LA IDEA DEL OMBUDSMAN EN CHILE.

Fuente: www.ombudsman.cl

 

A fines de 1985  un grupo de académicos y profesionales vinculados al Grupo de los 24, fundaban el Capítulo Chileno del Ombudsman y desde entonces aquellos y nuevos ciudadanos, convencidos y perseverantes, no han cesado su actividad en pos de una Defensoría del Pueblo para Chile.

 Nuestra tarea, si bien intensa en actividades, no ha sido fácil. Mucho ha costado ir ganando apoyos y voluntades.  Pues no será exclusivamente nuestra institución la que  logrará finalmente este noble objetivo y así debe ser.
Se requiere de amplio apoyo ciudadano y de voluntad política efectiva, no sólo en los programas y discursos. Y por ello nos alegra que los gobiernos -especialmente el actual- lo hayan propiciado, que muchas organizaciones lo recojan en sus demandas, que decenas de  parlamentarios lo voten favorablemente y que se vislumbre finalmente voluntad política. En fin ”

que una labor pionera en sus inicios sea cada día más valorada y que el objetivo
sea considerado necesario para nuestra democracia, como siempre hemos sostenido”.

Así pues la idea del ombudsman no se ha impuesto por decreto o acto de autoridad, sino ha surgido, aún dificultosamente, desde la ciudadanía, “de abajo para arriba”. Y eso hace el proceso más valioso y a la larga que el ombudsman chileno, cuando se cree, cuente con mayor legitimidad social. 

Nos preocupa entonces que algunos medios sitúen el inicio de la idea de ombudsman en Chile, en las conclusiones del Informe Rettig, de mediados de 1991. Esto es injusto con aquellos “pioneros” de 1985 (ninguno de nosotros, la actual Directiva). Es también información errada, que  ignora la destacada inserción de la figura en el programa de Gobierno del Presidente Aylwin en 1989; la visita ese mismo año del ombudsman de Suecia, invitado por el Capítulo; también, nada menos, la existencia del primer proyecto de
reforma constitucional en la materia, elaborado asimismo por el Capítulo en 1990; el concurso público Capítulo-Embajada de Suecia- Diario La Epoca, abierto a la ciudadanía en búsqueda de una definición de la figura en Chile.

Pero quizás lo que mas nos preocupa de tal información -que confiamos sea sólo  errónea- es que sitúa el origen de esta institución ciudadana en un acto de Estado (el citado informe sobre Verdad y Justicia) y no en un genuino movimiento ciudadano, que da sentido y valor a instituciones como la nuestra. Si esto fuera un efecto buscado, se estaría escamoteando no solo la verdad sino también uno de los principales activos y méritos de la experiencia  chilena en la obtención del ombudsman.

Juan Domingo Milos
 

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Brecha Salarial entre Mujeres y Hombres.

Fuente: Grupo de Mujeres, Amnistía Internacional – Chile.

 

Mª Soledad Granados Zambrano

Amnistía Internacional – Chile

Noviembre, 2008

 

Por diversas razones, he asistido varias veces a talleres y charlas para hombres y mujeres (donde el público está constituido principalmente por mujeres) en que el/la orador/a (generalmente mujer y nunca economista) incluye como uno de los ejemplos de la discriminación hacia la Mujer, la afirmación de que en el sector privado las mujeres reciben una remuneración menor a la que reciben los hombres por realizar la misma función. Dada su contundencia, y la de los datos que la respaldan, esta afirmación pocas veces es acompañada de una explicación un poco más profunda. Es por ello que en breves líneas me gustaría ahondar un poco en ella ya que, me permito adelantar, no es una frase tan simple y al mismo tiempo no carece de tanta lógica en nuestra cultura, como a primera vista puede parecer.

