Mediante decreto N° 236 del pasado 02 de octubre: Ratificación de Convenio 169 de la OIT fue publicada hoy en Diario Oficial.

Fuente: http://www.observatorio.cl

 

Sin que exista un párrafo que introduzca o que señale declaración interpretativa alguna, fue publicada hoy el Diario Oficial (página 3 a la 6) la ratificación del Convenio 169 de la OIT. El gobierno tiene un año para que la legislación jurídica interna se adecue al Convenio, que es ahora la principal preocupación. “Nosotros siempre estaremos movilizados para que se cumpla”, señala el lonko Pascual Pichún. Conozca más reacciones y lea el texto introductorio de su publicación.

 

Por Elías Paillan, martes 14 de octubre de 2008, Observatorio Ciudadano.

Hoy 14 de octubre apareció publicada en el Diario Oficial la ratificación del Convenio 169 de la OIT, mediante decreto N° 236 promulgado el 2 de octubre recién pasado, y sin declaración interpretativa.

Lo anterior espanta los fantasmas que condicionaría su aplicación en Chile y que diversas organizaciones de pueblos indígenas, de derechos humanos y de la sociedad civil cuestionaron con sendas cartas públicas en las últimas semanas.

Para el Lonko de la Comunidad Temulemu, Pascual Pichun, cuya lucha por la recuperación de tierras le significó cinco años de cárcel, “la presidenta ha cumplido con su promesa y eso se le agradece, algo es algo, y ahora espero que cumpla con lo que dice este convenio, porque nosotros siempre estaremos movilizados para se cumpla”, sentenció.

Qué reconoce el convenio

“El convenio se aplica a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, escribe José Aylwin Codirector del Observatorio Ciudadano en su texto titulado: Reforma constitucional: Directrices del derecho internacional y comparado sobre pueblos indígenas.

Añade que reconoce las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Reconoce a los pueblos indígenas como tales y no como poblaciones, como lo hacía el Convenio Nº 107.

El convenio reconoce a los pueblos indígenas derechos de participación al disponer que los gobiernos deberán “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad” (art. 2.1); “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;” (art. 6.1 a); y “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.” (art. 6.1.b). “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” (art. 6.2)

Además, reconoce a estos pueblos derechos de autogestión y autogobierno al disponer que ellos deberán tener “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.” (art. 7.1.); que al aplicárseles la ley nacional “deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o derecho consuetudinario.” (art. 8.2); y que tendrán derecho a “conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.” (art. 8.2)

A ello debe agregarse un conjunto de normas, tales como los artículos 22, 23, 25 y 27, que establecen la necesidad de que los gobiernos proporcionen a los pueblos indígenas los medios y el apoyo necesario para que asuman progresivamente el control en áreas tales como formación profesional, técnicas tradicionales y artesanías, salud y educación.

Derechos territoriales

En este ámbito el convenio dispone que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación..” (art. 13.1). El convenio agrega al concepto de tierras indígenas el de territorios, concepto que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera.” (art.13.2)

En cuanto a la tierra indígena, dispone que deberá reconocerse el derecho de estos pueblos a la “propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” y tomarse medidas para “salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.” (art.14.1). Dispone además, que los gobiernos deberán tomar medidas “para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” (art.14.2) e instituir “procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras…” (art. 14. 3).

Se establece además un conjunto de disposiciones que se refieren tanto a los derechos sobre la tierra como los territorios indígenas. Entre ellas destaca la que establece que deberán protegerse especialmente los derechos de los pueblos indígenas “a recursos naturales existentes en sus tierras”, los que comprenden “participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.” (art. 15.1). En caso que pertenezca al estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán “establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.” Los mismos pueblos “deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.” (art. 15.2)

Igualmente aplicables a las tierras y territorios indígenas son las disposiciones relativas al traslado. Como principio general, el Convenio establece que estos pueblos “no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.” (art.16.1). Excepcionalmente, cuando los traslados se consideren necesario, “sólo podrán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.” Cuando no haya aprobación, “el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación…. en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.” (art. 16. 2)

Reacciones

Para el dirigente de la Asamblea Mapuche de Izquierda, Domingo Marileo, “es satisfactorio que un convenio que habla de los derechos de nuestros pueblos por la que tanto hemos luchado, se haya ratificado íntegramente tal cual como está redactada y ahora sea implementada en su integridad”.

