Fuente: Movilh
Movilh acusó al Instituto Libertad y Desarrollo de iniciar una cacería de brujas contra la sociedad civil y expresó su confianza en que el presidente electo no dará espacios para maniobras que buscan debilitar a organizaciones por la única razón de que su visión de los derechos humanos es distinta a la de los sectores más conservadores del país.
El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), think tank ligado a la Unión Demócrata Independiente (UDI), señaló hoy que el futuro Gobierno de Derecha podría despojar de sus sedes a una parte de las organizaciones sociales a las cuales la administración de Michelle Bachelet donó inmuebles entre el 2006 y el 2009.
A juicio de LyD varias son las organizaciones que estarían en la mira del futuro gobierno, destacando en forma particular a tres: la Unión Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
De acuerdo a El Mercurio “cercanos a la nueva administración” del futuro gobierno de Sebastián Piñera consideran que dichas sedes “podrían tener un uso más rentable para los chilenos”, “lo que en la práctica significa una advertencia respecto a que organizaciones como la nuestra podrían ser despojadas de las casas cedidas por el Estado”, sostuvo el Movilh.
El movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales acusó en ese sentido a LyD de promover una cacería de brujas contra una parte de las organizaciones sociales que más visibilidad y trayectoria tienen en Chile en torno a la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables.
“Las minorías sexuales son uno de los sectores más discriminados del país, carecen de todo tipo de políticas públicas o de legislaciones que resguarden sus derechos, y más del 90 por ciento de los casos de discriminación han sido enfrentados y/o resueltos por nuestra organización. El contar con una sede ha contribuido para que las personas discriminadas puedan justamente recibir, en forma gratuita, la ayuda que jamás han encontrado en otras instancias”, precisó el Movilh.
El organismo criticó además que LyD señalara que “esta política de transferencias de inmuebles hizo que muchas organizaciones sociales perdieran independencia y postergaran su rol principal, que es operar como contrapeso de las instituciones del Estado”.
“Repudiamos con fuerza esa perversa apreciación por cuanto nuestra organización jamás ha dejado de lado su rol de contrapeso de cualquier institución del Estado, siendo su único fin defender y promover los derechos humanos de las minorías sexuales, al margen de cualquier ideología, corriente y/o tendencia política o religiosa”, sostuvo el organismo.
Añadió que “instamos en ese sentido al Instituto Libertad y Desarrollo a señalar con pruebas cómo, cuándo y por qué una organización social dejó de ser contrapeso del Estado luego de que le fuera donada una sede”.
“Sembrar la duda, sin fundamentos, respecto a que la entrega de sedes estuvo condicionada a la dependencia del Gobierno, es una actitud inmoral, cavernaria y falsa que siembra temor respecto a una eventual situación de vulnerabilidad en que dejaría la futura administración a las organizaciones sociales”, apuntó el Movilh.
“Dudamos, con firmeza, que lo se esconde tras la declaración del Instituto Libertad y Desarrollo es su rechazo a que organizaciones de minorías sexuales, o de trabajadores, tengan la infraestructura básica para funcionar, sólo porque ideológicamente no están de acuerdo con los principios y misiones de tales colectivos”, redondeó.
Apuntó que en ese sentido “nos encontraríamos justamente frente a lo que se crítica sin fundamentos: el inicio de una cacería de brujas contra organizaciones sociales que jamás han sido del agrado de una parte de los sectores conservadores, por tener una visión distinta de los derechos humanos y de la forma como debe perfeccionarse una democracia sin discriminaciones de ningún tipo”.
El organismo expresó por último su “confianza de que el presidente electo no permitirá, sobre las base de apreciaciones infundadas e ideologizadas, ninguna maniobra para debilitar a las organizaciones de nuestro país, cuyo rol es ampliamente conocido en Chile y el extranjero”.
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