 

En primer lugar los datos reflejan claramente la existencia de esta brecha. En Chile, un análisis a partir de la encuesta CASEN 2000 señala que, a nivel global, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres de un 35,7%[1]. En el mismo sentido en base a datos más recientes del INE, un informe elaborado por la OIT señala que “(…) Los últimos datos disponibles indican que las mujeres en 2005 ganaban, en promedio, el 79% en comparación con los hombres (…)”[2].

 

Ahora bien, ¿Qué reflejan estos datos? ¿Qué porcentaje de la brecha se debe a diferencias de productividad?, e incluso porque no preguntarse si ¿Significa que  los empleadores/as del sector privado en busca de maximizar sus beneficios, les pagan menos a las mujeres por que las odian? ¿Significa que las mujeres estamos menos preparadas que los hombres, que somos menos competentes por el sólo hecho de ser mujeres?, para responder estas interrogantes conviene ampliar datos y especificar un poco algunos puntos:

 

1º La tasa de participación laboral femenina se ha incrementado desde un 34,6% en 1997 a 38,5% en 2006[3]; y en los últimos dos años se incrementó desde un 38,5% a un 42%, según datos del Sernam. Pese a ello, sigue siendo una de las más bajas de Latinoamérica, esto podría deberse a que “(…) Las mujeres enfrentan mayores


[1] Selamé S., Teresita, “Mujeres, Brechas de Equidad y Mercado de Trabajo”, Santiago, OIT, 2004, Proyecto Género, pobreza y empleo en América Latina, página 72. Disponible en web: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ temas/gender/doc/cinter/mbre_ch.htm.

[2] Valenzuela, María Elena y Velasco, Jacobo, “Desafíos para la igualdad en el trabajo: Chile” en OIT Notas, Trabajo Decente y Equidad de Género en América Latina, mayo de 2007. Disponible en web: http://www.oitchile.cl/genero/Chile.pdf. El dato permite observar que la brecha salarial ha ido disminuyendo, lo que concuerda con las declaraciones de que la brecha salarial entre hombres y mujeres desde el 2006 se redujo cerca de un 4%, para ubicarse ahora en un 28%, según datos del Sernam, http://www.sernam.cl.

[3] Valenzuela, María Elena… op cit.

dificultades para insertarse y permanecer en el mercado del trabajo debido a múltiples discriminaciones y el reparto desigual de las responsabilidades familiares (…)[1].

2º Los tipos de trabajo que realizan las mujeres están mayormente asociados al ámbito del cuidado y de los servicios, que son trabajos a los que se asocia una menor remuneración, “(…) Estudios a nivel internacional muestran que las diferencias salariales entre sexos tienen su origen, de manera importante, en el hecho de que las mujeres tienden a estar segregadas en estructuras laborales predominantemente femeninas (…)”[2].

3º Escaza participación de las mujeres en los ámbitos de decisión y de poder. Esto es demostrado con los datos que reflejan que la brecha salarial aumenta con un mayor nivel de educación “(…) alcanzando el ingreso de las mujeres con educación universitaria apenas un 66% del de los hombres, lo que sería producto, entre otros factores, del sesgo a la contratación de hombres en puestos directivos (…)”[3]. Asimismo esta situación es evidente en el sector público.

4º Algunos estudios han efectuado mayores desagregaciones de datos, para hacerse cargo de algunas circunstancias relativas a la productividad, que podrían producir algunos sesgos[4], pero aún pese a ello las conclusiones siguen siendo que “(…) La mayor parte de la discriminación salarial, corresponde a discriminación pura, es decir,            está constituida principalmente por un subpago que castiga a las mujeres más que un sobrepago a los hombres. (…)”[5].

