60 AÑOS DE FRACASO EN DERECHOS HUMANOS: Los gobiernos deben actuar ya.

Fuente: www.amnistia.cl

En la presentación del Informe 2008 Amnistía Internacional ha planteado hoy a los gobiernos del mundo el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para obrar mejoras concretas.

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar son puntos calientes que exigen una actuación inmediata en materia de derechos humanos.”

“La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace.”

El Informe 2008 de Amnistía Internacional pone de manifiesto, 60 años después de haber sido adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, que en al menos 81 países todavía se infligen torturas o malos tratos a las personas, que en al menos 54 se las somete a juicios sin las garantías debidas, y que en al menos 77 no se les permite hablar con libertad.

Irene Khan ha afirmado: “El año 2007 se ha caracterizado por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a atajar algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos, ya fueran arraigados conflictos o crecientes desigualdades que a tantos millones de personas están dejando relegadas.”

Amnistía Internacional advierte de que la mayor amenaza para el futuro de los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo colectivo.

La secretaria general de Amnistía Internacional continúa: “El año 2008 ofrece una oportunidad sin precedente a los nuevos líderes que acceden al poder y a los países que emergen a la escena mundial para fijar nuevas orientaciones y rechazar las políticas y prácticas miopes que en los últimos años han hecho del mundo un lugar más peligroso y dividido.”

Amnistía Internacional ha desafiado a los gobiernos a que establezcan un nuevo paradigma de liderazgo colectivo basado en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Y son los más poderosos quienes tienen que predicar con el ejemplo”, ha subrayado la señora Khan.

• China tiene que cumplir las promesas en materia de derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos y permitir la libertad de expresión y de prensa, y acabar con la práctica de la “reeducación por el trabajo”.
• Estados Unidos tiene que cerrar el campo de detención de Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos en procesos justos o ponerlos en libertad, y rechazar sin sombra de duda el uso de la tortura y los malos tratos.
• Rusia tiene que mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política, y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos contra los derechos humanos en Chechenia.
• La Unión Europea tiene que investigar la complicidad de sus Estados miembros en las “entregas extraordinarias” de personas sospechosas de terrorismo, y aplicar a sus propios miembros los mismos baremos en materia de derechos humanos que fija para terceros países.

Irene Khan ha advertido: “Los dirigentes mundiales se encuentran en estado de negación, pero el precio de su inacción es elevadísimo. Tal como demuestran Irak y Afganistán, los problemas que afectan a los derechos humanos no son tragedias aisladas, sino que actúan como virus que pueden infectar y propagarse con gran rapidez y ponernos a todos en peligro.”

“Los gobiernos tienen que demostrar hoy el mismo grado de amplitud de miras, coraje y compromiso que hace 60 años llevó a las Naciones Unidas a adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos.”

“Crece en las personas la exigencia de justicia, libertad e igualdad.”

Algunas de las imágenes más impactantes del año 2007 fueron de monjes en Myanmar, de abogados en Pakistán y de mujeres activistas en Irán.

La señora Khan concluye: “La gente, inquieta e indignada, no se quedará callada, y los dirigentes mundiales ignoran a la opinión pública, para su propio riesgo.”

NOTAS PARA LOS REDACTORES
1. La publicación del Informe 2008 de Amnistía Internacional, el documento de periodicidad anual en el que la organización analiza la situación mundial de los derechos humanos, coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y abarca en esta edición 150 países y territorios.
2. El Informe 2008 destaca las siguientes tendencias:
• Grupos armados y fuerzas gubernamentales utilizan impunemente a la población civil como objetivo.
• La violencia contra las mujeres es omnipresente.
• Se fomentan la tortura y los malos tratos como métodos aceptables de obtención de información.
• Se reprime la disidencia y se ataca a periodistas y activistas.
• Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes carecen de protección.
• Se niegan los derechos económicos y sociales.
• Se elude la responsabilidad social corporativa por abusos contra los derechos humanos.
3. Amnistía Internacional constata progresos en las últimas seis décadas, como la promulgación de determinadas leyes y el establecimiento de instituciones para la defensa de los derechos humanos, el apoyo creciente a los esfuerzos para que se ponga fin a la pena de muerte, y el procesamiento de algunos casos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad por parte de tribunales nacionales y cortes internacionales de justicia.
4. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
5. La “reeducación por el trabajo” es un sistema de detención punitiva que impone la policía en China por periodos de hasta cuatro años sin cargos, ni juicio, ni revisión judicial.

