La verticalidad del poder establecido genera parte del conflicto. Áreas protegidas en territorio mapuche no aminoran conflictos entre comunidades y Estado.

Fuente: www.observatorio.cl

Estudio realizado durante dos años en comunidades pehuenches de Alto Bío Bío y Lonquimay referido a las áreas silvestres protegidas en territorio indígena, muestra que éstas no revierten la tensión con el Estado, ya que el foco del problema se centra en el control y administración de los recursos de un determinado territorio.

“Las movilizaciones experimentadas por un creciente número de comunidades mapuches en el centro-sur chileno parecen demostrar que aquella lucha no apunta solamente a la recuperación de tierras usurpadas desde la llegada de los primeros colonos, sino que también a la protección de espacios sagrados, consecutivamente intervenidos mediante la implementación de megaproyectos de distintas índoles”.

En este sentido, la presencia de áreas silvestres protegidas en territorio mapuche no permite revertir las tensiones existentes entre el Estado y las comunidades. Pues, pese a la aparente adecuación de esta medida con el discurso etno-ecologista de ciertas organizaciones indígenas, el foco del problema se centra en el control y la administración de los recursos de un determinado territorio, y no realmente en la protección de una u otra especie.

Esta es una de las interesantes conclusiones a que llega el estudio “Areas Silvestres Protegidas en territorio pehuenche”, realizado durante dos años por Bastién Sepúlveda, doctorando en Geografía de la Université de Rouen, Francia y que fue presentado este martes, en el marco del Seminario “Areas Silvestres Protegidas en Territorios Indígenas: el caso mapuche”.

Entre enero de 2007 y marzo de 2009, Bastién Sepúlveda desarrolló su labor de investigación en las Reservas Nacionales Alto Bío-Bío y Ralco, ubicadas en las comunas de Lonquimay y Alto Bío-Bío respectivamente, y en las comunidades pehuenches aledañas de Piedra Blanca, Pino Solo, Pehuenco y Ralco Lepoy. “Fueron por lo tanto más de dos años de vaivén constante entre las experiencias de terreno y el trabajo de archivo en distintas oficinas públicas de las regiones del Bío-Bío y de la Araucanía”, comenta el autor.

Y de paso aclara que este trabajo “no pretende dar ni proponer soluciones efectivas a determinados problemas, sino más bien analizar una realidad particular, aquella de dos reservas nacionales insertas en territorio pehuenche, tratando de desconstruir los mecanismos que articulan esta realidad, debidamente contextualizada”. Eso sí reconoce que el trabajo puede ser útil para quienes estén comprometidos con esta realidad, que pueda servir como base de inflexión para iniciar o profundizar cambios tendientes a mejorar la situación presente. Sin embargo, acota, “ello depende exclusivamente de la voluntad del conjunto de actores involucrados en esta realidad”.

Relaciones conflictivas

Bastién Sepúlveda explica que existen alrededor de treinta comunidades pehuenches, en el Alto Bío Bío y Lonquimay, las que muy variablemente vienen realizando año tras año el tradicional nguillatun, “que sin ninguna duda es la ceremonia de mayor trascendencia en el universo religioso mapuche. Según lo expresan los propios interesados, su realización cíclica responde a una necesidad, pues constituye una oportunidad privilegiada para relacionarse con el ente sagrado, agradecer su bondad y solicitarle más abundancia y mayor bienestar para los tiempos venideros, y en los múltiples aspectos de la vida”, comenta el investigador.

En ese sentido, indica, particular importancia tiene la araucaria para los pehuenches, en la realización del nguillatun. Esto porque el árbol oficia como rehue en el centro del recinto ceremonial. Esta importancia, no solamente en la celebración del nguillatun, sino que también en la definición misma de la identidad pehuenche, se relaciona estrechamente con la semilla o fruto que el árbol entrega entre los meses de marzo y abril a las comunidades pehuenches: el piñón, o nguilliu, no sólo les da alimento, sino que también se constituye en un recurso económico o moneda de cambio en las actividades de trueque. Por estas mismas razones, los propios pehuenches consideran a la araucaria como su “árbol sagrado”.

Considerando que la araucaria es Monumento Natural, por tanto está legalmente protegida en distintos parques y reservas nacionales de la zona, el investigar sugiere abordar el conflicto territorial mapuche desde esta realidad, “siguiendo la hipótesis que la protección absoluta de este árbol sagrado, en el seno de los mencionados parques y reservas, debería teóricamente ayudar a revertir las tensiones existentes en las relaciones del Estado de Chile con el pueblo mapuche y sus dirigentes”.

No obstante, durante la investigación, Bastién Sepúlveda pudo constatar que la tarea propuesta “de resguardo y preservación de determinados recursos bajo la figura legal de reserva nacional sólo constituía una preocupación segundaria para los actores locales, que no visualizan ese objetivo como tal”.

Es así como la presencia de áreas silvestres protegidas en territorios pehuenches, no ha ayudado a revertir las tensiones que existen entre el Estado y las comunidades. El foco del problema está en el control y la administración de los recursos de un determinado territorio, y no realmente en la protección de una u otra especie, advierte Sepúlveda.

A modo de ejemplo, menciona el documento de posición presentado por las comunidades pehuenches de Icalma, referente al proyecto de expropiabilidad de la Reserva Nacional Lago Galletué, que propone el “Reconocimiento absoluto de todas las tierras que ocupamos en las diferentes comunidades, estando ésta acompañada con un documento que acredite y permita el uso, control, administración y planificación sobre nuestra tierra que actualmente ocupamos como comunidad. Es decir revistiendo de todo poder a los comuneros y a los lonkos de cada comunidad”.

Mención aparte hace de la relación entre la Corporación Nacional Forestal, CONAF y las comunidades, pues la institución ha tenido una actitud de diálogo y resolución consensuada de problemas presentados por las comunidades.

“Sin embargo, hemos visto que un acercamiento se hacía efectivo sólo en la medida de una compatibilidad y complacencia de las políticas institucionales con las dinámicas internas a las comunidades, precisamente en relación al ejercicio del poder en su interior. Al no encajar adecuadamente en este juego, la alianza se rompe y revierte, dejando en evidencia lo frágil y artificial de los vínculos establecidos, y cuestionando en definitiva la legitimidad del Estado en su rol de administrador del territorio mapuche”, sostiene Bastién Sepúlveda.

Y si bien reconoce que no se puede concluir en el carácter conflictivo de las relaciones existentes, “sí podemos afirmar que la presencia del Estado resulta ser problemática: a más de un siglo de la colonización del territorio mapuche, la legalidad autoconferida de los “colonizadores” aún carece de legitimidad para los “colonizados”.

En definitiva, la verticalidad del poder establecido es lo que lleva a las disputas entre los dirigentes y las autoridades chilenas, afirma el investigador, lo que los lleva a exigir una redefinición de la soberanía y un reordenamiento democrático de las estructuras de poder.

“Son efectivamente los principios de multiculturalidad y plurinacionalidad que los mapuches y demás pueblos indígenas reivindican en sus demandas; esto es, avanzar hacia la construcción de un Estado multicultural y plurinacional, que reconozca, asuma y respete la diversidad que lo compone. Aplicado a la gestión de áreas silvestres protegidas, estos principios implicarían, según lo señalan los propios interesados, una redefinición del marco legal existente en los distintos países de la región”.

Por MEV Publicada martes, 07 de abril de 2009

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