Polémica por luz verde a perforación en geysers El Tatio.

 

Fuente: http://www.chilecologico.cl

Mientras comunidades indígenas rechazan luz verde a proyecto de exploración geotérmica en el sector, la sociedad empresarial responsable de la iniciativa destaca la posibilidad de nuevas energías para el país.

La aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta del proyecto “Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I”, de la Empresa Geotérmica del Norte S.A. despertó gran rechazo en las comunidades que se verían afectadas con la iniciativa.

La decisión fue adoptada el jueves por el voto a favor de 15 de los integrantes de la Corema y uno en contra (el consejero Claudio González) y incluye también diversas exigencias ambientales para llevar a cabo el proyecto, cuya inversión estimada es del orden de los 20 millones de dólares.

Esta primera fase busca realizar perforaciones geotérmicas profundas, con fines de exploración, en el sector del ex campamento CORFO, ubicado al sur del campo de géiseres de El Tatio, con el propósito de verificar la factibilidad técnica y económica de generar energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos existentes.

Ante la luz verde al proyecto, que contempla la perforación de cuatro pozos a una profundidad de 2.000 a 2.500 metros cada uno, la comunidad de Toconao realizó una declaración pública donde rechaza lo que considera una “nefasta noticia” y un “claro ejemplo del hambre del imperialismo neoliberal del estado de Chile y su desprecio por el reconocimiento a los territorios indígenas”.

“Teníamos la convicción que las llamadas ‘autoridades de la Corema’ votarían en contra de este proyecto que le da al alma de la cultura lickan antay ( ) Sólo somos unos pobres indios que nada tienen que decir, que les venden los territorios demandados a las transnacionales, que les venden el subsuelo a las empresas mineras, que usurpan el agua subterránea a diestra y siniestra”.

La comunidad acusa que “la estrategia del gobierno es inteligente y dilatará la entrega de nuestras demandas territoriales lo más que se pueda para que de aquí a 50 años las mineras no dejen nada para nuestro hijos y sólo quede desolación y muerte”.

En tanto, la Agrupación Turística y Medioambiental de San Pedro de Atacama (Atyma) también ha expresado su “rechazo absoluto” al permiso al proyecto por Geotermia del Norte, formada por la empresa italiana ENEL, junto a Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Codelco, componen Geotérmica del Norte.

“La experiencia internacional de la explotación geotérmica tiene como resultado la destrucción total o parcial de las fumarolas, las cuales han tenido que reactivar con un sistema de reinyección teniendo resultados relativos, según lo demostró la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental y su experto”, indicó Atyma.

“El proyecto se contradice con la voluntad política demostrada por los gobiernos de la concertación al firmar acuerdos internacionales y leyes nacionales de preservación de áreas de ecosistemas únicos y frágiles y de patrimonio cultural. Expresados en la Ley 19.300 de Bases general de Medio Ambiente, la ley 19.253 Ley Indígena. Pacto de derechos civiles de Costa Rica, Manifestación por parte de la ONU de considerar a Chile dentro de los países que protegen las áreas y grupos étnicos”, agrega la agrupación en un comunicado.

Sin embargo, el representante de ENEL en Chile, Óscar Valenzuela, defendió el proyecto de exploración geotérmica en los geysers de El Tatio, señalando que “este proyecto puede llevar a que generemos una energía eléctrica sustentable, una energía limpia que va a permitir avanzar en lo que requiere el país que es energía menos contaminante”.

Ayer, la ministra de Bienes Nacionales, que se encontraba de visita en la región, se refirió a la aprobación del proyecto de Geotermia y destacó la necesidad de “atender las necesidades energéticas del país y de la región”, a la vez que subrayó el tener que “respetar las tradiciones, la cultura y los derechos ancestrales en un adecuado equilibrio de ambas necesidades”.

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Pfeiffer y Podlech.

Por Felipe Portales

En el caso Pfeiffer, hemos observado atónitos como la Corte Suprema ha propuesto insistentemente en sus quinas a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que sistemáticamente se ha pronunciado, en el ejercicio de su labor, a favor de la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en nuestra historia republicana. Además, dicho ministro ha aplicado criterios que contravienen abiertamente la jurisprudencia adoptada por la Sala Penal de la propia Corte Suprema, respecto de la aplicación del decreto-ley de amnistía en casos de desapariciones forzadas de personas.

Más atónitos hemos quedado aún con el hecho de que la presidente de la República haya escogido dicho nombre para proponerlo al Senado, como futuro miembro de dicha Corte. Y, peor aún, que la mayoría de los senadores concertacionistas -¡incluyendo varios socialistas!- hayan estado en un primer momento dispuestos a ratificarlo. Gracias a una esclarecedora intervención del senador Frei en el momento del voto –quien como presidente de la República no se distinguió precisamente por la búsqueda de justicia respecto de las violaciones de derechos humanos- se logró que la mayoría de los senadores de la Concertación no avalaran tamaña aberración presidencial.

