La Sofofa contra el Convenio 169 de la OIT.

Fuente: www.elmostrador.cl

Por Sara Larraín*

 El escenario es Panguipulli, comuna de la Región de Los Ríos que, al igual que muchas zonas de Chile, presenta un alto índice de desempleo. Un fin de semana cualquiera, personal contratado por la empresa noruega SN Power (a través de su filial Trayenko S.A.) paga asados, regala vino y fardos a las comunidades mapuches e intenta seducir a las autoridades locales mediante el pago de infraestructura pública durante la tramitación ambiental.

La población local, muchas veces ignorada por el gobierno central, accede a los regalos y a organizarse en instancias favorables a los proyectos hidroeléctricos de la compañía. Así, la firma avanza en la articulación de una contraparte ante la cual legitimarse mediante consultas ciudadanas dirigidas, para no verse obligada a buscar diálogo con sus opositores.

Este modus operandi no es original de la empresa señalada, sino una práctica generalizada tras una década de vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que constituye una versión espuria de lo comprometido por el Estado chileno en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entra en vigencia en septiembre en nuestro país.

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