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Suprema recibe 12 mil firmas en apoyo a reapertura de caso Víctor Jara.

Fuente: http://www.lanacion.cl , por Lesly Araya.

Hasta la oficina de partes de la Corte Suprema llegó ayer Joan Turner, viuda de Víctor Jara, para entregar las 12 mil firmas recolectadas en las últimas semanas en apoyo a la moción que busca la reapertura del caso por la muerte del cantautor chileno.

La entrega oficial de estos documentos se realizó en el marco de una manifestación que se inició a las 11 de la mañana en Plaza Brasil y que concluyó con actos culturales en el frontis del Palacio de Tribunales.

En una protesta pacífica organizaciones sociales, de trabajadores y políticos llegaron a manifestar su preocupación por la situación de este emblemático caso en el cual causó impacto que la investigación se cerrara sin identificar al autor material.

Los actos fueron simbólicos ya que el máximo tribunal no tiene incidencia en la indagatoria propiamente tal, ya que ésta se encuentra arraigada en la el ministro de fuero Juan Fuentes Belmar.

La viuda de Jara, junto a su hija ingresaron hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, para presentarle sus inquietudes y la necesidad de que “se haga justicia” como señala el “Manifiesto Justicia Para Víctor Jara, Justicia Para Chile”, el cual fue firmado tanto por chilenos como por la comunidad internacional.

Tras dos horas de permanecer en las afueras del recinto, quienes acudieron al acto se retiraron de forma pacífica entonando cánticos del cantautor chileno.

El golpe más grande a la represión. Juez Montiglio procesó a 98 ex agentes por víctimas de la Operación Colombo.

Fuente: www.lanacion.cl

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. (Ver recuadro). También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias “El Elefante”, ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

 

Los 98 procesados por la Operación Colombo irán a Punta Peuco y Santiago I.

 Fuente: www.elcalarin.cl“Las primeras personas que recibamos en condición de detenidos van a ir ingresando al penal de Punta Peuco, que está especialmente destinado a personas que están procesadas o condenadas por violaciones a los derechos humanos y que tienen la calidad de ex uniformados”, explicó Maldonado.

Maldonado dijo que probablemente, debido a la gran cantidad de personas que serán notificadas, se exceda la capacidad de Punta Peuco “y haya algún número de ellas que tengan que ir a Santiago I”.

Esta última opción, según Maldonado, es “perfectamente” válida, ya que es una unidad penal de similares características a Punta Peuco en cuanto a seguridad.

El titular de Justicia recordó que los procesados tendrán derecho a pedir su libertad provisional, ya que este proceso de enmarca en el antiguo sistema judicial, “entonces probablemente así como es una situación masiva, uno puede estimar responsablemente que también es una situación transitoria”.

NOTIFICACIÓN DE JUEZ

El juez Víctor Montiglio notificará este martes a 98 personas, entre militares y civiles, por su presunta participación en la llamada Operación Colombo, denunciada como una maniobra comunicacional de inteligencia de la DINA en los primeros del régimen militar para encubrir la desaparición de opositores al gobierno.

Según adelantaron fuentes judiciales, se trata de 40 ex miembros del Ejército, 30 ex Carabineros, 10 ex policías civiles, dos ex marinos además de ex miembros de la Fuerza Aérea de Chile y civiles, e incluso los porteros de los centros de detención de la DINA.

