Mediante decreto N° 236 del pasado 02 de octubre: Ratificación de Convenio 169 de la OIT fue publicada hoy en Diario Oficial.

Fuente: http://www.observatorio.cl

 

Sin que exista un párrafo que introduzca o que señale declaración interpretativa alguna, fue publicada hoy el Diario Oficial (página 3 a la 6) la ratificación del Convenio 169 de la OIT. El gobierno tiene un año para que la legislación jurídica interna se adecue al Convenio, que es ahora la principal preocupación. “Nosotros siempre estaremos movilizados para que se cumpla”, señala el lonko Pascual Pichún. Conozca más reacciones y lea el texto introductorio de su publicación.

 

Por Elías Paillan, martes 14 de octubre de 2008, Observatorio Ciudadano.

Hoy 14 de octubre apareció publicada en el Diario Oficial la ratificación del Convenio 169 de la OIT, mediante decreto N° 236 promulgado el 2 de octubre recién pasado, y sin declaración interpretativa.

Lo anterior espanta los fantasmas que condicionaría su aplicación en Chile y que diversas organizaciones de pueblos indígenas, de derechos humanos y de la sociedad civil cuestionaron con sendas cartas públicas en las últimas semanas.

Para el Lonko de la Comunidad Temulemu, Pascual Pichun, cuya lucha por la recuperación de tierras le significó cinco años de cárcel, “la presidenta ha cumplido con su promesa y eso se le agradece, algo es algo, y ahora espero que cumpla con lo que dice este convenio, porque nosotros siempre estaremos movilizados para se cumpla”, sentenció.

Qué reconoce el convenio

“El convenio se aplica a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”, escribe José Aylwin Codirector del Observatorio Ciudadano en su texto titulado: Reforma constitucional: Directrices del derecho internacional y comparado sobre pueblos indígenas.

Añade que reconoce las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Reconoce a los pueblos indígenas como tales y no como poblaciones, como lo hacía el Convenio Nº 107.

El convenio reconoce a los pueblos indígenas derechos de participación al disponer que los gobiernos deberán “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad” (art. 2.1); “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;” (art. 6.1 a); y “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.” (art. 6.1.b). “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” (art. 6.2)

Además, reconoce a estos pueblos derechos de autogestión y autogobierno al disponer que ellos deberán tener “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.” (art. 7.1.); que al aplicárseles la ley nacional “deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o derecho consuetudinario.” (art. 8.2); y que tendrán derecho a “conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.” (art. 8.2)

A ello debe agregarse un conjunto de normas, tales como los artículos 22, 23, 25 y 27, que establecen la necesidad de que los gobiernos proporcionen a los pueblos indígenas los medios y el apoyo necesario para que asuman progresivamente el control en áreas tales como formación profesional, técnicas tradicionales y artesanías, salud y educación.

Derechos territoriales

En este ámbito el convenio dispone que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación..” (art. 13.1). El convenio agrega al concepto de tierras indígenas el de territorios, concepto que cubre “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna otra manera.” (art.13.2)

En cuanto a la tierra indígena, dispone que deberá reconocerse el derecho de estos pueblos a la “propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” y tomarse medidas para “salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.” (art.14.1). Dispone además, que los gobiernos deberán tomar medidas “para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” (art.14.2) e instituir “procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras…” (art. 14. 3).

Se establece además un conjunto de disposiciones que se refieren tanto a los derechos sobre la tierra como los territorios indígenas. Entre ellas destaca la que establece que deberán protegerse especialmente los derechos de los pueblos indígenas “a recursos naturales existentes en sus tierras”, los que comprenden “participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.” (art. 15.1). En caso que pertenezca al estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán “establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.” Los mismos pueblos “deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.” (art. 15.2)

Igualmente aplicables a las tierras y territorios indígenas son las disposiciones relativas al traslado. Como principio general, el Convenio establece que estos pueblos “no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.” (art.16.1). Excepcionalmente, cuando los traslados se consideren necesario, “sólo podrán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.” Cuando no haya aprobación, “el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación…. en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.” (art. 16. 2)

Reacciones

Para el dirigente de la Asamblea Mapuche de Izquierda, Domingo Marileo, “es satisfactorio que un convenio que habla de los derechos de nuestros pueblos por la que tanto hemos luchado, se haya ratificado íntegramente tal cual como está redactada y ahora sea implementada en su integridad”.

