DERECHOS HUMANOS-CHILE: Una agenda para un año especial.

Por Daniela Estrada
SANTIAGO, 22 ene (IPS) – Pensando en los comicios presidenciales de 
diciembre y en el examen que Chile rendirá ante la ONU en mayo, más de 
40 organizaciones de la sociedad civil presentaron este miércoles al 
gobierno de Michelle Bachelet su actualizada “Agenda de Derechos 
Humanos para el Bicentenario”.

“Este año, el último de gobierno de Bachelet y el último antes de la 
celebración del Bicentenario del país, se abre una oportunidad para 
movernos desde la aspiración de avances en materia de derechos humanos 
hacia la exigibilidad de ellos”, dijo a IPS Sergio Laurenti, director 
ejecutivo del capítulo chileno de la organización no gubernamental 
Amnistía Internacional.

El año 2010 es simbólico tanto para Chile como para otros países 
latinoamericanos que conmemoran 200 años de su independencia de España.

La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario nació en 2006 como 
una propuesta de Amnistía a los candidatos de las últimas elecciones 
presidenciales. A la iniciativa pronto se sumaron 40 organizaciones de 
la sociedad civil del país, pasando de 47 propuestas originales a 60.

Si bien reconocen algunos avances, según Paulina Acevedo, del 
Observatorio Ciudadano, el país aún tiene muchas deudas pendientes 
tanto en materia de verdad, justicia y reparación de las violaciones a 
los derechos humanos cometidos por la dictadura de 1973 a 1990, así 
como de profundización de la democracia.

Entre el 5 y el 15 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) tomará a Chile el llamado Examen 
Periódico Universal sobre el cumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos en la materia, que se realiza cada cinco años.

Amnistía y otras agrupaciones de la sociedad civil ya han enviado sus 
informes. “El gobierno ha dado señales de preocupación” al respecto, 
aseguró en conferencia de prensa Acevedo, puesto que la cancillería ha 
cursado dos invitaciones a las organizaciones para tratar el tema.

Además, éstas pretenden insertar la Agenda en el debate político que 
tendrá lugar este año con motivo de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de diciembre. De hecho, entregarán las propuestas a 
cada uno de los candidatos que ingresen a la carrera por el gobierno, 
adelantaron.

“La discusión parlamentaria durante estos últimos cuatro años ha sido 
excesivamente lenta y creemos que este año es cuando los ciudadanos 
debemos exigir que se acelere la tramitación de las leyes que están en 
la agenda democratizadora y de derechos humanos”, remarcó Álvaro 
Ramis, presidente de la Asociación Chilena de Organismos no 
Gubernamentales, Acción.

La Agenda promueve los derechos humanos de las mujeres, los 
inmigrantes, los refugiados, los niños, niñas y adolescentes, los 
pueblos originarios y las personas privadas de libertad, además de 
materias como la discriminación, la democracia y la participación.

Entre los temas prioritarios para las organizaciones no 
gubernamentales figura la creación de una institucionalidad de 
derechos humanos y de un Defensor del Pueblo, la aprobación del 
Estatuto de Roma que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) y 
la reforma de la justicia militar, por el impacto que ésta tiene 
actualmente en la violencia policial.

Tanto el proyecto de reforma constitucional que establece el Defensor 
de las Personas como el que adhiere a la CPI están dentro de las 
prioridades legislativas del gobierno para este año, así como otras 
importantes reformas políticas, dijo el ministro Secretario General de 
la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, a corresponsales extranjeros 
en un encuentro realizado el 16 de este mes.

La situación de los indígenas, en especial la del pueblo mapuche, es 
otra de las grandes preocupaciones de la sociedad civil, puesto que 
sus demandas insatisfechas por tierras y otros derechos han derivado 
en protestas violentas que han sido castigadas con severas leyes como 
la antiterrorista.

Este jueves, en la sureña región de La Araucanía donde vive parte 
importante del pueblo mapuche, se produjo uno de los atentados más 
graves de los últimos tiempos contra un predio forestal. Un grupo de 
seis encapuchados con armas de fuego incendiaron seis máquinas y una 
camioneta, estimándose pérdidas del orden de los 1.000 millones de 
pesos (1,6 millones de dólares).

El gobierno no descartó invocar la ley de seguridad interior del 
Estado o la cuestionada legislación antiterrorista ante este ataque.

Los encapuchados señalaron que el atentado era en memoria del joven 
mapuche Matías Catrileo, asesinado en enero de 2008 por un policía 
mientras participaba en la toma pacífica de un predio particular 
reivindicado por el grupo como propio.

“No me cabe duda que el gobierno y la presidenta tienen buenas 
intenciones respecto del avance en materia de derechos humanos”, dijo 
el director ejecutivo de Amnistía Internacional, reconociendo que la 
actual administración “ha tenido muchos escollos”.

Entre los logros de Bachelet, el activista destacó principalmente la 
ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo relativo a Pueblos Indígenas y Tribales, del Protocolo 
Opcional de la Convención contra la Tortura y de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo.

Asimismo, en las primeras semanas de este año electoral ya se han dado 
algunos pasos importantes.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles en segundo trámite 
legislativo el proyecto de reforma constitucional que establece la 
inscripción electoral automática y el voto voluntario, lo cual la 
posibilidad de votar a 3,8 millones de personas que actualmente no 
están inscriptas en el Registro Electoral.

Ahora el gobierno debe enviar al parlamento otro proyecto para que se 
establezca el mecanismo con que se llevará a la práctica la reforma.

Sin embargo, Laurenti cree que “para la clase política el tema de los 
derechos humanos se ha transformado en una moneda de cambio, que se 
utiliza para negociar”.

Además, considera que Chile tiene un “doble estándar” en este ámbito. 
“Tenemos una cara muy bien pulida hacia la comunidad internacional, ya 
que frecuentemente Chile es señalado como ejemplo” y un estándar de 
incumplimiento hacia adentro, afirmó. “Nosotros queremos que eso se 
iguale a través de esta Agenda”, remarcó.

En este marco, Laurenti criticó la prioridad que el gobierno 
centroizquierdista de Bachelet le ha dado a la construcción del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, que sería inaugurado en 
noviembre de este año a un costo de 17,6 millones de dólares.

“Es una iniciativa importante, pero no es urgente. Estamos dedicando 
energías, atención, fondos y personal de gobierno en ese proyecto, 
cuando hay tantos otros que tienen impacto directo en la gente (que 
siguen dormidos)”, concluyó. (FIN/2009)

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