Informe 2010 de Amnistía Internacional sobre Chile

Fuente: Amnistía Internacional

EXTRACTO DEL INFORME 2010

REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 17 millones
Esperanza de vida: 78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 96,5 por ciento

Siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió encontrando obstáculos.

Información general
En noviembre, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos regido por normas internacionales y facultado para emprender acciones legales en determinados casos de violación de los derechos humanos.

En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas
El gobierno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierras a las comunidades indígenas de la IX Región, situada en el sur del país. Sin embargo, el decreto aprobado en septiembre –el 124– sobre los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas en decisiones que podrían afectarles directamente no cumplía las normas internacionales. No se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y a promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable impacto en el modo de vida de estas comunidades.

Algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.

En mayo, en el norte del país, junto a la frontera con Argentina, empezaron las obras para la puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su consentimiento.

Las comunidades indígenas mapuches siguieron reivindicando su derecho a la tierra y otros derechos. Algunos grupos mapuches y simpatizantes suyos llevaron a cabo ocupaciones de tierras y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La Coordinadora Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche, reivindicó algunas acciones de protesta. En varios casos, la reacción de las autoridades consistió en aplicar leyes antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), incumpliendo así tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto a no hacer uso de estas leyes como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos.

El 12 de agosto, un mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Collío, murió tras ser tiroteado por unos carabineros. Figuraba en el grupo de unas 80 personas que había ocupado una finca en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, como parte de una campaña para exigir la devolución de unas tierras. Durante la operación policial para desalojar a los manifestantes, al menos ocho personas resultaron heridas. Según los informes forenses, a Jaime Facundo Mendoza Collío le dispararon por la espalda.

En octubre, el gobierno negó que el 16 de ese mismo mes las fuerzas de seguridad hubieran herido con perdigones a varios menores de edad en las inmediaciones de una escuela de Temucuicui donde se estaba celebrando una reunión comunitaria.

Derechos sexuales y reproductivos
El aborto siguió estando penalizado. Continuaron existiendo obstáculos para acceder a anticonceptivos de emergencia. En marzo, la Contraloría General emitió un dictamen en el que se prohibía a los consultorios municipales la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia, lo que perjudicaba a las mujeres que no tenían medios para adquirirlos.

Impunidad
Chile ratificó en junio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diciembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En septiembre, el gobierno anunció su intención de proceder a la reapertura de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisiones Valech y Rettig) para que se pudieran notificar casos de tortura y desaparición forzada no comunicados todavía.

En medio de un ambiente de preocupación por la posibilidad de que la reforma del Código de Procedimiento Penal en 2010 retrasara las causas pendientes por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la Corte Suprema anunció que aceleraría la tramitación de los pertinentes procedimientos judiciales. Según datos oficiales, entre enero y octubre se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. A finales de octubre, sin embargo, sólo se habían impuesto sentencias condenatorias ejecutoriadas en 179 de las 3.186 causas emprendidas a este respecto.

En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de activistas políticos.

En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que las torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa humanidad. Sólo dos personas, los coroneles retirados Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, fueron condenados por estos delitos.

En noviembre empezó en Italia el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech por la desaparición forzada de cuatro personas en la década de 1970. Al finalizar el año no había concluido todavía.

En diciembre, un juez ordenó la detención de seis personas después de que las nuevas investigaciones emprendidas sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva revelaran que había muerto por envenenamiento, y no por infección, como se creía en un principio. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por los acusados. Los abogados de la familia de Eduardo Frei afirmaron que éste había sido asesinado por su oposición al gobierno de Augusto Pinochet.