 

Ahora bien, repito las preguntas planteadas inicialmente ¿Qué reflejan estos datos? ¿Cuáles son las causas de estas inequidades? Aún más específicamente, ¿cuál es la causa de los porcentajes de discriminación pura hacia las mujeres? En mi opinión (y quien quiera puede manifestar su disconformidad) lo que ocurre es que vivimos en una sociedad estructuralmente conservadora, donde priman concepciones culturales discriminadoras hacia la mujer, arraigadas al fuero interno más íntimo de los ciudadanos y ciudadanas (¿Acaso alguno de los lectores/as no se respondió afirmativamente la última pregunta del tercer párrafo? ¿Alguien, al menos, lo dudó unos momentos? ¿Aún lo duda?). En una sociedad de estas características se comprende la escaza participación femenina en la fuerza laboral, la subvaloración del trabajo ejercido principalmente por mujeres (servicios, trabajo doméstico, trabajo no remunerado) y la escaza participación en los estratos de poder, entre otros. Por lo tanto, más que simplemente juzgar, lo que debemos hacer es sacar a la luz estas inequidades, replantearnos nuestras concepciones culturales más íntimas, preguntarnos porqué nosotros mismos subvaloramos el trabajo femenino, cuestionarnos qué características asociamos privativamente al género femenino y


[1] Valenzuela, María Elena… op cit.

[2] En “Discriminación salarial y segregación en el mercado laboral: un análisis de genero 2000-2006”, Documento Temático elaborado por MIDEPLAN como material de apoyo al Seminario Protección Social y Género, Octubre 2008. Disponible en web http://siis.mideplan.cl/seminario_genero/documentos.html.

[3] Valenzuela , María Elena… op cit.

[4] Como el hecho de que muchas mujeres igual de preparadas que los hombres perciben un menor salario por la misma función pues tienen menos años de trabajo (por los años dedicados a la reproducción) o por  la jornada de trabajo de las mujeres (puede ser de menor extensión), o por la segregación ocupacional: el tipo de trabajo que las mujeres realizan es menos valorado y remunerado, entre otros, todas cuestiones que inciden en la amplitud de la brecha, esto es, en que el salario de las mujeres sea efectivamente inferior al de los varones.

[5] Id. nota 5.

masculino en nuestra vida familiar y laboral y qué razones tenemos para hacerlo. De esta manera, quizás podamos encontrar mecanismos efectivos, más allá de la consternación o las meras críticas, para que estas desigualdades desaparezcan.

 

 

 

 

Introducción a los 16 dias de Activismo, 25 de noviembre – 10 de diciembre 2008.

Fuente: Equipo de Mujeres Amnistía Internacional – Chile.

 

 

Este año se conmemora el 18 aniversario de los 16 dias de Activismo Contra la Violencia hacia las mujeres. La campaña empezó en 1991 cuando participantes en el primer Instituto Global para Lideres Mujeres (Women’s global Leadership Institute www.cwgl.rutgers.edu ) eligieron las fechas 25 de noviembre – que es el dia Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, y el 10 de diciembre, dia Internaciónal de los Derechos Humanos- como un acto simbólico para mostrar que violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos.

 

El comienzo de la campaña, el 25 de noviembre, se eligió como un acto de honor para las hermanas Mirabal. Eran activistas políticas de la Republica Dominicana y fueron asesinadas el 25 de noviembre 1961 por oponerse a la dictadura que vivía el país en aquel tiempo. El hecho las han convertidas en heroínas internacionales.

En 1999 la ONU oficialmente se unió a la campaña despues de designar el 25 de noviembre como el Dia Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, con la resolución 54/134.

 

Los 16 dias de Activismo se han usado como una estrategia de acción por una gran cantidad de individuos y grupos alrededor del mundo, que a través de diversas actividades como manifestaciónes, conferencias, exhibiciónes, entre otros, llaman a la eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres.

 

Amnistía Internacional Chile ha participado en los 16 dias de activismo durante muchos años, organizando actividades, como por ejemplo “La casa del Terror”que se diseño en 2006 y que es una exhibición que muestra la violencia que se puede sufrir adentro de una casa, con fotos y textos que explican el tema. Tambien ha participado en actividades en conjunto con otros ONG’s como por ejemplo en la marcha del 25 de noviembre que se ha realizado por varios años para combatir la violencia contra las mujeres en Chile y en todo el mundo.

