Defensores/ras de Derechos Humanos. Derechos en el Bicentenario: “No es caridad… es justicia!”.

Fuentew: www.amnistia.cl

El 27 de enero una nueva versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario se entregó al Ejecutivo. Tras una reunión del Ministro Viera-Gallo con integrantes de las organizaciones que suscriben la Agenda, la prensa publicó los comentarios del Director Ejecutivo de AI Chile refiriéndose a las preocupaciones y la escasa respuesta a las propuestas de la Agenda que se ha recibido del Gobierno. Para profundizar más en el tema, publicamos un entrevista con Sergio Laurenti que reflexiona sobre los alcances de la iniciativa de cara al Bicentenario y las expectativas de la sociedad civil en cuanto a los desafíos por delante. (Lea aquí la entrevista completa)

Sergio Laurenti, director de AI Chile

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SIN IMAGEN1 –>¿Por qué dice que el tema de DDHH se transa con otros intereses políticos?

La historia reciente de graves violaciones de derechos humanos en Chile y la temática de su defensa y promoción –que es un deber del Estado- ha motivado que medidas importantes y esenciales para el desarrollo de un país más justo e igualitario se demoren inexcusablemente. Ejemplo de ello es la falta de ratificación del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional y una larga lista de otros instrumentos internacionales; o el avance en temas de dignidad humana, la lucha contra la discriminación, o el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad. Estos asuntos no son dádivas que los Estados otorgan, son obligaciones que deben cumplirse. Iniciativas importantes para las personas son a menudo usadas políticamente, avanzan, retroceden y frecuentemente se estancan debido a que la agenda política aparece dominada por defensas corporativistas, de intereses sectoriales –primordialmente económicos- y no se pone a las personas en primer lugar.

¿Qué tan grave es que ello ocurra?

En Chile se dan violaciones y abusos hoy –diferentes en su naturaleza y gravedad- a las gravísimas violaciones de Derechos Humanos del pasado pero igualmente importantes, que deben ser enfrentadas y resueltas. Si las responsabilidades del Estado, contraídas a partir de las obligaciones del derecho internacional y de la propia legislación interna, se desatienden o dejan de cumplirse, esto posterga a las personas y a grupos en riesgo, por ejemplo: indígenas, mujeres y niñas, las personas más pobres; abre espacios de impunidad; y expande las brechas de desigualdad con el consecuente incremento de inestabilidad y protesta social.
Un buen ejemplo podría ser la Reforma Procesal Penal, que es revolucionaria y que resulta en grandes avances pero que debe perfeccionarse urgentemente para implementarse de manera eficiente, y hacer que la justicia sea accesible para todas las personas, especialmente las más desprotegidas.

Cuando habla de que en Chile, el Gobierno frente a las demandas en materias de DDHH ofrece más de lo mismo, ¿a qué se refiere?

Primero, una aclaración: Amnistía Internacional nunca denuncia sin proponer soluciones posibles, realistas y basadas en los instrumentos de Derechos Humanos. Hemos señalado y aplaudido algunos positivos avances en la protección de los derechos humanos en Chile, y destacamos como obra del actual gobierno –por ejemplo- la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y el apoyo al desarrollo de un Tratado Internacional de Control de Armas; la incorporación de mayor cobertura del programa AUGE y el avances en temas de verdad y justicia, que se han producido desde la primera versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario.

Segundo, hay una creciente preocupación entre las organizaciones de Derechos Humanos por el escaso o nulo avance –por ejemplo en temas como la “ley anti-discriminación”, la institucionalidad de Derechos Humanos o la ley marco de salud sexual y reproductiva, por citar algunos. Ante esto la respuesta habitual –cuando la hay- es la falta de cooperación de la oposición, proyectos de ley eternamente detenidos en el Congreso, o la noción de que “Chile no está preparado”.
Ha sido mayormente la presión e iniciativa de las organizaciones, y no el liderazgo de los gobiernos y el parlamento los que han generado los avances.

¿Cuál es la importancia del documento “Agenda de DDHH para el Bicentenario”?

Chile no cuenta con una institucionalidad de Derechos Humanos ni con un Plan Nacional de Derechos Humanos. La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, originada en una propuesta realizada por AI durante las elecciones presidenciales de 2005, se ha convertido en una iniciativa proactiva de organizaciones e individuos de la sociedad civil que presenta un “mapa de ruta” para las sucesivas administraciones del Estado de modo de situar la promoción y defensa de los Derechos Humanos al centro de las realizaciones políticas y como respuesta a las aspiraciones legítimas de todas las personas que habitan Chile.
La cercanía del Bicentenario de la independencia, debiera motivarnos a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ello supone que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con una perspectiva de Derechos Humanos; específicas para la promoción y protección de estos derechos.
Resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, centrada en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. Y pensamos que la Agenda propuesta es el instrumento idóneo.