Por su parte Manuel Curilem, de la Coordinación de Comunidades afectadas por basurales y tratamientos de aguas servidas en la IX región, y que hace poco reafirmó en Naciones Unidas en Ginebra la acusación al estado chileno por Racismo ambiental, señaló: “Me alegra que se haya publicado. No puedo dejar de pensar en tantos sufrimientos y agresión. No era necesario tener un convenio como esto para reconocer la dignidad y derechos de los pueblos indígenas en Chile. Espero que ahora comience de verdad un respeto y se ponga fin a la agresión del estado, de la empresa privada y de las autoridades hacia los pueblos indígenas. Ahora tenemos una herramienta jurídica que legitima nuestros derechos que por siglo se nos han privado”, dijo.

El abogado Richard Caifal, en tanto, emitió un texto que entre otros aspectos se pregunta: ¿Cuál será la reacción del empresariado, empresas forestales, inversionistas extranjeros tales como SN Power o grupos económicos con inversiones mineras? ¿Habrá alguna excusa para no dar cumplimiento a sus disposiciones (del convenio 169), toda vez que la propia Convención de Viena de Derecho de los Tratados, establece en su Artículo 18 que el Estado tiene la “Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado, antes de su entrada en vigor y abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de ese tratado”?

Para el dirigente Aymara Ramón Ibáñez Quispe: ”parece la finalización de un proceso muy deseado por los dirigentes aymaras. ¿Si se respetará?, aquí entramos en la espiral de siempre, se dice que vivimos en un país donde el estado de derecho se respeta, pero para lograr dicho respeto debemos llegar a los tribunales. La aplicación plena de este convenio es la barrera a saltar. Esto merece una la analogía, se nos entregan tierras pero no los instrumentos para su aprovechamiento productivo. En este caso se nos entrega una ley, pero no una institución (dentro del rol subsidiario del estado) que se encargue de defender a los indígenas para que la ley se cumpla”, culminó.

De acuerdo a Blaise Pantel, Coordinador del Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano, advirtió que esta “es una buena noticia, pero ahora empieza un nuevo proceso que es la implementación del convenio en Chile y el año que la OIT otorga a los estados tiene un propósito bien particular, cual es que el estado haga la adecuación jurídica interna para conformarse a los derechos establecidos en el Convenio 169. Pero hay que recalcar, ahora el convenio se debe implementar ya. No hay que esperar un año. Por lo tanto la agenda del gobierno se debe conformar con la participación y consulta de los pueblos indígenas, ya que así lo establecen los mecanismos del propio convenio”, terminó.

Según el abogado Hernando Silva, Coordinador del Área Jurídica de la misma organización, “con esto se está dando fin a una tramitación de 18 años -cumpliéndose de manera tardía pero integra- uno de los acuerdos asumidos por la Concertación con el pueblo mapuche el año 1988 en Nueva Imperial”.

Una visión más crítica planteó Claudio Sandoval, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA. “Mientras el Convenio 169 no sea traducido en carne y hueso, a la práctica, al terreno, no sirve de nada, es carne muerta. La publicación en el diario oficial claro que es un avance para toda la gente que ha venido luchando. Espero que el gobierno los considere porque considera muchos puntos buenos como el territorio y la condición de pueblo, que a muchos legisladores les molesta. Espero que no pase lo que ha pasado con ley indígena”.

