Ni detenidos ni desaparecidos.

Fuente: www.elmostrador.cl Por Leonardo Aravena*

Conmoción ha causado la “aparición” de personas que, no obstante haber sido consideradas como “detenidos desaparecidos” por causa de la represión y la tortura durante la dictadura, se ha comprobado que nunca tuvieron esa calidad. Es posible que aparezcan nuevos casos, pudiendo llegar a ocho o más, de acuerdo a la investigación que el Gobierno ha propiciado instruir.

La situación parece grave atendido el contexto, en el que la mentira, el ocultamiento de datos y la obtención indebida de privilegios y beneficios económicos otorgados a quienes realmente fueron víctimas, evidencian la eventual acción de aprovechados e inmorales. Su presencia ha determinado que algunos hayan puesto en duda la realidad de los casi tres mil compatriotas que efectivamente fueron detenidos y desaparecieron sin que hasta hoy, en muchos casos, transcurridos más de 30 años, se sepa qué pasó con ellos.

No se trata sólo de calificar la actitud de los aprovechadores ni de establecer si todo se trató de un error, lo que parece muy difícil atendidos los antecedentes de que se dispone. Se trata también del perjuicio moral que la “aparición” de los “no desaparecidos” ha acarreado a los familiares de las verdaderas víctimas, agrupados en la “AFDD” y del mal uso que de los hechos han pretendido efectuar los defensores de quienes detuvieron e hicieron desaparecer, llegando algunos a sostener que se trata de una mentira generalizada y a pedir la libertad de los que se encuentran en prisión como responsables de los crímenes más horrendos que recuerda la historia de Chile.

Llama la atención que de lo ocurrido se haya pretendido responsabilizar al Gobierno, que se ha limitado a administrar los mandatos de leyes dictadas luego de serias investigaciones practicadas por las comisiones “Rettig” y “Valech” y de una “Mesa de Diálogo” con participación de las FF.AA., a las que pertenecieron la mayor parte de los implicados en los delitos, y de todos los estamentos involucrados, incluídos personeros de los partidos que hoy rasgan vestiduras pretendiendo obtener dividendos políticos de la situación.

Si la actitud de los que no estuvieron ni detenidos ni desaparecidos y se valieron de  engaños para obtener beneficios económicos a los que no tenían derecho, ha sido delictual, deberá ser investigada y sancionada, sin que pueda imputarse al Gobierno responsabilidad alguna, la que recae sólo en los que hicieron mal uso de los beneficios otorgados por ley a las víctimas o a sus parientes, cónyuges e hijos que en muchos casos quedaron desvalidos al desaparecer el jefe de la familia, sin perjuicio de que algún mal funcionario haya podido facilitar el fraude.     

Los nombres de Carlos Rojas, Emperatriz Villagra y Edgardo Palacios, tres de los “no desaparecidos”, han sido borrados por los verdaderamente afectados del “Memorial” ubicado en el Cementerio General y se inicia un proceso a cargo de un ministro en visita designado por la Corte de Apelaciones a petición del Ejecutivo, para establecer las responsabilidades penales individuales que pudieren existir en cada uno de los casos conocidos y en los restantes que aparezcan. No debe perderse de vista la realidad y el horror vivido por las familias ni las reparaciones a que tienen derecho quienes de verdad han sufrido, sin que unos pocos -cuatro, ocho, doce o más- actos de quienes han defraudado al país puedan borrar el dolor sufrido ni empañar la justicia de los beneficios otorgados y, menos, la memoria y el respeto que merecen las víctimas.

Tampoco parece apropiado, resultando grotesco, que intereses político partidistas de los que nunca dijeron nada cuando reinaba el terror en la Patria, traten ahora de aprovechar en su favor la desgraciada situación creada por los “aparecidos”, pretendiendo atribuir responsabilidades o actitudes fraudulentas o mal intencionadas donde no las hay.

*Leonardo Aravena es Profesor de Derecho, Universidad Central. Coordinador Justicia Internacional y CPI, Amnistía Internacional, Chile.

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