Las notificaciones se realizarían a partir de este martes en circunstancias que aún no han sido detalladas.

Según el Informe Rettig, el plan -también conocido como las listas de los 119- consistió en una “acción de desinformación” atribuida al organismo de inteligencia para explicar el destino de detenidos desaparecidos, dando cuenta de su muerte en enfrentamientos entre ellos supuestamente en Argentina y otros.

La maniobra comunicacional -añade el documento- culminó con la publicación de dos listas con los nombres de 119 chilenos desaparecidos en la revista argentina “Lea”, en un número único, y en el diario brasileño “Novo O Dia”, de aparición ocasional en Curitiba.

Por la Operación Colombo están procesados ex jefes y agentes de la Dina, entre ellos los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez (ex subsecretario de Guerra), y el brigadier (r) Pedro Espinoza, por el secuestro calificado de 47 personas, la mayoría de ellos militantes del MIR.

Santiago.- Al penal de Punta Peuco y Santiago I serán trasladadas las 98 personas, entre militares y civiles, que serán notificados por el juez Víctor Montiglio, por su presunta participación en la llamada Operación Colombo, denunciada como una maniobra comunicacional de inteligencia de la DINA en los primeros años del régimen militar, para encubrir la desaparición de opositores al gobierno. Así lo informó hoy el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, luego de participar en el comité político de La Moneda, que fue encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet.

En entrevista exclusiva publicada en El Clarin. José Aylwin habla de la necesidad de crear un Observatorio de Derechos Ciudadanos.

Fuente: www.observatorio.cl

 

En calidad de Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx) sobre indicadores de legislación indígena en Latinoamérica, las cifras son preocupantes y el “nuevo trato” de la presidenta Bachelet una vergüenza internacional.

 

Coyoacán, DF.- José Aylwin (1956) viajó por cuarta vez a México, después de exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la precaria situación y acoso del gobierno de Chile contra la comunidad mapuche. En calidad de Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx) sobre indicadores de legislación indígena en Latinoamérica, las cifras son preocupantes y el “nuevo trato” de la presidenta Bachelet una vergüenza internacional.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas coprodujo en 2007 –bajo la dirección de la cineasta María Teresa Larraín- el documental El juicio de Pascual Pichún, primer caso contra un campesino indígena en América víctima de la Ley Antiterrorista, la fabricación del delito es responsabilidad de Juan Agustín Figueroa (el mismo usurpador de la Fundación Neruda) y pronto distribuirán el DVD vía Internet; el acervo editorial del Observatorio.cl también ha publicado: El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato” (dossier coordinado por José Aylwin y Nancy Yáñez; LOM, 2007); Los mapuche ante la justicia (Eduardo Mella; LOM, 2007); Indebido proceso: juicios mapuche (coedición Human Rights Watch; 2004); así como un boletín de carácter semestral y la página web con reportes actualizados de prensa.

En exclusiva para Clarín.cl José Aylwin (abogado con magíster por la Universidad de British Columbia y vecino de las comunidades indígenas desde 1994 en Temuco) habla de la necesidad de crear un Observatorio de Derechos Ciudadanos: “La decisión está tomada. Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados –comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y los Derechos Humanos”

MC.- José ¿qué recapitularías de la presentación que hiciste del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en México?

