Derechos Humanos y Naciones Unidas.

Fuente: www.flacso.cl

Noticia publicada en el portal de AG Magazine, el martes 30 de diciembre de 2008.

[30.12.2008] La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margarita Uprimny, se reunió con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Sociedad Civil a objeto de intercambiar información y opiniones sobre la situación que a la fecha existe en Chile en torno a la realidad de variados sectores, como las minorías sexuales.

En la cita en la Cancillería estuvieron presentes el subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Alberto van Klaveren, el director de Derechos Humanos de esa cartera, Juan Aníbal Barría, además de representantes del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y del Ministerio de Salud.

En representación de la sociedad civil asistieron Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación de los Derechos del Pueblo (Codepu) Corporación Humanas, Corporación Opción, Genera Ideas y Acciones Colectivas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh).

En la ocasión, al Movilh le correspondió exponer sobre la situación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB), destacando que desde asumida la democracia se han registrado importantes avances en el plano cultural y de las políticas públicas.

En el primer caso, destacan descensos en los niveles de homofobia y transfobia cultural, según lo demuestran diversas encuestas, así como importantes triunfos que han terminado con las prohibiciones para gays donen sangre en los servicios públicos de salud, la implementación de programas especiales para transexuales y la incorporación del combate al bullying homofóbico transfóbico en los discursos y algunos documentos del Ministerio de Educación.

Igualmente “valoramos la importante apertura de la Cancillería a los derechos de nuestros sector que se ha traducido en el apoyo a variadas declaraciones internacionales vinculantes por parte de nuestro Estado. Tan relevante ha sido este cambio, que por primera vez fuimos también invitados a una reunión de este tipo”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.

La organización denunció, sin embargo, “que nuestro Estado está muy lejos de los mínimos estándares internacionales que garanticen la igualad y el respeto a los derechos humanos más básicos de la población LGTB”.

Así por ejemplo, la mayoría de las discriminaciones, que han afectado incluso el derecho a la vida, permanecen en la impunidad por falta de una legislación efectiva que le haga frente, mientras que diversas normas del Código Penal sirven para detener y agredir en forma arbitraria a las personas sólo por ser homosexuales o transexuales.

“Más dramático aún es que en los últimos dos años algunos ministerios que habían presentando avances en torno a nuestros derechos, han retrocedido, siendo un ejemplo el Ministerio de Educación, que o se silencia frente al bullying o limita su intervención a declaraciones de buena crianza que tienen nulo efecto para el combate a los atropellos en las aulas”.

Junto a la implementación de políticas públicas efectivas a favor de los derechos humanos, el Movilh demandó en la reunión la pronta derogación de los artículos 365 y 373 del Código Penal y la rápida aprobación de la ley antidiscriminatoria y del Pacto de Unión Civil (PUC).

La cita fue especialmente importante por cuanto se enmarcó en la revisión de la situación de los DDHH en Chile, con miras al Examen Periódico Universal (EPU) a desarrollarse en mayo del 2009 durante la V Sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

“El EPU es el procedimiento mediante el cual los Estados presentan ante el Consejo un informe sobre su situación país. Este mecanismo permite que todos los países miembros sean examinados cada 4 años y constituye un procedimiento para que mediante un diálogo cooperativo los Estados mejoren sus resultados de Derechos Humanos”, apuntó la Cancillería. 

 

Documentos adjuntos:

Noticia publicada en el portal de AG Magazine, el martes 30 de diciembre de 2008. “Movimiento gay de Chile denunció homofobia y transfobia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU” (154.8 KB)

Las noticias, opiniones y entrevistas vertidas en este blog, no representan necesariamente el pensamiento de Amnistía Internacional – Chile.

MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO – VIOLENCIA.

  Fuente: www.laurarodriguez.cl

2 DE OCTUBRE DE 2009 – 2 DE ENERO DE 2010.

“POR UN MUNDO SIN GUERRAS”,

Crímenes y reparaciones imprescriptibles.

Fuente: http://www.elmostrador.cl

Por Felipe  Portales*

 Los errores o fraudes comprobados recientemente respecto de algunas personas inscritas como víctimas por la Comisión Rettig, la Corporación de Reparación y la Comisión Valech; son producto -en gran medida- de las deficiencias con que aquellas desempeñaron su labor. De partida, al imponerse plazos fatales de inscripción de las víctimas, se generaban inevitablemente dos problemas: La alta probabilidad de que muchas víctimas no alcanzaran a ser inscritas, por desconocimiento o falta de tiempo; y la carencia de los debidos controles de las inscripciones, dada la avalancha de casos presentados y analizados en tan poco tiempo.

Lo anterior se agravó por la gran carencia de difusión con que aquellas efectuaron su labor; lo que acentuó -particularmente en el caso de la Comisión Valech- la ausencia de inscripción de miles de víctimas. Increíblemente, para afrontar estas carencias se está pensando en repetir el deficiente modelo anterior. Es decir, ¡reabrir dichas comisiones por un corto período de tiempo!