Texto del Decreto Promulgatorio del Convenio 169 de la OIT publicado el martes 14 de octubre de 2008 en el Diario Oficial

PROMULGA EL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

Num. 236.- Santiago 2 de octubre de 2008.- Vistos: los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Considerando:

Que con fecha 27 de junio de 1989 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su Septuagésima Sexta Reunión, adoptó el Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

Que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el oficio N° 7.378, de 9 de abril de 2008, de la Honorable Cámara de Diputados.

Que el Tribunal Constitucional, por sentencia de fecha 3 de abril de 2008, declaró que las normas del aludido Convenio N° 169 sometidas a su control, son constitucionales.

Que el instrumento de ratificación de dicho convenio se depositó con fecha 15 de septiembre de 2008 ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 38, párrafo 3, del referido Convenio N° 169, éste entrará en vigencia para Chile el 15 de septiembre de 2009,

Decreto:

Artículo único: Promúlguese el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su Septuagésima Sexta Reunión; Cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República de Chile.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores.- José Antonio Viera-Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Paula Quintana Meléndez, Ministra de Planificación.- Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a US para su conocimiento.- Gonzalo Arenas Valverde, Embajador, Director General Administrativo.

 

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Polémica por acuerdo del Gobierno y la SCD. La sonada guerrilla en Internet por los Derechos de Autor

Fuente: www.elmostrador.cl

Un acuerdo entre la entidad y los ministros Urrutia y Viera-Gallo despertó las pasiones del ciber activismo respecto al proyecto de ley de propiedad intelectual. Según ellos, la SCD no quiere gratuidad de derechos para traducciones y reproducción de textos educacionales y otros “usos justos”. Es decir, si una persona graba un video de su hijo con música de fondo y lo sube a YouTube, o descarga una canción de Internet y la agrega a su MP3, será catalogado como un acto ilegal. La SCD dice que eso es mentira y que todo se trata de una “campaña del terror”.

 

Por Miguel Paz

 Este es nuestro nuevo trabajo: In Rainbows. Descárgalo de Internet y paga lo que estimes conveniente. Firma: Radiohead. Cuando el grupo británico de rock liderado por Thom Yorke decidió lanzar su séptimo disco en formato MP3 y ponerlo a disposición de sus fanáticos libremente en la red, el lanzamiento (10 de octubre de 2007) produjo una nueva trizadura en la industria discográfica como la conocíamos hasta fines del siglo XX. El éxito comercial del disco vía Internet fue un misterio ya que la banda rechazó entregar cifras de venta. Pero una vez que In Rainbows se editó en CD fue aclamado por la crítica y de inmediato escaló los charts del Reino Unido y Estados Unidos. Cambio de paradigma.

¡Crash!

Este cambio de paradigma que transforma el modo de hacer negocios debido al uso de Internet como canal de distribución, es parte esencial de la discusión propiciada por el análisis del proyecto de ley de Propiedad Intelectual que deberá revisar el Senado.

El texto ingresó a tramitación en marzo de 2007, con el objetivo de modernizar la legislación de 1970, época sin TV Cable ni Internet (salvo el proyecto Synco de la UP, conocido como la “Internet de Allende”), y quedar acorde a los tiempos digitales. Sólo un dato: en Chile, según estudios del Ministerio de Economía, hay 1 millón 300 mil conexiones de banda ancha en hogares, 1 de cada 3 hogares conectado a Internet, y 14 millones de celulares activos.

Entre los puntos a discutir están las excepciones y limitaciones al derecho de autor y los denominados “usos justos”, ya que en la actualidad son ilegales la copia y descarga de música de Internet, la traducción y fotocopia de textos para uso educacional y bibliotecas y otras prácticas comunes que actualmente violan la ley y se equiparan con el pirateo.

Como el tema afecta a la industria cultural para bien y para mal, incluido el derecho de propiedad intelectual, y hay muchos actores involucrados, el Senado decidió convocar a una mesa de trabajo entre los diversos interesados, y a la ministra de Cultura Paulina Urrutia como garante del proceso. El propósito: consensuar los intereses de los autores, la industria cultural, la poderosa industria de telecomunicaciones y el público, antes de plantear la discusión nuevamente en la Cámara Alta.

