DISCRIMINACION DE MAPUCHES Y RESPUESTA POLICIAL

Fuente: www.ansa.it

1100884167_h_ho_IMAP_20041119SANTIAGO DE CHILE, 16 (ANSA) – El gobierno y una gran parte de la sociedad chilena dividen a los mapuches entre los “malos”, que protestan y reclaman por sus tierras y demás derechos, y los “buenos” que trabajan calladamente, y para los primeros pone en práctica una respuesta que sólo consiste en represión policial, dijeron dirigentes del sector y expertos en el tema.
El homicidio del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, que era sepultado hoy por sus “peñi” (hermanos) tras cuatro días de velatorio, y que aumentó la tensión en la región de la Araucanía, 600 kilómetros al sur de Santiago, es en ese contexto un hecho absolutamente predecible, dijo el director de la ONG Observatorio Ciudadano, José Aylwin.
Esa muerte “es la consecuencia de una política estatal que ha privilegiado la respuesta policial sobre una política profunda para hacer frente a las reclamaciones legítimas, al decir de la propia presidenta Michelle Bachelet, de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche”, dijo a ANSA el hijo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994).
El 12 de agosto, el comunero Mendoza Collío recibió un tiro en la espalda disparado por un carabinero -actualmente bajo arresto- durante el desalojo de un predio privado que habían ocupado las comunidades indígenas que reclaman esas tierras, basándose en derechos legales y ancestrales. Ese día Chile exponía en Ginebra ante el Comité Contra la Discriminación Racial y donde el gobierno debió responder por la aplicación de dos leyes, ambas impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la de Seguridad del Estado y la Antiterrorista, por la vigencia de un estado policial en la Araucanía y porque las causas contra los mapuches están en su mayoría a cargo de la justicia militar.


Para Aylwin, “el homicidio de Mendoza Collío no es un hecho aislado, porque la policía actúa de esa manera y en forma reiterada en comunidades indígenas, en un evidente hecho de discriminación racial, a pesar de las numerosas denuncias de organismos de derechos humanos y de las propias organizaciones indígenas, y las recomendaciones del relator de Naciones Unidas”. El director del Observatorio Ciudadano afirmó que “uno de los problemas que constataban informes anteriores es la existencia de una situación de desprotección jurídica, de una política pública insuficiente, lenta y ambigua, en relación al tema de las tierras, y daba cuenta de la proliferación de proyectos de inversión sin consulta en territorios indígenas y de una violencia policial que ya ha dejado varios casos de víctimas mortales, además de muchos casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
(ANSA). MRZ

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