La participación ciudadana y el sistema de evaluación ambiental.

Fuente: www.elmostrador.cl *Paola Vasconi es Coordinadora del Programa Medioambiente, Fundación Terram.

Recientemente parlamentarios de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley que profundiza y mejora los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y, específicamente, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Desde nuestra perspectiva esta iniciativa debiera ser recogida por la autoridad ambiental para ser incluida dentro del proceso de reforma de nuestra institucionalidad ambiental que impulsa el Gobierno, pues la participación ciudadana es el instrumento básico y primordial para el desarrollo e implementación de mejores políticas ambientales en nuestro país y el mejor mecanismo para garantizar la gobernabilidad ambiental en el territorio nacional.

 

Si bien se reconoce que el SEIA es uno de los pocos instrumentos que a nivel nacional considera procesos de participación ciudadana, también es necesario reconocer que ésta ha sido limitada y no ha respondido adecuadamente a las crecientes necesidades de la sociedad civil y las comunidades. En ese sentido, llama profundamente la atención que en el catalogado Gobierno Ciudadano exista una agudización de las situaciones de indefensión de las comunidades frente a los grandes proyectos de inversión. Esta situación se repite a lo largo de Chile y refleja la poca importancia que se le da a la participación de la población en la construcción de una sociedad más justa y participativa desde el punto de vista medioambiental en nuestro país.

 

Como es sabido el proceso de participación ciudadana hoy día se limita sólo a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), pues da por hecho que los proyectos ingresados a través de Declaración Impacto Ambiental (DIA) cumplen con la normativa ambiental vigente y no generan impactos significativos. Sin embargo, la práctica ha demostrado que muchos proyectos, teniendo que ingresar como EIA, lo hacen como DIA con el sólo fin de evitar el proceso de participación ciudadana que por ley incluyen los Estudios de Impacto Ambiental, lo que evidencia la vulnerabilidad del SEIA.

 

Si bien es cierto que los EIA consideran participación ciudadana, tal y como está concebida actualmente en la ley, ésta presenta una serie de limitaciones, como por ejemplo:

-las observaciones ciudadanas sólo se realizan sobre la base del EIA en un plazo de 60 días mientras que los proponentes del proyecto tienen la posibilidad de extender sus plazos y adjuntar nuevos antecedentes dentro del proceso (ADENDA), evidenciando la desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos, organizaciones ciudadanas y, el titular del proyecto;

-en general, la participación ciudadana ocurre demasiado tarde, cuando existen escasas posibilidades de incidir en el diseño y localización del proyecto, cuando las decisiones ya están tomadas;

-la participación ciudadana por ley se ha limitado al terreno de lo técnico, mientras que la decisión final de si se realiza o no el proyecto es de carácter político;

-existe, además, un problema en cuánto a la calidad y cantidad de información que es proporcionada a las comunidades afectadas directa e indirectamente por los proyectos, lo que debe garantizar su participación en los marcos que la ley y el reglamento se refieren;

-particularmente grave es el caso de las comunidades con menor capacidad para proveerse de los recursos necesarios para realizar observaciones a los EIA tal y como se definen en el reglamento del SEIA.

 

A esto se suman los escasos programas de difusión de información y educación ambiental establecidos por la CONAMA hacia la comunidad que, salvo algunas excepciones, no han logrado una inserción eficiente de las comunidades a los procesos de participación ciudadana. Es hora de que las autoridades y los privados entiendan que los ciudadanos somos parte de la sociedad y, como tal, tenemos algo que decir en relación al país que estamos construyendo. Nuestras opiniones no son sólo para adornar las extensas resoluciones de calificación ambiental de los proyectos sino para contribuir a encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo sustentable. Es por ello que aplaudimos la iniciativa de algunos de nuestros representantes en el Congreso y esperamos que el Gobierno la secunde para que llegue a buen puerto.

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Sociedad civil y Gobierno analizaron con Senado proyecto contra la discriminación.

Fuente: www.movilh.cl

A la cita con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado asistieron ministros y representantes de organismos no gubernamentales, de la comunidad judía, de las personas con discapacidad, del sector evangélico y de las minorías sexuales.

Con el objeto de asegurar que el Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación apresure su tramitación y garantice mecanismos efectivos a favor de la igualdad social, sin efectuar distinciones de ningún tipo, senadores, gobierno y sociedad civil se dieron cita en el Congreso Nacional.

A la reunión, encabezada por el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, José Antonio Gómez (PRSD), asistieron los parlamentarios Hernán Larraín (UDI), Pedro Muñoz (PS), Jaime Gazmuri (PS) y Alberto Espina (RN), el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, el subsecretario de esa cartera, Edgardo Riveros, y el asesor jurídico del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Marco Rendón.

En representación de la sociedad civil estuvieron el presidente de la Asociación Chilena de Ong´s Acción, Alvaro Ramis, la directora de la Fundación Ideas, Patricia Cardemil, el pastor del Servicio Evangélico para el Desarrollo (Sepade), Juan Sepúlveda, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (Afaps), Andrea Cáceres, la integrante de B´nai B´rith Internacional, Claudia Kravetz, el abogado Ciro Colombara y el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

Durante la reunión, la sociedad civil insistió en la rápida aprobación de los articulados que ya pasaron exitosamente el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en la Cámara de Diputados, además de proponer nuevas ideas e indicaciones para la norma.

Tramitada desde marzo del 2005 en el Parlamento, el proyecto de ley previene y sanciona “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción o por omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual”.

Al respecto la sociedad civil demandó expresamente que la mencionada norma sea aplicada en igualdad de condiciones para todos los sectores sociales, sobre la base del respeto y garantías de un estado laico que promueve una visión integral y amplia de los derechos humanos.

Con anterioridad la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, así como la de Derechos Humanos, ya habían escuchado el parecer en torno a la ley de sectores evangélicos y de la Iglesia Católica.

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