EXTRACTO DEL INFORME 2010
CHILE
REPÚBLICA DE CHILE
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 17 millones
Esperanza de vida: 78,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 96,5 por ciento
Siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron
reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un
clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió
encontrando obstáculos.
Información general
En noviembre, el Senado aprobó un proyecto de ley para la creación de un Instituto Nacional
de Derechos Humanos regido por normas internacionales y facultado para emprender acciones
legales en determinados casos de violación de los derechos humanos.
En mayo se evaluó el historial de Chile sobre derechos humanos en virtud del examen periódico
universal de la ONU. Chile aceptó todas las recomendaciones menos las que tenían que ver
con la adecuación de la legislación nacional sobre el aborto a las normas internacionales de
derechos humanos.
Derechos de los pueblos indígenas
El gobierno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierras a las
comunidades indígenas de la IX Región, situada en el sur del país. Sin embargo, el decreto
aprobado en septiembre –el 124– sobre los procedimientos de consulta y participación de los
pueblos indígenas en decisiones que podrían afectarles directamente no cumplía las normas
internacionales. No se consultaron de manera adecuada ciertas iniciativas destinadas a
incorporar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y a
promulgar nuevas leyes sobre recursos hídricos y terrestres que podrían tener un considerable
impacto en el modo de vida de estas comunidades.
Algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguieron poniendo en peligro los medios de
subsistencia de los pueblos indígenas.
En mayo, en el norte del país, junto a la frontera con Argentina, empezaron las obras para la
puesta en marcha de la explotación minera de Pascua Lama, pese a las protestas de las
comunidades indígenas locales de etnia diaguita huascoaltino por no haber dado su
consentimiento.
Las comunidades indígenas mapuches siguieron reivindicando su derecho a la tierra y otros
derechos. Algunos grupos mapuches y simpatizantes suyos llevaron a cabo ocupaciones de
tierras y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. La Coordinadora
Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche, reivindicó algunas
acciones de protesta. En varios casos, la reacción de las autoridades consistió en aplicar leyes
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antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto
Pinochet (1973-1990), incumpliendo así tanto las promesas formuladas anteriormente por el
gobierno respecto a no hacer uso de estas leyes como las recomendaciones de diversos
organismos internacionales de derechos humanos.
El 12 de agosto, un mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Collío, murió tras ser
tiroteado por unos carabineros. Figuraba en el grupo de unas 80 personas que había ocupado
una finca en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, como parte de una campaña para
exigir la devolución de unas tierras. Durante la operación policial para desalojar a los
manifestantes, al menos ocho personas resultaron heridas. Según los informes forenses, a
Jaime Facundo Mendoza Collío le dispararon por la espalda.
En octubre, el gobierno negó que el 16 de ese mismo mes las fuerzas de seguridad hubieran
herido con perdigones a varios menores de edad en las inmediaciones de una escuela de
Temucuicui donde se estaba celebrando una reunión comunitaria.
Derechos sexuales y reproductivos
El aborto siguió estando penalizado. Continuaron existiendo obstáculos para acceder a
anticonceptivos de emergencia. En marzo, la Contraloría General emitió un dictamen en el que
se prohibía a los consultorios municipales la distribución gratuita de anticonceptivos de
emergencia, lo que perjudicaba a las mujeres que no tenían medios para adquirirlos.
Impunidad
Chile ratificó en junio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en diciembre la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas. En septiembre, el gobierno anunció su intención de proceder a la reapertura de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Comisiones Valech y Rettig) para que se pudieran notificar casos de tortura y
desaparición forzada no comunicados todavía.
En medio de un ambiente de preocupación por la posibilidad de que la reforma del Código de
Procedimiento Penal en 2010 retrasara las causas pendientes por violaciones de derechos
humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la Corte Suprema
anunció que aceleraría la tramitación de los pertinentes procedimientos judiciales. Según datos
oficiales, entre enero y octubre se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las
fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. A finales de octubre, sin embargo,
sólo se habían impuesto sentencias condenatorias ejecutoriadas en 179 de las 3.186 causas
emprendidas a este respecto.
En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agentes de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de
activistas políticos.
En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que las torturas perpetradas en la Academia de
Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa
humanidad. Sólo dos personas, los coroneles retirados Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres
Jorquera, fueron condenados por estos delitos.
En noviembre empezó en Italia el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech por la
desaparición forzada de cuatro personas en la década de 1970. Al finalizar el año no había
concluido todavía.
En diciembre, un juez ordenó la detención de seis personas después de que las nuevas
investigaciones emprendidas sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva
revelaran que había muerto por envenenamiento, y no por infección, como se creía en un
principio. Posteriormente, la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por
los acusados. Los abogados de la familia de Eduardo Frei afirmaron que éste había sido
asesinado por su oposición al gobierno de Augusto Pinochet.
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Una respuesta

  1. Me parece de gravedad que aun no hayan solucionado adecuadamente los temas relacionados con las comunidades indigenas, considerando que una vez ratificado el Estatuto de Roma, bajo la reforma del Codigo Penal, existen delitos que derechamente sancionan cualquier forma de destruccion de una etnia, desde la eliminacion directa de sus miembros hasta los actos realizados con la intension de someter a ese grupo a condiciones que podrian acarrear su destruccion parcial o total (lease comunidades indigenas del interior de Atacama, o etnia Mapuche, por conflictos sobre sus tierras)

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