Mesa coja y perdida de confianza

La mesa de trabajo fue integrada por la SCD, representada por su director general Santiago Schuster, el abogado Rodrigo Rojas, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), un representante de la Asociación de Proveedores de Internet (API), el director de la Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI) Claudio Magliona, el director de la ONG Derechos Digitales Claudio Ruiz, la Comisión de Directores de Bibliotecas del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, la directora del Colegio de Bibliotecarios de Chile Paula Roncatti, y representantes de Liberación Digital. Los convocados se reunieron al menos en seis ocasiones con Paulina Urrutia en una sala del séptimo piso del edificio del Consejo de Cultura de calle Fray Camilo Henríquez.

Sin embargo el 6 de agosto pasado, la mesa se quebró. “Ese día se publica en el sitio web Trato Justo Para los Artistas de la SCD, un artículo donde la entidad da cuenta de una reunión con la ministra Urrutia y el ministro Viera-Gallo, donde señalan que llegaron a un acuerdo para potenciar siete puntos irrenunciables del proyecto, que son la esencia de la discusión para todos los integrantes de la mesa”, dice el abogado Claudio Ruiz de la ONG Derechos Digitales, uno de los asistentes a las reuniones que califica el acuerdo de “secreto” e “impresentable”.

La ministra reconoció el acuerdo paralelo en una reunión del 7 de octubre en el Consejo de Cultura (El Mostrador.cl intentó contactarse con Paulina Urrutia pero no se encontraba disponible) y el sábado pasado junto a Viera-Gallo y representantes de la SCD lideraron un acto en La Moneda en contra de la piratería donde difundieron los planteamientos de los artistas y provocaron la irritación de los otros ex integrantes de la mesa de trabajo. Uno de ellos dice que “el tema a la ministra la superó y la SCD sencillamente la bypaseó y negoció con Viera-Gallo”. A lo cual Viera-Gallo responde que “la ministra Urrutia nos pidió como Segpres una intervención para mediar entre la SCD y el ministerio de Cultura. No veo ningún problema con que el gobierno llegue a acuerdo con una organización en particular. Lo que sucede es que algunas organizaciones no están muy acostumbradas a tramitar proyectos de ley y tratan cada paso como si fuera el juicio final”.

De todos modos, dice Rodrigo Rojas, de la ACTI, “estamos sorprendidos y molestos porque nos tomaron el pelo”. Claudio Magliona, director de la ADI, añade que el acuerdo “es de esas cosas que no se hacen porque se pierde la confianza”. Magliona no culpa a la SCD, que representa “legítimamente” los intereses de sus socios, sino al gobierno por faltar a su palabra. “No deja de sorprenderme haber sido invitado al ministerio de Cultura a discutir el tema y luego enterarme que la ministra Urrutia conversaba por el lado con otro grupo. Este debiera ser un llamado a la cordura”, insiste.

Combos iban, combos venían

Entre los temas clave para los detractores de la SCD se encuentra que la organización gremial propone no tocar las excepciones y “usos justos”, aceptados en otros países. Esto quiere decir, explica Ruiz, que si una persona graba un video de su hijo con música de fondo y lo sube a YouTube, o descarga una canción de Internet y la agrega a su reproductor de MP3, no sea catalogado como un acto ilegal.

La secretaria general de la SCD Denisse Malebrán califica lo anterior como una campaña de desinformación y una caricaturización. “Eso es mentira. Es ridículo”, dice. “Están tratando de asustar a la gente. Eso ya se hace y nadie se ha ido preso y nadie anda persiguiendo a nadie. YouTube, al contrario es una vía de exposición mundial. Como no nos va a gustar YouTube, Facebook y los Fotologs: son parte de la reinvención de la comunicación. Es una campaña del terror. Yo tengo mi música gratis en Internet. Y nadie ha dicho que la gente no pueda subir sus videos de un acto escolar. Tratan de hacernos ver como arcaicos y es completamente ridículo”.

