Video: Represión e impunidad contra el pueblo Mapuche

Fuente: Marilén Cabrera, La Tercera

Ante los innumerables casos de atropellos a comunidades y grupos de apoyo mapuche ocurridos en los últimos días, los humanistas decimos BASTA.

Procedimientos como allanamientos de propiedad, robo de especies, maltrato a ancianos y niños, amedrentamiento, negación de garantías -como la de estar en presencia de un abogado a la hora de declarar-, prepotencia policial, destrucción de vivienda y enseres, son parte de la forma de actuar de una verdadera escalada represiva que busca reinstalar a toda costa la Ley Antiterrorista, ley heredada de la dictadura militar que restringe los derechos a la plena defensa de las personas.

Conocido es el caso del último allanamiento en la Comuna de Lo Prado, donde Miguel Tapia Huenulef fue apresado y formalizado por tenencia de un arsenal de armas en su casa. Fernando Lira Haquin, vicepresidente del Partido Humanista y encargado de la Secretaría de DDHH, visitó el lugar y pudo constatar que la vivienda del comunero es una mediagua de 6 x 3 metros, con escaso mobiliario, utilizada como dormitorio y lugar de trabajo y abierta al resto de las demás familias que conviven en el lugar. Lugar de juego de niños, donde se ve un pizarrón con dibujos y juegos infantiles… Aquí el video de lo que registramos.

Pues en este lugar, sindicado como centro de operaciones subversivas, durante horas, una legión de carabineros del Gope revisa minuciosamente el lugar, mientras testigos presenciales cuentan que entran y salen al menos tres civiles con mochilas negras y maletines, tras lo cual alguien da la noticia que se habría encontrado un arsenal.

En este caso, como en muchos otros, se puede presumir que se trata de un burdo montaje policial. Tan poco creíble resulta este caso, que ni siquiera el Ministerio Público actúa con convicción al hacer público este hallazgo. De hecho, la noticia es sacada de circulación sin darle la importancia que supuestamente reviste.

Ya no se trata sólo de reprimir a las comunidades mapuches en conflicto sino de intentar neutralizar a todo aquel que simpatice o apoye su protesta. Ayudados por una prensa que desinforma instalando en la ciudadanía la imagen de que el mundo mapuche roba, incendia y perpetra actos terroristas, se trata entonces de amedrentar, inculpar y encarcelar a quienes se rebelan, a como dé lugar.

Para llegar a estos objetivos todo vale: montajes policiales, infiltración, delación, acusaciones, fiscales que se dan a la tarea de recolectar pruebas para sacar de circulación a personas, más que en busca de la verdadera justicia, de la mano de una policía funcional al sistema con agentes que desfilan por las cortes testificando al unísono en contra de los inculpados. Juicios donde casi nunca tiene la razón el mapuche y donde no tienen las mismas garantías que un ciudadano corriente. Defensores públicos presionados por el aparato estatal y económico.

Estos hechos adquieren mayor gravedad cuando el propio Ministerio del Interior, avala y se hace parte de procedimientos tan poco claros, ofreciendo la aplicación de la Ley Antiterrorista y las penas del infierno para quienes resulten implicados. El Estado de derecho se resiente cuando nos encontramos con que cualquier ciudadano puede recibir intempestivamente a la policía y puede ser formalizado por poseer un arsenal en su domicilio.

Hoy día se trata de Comuneros Mapuche, mañana le podrá tocar al mundo sindical o a los estudiantes, como es el caso de Jonathan Vega, joven estudiante de la Universidad Católica de Temuco, enjuiciado por haber participado en una marcha a favor del Movimiento Mapuche. O a la documentalista Elena Varela, acusada de participar en actos terroristas donde las pruebas de la fiscalía se han ido desmoronando al punto que recobra su libertad, mientras se investiga su participación en los hechos que le imputaron.

Prueba de la inconsistencia y baja calidad de los hallazgos utilizados para formalizar a Comuneros Mapuches, es el ejemplo de Héctor Llaitul y Roberto Painemil, defendidos por abogados de la Secretaría de DDHH del Partido Humanista y por el abogado Pablo Ortega a mediados del 2008, en el caso del incendio de maquinaria forestal en la comuna de Chol-Chol. En este juicio, de los seis cargos presentados por la fiscalía sólo se aceptó uno de ellos, lográndose un inédito triunfo que dejó de manifiesto los procedimientos de la fiscalía y de la policía, que con un montaje y el uso de la tortura obtuvieron las pruebas, que presentadas en el juicio oral, resultaron un fiasco. Tan contundente fue este episodio que la Corte de Apelaciones, requerida posteriormente por la fiscalía, falló nuevamente tres votos contra cero, ratificando el escandaloso armado judicial del fiscal Moya, histórico persecutor del movimiento mapuche. Casualmente el mismo que hoy está a la cabeza del caso de Miguel Tapia Huenulef y de Jonathan Vega.Los humanistas creemos que es hora de decir BASTA a este tipo de procedimientos que violan todo derecho a la justicia; advertir a la ciudadanía de sus derechos a la hora de ser atropellados por la maquinaria represiva del Estado; alentarlos a denunciar estos hechos y en conjunto a exigir al Ministerio del Interior que retome su rol de defensa de la ciudadanía y del Estado de derecho. No estamos en contra de que se persigan responsabilidades donde las hay, estamos en contra de que se configuren responsabilidades donde no las hay.

Finalmente, debemos siempre tener presente que estos acontecimientos se encuadran dentro del plan de expansión de la inversión económica en la Araucanía. El legítimo derecho a la rebelión del Pueblo Mapuche en contra de la expropiación de sus territorios mediante distintos subterfugios desde comienzo de siglo, del daño medioambiental ocasionado por la explotación indiscriminada del agua y la tierra, y la intervención cultural de la que han sido objeto, es la mayor dificultad con que se encuentran grandes transnacionales y empresarios chilenos para consumar la expropiación definitiva de esos territorios dejando el camino libre para que la inversión se instale impunemente en la zona.

Para esto último, los activistas mapuches y los grupos más radicalizados deben estar bajo control mientras la maquinaria económica avanza apoderándose de la riqueza de la zona. Se debería esperar entonces, que el Estado protegiera los derechos y la libertad de las personas, sin embargo, lo vemos convertido en el mejor aliado de terratenientes y transnacionales, colocando los organismos de inteligencia y el aparato represivo a su servicio.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE LA POSICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

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