Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Ricardo Claro se murió sin ser juzgado”

“Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales”, sostuvo la presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló hoy que lamenta profundamente que el empresario Ricardo Claro Valdés haya fallecido “sin haber sido jamás sometido a proceso por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios trabajadores, así como en la tortura y muerte de chilenos que fueron prisioneros en los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores”.

La organización recordó que el empresario Ricardo Claro Valdés formó parte del directorio de Electmetal, “empresa que retuvo ilegalmente y luego entregó un grupo de trabajadores a una patrulla militar que posteriormente los asesinaría y desperdigaría sus cuerpos por distintos lugares de la capital, presumiblemente para producir un efecto aleccionador”, precisó la presidenta de la entidad Marta Godoy.

“Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales”.

La organización de Derechos Humanos entregó antecedentes judiciales que señalan que el 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal, que después de estar en manos de los trabajadores había sido devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta  Militar, entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa  y otros del cordón Vicuña Mackenna a un piquete compuesto por efectivos del Ejercito y Carabineros.

Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía propiedad de Ricardo Claro y hermano de dos de las víctimas, él mismo presenció como sus hermanos Miguel y Juan y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de Carabineros. No se les volvió a ver con vida.

“Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias”, relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado y sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. “El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores”, reclama.

Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores, fueron asesinados y repartidos en diversas calles de Santiago, asegura la entidad, la cual asegura que sus cuerpos con señales brutales torturas, quemaduras con soplete y múltiples impactos de bala, fueron ubicados sólo por casualidad en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.

Según los antecedentes recopilados por la AFEP, la decisión de entregarlos habría sido tomada en una reunión del directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Junta Milita, Patricio Altamirano, quien personalmente habría retenido en su oficina a Juan Fernández Cuevas y entregado a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de Carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.

“Por otra parte, desde el mismo 11 de septiembre la compañía Sudamericana de Vapores, puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua, lugar en el que varios de ellos fueron asesinados”, precisa la agrupación.

“El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes, siendo torturados y algunos asesinados”, detalla.

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