Participación ciudadana: Urgencia para ley

Fuente: www.lanacion.cl

El aspecto más relevante radica en abrir una nueva puerta a la participación en la gestión pública por medio de diversos instrumentos, como los consejos de sociedad civil en ministerios y servicios.

En el momento en que se escriben estas líneas, la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión publica ha entrado en su última fase de tramitación parlamentaria. Este proyecto, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados en 2007, fue rechazado por la sala del Senado en 2008. De esa forma ahora se encuentra radicado en una comisión mixta presidida por el senador PS Ricardo Núñez. El gobierno ha logrado consensuar una propuesta que deberá ser votada por esta comisión durante octubre, existiendo la voluntad en el Ejecutivo para lograr esta aprobación. Por su parte, los senadores de la oposición han manifestado su disposición para llegar a un entendimiento definitivo en esta materia.

Al parecer se ha logrado un amplio acuerdo respecto de la necesidad de fortalecer la sociedad civil como garantía de una democracia profunda y de calidad. Ello implica necesariamente valorizar nuestro capital social, respaldando el importante rol de las organizaciones ciudadanas en Chile. Para este fin institucionaliza en forma definitiva el actual Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el consejo mixto que lo dirige, que ha contribuido de manera significativa al conjunto de acciones que llevan a cabo las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, las asociaciones territoriales y corporaciones y fundaciones, a favor de los derechos económicos, sociales y culturales.

Además, la futura ley facilitará la constitución de organizaciones sociales sin fines de lucro sin afectar la personalidad jurídica de quienes ya la obtuvieron. Este trámite radicaría en adelante en los municipios de una forma similar a la que hoy opera para las organizaciones comunitarias funcionales. Se instituirá una instancia de apelación por circunstanciales eventos discriminatorios por parte de las municipalidades. Este registro municipal se centralizará y resguardará digitalmente por medio del Registro Civil, el que construirá un Registro Único de Organizaciones sin Fines de Lucro, lo que facilitaría la obtención de certificados y documentación.

La ley distinguirá a las organizaciones sin fines de lucro de las “organizaciones de interés público” (OIP). De esta forma, diferenciará una corporación con fundación de fines absolutamente privados (como el Club de la Unión o de índole similar) de una institución con fines de “bien común”. Sin embargo, esta distinción es muy sutil, debido a que constituye una autocalificación en el momento en que una institución sin fines de lucro decide acreditarse ante el Consejo del Fondo de las OIP. El concepto de OIP no es ajeno a la legislación chilena. Hace poco, el Instituto Nacional de Normalización (INN) ha dictado una norma de gestión ética para organizaciones de interés público y en los dictámenes de la Contraloría General de la República se ha hecho referencia a esta categoría, por ejemplo en referencia a la prohibición de la distribución de la píldora del día después por parte de ONGs.

El consejo del Fondo de las Organizaciones de Interés Público manejará un catastro de las OIP, las que además constituirán su universo electoral, porque ellas elegirán a quienes serán miembros de esta instancia en representación de la sociedad civil. Este consejo poseerá atribuciones directivas, pero no administrativas de los recursos que administrará. Su secretariado ejecutivo será designado mediante el Consejo de Alta Dirección Pública. Respecto al monto de dicho fondo se señala ampliamente “lo que contemple la ley de presupuesto”, lo que significa que quedará al criterio del gobierno año a año. Se contempla el fortalecimiento de atribuciones de supervisión del consejo nacional a los consejos regionales.

Tal vez el aspecto más relevante de esta iniciativa legal radica en abrir una nueva puerta a la participación ciudadana en la gestión pública por medio de diversos instrumentos, como los consejos de sociedad civil en los ministerios y servicios públicos, la consulta ciudadana para el diseño y ejecución de las políticas sociales, y las cuentas públicas participativas por parte de las autoridades. No parece conveniente eternizar un trámite parlamentario que ya ha sido muy largo. Es el momento en que el Parlamento debe aprobar esta ley y mostrar así su compromiso con la democratización de la gestión pública en nuestro país.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA POSICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL  – CHILE.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: