Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual llega a Puerto Montt

Fuente: La Nación

Cine Puerto MOntt

“Puerto Diverso” es el nombre de la inédita primera apuesta de este tipo, que llega a Puerto Montt, para celebrar el 156 aniversario.

Las muestras abiertas y gratuitas de ciclos de cine lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) son una realidad que ha causado impacto en diversas ciudades del mundo. Esta vez será el turno de Puerto Montt, a través del “Primer Festival Puerto Diverso”, iniciativa organizada inéditamente en el sur de Chile por el Centro Cultural de Minorías Sexuales (Misex) y que tendrá lugar entre el lunes 16 y el viernes 27 de febrero.

El evento de inauguración, al cual han sido invitadas diversas autoridades municipales y gubernamentales, tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero a las 19:00 horas en Avenida Angelmó 1856, Puerto Montt.

“Puerto Diverso” transmitirá cintas (largometrajes y cortometrajes) de ocho países, contando en forma inédita con creaciones chilenas. La iniciativa se enmarca en el 156 aniversario de Puerto Montt, convirtiéndose en un regalo de las minorías sexuales de la zona a su ciudad.

“Somos parte de la ciudad, y queremos festejar su nuevo año de vida con mensajes y apuestas que demuestren nuestra diversidad. Puerto Montt es diverso”, sostuvieron en Misex.

“Puerto Diverso” cuenta con el respaldo de las principales organizaciones de minorías sexuales de Chile (Movilh) y España (Fundación Triángulo), además de estar patrocinada y/o auspiciada por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Red Iberoamericana de Cine LGTB y LesGaiCineMad de Madrid.

Amnistía Internacional no es responsable por eventos, contenidos o desarrollo de actividades de otras organizaciones. La información está sujeta a cambios y debe ser verificada.

Detienen a ex agente de la Dina imputado del crimen de dirigente comunista

Fuente: La Tercera

Otto Trujillo, alias Colmillo Blanco, será puesto a disposición del ministro Alejandro Solís.

Julio Oliva

Otto Silvio Trujillo Miranda. Foto: Julio Oliva

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI  detuvo a Otto Trujillo, alias Colmillo Blanco, quien se encuentra procesado por el juez Alejandro Solís por el crimen del dirigente comunista David Urrutia Galaz, ocurrido en 1975.

A este hora, el sujeto se encuentra detenido en dependencias de dicha brigada y será puesto a disposición del magistrado en los próximos minutos.

En los próximos momentos, personal de la Policía de Investigaciones se referirá a la detención de Trujjllo para luego ponerlo a disposición del ministro instructor de la causa.

Trujillo, ex agente del Comando Conjunto, está procesado por homicidio calificado del ex dirigente del Partido Comunista.

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104 pacientes con sida no han sido notificados en el sector privado

Fuente: El Mercurio

Además de esta cifra, hay 415 personas de las que no se tienen registros, es decir, no se sabe si fueron notificados o no.

SANTIAGO.- Ante el destape de los enfermos de sida no notificados en la salud pública, el sector privado tampoco está inmune ante esta negligencia. Según el informe nacional del estado de situación de los casos de VIH confirmados, entre 2004 y 2008, hay 104 personas (2,7%) que no fueron advertidas de la enfermedad, y otras 415 de las que no se tiene registro respecto a que si fueron o no comunicadas.

El ministro de Salud, Álvaro Erazo, comentó que “hay que estudiar si corresponden o no sanciones en el caso”, recordando que existe una ley que obliga a notificar estas enfermedades.

Según el informe, de los 104 pacientes que no han sido informados, hay 44 que fueron contactados por la institución correspondiente, pero no asistieron a realizarse la contramuestra. En cambio, el resto de los enfermos no han podido ser contactados para entregarles la información, ya que entregaron datos falsos sobre su domicilio.

Respecto a esto último, el ministro hizo un llamado a la responsabilidad de quienes se hagan el test de Elisa, para que se acerquen a buscar los resultados y se interesen por saber los diagnósticos y los tratamientos.

El presidente del Consejo Médico de Clínicas de Chile, Leandro Biagini, recalcó la importancia en la creación de un registro único donde se tengan los datos, tanto del sector privado como el público, relacionados a la notificación de enfermedades como el VIH, y añadió que espera que a mitad de año el registro ya esté funcionando.

Sobre esta situación, Erazo anunció que “la búsqueda activa es lo que viene”, para poder contactar a los pacientes que no están enterados que son portadores del sida.

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HidroAysén a la Comisión Interamericana de DDHH

Fuente: Antonio Valencia /  La Nación

Consejo Defensa de la Patagonia acudirá a la instancia luego de desfavorable fallo en la Suprema.

