¿Cuándo el Ombudsman?

 Fuente: www.lanacion.cl Por Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad.

La modernidad, de la cual se habla en las altas esferas del poder político, también significa adoptar decisiones concretas para proteger de verdad los derechos de la mayoría.

La correcta traducción de esta palabra de origen escandinavo es Defensor del Pueblo, pero en nuestro país, posiblemente por temor a la palabra pueblo, se habla de Defensor del Ciudadano, institución de bien público que aún no existe. En el Gobierno de Ricardo Lagos se creó bajo el alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia una oficina denominada Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas (extenso título), con escaso poder a pesar de lo cual ha desarrollado una interesante labor.

Su última directora ejecutiva fue Danae Mlynarz, militante socialista y concejala por Ñuñoa, que renunció para postular por la llamada Concertación Democrática al cargo de alcaldesa en esa comuna. Pese a las pocas atribuciones que tenía, se esforzó para ejercer dignamente su función en defensa de los ciudadanos y uno de sus tantos méritos fue el haber renunciado al día siguiente del instructivo presidencial en tal sentido. La comisión fue creada por decreto supremo en 2001 y ha abierto una expedita vía de canalización de reclamos de parte de los ciudadanos en pos del mejoramiento de la atención de los servicios públicos, el ejercicio de sus derechos y la solución de diversos problemas administrativos. Se ha dado como tarea el impulsar las condiciones para la creación del verdadero Ombudsman.

En su consejo figuran representantes de ministerios, servicios públicos importantes y representantes de sociedad civil. Hasta ahora ha tenido tres titulares de designación presidencial y todos (un hombre y dos mujeres) han cumplido de manera ejemplar su cometido. Lo afirmamos por la experiencia de los diversos casos que nuestra Fundación ha llevado a esa Defensoría. Próximamente, el Gobierno debe nominar al cuarto titular de la comisión y en tal sentido sería más que razonable que se piense en algún personero representativo de la sociedad civil informada y, en nuestra opinión, específicamente del denominado Capítulo Chileno del Ombudsman, corporación pluralista, sin ataduras y transparente creada en 1985.

Esta institución de la civilidad tiene una reconocida experiencia nacional e internacional en la materia y, lo más importante, no tiene tutoría partidista, de Gobierno u oposición: es autónoma. Ha participado activamente y con singular acierto en los proyectos legislativos presentados en los últimos años con la finalidad de crear el Ombudsman nacional, pero con los estándares internacionales para garantizar su efectividad.

Sostenemos que, si se acoge esta propuesta, sería la oportunidad propicia para que el Gobierno se abra a las nuevas expresiones ciudadanas y, por otro lado, se entregarían claras señales de impulso a la figura del Ombudsman que todos queremos, vale decir, el defensor de los más débiles, vulnerables y desinformados, cuyo exclusivo norte será proteger sus derechos. Para despejar conclusiones equivocadas, en cuanto al sentido de nuestra proposición, declaramos que no formamos parte del Capítulo Chileno del Ombudsman, aunque sí conocemos a algunos de sus directivos.

El proyecto de ley para crear la figura del Ombudsman se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y ya fue aprobado por unanimidad en la de Derechos Humanos. En el último tiempo hemos escuchado juicios de apoyo para su pronta entrada en escena de parte de la diputada RN Karla Rubilar, y el diputado del mismo partido Francisco Chahuán. El lunes 18 de agosto, a las 20 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, el diputado PS Marcelo Schilling expresó que es urgente la instauración del auténtico Defensor del Pueblo para ir terminando con las arbitrariedades y abusos que se producen tan recurrentemente.

Por ahora sólo esperamos que pronto nos pongamos a la altura de los países que ya cuentan con el Ombudsman. La modernidad, de la cual con tanta fruición se habla en las altas esferas del poder político, también significa adoptar decisiones concretas para proteger de verdad los derechos de la mayoría.

LAS NOTICIAS, OPINIONES Y ENTREVISTAS VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.

Anuncios

El problema Mapuche.

Fuente: www.elmostrador.cl Editorial.
La solución de cualquier conflicto tiene un momento previo imprescindible: la definición objetiva acerca de qué tipo de conflicto se trata. Mientras ello no ocurre, la conducta de los actores estará marcada por el cálculo erróneo, los prejuicios, el uso ineficiente de sus instrumentos y argumentos, y la pérdida de oportunidades para terminar efectivamente con el problema.

Ello ocurre en el denominado “problema mapuche”. Con el agravante de que se trata de una cuestión cuyas variables van desde lo meramente económico o político, hasta lo simbólico, cultural e histórico, generando una espiral de complejidad.

Es posiblemente su contenido cultural y simbólico el que lo vuelve tan irreductible y poco accesible a las políticas públicas comunes. Y, al mismo tiempo, incomprensible para la mayor parte de la ciudadanía.