JA.- Asistí a un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Fondo Indígena que tenía por objeto proponer indicadores relativos a derechos y desarrollo de pueblos indígenas que permitan la comparabilidad de los progresos que en esta materia existen en los distintos estados de América Latina. La presentación que realice trató de la experiencia del monitoreo de derechos de pueblos indígenas que realizamos en el Observatorio de Derechos de Pueblos indígenas en Chile. Aunque no hacemos uso sistemático de indicadores, compartí allí la experiencia de nuestro trabajo como ONG de promoción, documentación y defensa en materia de derechos indígenas, en el complejo contexto que viven los pueblos indígenas en Chile hoy. El trabajo en este ámbito se remonta al 2000 cuando conformamos un Programa de Derechos Indígenas en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (Temuco), en un contexto de conflictos territoriales crecientes que afectaron al pueblo mapuche. Posteriormente, a contar del 2004 seguimos desarrollando este trabajo desde la sociedad civil luego de la que la universidad nos impidiera tener una voz pública en estas materias. Somos un equipo de 15 personas que trabajamos en Temuco y Santiago, nos concebimos como un centro interétnico e interdisciplinario que trabaja por el reconocimiento y respeto de los derechos hoy internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, orientado por los lineamientos del derecho internacional.

MC.- Dentro de los indicadores internacionales ¿Chile estaría en último lugar en el trato a los pueblos indígenas?

JA.- Todo indica que Chile es uno de los países más rezagados de Latinoamérica en materia de derechos indígenas. Ello está determinado por dos situaciones. Por un lado existe un desconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y de sus derechos. Para la Constitución vigente, que data de 1980, el único pueblo es el chileno. Los esfuerzos por lograr tal reconocimiento jurídico después de 17 años no han prosperado. La legislación de 1993 tampoco reconoce a los pueblos indígenas, sino solo a las “etnias”. La misma no permite la participación política indígena, ni reconoce sus derechos territoriales frente a proyectos de inversión. No es casualidad entonces que Chile se ubique en los últimos lugares en el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas en la región, hecho incluso reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo. La legislación además ha demostrado insuficiencias graves para asegurar los derechos que establece. Su institucionalidad -la CONADI- está en crisis y no ha dado respuesta a las demandas de los pueblos indígenas. Por otro lado, la política pública del gobierno es dual; en lo medular la CONADI orienta sus esfuerzos a la compra de tierras para los indígenas en el mercado. Se trata muchas veces de tierras ancestrales de los pueblos indígenas, y que por efectos de la especulación, se tranzan hoy a valores 5 a 10 veces superior al de 1990. La CONADI más que la tierra, compra la resolución de un conflicto, por lo que debe pagar a sus actuales propietarios precios especulativos. Más allá de esta política pública sectorial, la apuesta central del Estado chileno –desde hace 15 años- ha sido la expansión de la economía global hacia territorios indígenas. Chile tiene una economía basada en la exportación de recursos naturales (minería, forestación y pesca, entre otras), los que se encuentran mayoritariamente en los territorios indígenas. Cuando los pueblos indígenas se han movilizado en defensa de sus territorios y sus derechos son amenazados por estos proyectos de inversión…

MC.- Viene proporcionalmente la criminalización de la protesta social…

JA.- En efecto, dicha criminalización se manifiesta a través de la utilización de la Ley Antiterrorista para perseguir judicialmente a los defensores de derechos de pueblos indígenas, en particular a los defensores mapuches. También se manifiesta en el uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de comunidades y de personas indígenas. Por ello hemos hablado de que en Chile las autoridades han impulsado una política dual, de “zanahoria y garrote”’ para los pueblos indígenas, por cuanto por un lado invierte recursos a favor de algunas comunidades que no desafían el modelo, y por otro, reprime a aquellas que luchan por sus derechos colectivos violados o amenazados por el mismo Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo, ubica a Chile en el lugar 20 de 21 entre los peores por su legislación indígena.

MC.- ¿La Ley Antiterrorista se aplica en otros países contra las comunidades indígenas?