 

Este año, durante los 16 dias de activismo, se realizarán varias actividades en el marco de la campaña “No Más Violencia contra las Mujeres” y la campaña “Escuelas Seguras: el derecho de cada niña”. Para más información acerca de las actividades visite la agenda de la pagina de Amnistía Internacional Chile, http://www.amnistia.cl.

 

Te invitamos a seguir leyendo este blog, cada día se subirá una opinión distinta sobre el tema, escritas por activistas del equipo por los DDHH de las mujeres y de Amnistía Internacional Chile. Los invitamos a dejar sus comentarios sobre cada opinión y así crear un debaté.

 

Tambien les invitamos a visitar el sitio de Amnistía Internacional Chile (www.amnistia.cl) donde pueden mandar una postal en conmemoración por el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¡Envíalo a todos sus conocidos para ayudarnos a difundir el mensaje de la campaña y decir NO más Violencia contra las Mujeres!

 

 

 

Cecilia Sjöberg

Equipo de Mujeres

Amnistía Internacional – Chile

En Chile se niegan los derechos humanos de las mujeres.

Fuente: www.elmostrador.cl

Por Camila Maturana*

Aunque está pendiente la decisión del Presidente Tabaré Vásquez, el Congreso uruguayo ha creado las condiciones políticas para que ese país se sitúe a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos legalizando el aborto terapéutico. Mientras tanto, en Chile contemplamos el contraste de la dramática solicitud formulada por la joven Karen Espíndola para que se interrumpa su embarazo incompatible con la vida. Ella se ha estrellado con el silencio contumaz de las autoridades que, desde hace años se han negado siquiera a permitir el debate sobre un tema tan relevante para la sociedad chilena.

La penalización absoluta del aborto en Chile, incluso cuando la vida o la salud de la mujer embarazada se encuentra en riesgo, constituye una manifestación extrema de la negación de los derechos humanos de las mujeres. Pese a los avances internacionales en el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, todavía en nuestro país no se reconoce nuestra condición plena de ciudadanas habilitadas para tomar decisiones libres y autónomas respecto de nuestras propias vidas.

El castigo penal al aborto terapéutico -que en Chile se permitió hasta 1989- resulta particularmente revelador de la desconsideración absoluta de los derechos humanos de las mujeres. Se nos obliga a llevar a término un embarazo aún cuando éste pueda causar la muerte o graves daños a la salud física y síquica, desconociendo con ello el derecho a la vida, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la integridad física y síquica, el derecho a no sufrir torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de conciencia o religiosa, el derecho a la intimidad o privacidad, entre otras garantías reconocidos en tratados internacionales vigentes en el país como por la propia Constitución Política.

Frente a ello no cabe sino preguntarse ¿qué tipo de justificación permite sostener que las mujeres estén obligadas a cursar un embarazo que pone en riesgo su propia vida o su salud? ¿qué estamos protegiendo con una legislación de este tipo? La necesidad de mantener dicha prohibición bajo la amenaza del castigo penal únicamente puede sustentarse si no se reconoce a las mujeres su condición de sujetas de derecho, si la vida de las mujeres no se estima lo suficientemente valiosa, como tampoco su salud, despojando de sentido la autonomía personal y el propio cuerpo como primer territorio para el ejercicio de derechos.

El cuerpo de las mujeres no es un territorio propio sino un mero objeto para la realización del mandato social de la maternidad forzada, que en este caso torna en martirio.

Las leyes que penalizan todo aborto, inclusive el terapéutico, son inaceptables en una sociedad democrática, signataria de instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Aun más inaceptable es la falta de debate social al respecto. Pese a que diversos estudios de opinión dan cuenta de un significativo respaldo ciudadano a la necesidad de modificar la legislación vigente, los parlamentarios -en su inmensa mayoría- desatienden dicha necesidad, profundizando la brecha entre representantes y representados/as.