¿Quién tiene la razón? La discusión incendia foros y sitios web en este minuto. Unos hablan de Trato Justo Para los Artistas y han desarrollado una extensa labor para convencer a la clase política con sus argumentos. Otros, de Trato Justo Para Todos, buscan hacer presión y explicar su postura contraria al acuerdo de los artistas y el gobierno. Todos se interesan en el mismo asunto: los derechos de propiedad cultural y las excepciones y limitaciones al derecho de autor. En cada caso dicen buscar lo justo para todos: autor y público, pese a que manifiestan posiciones irreconciliables en los puntos clave de discusión.

Autores versus consumidores

Christián Leal, autor del blog El Francotirador (uno de los más visitados en el mundo del activismo digital) y coordinador de Medios Digitales de radio Bío-Bío, asegura que “todo depende según como se interprete”. “En la práctica la SCD dice que no imponen a nadie que pague por descargar música ilegalmente, pero eso equivale a mantener el statu quo de la ilegalidad actual ¿Por qué en vez de eso no regulamos las excepciones de uso privado?”.

Derechos Digitales y Liberación Digital plantean que la SCD debiera comprobar el uso efectivo de las obras de sus representados antes de cobrar por el derecho de propiedad intelectual. Materia que según Denisse Malebrán es “impracticable”. Los usuarios de la música del catálogo de la SCD acceden a toda su música por una cuota fija, dice, y se hace “imposible demostrar el uso efectivo de la obra (esta o aquella canción). Yo no tengo como saber que tocó en este minuto una clínica o un supermercado. Eso es ridículo: tendríamos que tener un ejército de fiscalizadores que es irreal. Demostrar el uso selectivo de una obra es casi imposible”, explica.

Por otro lado, las ONG plantean además que la SCD es un ente monopólico que fija sus tarifas de pago a los clientes por lo que debería operar un “arbitraje” cada vez que una empresa (sea, por ejemplo, un hipermercado o un minimarket) decida impugnar el valor del cobro. Malebrán, ex vocalista de Saiko, responde que esto iría en beneficio de los grandes conglomerados que impugnarían los cobros de derechos de autor, afectando a los artistas.

Juan Guillermo Tejeda, profesor de diseño gráfico de la Universidad de Chile, fundador de The Clinic y responsable del polémico iceberg del stand chileno de la Expo Sevilla, dice que la discusión se olvida de un piso básico: el derecho de autor inalienable de los creadores y los artistas.

Según Tejeda, uno de  quienes adscribe a Trato Justo Para los Artistas, “la vía de las excepciones es una puerta entreabierta: efectivamente tu puedes decir que un producto cultural es para un uso educacional y puedes fotocopiar libros, pero resulta que hay establecimientos educacionales que son un negocio y todos van a cobrar a costa de los derechos del autor de ese libro”.

Denisse Malebrán insiste sobre este punto: “Las excepciones en esta ley están pensadas en función de los minusválidos y de favorecer a bibliotecas públicas. Eso lo apoyamos. Pero es ridículo que a universidades que cobran 400 lucas tengamos que darles gratis los textos de gente que ha dado sus vidas a la investigación y la producción cultural. Siempre hemos explicado la diferencia entre el lucro y el uso privado de productos culturales”.

Sin embargo, Paola Roncatti pone en el tapete que “si se aprueba el proyecto en base al acuerdo de la SCD y el Gobierno, este impactaría fuertemente a las bibliotecas y archivos, ya que se estarían eliminando excepciones que son fundamentales para el funcionamiento dentro de la ley de diferentes tipos de bibliotecas. ¿Qué pasara con nuestros usuarios?, ¿qué pasara con nuestras bibliotecas? ¿pasaremos a ser delincuentes?”.

Más sobre este tema:

Siete grandes ideas para destruir a los artistas chilenos (La postura oficial de los afiliados a la SCD)

Acuerdo secreto SCD/Gobierno de Chile revelado (argumentos de Liberación Digital)

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