Secuetrados en septiembre de 1987 se convirtieron en los últimos desaparecidos de la dictadura. Con disputas entre ex agentes juez cierra caso de 5 frentistas.

 Fuente: www.lanacion.cl  Por Jorge Escalante / La Nación.

El magistrado Mario Carroza cumplió la semana pasada las últimas diligencias, en la causa en la que están enfrentados ex agentes de la CNI que han colaborado en las indagatorias, con ex jefes superiores de la inteligencia del Ejército.

Con los últimos careos entre los generales (R) Hugo Salas Wenzel, ex jefe de la CNI, y Santiago Sinclair, ex vicecomandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar, sumados a la confrontación judicial entre un puñado de ex agentes, el ministro Mario Carroza se apresta a cerrar hoy la investigación por el crimen de los cinco militantes del FPMR ocurrido en septiembre de 1987.

El cierre del sumario (parte investigativa del juicio en el sistema procesal penal antiguo) llega, no obstante, sin la confesión directa de quién ordenó matar a los cinco frentistas.

Pero el magistrado no tendría dudas de que esa orden salió de la estrechísima vinculación entre el fallecido dictador Augusto Pinochet, entonces Presidente de la República, su delfín Santiago Sinclair, que actuaba como el jefe del Ejército en ejercicio, el general Hugo Salas Wenzel, jefe de la CNI, y el general Hugo Prado Contreras, a esa fecha jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Estas instancias más el brazo operativo de la DINE y el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -que comandaba el coronel Julio Cerda Carrasco- se presume actuaron coordinadas en las operaciones para seguir la pista del coronel Carlos Carreño, quien entonces estaba secuestrado por el FPMR.

También eligieron los nombres, y el momento del arresto y posterior asesinato de los cinco frentistas.

Estos fueron Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, detenidos entre el 9 y 10 de septiembre de 1987. Carreño había sido capturado el 1 de ese mes, y los frentistas servirían como piezas de canje. Pero de acuerdo a la investigación, los mataron después de que el coronel fue liberado el 3 de diciembre de ese año en Sao Paulo, Brasil.

Una guerra interna

El cierre de la investigación encuentra además a los ex agentes de la CNI, la DINE y el BIE -procesados por este crimen- enfrentados en una dura disputa por las principales culpas que luego se verán reflejadas en la sentencia.

Entre quienes acusan a sus superiores de la inteligencia del Ejército y la CNI de querer eludir responsabilidades cargándoselas a aquellos oficiales que a la fecha tenían menor graduación, están los ex agentes de la CNI, Krantz Bauer Donoso y Arturo Sanhueza Ros.

Ambos han colaborado significativamente en la investigación “aburridos” de que sus superiores “escondan la cara” dejándolos abandonados a su suerte, dijeron fuentes cercanas a la causa.

Se trata de una situación similar a la ocurrida en el proceso por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, donde el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez acusó, en las audiencias públicas del juicio, a “los generales que nos mandaron a matar y ahora se quieren salvar sin dar la cara”.

Bauer, Sanhueza y Herrera, fueron instruidos como jóvenes tenientes para actuar en contra de la izquierda, convencidos de que con ello “salvarían a la patria del comunismo”. Creyeron esto y actuaron, en consecuencia, aplicando las enseñanzas y órdenes impartidas por sus superiores. Pero como lo han manifestado en sus declaraciones judiciales, luego se dieron cuenta de que “fuimos engañados” porque no existían tales “valores altruistas por la patria”, sino que simplemente “se trataba de matar”.

La carta de Sinclair

En el caso de Sinclair, éste se juega una carta para salvarse. Careado con Salas el jueves pasado presentó un decreto firmado por Pinochet, en el que le delegó todas las funciones militares como vicecomandante del Ejército “salvo aquellas materias de la inteligencia”. Con ello, afirmó que “jamás” pudo tener responsabilidad en las tareas de inteligencia que terminaron con la muerte de los cinco militantes del FPMR. De paso, indirectamente trasladó la culpa a Salas, a la DINE y el BIE que dirigían Hugo Prado y Julio Cerda.

Pero el ministro no creyó tanta inocencia porque, en aquel tiempo y a ese alto nivel de mando, resultaba imposible separar el plano militar de las operaciones de inteligencia. LN

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