Adicionalmente, opositores a las megarepresas recurrirán por segunda vez a la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, que ya en diciembre pasado declaró admisible otra demanda contra el Estado.

El Observatorio

Río Aysen. Foto: El Observatorio

Como parte de su férrea oposición a las cuatro megarepresas que Endesa y Colbún pretenden construir en la Región de Aysén, el Consejo de Defensa de la Patagonia recurrirá por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el lunes la Corte Suprema confirmara el rechazo al recurso de protección interpuesto por la organización en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), que no acogió la solicitud de aplicación de un tratado hídrico vigente entre Chile y Argentina.

Basado en el mismo fallo, en que el máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de diciembre pasado, la agrupación ciudadana acudirá nuevamente ante la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá para denunciar “una pauta persistente en el incumplimiento de la legislación sectorial por parte del Estado de Chile”.

A fines del año pasado, la mencionada entidad canadiense declaró admisible la denuncia interpuesta en junio de 2008 por el consejo una vez que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles otorgara el permiso provisorio al proyecto sobre los ríos Pascua y Baker, sin considerar el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos adscrito al Tratado de Medio Ambiente firmado entre Chile y Argentina en 1991.

INSTANCIAS AGOTADAS

Marcelo Castillo, abogado del Consejo de la Patagonia, confirmó que agotada la última instancia judicial dentro del país -la Corte Suprema-, procede estampar el reclamo ante organismos internacionales, donde esperan sean atendidas las denuncias de violación de derechos humanos de igualdad ante la ley y el incumplimiento de legislación ambiental.

“Consideramos que los fallos de primera y segunda instancia, sólo por una formalidad absurda, pues presentamos nuestra solicitud antes de que HidroAysén entregara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no se hicieron cargo de nuestros reclamos de ilegalidad por violación de derechos”, señaló el abogado.

“Vamos a pedir medidas provisionales de modo que se adopten varias iniciativas, entre las que no se descarta la paralización del proyecto, pues la comisión posee facultades discrecionales para ello, dependiendo de los antecedentes que aportemos”, indicó Castillo.

En una arista más de la batalla contra el megaproyecto, cuya inversión asciende a 3.200 millones de dólares, la denuncia será presentarán en marzo próximo en la sede de Washington del organismo internacional.

HIDROAYSÉN Y TRILLIUM

El recurso de protección rechazado por los tribunales nacionales, según explicó Castillo, fue presentado para revertir la omisión por parte de la Corema de Aysén que no dio curso a la solicitud de condiciones administrativas establecidas por ley para aplicar el citado tratado entre Chile y Argentina que, entre otros puntos, establece que las cuencas hídricas compartidas deben contar con un plan general de utilización, “instrumentos que no existen para los casos de las cuencas de los ríos Pascua y Baker”.

Pese al revés judicial en la Corte Suprema, Castillo enfatizó que la sentencia de dicho tribunal no emite juicio sobre el fondo del asunto (la no aplicación del tratado binacional de recursos hídricos compartidos) ni se refiere a la admisibilidad y/o aprobación del EIA.

“Acá las instituciones no están funcionando y se está comprometiendo internacionalmente al Estado por este tipo de situaciones”, lamentó Castillo, abogado que formó parte de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, tras seis años, condenó al Estado en el caso Trillium. “Aunque son causales distintas, existe ese precedente por cuanto el fondo -la violación de derechos-, es similar”, advirtió.

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Opinión: Trabajo infantil, violación masiva de derechos humanos

Fuente: La Nación

El uso del trabajo infantil puede poner en cuestión los méritos del comercio internacional. Si el beneficio del libre intercambio de bienes proviene de tener precios más bajos gracias a la mano de obra barata, pareciera que no hay una ganancia neta para la humanidad.

El uso de mano de obra infantil en grandes factorías asiáticas que venden para Occidente parecía una situación superada por la denuncia.

Hace algunos años el mundo se impactó porque una de las más importantes marcas de zapatillas, Nike, había sido descubierta utilizando niños asiáticos para la elaboración de sus productos.

La empresa hizo su mea culpa y pareció que el tema estaba superado. Por eso la noticia llegada de la India, en el sentido que se habían allanado fábricas de calzado y bolsos de mujer, fue impactante y dejó en claro que esa práctica no ha sido erradicada.

En la India la existencia de estas fábricas es un secreto a voces. Los cálculos de organismos internacionales señalan que 250 millones de niños son empleados hoy como mano de obra de empresas, muchas de ellas transnacionales.

Los escasos defensores de estas prácticas alegan que es la única manera de combatir el hambre en naciones sobrepobladas como India, donde 450 millones de personas son pobres.