La Quinta Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2008” de Corporación Humanas -por citar un ejemplo reciente- da cuenta de un amplio respaldo a la legalización del aborto en Chile. El 79% de las mujeres considera que debe ser legal el aborto cuando corre peligro la vida de la madre, el 76% está de acuerdo con su legalización si el embarazo es producto de una violación y el 70% cuando el feto tiene una malformación grave. Además, el 24% está de acuerdo con que el aborto sea legal cuando lo decide la propia mujer.

El silencio de las autoridades, en particular del Parlamento, frente a la demanda ciudadana por la modificación de las leyes sobre aborto resultan incomprensibles. Han transcurrido casi veinte años desde que el Gobierno Militar repusiera el castigo al aborto terapéutico, con la consiguiente condena y estigmatización a las mujeres. Si bien ello puede explicarse por la ausencia de un parlamento democráticamente elegido, no resulta entendible que luego de dos décadas se mantenga dicha penalización y que las escasas iniciativas para su reposición no hayan sido siquiera debatidas por el Congreso Nacional. Debiera ser motivo de preocupación para quienes desean postularse -o repostularse- como parlamentarios, que el 69% de las mujeres no votaría por un candidato que rechaza la legalización del aborto.

La negativa a modificar las leyes que castigan todo aborto, además, contrastan con la realidad nacional: cerca de 100.000 abortos se realizan cada año. Se trata de una de las leyes más ineficaces que existen en el país, cuya mantención sólo contribuye a la deslegitimación de las instituciones. Las leyes que castigan a las mujeres no han permitido en ningún país del mundo disminuir la incidencia del aborto pero sí han aumentado la mortalidad de las mujeres como graves daños a su salud debido a la clandestinidad en que se someten a los procedimientos.

Mantener a las mujeres relegadas en su condición de ciudadanas de segunda clase, incapaces de decidir respecto de su propia vida es una violación flagrante a los derechos humanos.

 *Camila Maturana es abogada de la Corporación Humanas.

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MUMS INVITA: Taller de Desarrollo Personal para Jóvenes. Todos los sábados desde el 29 de noviembre al 20 de diciembre.

Fuente: www.mums.cl

El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales te invita a participar de los Talleres de Desarrollo Personal correspondiente al 2º semestre del 2008 totalmente gratuito, y en conjunto se abordarán temas relacionados con la afectividad, la sexualidad, género, identidad sexual, familia, vulnerabilidad, y autocuidado en un ambiente de absoluta confianza y respeto. Estos talleres van dirigidos principalmente a jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros y se realizarán en cuatro jornadas consecutivas los días sábados 29 de noviembre y 6, 13, 20 de diciembre.

El Taller de Desarrollo Personal nace hace 5 años como una necesidad ante nuestras realidades que se ven invisibilizadas y vulneradas en una sociedad aun conservadora y omisora. Es por ello que se crea un espacio de confianza e identificación, donde los temas gays, lésbicos, bisex y trans se pueden abordar de manera absolutamente confidencial.

Para ello se diseña una metodología especialmente para quienes vivimos nuestra sexualidad de manera distinta a la heterosexual. En ese contexto hemos conformado un equipo que a partir de sus propias vivencias, en versiones anteriores del taller, asumen hoy la responsabilidad de coordinar este ejercicio de crecimiento colectivo con todos y todas.

El éxito de este taller ha permitido que cada joven que participó de ellos, mantenga un recuerdo único e irrepetible, esto gracias a la dinámica que se desarrolla en conjunto con realidades que se cruzan con las propias vivencias.

Desde MUMS asumimos la tarea de construir el respeto a la diversidad donde la participación de cada un@ es valorado por todos y todas, por eso te invitamos a ser participe de una experiencia inolvidable y ser capaz de crecer en conjunto.

Santa Mónica 2317,´

Días: 29 de Noviembre, 6, 13 y 20 de Diciembre.