Sobre lo mismo, ¿cuáles son los puntos más novedosos para afrontar estas materias?

La Agenda comprende 60 propuestas, algunas muy amplias, en temas tan diversos como Discriminación, Promoción de los Derechos Humanos, Grupos en riesgo, Educación en Derechos Humanos o Democracia y Participación, entre otros. Todas las propuestas son importantes, pero las más recientes inclusiones de la Agenda, que se reflejan en la actualización presentada incluyen: Instrumentos internacionales relativos a refugiados, pueblos originarios y responsabilidad de empresas; medidas más efectivas contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar; control de las policías y reducción de la violencia policial; discriminación de las mujeres en el ámbito político, laboral, de salud y de derecho de familia; protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo la necesidad de mayores recursos para el SENAME y la revisión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente; protección del derecho a la honra y vida privada; y medidas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué sensaciones le dejó su encuentro con el ministro Viera Gallo? ¿Hay compromisos para trabajar en conjunto?

El ministro Viera-Gallo está siempre muy bien dispuesto a recibirnos, a dialogar y a apoyar iniciativas de Derechos Humanos. Nos habló de las aspiraciones del Gobierno respecto de una pronta ratificación del Tratado de Roma y de una votación positiva del proyecto sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respondió con mucha franqueza y apertura respecto a las posibilidades reales y los temas en los que el Gobierno necesita apoyo. Hemos comprometido continuar el seguimiento de los temas de la Agenda, con diversos actores políticos tanto de la Concertación como de la oposición, como lo venimos haciendo hace más de dos años.

¿AI trabaja con el Gobierno u otros grupos políticos, cuáles?

Amnistía Internacional es independiente de cualquier Gobierno, partido político, grupo religioso o económico. No acepta financiamiento gubernamental ni de organismos intergubernamentales y se sostiene con donaciones de sus socios y simpatizantes. Amnistía Internacional y la coalición de cuarenta organizaciones que apoyan la Agenda siempre procuran cooperar con el Gobierno y el Congreso, por medio de propuestas y educación. Las iniciativas de la Agenda son en sí mismas el mayor aporte. En otros ámbitos, Amnistía Internacional señala constructivamente las oportunidades para mejorar; estamos constantemente en contacto para comentar sobre iniciativas legislativas; promover la solidaridad internacional; participamos con nuestra opinión en el Examen Periódico Universal (un procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y para aportar en lo que podamos.

Pareciera ser que cuando se habla de DDHH en nuestro país, el tema se politiza y se traduce en un discurso de izquierda, ¿qué tan bueno o malo es que ello ocurra?

Teñir con un color político la defensa de los Derechos Humanos es un grave error que contamina su avance global y deslegitima a quienes los defendemos. Los derechos son de todas las personas y nuestro trabajo en Amnistía Internacional es contribuir a crear una cultura de promoción y respeto de todos los Derechos Humanos para todas las personas. En Chile, el tema se politiza pues la perspectiva está estancada en un momento histórico que aún divide profundamente al país. Cuando el debate nacional aborde –por ejemplo- asuntos como el impacto de la crisis económica global; el acceso a vivienda digna; el impacto de la violencia en la vida de las mujeres y las niñas; la guerra contra el terrorismo; la globalización de la justicia; el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo o las responsabilidades de las empresas y grupos económicos en los abusos de derechos humanos, probablemente sería más relevante, actual e inclusivo. Considero que en Chile debemos pasar de la aspiración a la exigibilidad de los derechos, y eso no es caridad… es justicia.

¿En qué escenario se encuentra Chile en materia de DDHH respecto de otros países y en Latinoamérica?

Amnistía Internacional no hace rankings entre países. Nos importan y trabajamos sobre las violaciones y abusos de Derechos Humanos donde se producen y nuestras preocupaciones se entregan formalmente a cada gobierno, tanto en el Informe Anual como en otras declaraciones periódicas. Hace poco visitó Chile la Secretaria General de AI Irene Khan, y se reunió con la presidenta Michelle Bachelet y con muchos otros interlocutores tanto del ámbito político como de la sociedad civil. En ese contexto, Amnistía Internacional reconoce que romper con un pasado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos supone un reto enorme para cualquier gobierno. Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Amnistía Internacional observa otras muchas contribuciones significativas de Chile al desarrollo de un marco internacional de derechos humanos sólido y de las instituciones que vigilan su cumplimiento: el país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente; ha apoyado la incorporación de la perspectiva de género en todo el engranaje de las Naciones Unidas, y ha respaldado otros procesos de reforma estructural, como el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo de examen periódico universal y la racionalización y mejora de los mandatos de los Procedimientos Especiales. Chile también ha liderado iniciativas regionales e internacionales encaminadas a mantener la paz y la democracia.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha detectado con preocupación varios ejemplos de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional. Resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.

Para saber más sobre la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario
Vea el artículo comentado, en La Tercera

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