Pero además de las consideraciones prácticas, hay una razón de principio en contra de la reapertura temporal de dichas instancias. Esta es que, así como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas sistemáticas constituyen crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles; así también el derecho a la reparación de sus víctimas o de sus familiares pasa a ser imprescriptible. De tal manera que al colocar un plazo determinado para hacer efectivo este derecho -por largo que sea- se está vulnerando abiertamente su derecho a la reparación.

En este sentido, aparece completamente lógico que el Gobierno establezca una instancia permanente para recoger y analizar los casos de desapariciones, ejecuciones y torturas cometidos bajo dictadura que se le presenten, con la finalidad de oficializarlos para los efectos de acogerlos a las leyes de reparaciones correspondientes. Dicha instancia podría ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos que busca aprobarse legislativamente o el actual Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior.

Lo que también habría que modificar, por razones elementales de justicia, es la Ley de Reparaciones aprobada en 2004; en cuanto a que ¡le prohibe al Poder Judicial acceder a las denuncias de tortura que se le presentaron a la Comisión Valech!, disposición aberrante que contradice nuestra Constitución, los diversos tratados internacionales ratificados por Chile en la materia, y los más básicos principios del derecho y la justicia.

Tal es así, que dicha ley estableció un procedimiento contrario al que se había seguido por la propia Comisión Rettig; que de oficio -como era natural en un órgano de carácter público- envió los antecedentes de los eventuales delitos que recogió en el curso de su labor a los tribunales de justicia correspondientes.

Además tal aberración se hará patente, cualquiera sea la nueva modalidad que se adopte para acoger nuevos casos de desapariciones, ejecuciones y torturas. Así, si se trata de los primeros se tendrá que enviar los antecedentes correspondientes a los tribunales. Y si se trata de torturas, no sólo no se los podrá enviar, sino que se prohibirá que los tribunales accedan a ellos.

 *Felipe Portales es sociólogo.

LAS OPINIONES, ENTREVISTAS Y NOTICIAS VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

La abogada Pamela Pereira analiza caso de falsos detenidos desaparecidos. “Los DDHH nunca han sido prioridad para la Concertación”.

Fuente: www.elmostrador.cl

La profesional se confiesa extrañada luego de la denuncia de la diputada RN Karla Rubilar sobre la existencia de más casos de falsas víctimas. Dice que hace pocos días se reunió con ella y no le escuchó ni una sola palabra sobre el tema que hoy tiene copada la agenda del gobierno. Pereira va más allá de la actualidad y realiza un análisis profundo de cómo los gobiernos concertacionistas han tratado el tema de las violaciones de derechos humanos y de los obstáculos impuestos históricamente por la derecha.

Por Pablo Basadre

La abogada de DDHH y militante del Partido Socialista, Pamela Pereira, dice que en los gobiernos de la Concertación siempre ha rondado la idea del “punto final” para cerrar el tema de los Derechos Humanos. Como ejemplos de esto último, la también abogada de la familia del asesinado general Carlos Prats, recuerda las batallas que tuvo que dar con el Ejecutivo: la “Ley Aylwin”, que pretendía ese desenlace para materias de DDHH (aunque fue uno de los gobiernos que más avanzó, aclara); la famosa propuesta del entonces presidente, Eduardo Frei, conocida como el acuerdo “Figueroa-Otero”, que intentaba la aprobación de las reformas constitucionales a cambio de un “punto final” y, por último, recuerda “la reservada reunión, según mis fuentes, que tuvo el ex general Emilio Cheyre con el ex presidente Ricardo Lagos para saber si se podía llegar a un ‘camino libre’ sobre estos temas”.

Sin embargo, agrega, nunca estos intentos han sido evidentes. Siempre, explica, son propuestas que se entregan medias enredadas en algún proyecto de ley.
 
En un café del centro de Santiago, cercano a los Tribunales, la abogada comenta que está trabajando duro junto a la Secretaría General de la Presidencia para sacar adelante el proyecto de ley del gobierno que contempla la creación del Instituto de Derechos Humanos. Esto, luego del fracaso del ministro de la cartera, José Antonio Viera-Gallo -en el Parlamento- que hizo naufragar la idea cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos denunciaron que no habían sido escuchadas por el Ejecutivo.

Si bien la llamaron del gobierno para trabajar y lograr que el proyecto llegue a buen puerto, la abogada responde con convicción cuando se le pregunta sobre la trayectoria de los gobiernos de la Concertación en esta materia: “Estoy con la Concertación y soy militante del PS desde los 16 años. Pero me siento con la más absoluta libertad para hablar cuando se trata de temas valóricos, porque los DDHH son temas valóricos. Y con la misma tranquilidad que converso con usted, lo puedo hacer con un ex presidente. Como lo hice en muchas oportunidades que fue necesario cuando me di cuenta que se estaba intentado poner punto final al tema de los derechos humanos en nuestro país”.

Pereira, por esa misma razón, reconoce y califica como “un estropicio político”, la intervención de Viera-Gallo cuando quiso cerrar un acuerdo con la oposición respecto al proyecto del Instituto de DDHH.

