Instituto advierte que futuro gobierno podría despojar a la CUT y al Movilh de sus sedes

Fuente: Movilh

Movilh acusó al Instituto Libertad y Desarrollo de iniciar una cacería de brujas contra la sociedad civil y expresó su confianza en que el presidente electo no dará espacios para maniobras que buscan debilitar a organizaciones por la única razón de que su visión de los derechos humanos es distinta a la de los sectores más conservadores del país.

El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), think tank ligado a la Unión Demócrata Independiente (UDI), señaló hoy que el futuro Gobierno de Derecha podría despojar de sus sedes a una parte de las organizaciones sociales a las cuales la administración de Michelle Bachelet donó inmuebles entre el 2006 y el 2009.

A juicio de LyD varias son las organizaciones que estarían en la mira del futuro gobierno, destacando en forma particular a tres: la Unión Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, “lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado”, sostuvo el Movilh.

El movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales acusó en ese sentido a LyD de promover una cacería de brujas contra una parte de las organizaciones sociales que más visibilidad y trayectoria tienen en Chile en torno a la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables.

“Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos,  y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias”, precisó el Movilh.

El organismo criticó además que LyD señalara que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.

“Repudiamos con fuerza esa perversa apreciación por cuanto nuestra organización jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de cualquier institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa”, sostuvo el organismo.

Añadió que “instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede”.

“Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernaria y falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales”, apuntó el Movilh.

“Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos”, redondeó.

Apuntó que en ese sentido “nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo”.

El organismo expresó por último su “confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero”.
DECLARACION

A continuación se expone en forma la íntegra la declaración pública difundida hoy por el Movilh.

“El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresa su profunda preocupación por la información aparecida hoy en El Mercurio referente a la transferencia de sedes que el Estado realizó entre 2006 y el 2009 a organizaciones de la sociedad civil, donde se menciona sólo a tres colectivo, el nuestro,  la Unión Nacional de Trabajadores y  la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado.

Sobre la materia, consideramos oportuno señalar los siguientes puntos.

1.- Rechazamos y repudiamos la opinión del Instituto Libertad y Desarrollo donde se señala que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.

Lo anterior por cuanto nuestra organización, justamente una de las tres que menciona el artículo, jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de ninguna institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa.

Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernariay falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales.

Jamás nuestra organización, y creemos que también en el caso de otros colectivos, recibió presión alguna de algún agente del Estado, donde se exigiera o se condicionara el aporte de un inmueble a la dependencia y sumisión de las políticas gubernamentales.

Instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede.

Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos.

En ese sentido, nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo.

El hecho de que el Instituto Libertad y Desarrollo resalte justamente a una parte de las organizaciones sociales con mayor visibilidad en el país es una prueba de ello.

2.- Jamás nuestra organización social ha recibido algún aporte económico especial del Estado. Todos el presupuesto provenido desde ahí se ha dado en el marco de fondos concursables donde el Movilh ha competido en igualdad de condiciones junto  a miles de organizaciones postulantes. De hecho, el Movilh es la única organización del país que tiene publicado en su sitio web todos los concursos ganados, así como pruebas del uso concreto dado a los fondos.

Más aún, ninguno de nuestros activistas recibe remuneraciones por la labor que efectúan, siendo todo el trabajo de tipo voluntario.

3.- Llamamos al presidente electo, Sebastián Piñera, a aclarar desde ya, o apenas asuma, sí comparte o no esta política que en síntesis el único efecto que busca es el debilitamiento de la sociedad civil.

4.- Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos,  y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias.

5.- La sede donada por el gobierno al Movilh, cuyo trámite se inició bajo la administración de Ricardo Lagos, se encontraba en precarias condiciones, sin agua, luz, teléfono, techumbres, paredes, ni pisos habilitados. Era más bien un terreno en el cual se debió invertir 50 millones de pesos. De esos, sólo 7 millones y medio fueron aportados por el Fondo Social Presidente de la República. El resto fue conseguido en el extranjero y/o fue el resultado del trabajo voluntario de nuestros activistas. En ese sentido, la información de El Mercurio es imprecisa, pues el gobierno financió en parte la reparación de la sede, y no el total, como se deduce de la nota periodística.

6.- Expresamos nuestra confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero, como es el caso de Movilh.

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