A su vez, el caso Podlech nos revela, en primer lugar, las enormes limitaciones que –pese a los significativos progresos experimentados luego de la detención de Pinochet en Londres- todavía revelan nuestros tribunales, a la hora de impartir justicia respecto de crímenes contra la humanidad. Ha tenido que ser la Justicia italiana la que se encargue de procesar a quien, de acuerdo a diversas acusaciones de víctimas o familiares de ellas, podría ser responsable de la tortura y desaparición forzada de personas –incluyendo un sacerdote italiano- en la zona de Temuco, luego del golpe de Estado de 1973.

Por otro lado, la ausencia de reacción del gobierno de Bachelet y de los partidos de la Concertación frente a la detención de Podlech en España y su entrega a Italia –así como las que en su momento tuvo el gobierno de Lagos y el liderazgo concertacionista frente a la detención en Argentina del general Joaquín Ramírez Pineda- nos revela, por contraste, la falsía del gobierno de Frei y de quienes hegemonizaban el liderazgo de la Concertación cuando defendieron a Pinochet de su detención en Londres. Si en realidad –como lo dijeron reiteradamente- hubieran estado defendiendo principios como la soberanía nacional, tendrían que haber reaccionado del mismo modo en los casos de Ramírez y Podlech, ya que constituyen tres expresiones de lo mismo: la extraterritorialidad de las responsabilidades penales en casos de crímenes de lesa humanidad. O si hubieran modificado auténticamente sus opiniones, valorando ahora positivamente esta extraterritorialidad, es evidente que estarían reconociendo sentidamente el profundo error histórico cometido a favor de Pinochet.

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Suprema entrega balance de causas de DDHH en Santiago.

Fuente: www.lanacion.cl Por Andrea Chaparro.

El pleno revisó ayer el informe elaborado por el ministro Hugo Dolmestch sobre el avance de los procesos que se instruyen en la Corte de Apelaciones de la capital.

Un balance sobre el estado de las causas de derechos humanos de Santiago entregó ayer al pleno de la Corte Suprema el ministro Hugo Dolmestch, visitador del tribunal de alzada de la capital. Según los antecedentes recabados por el magistrado, a la fecha hay 81 causas falladas pero existen 169 investigaciones abiertas con diligencias y peritajes en curso.

En el informe elaborado por el juez, se detalla el avance de 250 indagaciones por delitos de lesa humanidad instruidas por ocho ministros de la Corte de Apelaciones, quienes informaron causa por causa sobre el número de procesados, condenados y víctimas.

Así, el ministro Mario Carroza tiene tres procesos emblemáticos fallados: el caso Albania, José Carrasco y Jécar Neghme. Sólo tiene en etapa sumaria y con diligencias pendientes el crimen de Alejandro Pinochet Arenas, donde hay 35 procesados.

Por su parte, el magistrado Juan Fuentes Belmar ha dictado condenas en 13 causas pero le quedan 22 pendientes. Entre las causas que tiene asignadas hay 18 episodios del caso Comando Conjunto y 43 procesos provenientes del Quinto, Octavo y Noveno Juzgado del Crimen de la capital.

Entre las causas que instruye el juez Víctor Montiglio destacan la Caravana de la Muerte, Colombo, Operación Cóndor y Conferencia. Todas subdividas en episodios debido a su complejidad. El informe establece que -a la fecha- ha fallado dos casos y que aún le quedan pendientes 37, no obstante, es uno de los jueces que ha dictado más procesamientos por violaciones de los derechos humanos. La cifra bordea las mil 328 encargatorias. Otro ministro que tiene a su cargo voluminosas causas y de alta complejidad es Alejandro Madrid, quien dirige las investigaciones por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos y el del ex diplomático chileno-español, Carmelo Soria, por ejemplo. El magistrado tiene seis causas pendientes para fallo.

En el caso del juez Carlos Gajardo tiene asignadas 27 causas, de ellas ya dictó condenas en una y el resto continúan pendientes. Entre sus causas emblemáticas está el Patio 29, sin embargo, en ese proceso en particular su avance está condicionado a los resultados de los laboratorios extranjeros donde se enviaron las muestras de las víctimas.

El ministro Alejandro Solís llevó el caso Prats, todos los episodios de Villa Grimaldi y el caso Tejas Verdes, José Domingo Cañas, entre otros. Ha dictado sentencia en 25 causas de derechos humanos y tiene diligencias pendientes en 32 procesos. Es el magistrado que más fallos ha dictado a la fecha.

El juez Jorge Zepeda falló 12 causas y tiene 22 pendientes. Entre sus casos está Colonia Dignidad, el crimen del cura Llidó y Estadio Nacional. Mientras que el ministro Joaquín Billard dictó condenas en 21 causas y le restan 23 por cerrar. Entre los casos que indaga está Pisagua.

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