Desde las 16:00 horas.

inscripciones@mums.cl

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AMNISTÍA INTERNACIONAL: VEN A LA CONVENCIÓN DEL ACTIVISMO.

¿Qué es una Convención de Activismo?
Es un evento anual, que hacemos en el mes de noviembre de cada año, que busca ser un espacio de encuentro para tod@s quienes se sientan parte de Amnistía Internacional y tengan interés en conocer a otras personas, compartir ideas, conocer lo que AI Chile está haciendo en activismo, aprender acerca de formas de activismo y conocer oportunidades de participación.

¿Quiénes están invitados/as a asistir?
Todas las personas interesadas en conocer y participar en Amnistía Internacional (no sólo socios/as)

¿Puedo invitar a amigos/as que no estén inscritos en Amnistía Internacional?
Si, sólo deben inscribirse.

¿Qué vamos a hacer ese día?
Actividades de conocimiento mutuo, sobre el “activismo”, nuestras necesidades, entre otras.
No es necesario tener experiencia en AI o ser activistas ahora para participar.

¿Dónde queda exactamente el lugar?
Manuel Montt 1636, esquina Carlos Wilson, en la comuna de Providencia. (Ver link al mapa más abajo)

Inscripciones antes del 25 de noviembre al correo activistas@amnistia.cl

Valor de la inscripción: $3.000 (se puede pagar previamente en la oficina de AI Chile o el mismo día de la convención)

PARA INSCRIBIRSE: WWW.AMNISTIA.CL

Guantánamo más allá del símbolo.

Fuente: www.elmostrador.cl

Se podrá cerrar el Campo Delta, sin embargo el problema de instrumentos internacionales que legitimen o respalden la guerra contra el terrorismo, permanece, y tal vez se asiente más que antes. Con resolver Guantánamo, o resolviendo la ocupación de Irak, o la próxima a gran escala de Afganistán, no se cierra este capítulo negro en el sistema de relaciones internacionales.

Por Juan Francisco Coloane

Uno de los pilares de la agenda de cambio que propulsó Barack Obama y que contribuyó definitivamente en su victoria electoral, consiste en mejorar la imagen internacional de EE.UU.

En este plano, el cierre inmediato de la cárcel de Guantánamo, conocida oficialmente como Delta Camp, trabaja por el lado del símbolo, más que por su peso político específico. Los  problemas en la guerra internacional contra el terrorismo son variados y de calado profundo.

Allí se cruzan una variedad de temas y objetivos de una densidad no reflejada en otros problemas bien delineados como el económico, o el de supremacía política.

Se podrá cerrar el Campo Delta, sin embargo el problema de instrumentos internacionales que legitimen o respalden la guerra contra el terrorismo, permanece, y tal vez se asiente más que antes. Con resolver Guantánamo, o resolviendo la ocupación de Irak, o la próxima a gran escala de Afganistán, no se cierra el capítulo negro en el sistema de relaciones internacionales. 

Guantánamo y el régimen de excepción.

Con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre, la guerra internacional contra el terrorismo es la figura política adoptada en la administración Bush. De alguna forma fue respaldada (en una suerte de ratificación) por una resolución de la ONU en 2001 (Res: 1373-2001), que otorga un amplio margen de maniobra a cualquier gobierno para protegerse del terrorismo con redes internacionales.

Los países que en el fondo forman la ONU, deberán revisar esta resolución que denota medidas para que los Estados funcionen al límite de lo que serían regímenes de excepción, en cuanto a libre circulación y protección de libertades individuales. De alguna forma, esta resolución estimuló la creación de leyes en EE.UU. y el Reino Unido y rechazadas en general en el resto del mundo. A través del mismo expediente, en otros países se acumula una tensión sin límites, como el caso de Pakistán.