Aquí la abogada no sólo responde como una mujer muy cercana a esta causa -es hija de un detenido desaparecido- sino que con una larga experiencia en la búsqueda de la verdad en distintos procesos.

En entrevista con El Mostrador, Pereira se refiere a la denuncia de la diputada RN Karla Rubilar, de que habrían más casos de falsos desaparecidos y realiza una critica de fondo a la coalición de gobierno: “La mayor falencia de los gobiernos de la Concertación ha sido asumir este tema como una carga. Decir: hemos hecho tal o cuál cosa y tratemos de dar por superado esta realidad. Pero esta realidad no es superable por uno u otras personas”

Denuncia de Rubilar

– ¿Le parece seria la denuncia de la diputada Karla Rubilar?

– La denuncia de Karla Rubilar, en lo personal, me extrañó mucho, porque hace muy pocos días conversé con ella y no me comentó nada. Digo esto porque podría haberle dado algunas orientaciones. Nunca voy a estar de acuerdo en impedir que algo se investigue. Es más, le habría dado los pasos y le habría señalado el mecanismo más adecuado para llevarlo adelante. Pero la forma en que lo hizo, hace mucho daño. No dice cuáles son los antecedentes, no señala fuentes de información. Por tanto, no permite investigar. Y ese daño lo produce en la inmensa cantidad de familias que efectivamente tienen familiares desaparecidos. Porque sé que esto los descompensa, los hace ir de nuevo al doctor y no tengo duda que eso está ocurriendo en estos momentos.

Me decepciona lo de Karla porque yo la tengo como buena persona. No entiendo lo que quiso hacer con esta denuncia genérica y sin antecedentes. Más aún, pues con ella estuve discutiendo este tema, de cómo lograr que la derecha vote favorablemente para poder sacar adelante una institucionalidad como el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos.

– ¿Por qué cree que la oposición no quiere dar los votos para este proyecto?

– Para la derecha es tan traumático el tema de los derechos humanos y las responsabilidades penales de quienes están involucrados, que tampoco hay votación de parte de ellos para aprobar el Tribunal Penal Internacional de Roma. Dentro de poco, vamos a ser el único país que no lo va a tener firmado. Espero que EEUU lo firme, con Obama en la Presidencia. Ya van más de 130 países que lo han ratificado. Pero acá no podemos porque la derecha se enreda en dos temas: prescripción y amnistía. Creen que el estatuto de Roma, que comenzaría a regir, va a afectar también a los casos de derechos humanos del pasado.

– ¿Está de acuerdo con Lorena Pizarro de crear una subsecretaría de Derechos Humanos?

– La Subsecretaría tendría un riesgo: dependería absolutamente del gobierno de turno. En materia de derechos humanos, creo que mientras más se esté alejado del poder político, mucho mejor. El Instituto de DDHH siempre será un organismo que expresará todos los problemas que la sociedad no quiere ver, menos el poder político. Nadie quiere ver, por ejemplo, lo que pasa con los menores que están privados de libertad en los centros de reclusión de menores, que son más violentos que los de adultos. O el trato que le estamos dando a los peruanos o a los bolivianos, etc.

Mentalidad criolla

– ¿Cree usted que a pesar de los avances en esta materia, la Concertación ha cometido muchos errores?

– Más que encontrar errores, quiero hacer valoraciones. La mayor falencia de los gobiernos de la Concertación ha sido asumir este tema como una carga. Decir: hemos hecho tal o cuál cosa y tratemos de dar por superado esta realidad. Pero esta realidad no es superable por uno u otras personas. Así como se hicieron las comisiones investigadoras, también fue positiva la ley de reparaciones de don Patricio Aylwin, que finalmente con el tiempo se ve que fue el Presidente que más cosas hizo. Pero también en paralelo, ha habido varios intentos de punto final. Ese es el gran pecado de la Concertación. A mi me ha tocado ser protagonista de tirar al suelo esas leyes.

– ¿Por qué cree que llegan esas ansias del punto final del que habla?

– Desde el poder político se ha dicho: damos una manito a la familia, pero desde otro lado políticamente se quiere cerrar los temas, como si se pudieran cerrar. Creo que de entrada no se tuvo una voluntad política definida de llevar todas las causas a los tribunales de justicia. Esa voluntad no existió nunca.

– ¿Usted cree que la Concertación no sabe convivir con este tema?

– Creo que los DDHH han sido una contradicción permanente para la Concertación: Cómo te ayudo y cómo salgo de este conflicto histórico mirando para el techo para tratar de que el tiempo cierre todo. La Concertación ha actuado con mentalidad criolla en DDHH. Es decir, la ley del menor esfuerzo. Yo ya hice un poquito, para qué voy hacer más. Es una mentalidad de una corta visión. Y eso es no entender el conflicto. Creo que ha habido esta mentalidad estrecha, políticamente muy estrecha, de no ver más allá de la cordillera. No se imaginan, menos se preguntan cómo cruzarla. Han hecho la política de la no política de derechos humanos. Todo esto tiene que ver con que los DDHH nunca han sido prioridad para la Concertación.

+Lea el informe Rettig

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