indígena, que establece el principio de su protección, fomento y desarrollo, y el Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el 2009.

El contralor de la sureña región de La Araucanía, Hernán Hernández, explicó, en ese sentido, que en realidad los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena (Aymara, Lican Antay, Quechua, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawashkar y Yagán) pueden acogerse a la medida.

Según un censo del 2002, un 87,3 por ciento de la población indígena de Chile corresponde a la etnia Mapuche, seguida por el pueblo Aymara (7,8 por ciento).

Aunque la bandera Mapuche acaba de ser legalizada, en realidad, fue patentada oficialmente en 1997 por la “lonko” (jefa) Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, según la investigadora Lucía Sepúlveda,

Sepúlveda dijo a Prensa Latina que la original se conformó con retazos de antiguas banderas, luego de un proceso y de una reunión de tres días de varias comunidades Mapuches en la sureña ciudad de Temuco, para comenzar a organizarse.

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Juez interroga a mayor en retiro del Ejército por muerte de Víctor Jara

Fuente: Emol

07/06/2010

La investigación a Miguel Krassnoff Martchenko fue solicitada por el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El juez especial Juan Fuentes Belmar, quien sustancia el proceso por el asesinato del cantautor Víctor Jara, en septiembre de 1973, interrogó al mayor en retiro del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, condenado en varios otros casos por violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Augusto Pinochet (1973-1990).

La diligencia fue solicitada por el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Fuentes interrogó a Krassnoff si tuvo o no conocimiento del crimen cometido en el estadio Chile, convertido en ese tiempo en campo de concentración de prisioneros opositores al régimen dictatorial, pero no ha trascendido el tenor de las respuestas del ex oficial.

En la misma causa ya declaró ya el ex comandante en jefe del ejército y actual subsecretario de Defensa, general en retiro Oscar Izurieta Ferrer.

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¡METAMOS UN GOL? ERRADIQUEMOS EL TRABAJO INFANTIL EN CHILE!

Fuente: Chile.com

08/06/2010

¡Metamos un Gol? Erradiquemos el Trabajo Infantil en Chile!

Este año la Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil está cruzada por la realización de la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y el Bicentenario, por ello nos hacemos parte del llamado de la Organización internacional del Trabajo (OIT) para que ¡metamos un gol? erradiquemos el trabajo infantil!

El Trabajo Infantil priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, esto es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, interfiere con la educación, obliga a abandonar la escuela de forma prematura o exige combinar el estudio con un trabajo pesado que consume mucho tiempo.

Es por esto que la Corporación Opción y el Ministerio del Trabajo hacen un llamado para que este 12 de junio se redoblen los esfuerzos como sociedad para construir grandes compromisos contra las peores formas de trabajo infantil y mejorar sustancialmente la situación de la infancia, con el objetivo de que Chile sea un país sin trabajo infantil.

En este ámbito Chile a dado importantes pasos, junto a un gran número de países apoyó el Convenio núm. 182 de la OIT sobre las ?eliminación de las peores formas de trabajo infantil?, creó un Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, cuenta con Comités Técnicos de Prevención y Erradicación, ha mejorado la legislación en está materia y cuenta con un sistema de registro de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo aun hay demasiados niños atrapados en formas de trabajo totalmente intolerables.

Según la única encuesta aplicada sobre trabajo infantil en Chile en el año 2003, determina que 196.104 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajaban, de ellos, 93.000 tenían entre 5 y 14 años, y 102.000 tenían entre 15 y 17 años. 42.083 niños y niñas realizan trabajo doméstico. De estos niños 107.000 de entre 5 y 17 años, lo hacen en condiciones inaceptables.

La Directora Ejecutiva de la Corporación Opción, Consuelo Contreras, señaló que ?para poder erradicar las peores formas de trabajo infantil, debemos convocar a los estados a trabajar para su total eliminación en el año 2016. En este sentido es necesario contar con un buen diagnóstico y registro de ellas, en este ámbito existe un gran desafío que es modernizar y hacer más efectivo el Registro de las Peores Formas de Trabajo Infantil existente en nuestro país. Para ello, es necesario devolverle vitalidad a este instrumento para poder cumplir con la meta de terminar con las peores formas de trabajo infantil en el 2016?.

“Para lo anterior, se precisa un gran compromiso político y social para luchar contra el trabajo infantil y sus peores formas, lo que coincide con el quehacer de Opción donde la participación infantil puede lograr sensibilizar y movilizar a colegios, actores sociales y autoridades en todo el país para el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de niños y niñas”, señaló la Directora Ejecutiva de Opción.

El Director de la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Guillermo Miranda, señaló que: “La OIT impulsa el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en todos los países, con el fin de poner de relieve la grave situación que viven más de 215 millones de niñas y niños trabajadores de todo el mundo. Este año, entre otras actividades, la OIT está impulsando en Chile la campaña “Tarjeta Roja al trabajo infantil”, la cual busca, de la mano de los valores positivos que promueve el fútbol, hacer un llamado para que niños y niñas puedan vivir su infancia plenamente”, dijo.

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Piden la liberación del preso político mapuche Pichún Collonao

Fuente: Erbol

08/06/2010

La Comisión Pascual Libre Argentina, pide la liberación de Pascual Pichún Collonao, un comunicador mapuche de 27 años de edad, quien fue detenido el pasado 26 febrero del año en curso, por personal de inteligencia de Carabineros en Temuco, Chile, y está preso en la cárcel de Traiguén, junto a otros presos políticos mapuches.

El informe es dado a conocer en la página virtual de esa comisión. Además se cuestiona la Ley Antiterrorista que promovió el presidente dictatorial de Chile Augusto Pinochet. “Lamentablemente esta ley hoy se aplica en los conflictos políticos y es considerada por los organismos de Derechos Humanos como una herramienta de persecución y represión que ha elevado a más de 70 el número de detenidos mapuches”, señala la nota.

Esta ley viola la garantía al Debido Proceso, y permite que sean los Tribunales militares quienes juzguen a civiles, testigos “sin rostro”, lo cual viola abiertamente la independencia e imparcialidad, requeridas por los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica.

A la vez que desconoce otros instrumentos jurídicos que amparan los derechos de los pueblos originarios en el ámbito internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de DDHH de la ONU sobre los pueblos indígenas, instó al gobierno chileno a no utilizar cargos tomados de otros contextos, como el terrorismo, “a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.

Pascual es considerado prófugo de la Justicia chilena desde 2003, cuando fue condenado a cinco años y un día de prisión, conjuntamente con su hermano Rafael. En esas circunstancias, fue procesado en un juicio claramente irregular, como autor de un atentado incendiario cometido a un camión maderero en el año 2002 en las cercanías del pueblo donde vive junto a su familia.

Paralelamente, incluso, al padre de Pascual se lo condenó con la Ley Antiterrorista que impone penas tres veces superiores para delitos comunes. En la actualidad, las comunidades mapuches denuncian que esta ley es usada exclusivamente para causas relacionadas con la movilización del pueblo mapuche en Chile, e identifican el caso de la familia Pichún como uno de los ejemplos más emblemáticos de persecución judicial y política por parte del Estado Chileno.

Exigimos la libertad inmediata de Pascual Pichún y el cese de hostilidades a su familia y a su pueblo. No más presos políticos en Democracia, No a la Ley dictatorial antiterrorista que sirvió y sirve para reprimir militantes políticos e indígenas.

Exigimos que se respeten los derechos de los pueblos originarios en Chile ya que hoy padecen una ciudadanía restringida contraria a los valores y principios democráticos.

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