Por su parte Manuel Curilem, de la Coordinación de Comunidades afectadas por basurales y tratamientos de aguas servidas en la IX región, y que hace poco reafirmó en Naciones Unidas en Ginebra la acusación al estado chileno por Racismo ambiental, señaló: “Me alegra que se haya publicado. No puedo dejar de pensar en tantos sufrimientos y agresión. No era necesario tener un convenio como esto para reconocer la dignidad y derechos de los pueblos indígenas en Chile. Espero que ahora comience de verdad un respeto y se ponga fin a la agresión del estado, de la empresa privada y de las autoridades hacia los pueblos indígenas. Ahora tenemos una herramienta jurídica que legitima nuestros derechos que por siglo se nos han privado”, dijo.

El abogado Richard Caifal, en tanto, emitió un texto que entre otros aspectos se pregunta: ¿Cuál será la reacción del empresariado, empresas forestales, inversionistas extranjeros tales como SN Power o grupos económicos con inversiones mineras? ¿Habrá alguna excusa para no dar cumplimiento a sus disposiciones (del convenio 169), toda vez que la propia Convención de Viena de Derecho de los Tratados, establece en su Artículo 18 que el Estado tiene la “Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado, antes de su entrada en vigor y abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de ese tratado”?

Para el dirigente Aymara Ramón Ibáñez Quispe: ”parece la finalización de un proceso muy deseado por los dirigentes aymaras. ¿Si se respetará?, aquí entramos en la espiral de siempre, se dice que vivimos en un país donde el estado de derecho se respeta, pero para lograr dicho respeto debemos llegar a los tribunales. La aplicación plena de este convenio es la barrera a saltar. Esto merece una la analogía, se nos entregan tierras pero no los instrumentos para su aprovechamiento productivo. En este caso se nos entrega una ley, pero no una institución (dentro del rol subsidiario del estado) que se encargue de defender a los indígenas para que la ley se cumpla”, culminó.

De acuerdo a Blaise Pantel, Coordinador del Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, advirtió que esta “es una buena noticia, pero ahora empieza un nuevo proceso que es la implementación del convenio en Chile y el año que la OIT otorga a los estados tiene un propósito bien particular, cual es que el estado haga la adecuación jurídica interna para conformarse a los derechos establecidos en el Convenio 169. Pero hay que recalcar, ahora el convenio se debe implementar ya. No hay que esperar un año. Por lo tanto la agenda del gobierno se debe conformar con la participación y consulta de los pueblos indígenas, ya que así lo establecen los mecanismos del propio convenio”, terminó.

Según el abogado Hernando Silva, Coordinador del Área Jurídica de la misma organización, “con esto se está dando fin a una tramitación de 18 años -cumpliéndose de manera tardía pero integra- uno de los acuerdos asumidos por la Concertación con el pueblo mapuche el año 1988 en Nueva Imperial”.

Una visión más crítica planteó Claudio Sandoval, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA. “Mientras el Convenio 169 no sea traducido en carne y hueso, a la práctica, al terreno, no sirve de nada, es carne muerta. La publicación en el diario oficial claro que es un avance para toda la gente que ha venido luchando. Espero que el gobierno los considere porque considera muchos puntos buenos como el territorio y la condición de pueblo, que a muchos legisladores les molesta. Espero que no pase lo que ha pasado con ley indígena”.

Texto del Decreto Promulgatorio del Convenio 169 de la OIT publicado el martes 14 de octubre de 2008 en el Diario Oficial

PROMULGA EL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

Num. 236.- Santiago 2 de octubre de 2008.- Vistos: los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que con fecha 27 de junio de 1989 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su Septuagésima Sexta Reunión, adoptó el Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

Que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el oficio N° 7.378, de 9 de abril de 2008, de la Honorable Cámara de Diputados.

Que el Tribunal Constitucional, por sentencia de fecha 3 de abril de 2008, declaró que las normas del aludido Convenio N° 169 sometidas a su control, son constitucionales.

Que el instrumento de ratificación de dicho convenio se depositó con fecha 15 de septiembre de 2008 ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 38, párrafo 3, del referido Convenio N° 169, éste entrará en vigencia para Chile el 15 de septiembre de 2009,

Decreto:

Artículo único: Promúlguese el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su Septuagésima Sexta Reunión; Cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República de Chile.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- José Antonio Viera-Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Paula Quintana Meléndez, Ministra de Planificación.- Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a US para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador, Director General Administrativo.

 

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESESNTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE

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