Pero este argumento se derrumba al verificar que en esas mismas zonas del mundo también hay millones de personas cesantes, y que lo que se busca al hacer trabajar niños en condición de virtual esclavitud es abaratar el costo de la mano de obra. Por eso, 20% de la economía india depende hoy del trabajo infantil.

El uso del trabajo infantil puede poner en cuestión los méritos del comercio internacional. Si el beneficio del libre intercambio de bienes proviene de tener precios más bajos gracias a la mano de obra barata, pareciera que no hay una ganancia neta para la humanidad.

Sólo en la medida en que los niños tengan la oportunidad de educarse será posible que ellos consigan trabajos dignos y que no ocupen plazas que deberían ejercer adultos.

Chile no está exento de este problema. Según cifras de Unicef (Organización de Naciones Unidas para la Infancia), más de 238 mil niños trabajan en nuestro país y 107 mil 363 laboran en trabajos que son absolutamente inaceptables. Son menores que generalmente laboran en las calles más de 12 horas al día.

Estos menores necesitan de la urgente ayuda del Estado para poder estudiar y, a su vez, es necesario aportar al ingreso de sus familias, porque esa es la principal motivación que los lleva a trabajar.

La eliminación del trabajo infantil es una importante señal de paso al desarrollo, debido a que la educación es la herramienta fundamental que les permitirá a los menores de bajos recursos salir de la situación de pobreza y no el trabajo infantil.

Por su masividad y por el efecto que tiene en la superación de la pobreza, esta violación de los derechos humanos debería estar en el centro de la preocupación de todo gobierno progresista.

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Gobierno invocará Ley Antiterrorista contra activista

Fuente: La Nación

En la casa de Miguel Ángel Tapia Huenulaf se incautaron una subametralladora, cargadores, granadas, municiones y materiales explosivos, además de 18 matas de marihuana.

El vicepresidente Edmundo Pérez Yoma anunció ayer que el Gobierno se querellará contra Miguel Ángel Tapia Huenulaf, 45 años, por delitos enmarcados en la Ley Antiterrorista.

El activista mapuche fue detenido la madrugada de este miércoles en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana, tras ser buscado por la policía.

“En este caso se configuran todos los antecedentes de una organización o un intento de una organización terrorista, por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive vamos a invocar la aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso”, dijo Pérez Yoma desde la Región del Biobío, donde está junto a las ministras del Trabajo, Claudia Serrano, de Vivienda (S), Paulina Saball y el subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy.

El imputado, tras ser aprehendido este jueves, pasó a control de detención ante el Segundo Juzgado de Garantía donde la Fiscalía Centro Norte lo formalizó por el cultivo de 18 plantas de marihuana, las cuales fueron halladas en su domicilio.

En esta residencia también se incauttaron una subametralladora (9 milímetros), dos cargadores, granadas, municiones, materiales explosivos, pólvoras y mechas, además de trajes de camuflaje.

Tras la audiencia, se ordenó el traslado de Tapia a Temuco, donde hay dos órdenes de detención en su contra: porte ilegal de armas y participar en el robo con intimidación y quema del Fundo San Leandro, ocurrido el 12 de enero pasado.

FORMALIZACIÓN EN TEMUCO

Se espera que hoy Tapia llegue hasta el Tribunal de Garantía de Temuco para ser formalizado por estos hechos. El Ministerio Público junto a las policías se encuentran periciando las armas encontradas en el domicilio capitalino del imputado, ya que es posible que alguna de ellas sea de guerra y deba ser encausado por la justicia militar.

Hasta el Centro de Justicia en Santiago llegaron ayer familiares de Tapia, quienes acusaron a carabineros de ser en extremo violentos y armar un montaje contra el activista.

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Familiares de víctimas de la dictadura afirman que casos falsos “son golpes duros”

Fuente: El Mostrador

“Lo recibimos con consternación, estos son golpes duros, es muy difícil imaginarse cuáles son las motivaciones que existieron como para mentir de esta manera, inventar una historia, hacer una denuncia, un nuevo golpe para nosotros como familiares y para nuestros detenidos desaparecidos”, sostuvo la vicepresidenta de la AFDD Mireya García.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) sostuvo este jueves que los casos falsos de víctimas de la dictadura (1973-1990) “son golpes duros”, luego de que el Gobierno confirmara dos más.

El ministro del Interior en funciones, Patricio Rosende, anunció que Gustavo Edmundo Soto Peredo, quien está registrado como detenido desaparecido, no fue víctima de violación a los derechos humanos, como tampoco lo fue su supuesto hijo, Rubén Simón Soto Cabrera.

Con estos ascendieron a siete los casos falsos detectados en los últimos tres meses en Chile.