Bajo un Estado en régimen de excepción, llega a Guantánamo un grupo de prisioneros de Afganistán el 10 de enero de 2002. Ya el 15 de enero del mismo año se inicia la controversia si los prisioneros tienen derechos bajo la Convención de Ginebra. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, declara que  no son prisioneros de guerra por lo tanto no les corresponde ese derecho. Con posterioridad sale a la luz la comunicación interna, en que el Pentágono le dice a Bush que en tiempos de guerra decide el Presidente.

Desde la perspectiva de los instrumentos existentes, el Gobierno de Bush se ha sentido respaldado. Durante el resto de 2002, poco de notoriedad sucedió  en torno a Guantánamo. Como que la invasión de Irak en 2003, hubiera absorbido la energía y las atrocidades que se cometerían en aras de la guerra internacional contra el terrorismo. Por otra parte, en términos de Derecho Internacional, según el jurista español A. Remiro Brotons, éste “deja en manos de los estados la elección  de los medios conducentes a la observancia  de sus compromisos internacionales”. (Derecho Internacional, pp 398; Mac Graw Hill. 1997).

El 11 de marzo de 2003, al comenzar la invasión a Irak, la Corte de Apelaciones de EE.UU. establece que los detenidos del Campo Delta no tienen derecho a las cortes civiles. Guantánamo continuaba en segundo plano hasta que el 10 de octubre de 2003, por primera vez, un oficial de la Cruz Roja “filtra” que hay alrededor de 600 detenidos sin debido proceso, y maltratados. El asunto explotaba, aunque sin el simbolismo de ahora. 

El andamiaje jurídico de EE.UU. siente el peso de dos factores: primero, la ilegalidad del Campo Delta con 600 prisioneros sin debido proceso; y segundo, la ausencia de un marco jurídico local o internacional para legitimar el cauce legal que enjuicie a los supuestos terroristas.

El 10 de noviembre de 2003, la Corte Suprema de los EE.UU. intenta examinar si las detenciones se pueden insertar en el sistema jurídico norteamericano. Desde esta fecha hasta, el inicio de 2006, poco o nada relevante aconteció.

El 16 de febrero de 2006, por primera vez oficiales de la ONU llaman al cierre inmediato del campo, denunciando abusos y torturas. El Gobierno de EE.UU. entraba en la zona del alegato de Lord Hoffman contra Augusto Pinochet en 1998, cuando le acusa de ser  responsable de tortura como política de Estado.

El 16 de junio de 2006, tres detenidos se suicidan, y en menos de una semana G.W. Bush insinúa que se podría cerrar el campo.

La Corte Suprema en una suerte de acto de validación o blanqueo declara que el gobierno no tiene la autoridad de juzgar a los sospechosos a través de un tribunal militar, pero deja la puerta abierta para que el Congreso decida.

El 29 de marzo de 2007, cuando la presión se hace insostenible, Robert Gates el secretario de Defensa que sucede a Rumsfeld, urge al Congreso a que encuentre el camino para un cierre de Guantánamo porque “como campo militar está perdiendo la credibilidad”.

El cierre de Guantánamo retoma notoriedad con la elección de Barack Obama.

Cambio o transición

Para EE.UU., con un presidente como Barack Obama que aspira a rectificar errores de la actual administración, Guantánamo representa la punta del iceberg de una masa de problemas que requerirá de tiempo y reconstrucción política. Por la magnitud de la tarea, es probable que el cambio de lugar a una aspiración más acotada, como el de una transición prolongada.

Guantánamo es un buen ejemplo. Se podrá iniciar el camino jurídico recomendado, también podrá haber una orden presidencial que cierre el Campo Delta usando las mismas facultades con que lo abrió un país en guerra bajo una situación de excepción. Donde se observan dificultades, por el clima internacional, es en abordar cuestiones más profundas en el derecho internacional, y en las Constituciones de los países. El acto de detener personas con diferentes nacionalidades, en diferentes territorios nacionales, acusadas bajo la égida de la guerra internacional contra el terrorismo, está revelando ser una cápsula del sistema de convivencia internacional. Y también siembra dudas en el estado de situación de las leyes internacionales.

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