GÉNERO.

Fuente: Equipo de Mujeres Amnistía Internacional – Chile.

 

No pretendo escribir este artículo sobre los derechos de las mujeres desde una supuesta objetividad, o lejanía intelectual. Creo que todos, hasta el más erudito, asumámoslo o no, de forma más o menos conciente, estamos de una u otra manera impregnados de vivencias; de nuestro bagaje cultural; incluida la propia lengua en que escribimos. En mi caso, y respecto de este tema en particular, estoy permeada por el dolor, y la incredulidad de muchas mujeres que han concurrido a tribunales a denunciar violencia de pareja.

Son notables los esfuerzos de la comunidad internacional, a través de la concurrencia a la firma de Tratados Internacionales que regulan la materia, también del gobierno chileno, al impulsar leyes que cumplan con los estándares internacionales. No obstante, la puesta en práctica se enfrenta con seres humanos nacidos y educados en un sistema patriarcal que es reforzado constantemente, por distintos medios; y con sus propias vivencias, respecto a asuntos de violencia de género. No me refiero únicamente a los jueces, quienes están llamados a realizar un ejercicio de estudio, de análisis y de lógica frente a las numerosas, e increíblemente diversas situaciones que son sometidas diariamente a su conocimiento. Lamentablemente, existe un alto porcentaje de causas que jamás llegan a conocimiento de un Juez, por cuanto dentro del sistema judicial existen funcionarios que deben cumplir la labor de “informar” sobre los trámites a seguir a las personas que acuden a un Juzgado de Familia. Estos funcionarios cumplen un rol fundamental al filtrar casos, lo que hace que determinadas situaciones no lleguen a conocimiento del tribunal, o modifica la  forma en que son planteadas al Tribunal. En muchas ocasiones, estos funcionarios emiten su parecer respecto al relato que escuchan, dando respuestas categóricas como: “eso no es violencia”. Lo que constituye un juicio de valor al que el funcionario en cuestión no está llamado. En muchos casos además el funcionario “aconseja”. Este tipo de conductas atentan contra el derecho a la igualdad de protección ante la ley con respecto de la contraparte. Este ejercicio tan arraigado en los funcionarios le hace pésimo al sistema judicial chileno, y es algo muy difícil de controlar, incluso de visibilizar, por cuanto, en muchas ocasiones de lo que se trata  derechamente es, de discriminación de género. El hecho de que sea una mujer la funcionaria no obsta que operen elementos de discriminación de género, muchas veces somos las mujeres las primeras en criticar, la falta de “amor”, o de “sacrificio”, de parte de las madres hacia sus hijos. Incluso he sabido de funcionarias que lanzan frases como “y usted por qué no trabaja”, en casos de mujeres que concurren a interponer una demanda por derecho de alimentos a favor de un hijo. A pesar de que en la mayoría de los Tribunales existe un Letrero que señala que ellos sólo deben limitarse a informar, y no opinar sobre los casos. Quise abordar este tema porque es un aspecto a mi parecer relevante en estas materias que tienen  que ver con ejercicio de derechos de las mujeres, y que suele no ser tan evidente a la hora de realizar estudios sobre la materia. A este respeto cabe destacar el reciente estudio sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas del año 2007, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe en que la Comisión manifiesta su preocupación porque la mayoría de los actos de violencia hacia las mujeres quedan en impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno.

Para una abogada litigante ante Tribunales de Familia, no es fácil plantear este tipo de situaciones en forma pública y abierta. No he querido identificar casos y nombres. Las situaciones que refiero las he visto y oído en medio de mi desempeño como abogada de un Centro que atiende a Mujeres víctimas de violencia de pareja, cargo en el que me desempeñe hasta hace muy poco, por casi tres años. En este sentido me parece un notable avance el hecho de haberse establecido, por la ley que modificó recientemente las normas de tramitación ante tribunales de familia, la obligatoriedad de comparecencia con patrocinio de abogado para las partes.

Para finalizar quiero hacer presente que introducir la mirada de género en casos judiciales es un ejercicio complejo, que a muchos nos lleva en algún momento, al análisis de nuestra propia biografía. No es sencillo porque nos obliga al cuestionamiento de lo que asumimos como normal, en cuanto a relaciones de pareja, roles de los padres, grados de responsabilidad y compromiso en el cuidado de los hijos. También en cuanto al proyecto de vida, en el que muchas mujeres actualmente en Chile se cuestionan si necesariamente debe estar incluido el tradicional mandato de tener hijos.

 

 

              Inés Carola Cárdenas

 

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