La vicepresidenta de la AFDD Mireya García manifestó que cada caso nuevo de un falso detenido desaparecido es un duro golpe para la organización, por lo que espera que los revelados hoy sean los últimos.

“Lo recibimos con consternación, estos son golpes duros, es muy difícil imaginarse cuáles son las motivaciones que existieron como para mentir de esta manera, inventar una historia, hacer una denuncia, un nuevo golpe para nosotros como familiares y para nuestros detenidos desaparecidos”, añadió García.

La dirigente señaló que “hay un momento en que las cosas terminan de saberse y yo espero que éste sea el momento en que se terminó de saber y que ya no van a salir más casos”.

“Tengo la impresión de que el dominó terminó de mostrarse completo”, agregó.

La investigación abierta ahora ha determinado que Soto Peredo, murió el 18 de agosto de 1973 a causa de una herida con un objeto cortopunzante en la ciudad de Talcahuano.

Rosende afirmó que María Cabrera Silva, la cuñada de Soto Peredo que realizó la denuncia, mintió en su declaración ante la Comisión Rettig, que en 1991 documentó las muertes y desapariciones durante la dictadura, y ante la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica chilena que luchó a favor de las víctimas.

Las pesquisas también permitieron aclarar que Rubén Simón Soto Cabrera, supuesto hijo de Gustavo Edmundo Soto Peredo, tampoco fue detenido desaparecido, a pesar de que así lo indica el informe Rettig.

“No hemos podido dar con el paradero de Rubén Simón Soto Cabrera, pero tenemos la convicción de que su desaparición no obedeció a causas políticas, como falsamente denunció su supuesta hermana, Patricia Soto”, afirmó Rosende.

El ministro del Interior suplente explicó que esta mujer denunció, a petición de su madre, el caso ante la comisión Rettig, a la que también dijo que su padre era Gustavo Soto Peredo, dato que resultó ser falso.

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Opinión: Remultray Cadín – derecho a pedir asilo

Fuente: Virginie Houdmont, Diario Crítico Chile

Cuando el gobierno suizo anunció que la niña mapuche de 11 años, Remultray Cadin, pidió asilo político en Suiza, el gobierno chileno no dudó en reaccionar, informando a su contraparte suiza que encuentran la petición “improcedente” e insistiendo que “en Chile no se persigue a nadie por sus ideas”.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define a refugiados políticos como cualquier persona que por razones de raza, religión, nacionalidad o su pertenencia a un grupo social o ideología política, considera que su vida esta en riesgo o que vive bajo una presión sicológica insoportable.

La cuestión es que el caso de Remultray  es muy  complejo, con mucha historia que necesita ser considerada antes de llegar a conclusiones sobre la validez de su petición de asilo político.

Como lo explicó Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional – Chile en una entrevista con la Radio Universidad de Chile: “la historia de la familia Calfunao viene desde mucho tiempo atrás. Hay evidencia, Amnistía Internacional lo ha seguido desde por lo menos el 2002, acerca del acoso y la persecución por parte de autoridades a Juana Calfunao, longko de la Comunidad Juan Paillalef y madre de la menor.”

En este momento la familia más cercana de la niña, su madre, su padre y una tía, están cumpliendo una condena de prisión en Temuco. La madre recibió una condena de cuatro años por atentado contra las autoridades en 2006. El padre de la niña, Antonio Cadin, esta en prisión por delitos similares. Dado estos hechos parece que no existe absolutamente ninguna proporción entre los delitos cometidos y la pena impuesta por la justicia.

Además, existe información que en el pasado hubo varios otros incidentes en que Juana Calfunao ejercitaba su legítimo derecho a la protesta pacífica donde las autoridades respondieron de manera violenta, deteniendo a Juana junto con otros miembros de su pueblo, incluso en una ocasión a su hija Remultray  que en ese momento tenia apenas siete años.

El hermano de la niña, Waikilaf Cadín, expresó su preocupación por la seguridad de su hermana, ya que con casi toda familia encarcelada, él representa el único familiar que tiene su hermana en Chile. Si a él también le condenan a la cárcel, como ya ha ocurrido anteriormente, la niña corre el riesgo de ser alejada de su familia y de permanecer en la custodia del Sename, y enfrentar las consecuencias previsibles.

La petición de asilo político de Remultray Cadín está en curso, y dada la turbulenta historia de abusos sufridos por esta familia es muy comprensible que estén preocupados por la seguridad de la niña. Solicitar asilo es un derecho que tiene cualquier persona que considera hallarse en peligro y que no puede acceder a una vida plena. Ciertamente, en Suiza, ella tendrá la oportunidad de vivir una vida más normal y segura sin el riesgo de enfrentar presión sicológica insoportable.

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