El mundo minero la considera innecesaria. Ley de protección de los glaciares en el freezer.

Fuente: www.elmostrador.cl

En las próximas semanas el Consejo de Ministros de la Conama votará la Política Nacional  de Glaciares impulsada por el Ejecutivo y que cuenta con la venia de la minería. Opción que según la Conama se habría tomado por ser más “expedita y sencilla”. Punto de vista que no comparte el director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Schmidt, que junto a otros actores, quedó con la sensación de que el lobby minero tuvo más peso.

Por Claudia Urquieta

A mediados de agosto se cerró el plazo para que la ciudadanía emitiera sus observaciones a la propuesta liderada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) que crea la Política Nacional de Glaciares. Ese mismo mes, estuvo lista la versión final, que será votada antes de fin de año por el Consejo de Ministros de la institución.

 Esta fue la vía por la que apostó el Gobierno. Y la prefirió a regular el tema a través de una ley, porque, según fuentes de la Conama, “instaurar una política es una fórmula más fácil de ejecutar, más expedita y administrativamente más sencilla”. Principalmente porque este es un “Parlamento difícil” y el tema requería una pronta solución.

 No es raro entonces que la opción legal esté congelada: los dos proyectos de ley que pretenden proteger los 1.900 glaciares que hasta el momento se han inventariado en Chile duermen en el Parlamento. Uno de ellos, el “proyecto de ley sobre protección de glaciares” impulsado por Antonio Horvath (RN), fue aprobado en general por el Senado en diciembre de 2006. Pero en enero de 2007 quedó en stand by, ya que el Ejecutivo no lo ha patrocinado.

 La iniciativa fue complementada con otra propuesta liderada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el Instituto Geográfico Militar y la ONG Chile Sustentable, a través de Sara Larraín. En 2006 lo presentaron a la Secretaría General de la Presidencia,  “pero como pasaba el tiempo y el Gobierno no lo enviaba al Parlamento, decidimos trabajar con Horvath y fundirlo en una sola propuesta”, explica Larraín.

 La mano minera

 El proyecto de ley recorrió un largo camino para sortear enfrentamientos con las mineras. Para ello, hubo diversas reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Minería, Karen Poniachik, de Agricultura, Álvaro Rojas y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso.

“Partimos por darle institucionalidad y poder buscar una salida junto con las mineras. Y si bien la Sonami estaba de acuerdo,  el Consejo Minero se opuso porque las grandes empresas, como Codelco, se ven afectados, ya que ellos utilizan mucha agua de los glaciares”, asegura el director de la SNA, Luis Schmidt, que participó de esos encuentros.

El jefe de la repartición relata que la preocupación por los glaciares nació a raíz del proyecto Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, que para poder intervenirlos inició una serie de presiones. “Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país”, declaró a la prensa en mayo de este año.

También se reunió con la Sonami y el Consejo Minero el senador Horvath, que asegura que “llegamos a acuerdos que después desconocieron”. De hecho, en mayo el parlamentario envió una carta a la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, informándole sobre “ciertos acuerdos alcanzados”. Inmediatamente, las asociaciones mineras rebatieron la versión, enviando una nueva misiva a la Secretaria de Estado desmintiendo haber alcanzado acuerdos específicos.

En la misiva, señalaban que no consideraban necesario una legislación especial, “por cuanto la actual institucionalidad ambiental establece procedimientos y resguardos suficientes para la protección de los glaciares”.

Según el senador, Uriarte “optó por la vía administrativa obedeciendo a prensiones del sector minero. Es muy sensible con el asunto porque Codelco tiene más de 100 hectáreas de glaciares que interviene y porque el trabajo minero futuro está muy relacionado con ello. Por eso el Gobierno no apoya la legislación”.

Pero mantiene su postura sobre la necesidad de regular el tema por la vía legal, ya que “la Conama no puede llegar más allá de las medidas administrativas”. Schmidt coincide con Horvath, y asegura que “es mejor tener una legislación moderna y adecuada: por eso nos jugamos por ello. Pero no fuimos capaces de convencer al Ejecutivo. Nos faltó más fuerza para poder convencerlos o los mineros lo hicieron mejor”.

Los peros a la política de glaciares

 Entre las observaciones a la política de glaciares, elaborada por diferentes actores del ámbito público, privado y académico, se encontraban las del geógrafo canadiense de la Universidad de Waterloo, Alexander Brenning. El científico ha realizado varios estudios en Chile sobre los glaciares rocosos (GR)- cuya estructura interna está constituida por una mezcla de hielo roca y sedimentos finos- , entre los que se cuentan dos sobre su destrucción a manos del mundo minero.

El más reciente explica cómo Minera Los Pelambres, del holding Antofagasta Minerals, ha afectado reservorios permanentes de agua fosilizada entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos entre 2000 y 2006. Y el anterior, se centra en la destrucción entre 1990 y 2005 de más de 21 millones de metros cúbicos de agua en la cordillera central, debido a trabajos de la División Andina de Codelco y la mina Los Bronces de Angloamerican.

El académico, que está en Chile presentando estos estudios y preparándose para nuevas investigaciones, considera que la política nacional de glaciares “es un paso adelante, pero no soluciona los problemas”.

Principalmente porque según Brenning, el documento tiene definiciones imprecisas y es bastante amplio a la hora de interpretarlo.

“En la sustancia el problema es que se parte con definiciones de los glaciares que no son actuales. Es importante no sólo con fines científicos, sino también para definir dónde se aplica la política y dónde no, porque según lo que se define acá, se puede entender por glaciar hasta un cubito de hielo en el freezer”.

Además, el texto se refiere a los glaciares como recursos naturales renovables, a pesar de que son formaciones que necesitan miles e incluso millones de años para formarse. Y casi 82 por ciento están en retroceso. Tampoco se hace referencia a su dinámica-constante movimiento- y aunque incluye los glaciares rocosos, no los define.

Por otro lado, al enmarcar las condiciones para poder intervenir un glaciar, el texto indica que “se debe contemplar su manejo adecuado cuando la necesidad específica de la cuenca así lo requiera, como también se contemplarán eventuales intervenciones, si los intereses superiores de la Nación así lo exijan”.

Lo que a ojos del geógrafo deja una vara muy amplia a la hora de entender cuáles son los “intereses superiores de la nación”, ya que “no veo criterios que los definan”. También echa de menos medidas de mitigación.

En todo caso, un avance es que los glaciares serán incluidos como criterio para proyectos o actividades que los involucren, ya que deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y la modificación al Reglamento del SEIA necesaria para esto fue incluida este lunes en el diario oficial.

La iniciativa también impulsa el trabajo de la Dirección General de Agua (DGA) iniciado este año sobre la implementación de un Registro de Glaciares, lo que será muy útil para clarificar el número y la superficie nacional de glaciares que existen,  que se estima llega a 20.188 kilómetros cuadrados.

LAS OPINIONES, ENTREVISTAS Y NOTICIAS VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

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