Es común escuchar incluso de personas informadas el juicio de que “en realidad sabemos muy poco acerca del conflicto mapuche”. Y resulta patente que el poder político no ha sabido o no ha podido abordarlo eficazmente. No ha logrado objetivarlo, ni encuadrarlo como un problema político, de tierras, nacional o de autonomía. Por lo cual las políticas emprendidas siempre terminan siendo incompletas o ineficientes, incluso más allá del carácter especial y extraordinario que generalmente tienen.

Se requiere un examen histórico y cultural exhaustivo de los hechos y percepciones que perfilan el actual conflicto, para poder determinar sus bordes reales y situarlo en la perspectiva de lo que realmente es y no lo que uno u otro actor piensa que es.

Ello no es posible sin estabilizar el conflicto, es decir, impedir que siga escalando. Y eso es difícil porque el uso de los recursos estatales para hacer valer el orden público requiere de una fina ecuación política, que no excluye lo policial y el actuar del Ministerio Público, pero que tiene que tener la solvencia suficiente como para dar garantías de flexibilidad y generar confianza. Y, claramente, el gobierno –con su ministro del Interior a la cabeza- ha sido poco ducho en esta materia.

Para lograrlo, son válidos los comisionados, las mesas de diálogo, las mediaciones o cualquier otro instrumento, a condición de que se entienda que no están solucionando el conflicto de inmediato, sino viabilizando las condiciones para buscar soluciones definitivas más adelante. Todo con un mínimo uso de la coerción y la fuerza.

La solución, como paso siguiente, es más compleja. Para graficarla basta recordar lo que representa la Araucanía, la zona más irreductible del conflicto, para algunos colectivos mapuches. Ella tiene para muchos de estos el mismo rol que jugó respecto de la colonización hispánica, donde nunca pudieron funcionar las tres instituciones básicas de la colonización: el Ejército, la Iglesia y la Encomienda. Y tal como señalan muchos historiadores, la corona española se vio obligada a establecer una política de tratados y de autonomías, que hoy algunos dirigentes mapuches consideran una prueba de su reconocimiento como nación y una evidencia jurídica asimilable a tratados internacionales.

Esta visión tiene un papel radicalizador en el imaginario de algunas organizaciones mapuches. Más aún si al llegar la República e implantarse la política de “reducciones” -hacia finales del siglo diecinueve- más de dos mil de las tres mil reducciones creadas quedaron en la actual IX Región de la Araucanía.

Con todo, y pese a la exclusión, el promedio de tierra era de casi 7 hectáreas por persona. De eso hoy queda muy poco. En esa emblemática zona se ha experimentado un notorio proceso de concentración de la tierra a favor de grandes compañías forestales, con un empobrecimiento creciente de los pequeños agricultores campesinos, entre ellos los minifundios de las comunidades mapuches existentes.

¿Cómo definir el problema y a partir de ahí generar una solución? ¿Deseamos que sea una etnia o una nación? La respuesta lleva por diferentes caminos. El primero, a idear políticas de protección, subsidio y fomento a través de instituciones como la CONADI. El otro, el de la opción nacional, a políticas de autonomía y reconocimiento de derechos colectivos, con instituciones que hoy no existen.

Esto último contradice nuestro sistema constitucional, en el cual el reconocimiento de los derechos colectivos es muy débil o inexistente. La impronta homogenizadora e individualista de nuestro sistema jurídico y político, defendida desde todos los sectores, parece ser demasiado fuerte. Sin embargo, es una opción que no puede descartarse si deseamos definir bien el problema para así poder solucionarlo.

LAS NOTICIAS, ENTREVISTAS Y OPINIONES VERTIDAS EN ESTE BLOG, NO REPRESENTAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE AMNISTIA INTERNACIONAL – CHILE.

MARCHA MUNDIAL DE MIGRANTES, JUEVES 28 DE AGOSTO, 19:00 HORAS, ALAMEDA CON PASEO AHUMADA.

Fuente: APILA

DÍA:  JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2008.

HORA: 19:00

LUGAR: ESQUINA ALAMEDA BERNARDO O´HIGGINS CON PASEO AHUMADA.

NO MÁS FRONTERAS, NO MÁS MUROS, NO MÁS SILENCIO, NO MÁS MIEDO, NO MÁS EXPLOTACIÓN, NO MÁS MENTIRAS, NO MÁS AGRESIONES POLICIALES, NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS Y LOS MIGRANTES.

NO A LA DIRECTIVA DE RETORNO.

MIGRAMOS PARA VIVIR. ¡¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL!!

BASTA DE XENOFOBIA Y EXPULSIÓN.

POR LA AMPLIACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA EN CHILE.

Todas las noticias, opiniones y entrevistas vertidas en este blog, no representan necesariamente el pensamiento de Amnistía Internacional – Chile.