Juez Madrid encausó por asociación ilícita a ex agentes de la DINA. La ley de Amnistía no impidió nuevos procesamientos en el caso Soria.

Fuente: www.elmostrador.cl

El magistrado acusó a varios ex oficiales del Ejército y ex actuarios de urdir en 1993 un plan para que un suboficial mayor en retiro cambiara su testimonio original, en el que acusaba al brigadier (r) Jaime Lepe de estar a la cabeza del operativo que, en julio de 1976, terminó con la vida del diplomático español. Para tal efecto el testigo recibió dinero e incluso un automóvil.La hija de la víctima, Carmen Soria, afirmó que con estos nuevos antecedentes el Gobierno debiera pedir la reapertura del caso, la cual también ha solicitado la CIDH.

Por El Mostrador.cl

El ministro en visita Alejandro Madrid sometió a proceso este lunes a tres oficiales retirados del Ejército por el delito de asociación ilícita en torno al   asesinato, el 16 de junio de 1976, del diplomático español Carmelo Soria.

Aunque se trata de un caso que fue amnistiado, el magistrado dictó los encausamientos considerando que los involucrados se organizaron en 1993 para obstruir a la justicia, entregándole dinero e incluso un vehículo al suboficial mayor en retiro José Ríos San Martín para que cambiara su versión de los hechos.

Es así como en su primer testimonio, este último acusó al brigadier (r) del Ejército Jaime Lepe Orellana de orquestar a través de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) un plan para terminar con la vida de Soria, versión que más tarde modificó.

Además de Lepe, también fueron procesados por asociación ilícita el oficial (r) René Patricio Quilhot Palma,  y como coautores del mismo delito a  Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

Asimismo, Lepe y Quilhot, además del coronel (r) y ex fiscal militar Sergio Cea fueron sometidos a proceso como coautores del delito de falsificación de instrumento público, siendo cómplices del mismo los ex actuarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo  García Pérez.

Finalmente, se indicó que los oficiales, con excepción de Cea, enfrentan también el cargo de presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal.

Los procesados quedaron detenidos en el Regimiento de Policía Militar Nº 1 “Santiago” ubicado en la comuna de Peñalolén.

En el caso de Eugenio Covarrubias Valenzuela, se mantiene la libertad provisional otorgada en el marco de la investigación del episodio Berríos y Huber con la misma fianza rendida  y, en el caso de Zúñiga Cadenasso y García Pérez, se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos y 100.000 pesos,  respectivamente.

En tanto, en declaraciones a la radio Bío Bío la hija del diplomático español muerto hace 33 años, Carmen Soria, dijo tras ser notificada de la decisión de Madrid en el Palacio de los Tribunales que este “es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio”.

A su juicio eso es posible, ya que pese a que el caso fue amnistiado “hay nuevos antecedentes, que es lo que se está dando, y existiendo nuevos antecedentes yo creo que el Gobierno haciendo caso de las peticiones de la CIDH  (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) debe reabrir el caso”.

El caso Soria

De acuerdo a la información recogida por el informe Rettig, Carmelo Soria, de profesión economista, funcionario de las Naciones Unidas y militante del Partido Socialista, fue detenido el 15 de julio de 1976 y asesinado al día siguiente por agentes de la DINA.

Su automóvil fue arrojado dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 de julio a un kilómetro del lugar en que se encontró el vehículo.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

La dignidad de las personas en los procedimientos penales.

Fuente: www.lanacion.cl

No se trata de privilegiar los derechos de los delincuentes, como se ha malentendido desde algunos sectores que prefieren una sociedad policial, sino de incorporar la dignidad de las personas en la ecuación.

La enorme publicidad que han adquirido los procedimientos e investigaciones de fiscales del Ministerio Público, así como una serie de resultados equívocos y dañinos para las personas, ponen un manto de duda sobre la efectividad del sistema procesal penal. El caso más reciente fue el de una embarazada que fue detenida acusada de ser la supuesta líder de una banda dedicada a asaltar casas del sector oriente de la capital, pero se suma a otros en los que, apresuradamente, se expone a una persona a una acusación pública sobre la cual no se tienen pruebas fehacientes.

Más allá de la justificación entregada por la Asociación de Fiscales, en orden a que tras esto hay un problema de falta de profesionales y exceso de causas, lo cierto es que la gran mayoría de los errores se ha relacionado con el trámite de la formalización. Siendo éste uno de los primeros procedimientos del sistema, no tiene oficialmente otro significado que notificar a una persona que será investigada por algún hecho. Así, está muy lejos de parecerse al antiguo procesamiento o encargatoria de reo, donde un magistrado formulaba cargos contra alguien sólo cuando ya había reunido suficientes pruebas de su relación con un delito.

La formalización, aunque oficialmente es apenas el inicio de la investigación, ha sido usada como una instancia acusatoria y pública, sin que esté respaldada necesariamente por evidencias. Los fiscales tienen las facultades para formalizar por cualquier delito y los jueces no pueden cuestionar ello, salvo en cuanto a la aprobación o rechazo de las medidas cautelares que se pidan. No obstante, como el procedimiento se hace pública y espectacularmente, se tiende a generar presión sobre los magistrados para aprobar la prisión preventiva y otras medidas sobre los imputados.

La implementación del nuevo sistema penal no debiera ser hecha sobre la base de dogmas de procedimiento. Si la práctica demuestra que hay situaciones que no están funcionando, el sistema debe corregirse y mejorarse. En este caso, debe implicar la revisión de la forma en que trabajan los fiscales, el chequeo de las pruebas de que disponen y la publicidad con que se realizan las formalizaciones. No se trata de privilegiar los derechos de los delincuentes, como se ha malentendido desde algunos sectores que prefieren una sociedad policial, sino de incorporar la dignidad de las personas en la ecuación, evitando situaciones como la que sufrió la mujer embarazada erróneamente detenida la semana pasada.

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