NO MÁS DESAPARICIONES FORZADAS, 30 DE AGOSTO.

Aún hay desapariciones forzadas en el mundo - Actúa ahora!

Los violentos perjudican al pueblo mapuche.

Fuente: www.lanacion.cl Por Sergio Muñoz Riveros.

Hay que perseverar en las políticas públicas que buscan mejorar la condición del pueblo mapuche y demás pueblos originarios. Pero no debe haber ninguna ambigüedad en la condena de los actos ilegales.

Juan Catrillanca, lonco de la comunidad Temu Cui Cui, rechazó los actos de violencia del domingo 24 en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, que dejaron a dos carabineros heridos, uno de ellos con un perdigón de plomo en el cuello. El incidente se produjo cuando medio centenar de efectivos policiales allanó ese asentamiento en busca de Jaime Huenchullán, requerido por la justicia por amenazas, daños e incendio de la propiedad del agricultor René Urban. Al retirarse, sin haber encontrado a Huenchullán, fueron atacados por unas 20 personas, de las cuales unas cinco portaban escopetas, mientras el resto usaba piedras y boleadoras.

El día anterior, en la misma comuna, tres encapuchados interceptaron y balearon el bus del microempresario mapuche Mario Caín Curamil, que trasladaba trabajadores forestales también mapuches. El afectado denunció que se trataba de un acto de venganza por haber abandonado el activismo y trabajar ahora con las empresas forestales.

Lo anterior se suma al ataque efectuado por unos diez encapuchados armados el domingo 17 contra el Fundo Santa Rosa, de propiedad del agricultor Eduardo Luchsinger, de 70 años, en la comuna de Vilcún. Luego de inmovilizar al agricultor y su esposa, los atacantes, que gritaban consignas mapuches, rociaron con bencina y prendieron fuego a la casa patronal, dos galpones con 10 mil fardos de pasto, una lechería con maquinaria agrícola y un par de vehículos.

No sirve que las autoridades regionales digan que se trata de “hechos aislados”. Lo peor es ignorar la gravedad de tales actos, que introducen un elemento de aguda desconfianza acerca de la capacidad del Estado para defender la ley en todo el territorio. Sería además un error de percepción creer que la compra y entrega de tierras lo resuelve todo.

¿Quiénes están detrás de las acciones violentas? El fiscal Francisco Ljubetic, de la Región de la Araucanía, los describe así: “Grupos de 10 a 12 personas, en que cada una cumple una tarea, ropas que los mimetizan, rostros cubiertos, armamentos y actividades de poca duración”. El fiscal sostiene que, a partir de 2005, las acciones de estos grupos se hicieron más violentas, planificadas e ideologizadas, y se reconoce en ellas la participación de gente joven, con conocimientos, que responden a un mando y realizan tareas segmentadas.

Se trata de grupos minoritarios pero audaces, que responden a una estrategia política de desafío al Estado, en la que no hay que descartar la influencia de los movimientos armados que actuaron al comienzo de la transición e incluso alguna influencia extranjera. La Tercera informó el miércoles 20 que el Ministerio Público lleva a cabo una indagación sobre la posible infiltración de ex lautaristas y ex miristas en algunas comunidades de la IX Región.

¿Estamos ante el embrión de una especie de guerrilla mapuche? Esperemos que no. Pero parece evidente que algunos sectores, con el pretexto de la “recuperación de tierras”, han optado por la acción directa para luego parapetarse detrás de las comunidades indígenas.

No se pueden justificar las acciones violentas por razones de injusticia histórica o demandas insatisfechas. Por cierto que la sociedad chilena debe dejar atrás “el peso de la noche” de la discriminación al pueblo mapuche y ampliar las oportunidades de sus miembros, pero ello supone integrarlos a la idea de nación, con los derechos y deberes que ello supone, y que la inmensa mayoría de los mapuches ha asimilado. Como se sabe, dos tercios de la población mapuche del país vive en las grandes ciudades.

Los gobiernos democráticos han modificado positivamente la realidad indígena, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de la pobreza. Son muy significativos los avances en materia de inclusión educacional y de acceso a diversos beneficios sociales. Con todo, se sigue necesitando una política de Estado mejor articulada que contemple el conjunto de retos que plantea el desarrollo de un país multicultural, que debe establecer una nueva relación con los pueblos indígenas. La ratificación del Convenio 169 de la OIT, ya aprobada por el Congreso, debe expresar esa perspectiva.

Hay que perseverar en las políticas públicas que buscan mejorar la condición del pueblo mapuche y demás pueblos originarios. Pero no debe haber ninguna ambigüedad en la condena de los actos ilegales.

El régimen democrático no puede dar la impresión de debilidad frente a estas u otras expresiones de violencia. Ello significa tomar en serio la amenaza planteada en la IX Región y articular una respuesta integral en el marco de la Constitución y las leyes.

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