JA.- El Relator de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen documentó la existencia de procesos de criminalización contra de estos pueblos en México, Colombia y Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la OEA), en el marco de los hechos posteriores a los atentados en contra de las torres gemelas (septiembre, 2001) manifestó su preocupación por la violación de Derechos Humanos como consecuencia de la aplicación de políticas antiterroristas en la región. La CIDH elaboró un informe sobre la materia en que condenó este tipo de violaciones de derechos humanos recomendando a los Estados americanos a respetar estos derechos en el contexto la lucha contra el terrorismo. Si bien Latinoamérica, Chile es el único caso de aplicación de Ley Antiterrorista en contra de los pueblos indígenas –desde 2003- sólo existe otro país donde recientemente se aplicó –en 2007- la Ley Antiterrorista en contra de los maoríes en Nueva Zelanda –uno de los 4 Estados que votó en contra de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas- frente a hechos de protesta social.

MC.- Y ahora que mencionas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cuál fue la respuesta del delegado de Bachelet ante la CIDH de la OEA? Cuéntanos qué pasó en Washington…

JA.- El pasado 10 de marzo asistimos a la CIDH acompañados por dos dirigentes mapuches: Adolfo Millabur (alcalde de Tirúa) y con Manuel Santander (del Consejo de Todas las tierras). Los representantes del gobierno de Bachelet que participaron de la audiencia negaron muchas de las violaciones de Derechos Humanos de las que dimos cuenta en la audiencia (homicidios y violencia física y sicológica en contra de mapuches imputables a los agentes del estado), o señalaron que el gobierno estaba adoptando distintas medidas para abordarlas. Al ser interrogados por los comisionados de la OEA, les solicitaron información sobre las acciones concretas que desarrolla el gobierno tanto en el ámbito administrativo como legislativo y judicial para poner freno a tales violaciones de derechos. Por ello solicitamos a la CIDH la realización de una misión “in loco” de observación de esta realidad en Chile, solicitud sobre la cual la CIDH aún no se pronuncia pero esperamos sea acogida.

MC.- ¿La presidenta Bachelet estaría dispuesta a invitar a la CIDH para una misión de observación sobre Derechos Humanos?

JA.- Pensamos que el gobierno de Chile no podría –sin un conflicto mayor- negarse a la misión de la CIDH o de la OEA al país, ya sería una paradoja muy grande para un Estado que ha suscrito y ratificado muchos tratados internacionales de derechos humanos, aunque en el mes de febrero ya se produjo una discusión en El Mercurio…

MC.- ¿El montaje periodístico del lobby de los mapuches en Europa?

JA.- Sí, se habló de la posibilidad de que viniese un observador y el Ministro del Interior dijo que no tenía problema, pero después de ver subrogantes, el vocero del gobierno se retractó, dijo que por ningún motivo, pues: “Chile es un país suficientemente maduro que no aceptaría a los observadores extranjeros”, es el mismo discurso que privó durante la dictadura.

MC.- ¿El Ministerio del Interior acusa de recibo a tus solicitudes en calidad de que eres hijo del ex presidente Patricio Aylwin? o ¿por lo hecho en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas?

JA.- Lo grave es que el Ministro del Interior no acusa recibo de nuestros reclamos, como ocurrió en el mes de febrero pasado fecha en que este negó haber recibido una denuncia de nuestra parte frente una situación de tortura en contra de mapuche en la localidad de Ercilla. Más allá de ese incidente, pienso que a algunas autoridades de gobierno les molesta que exista un referente de Derechos Humanos que tenga prestigio y resonancia internacional. Varios en el Observatorio tenemos una larga trayectoria en el trabajo de defensa de derechos humanos que data de tiempos de dictadura. Por otro lado, cuando hablamos, nuestra voz es documentada. Por lo mismo somos escuchados, aunque los medios de prensa tradicionales nos censuren.

MC.- ¿Qué falta para que el Estado recapacite en su afán de acosar sistemáticamente a la comunidad mapuche?

JA.- En la medida en que se multipliquen las voces que denuncien esta realidad, tanto dentro como fuera de Chile, en la medida en que se genere más conciencia de lo que está ocurriendo, habría más posibilidades de que se revierta la situación actual de hostigamiento del pueblo mapuche. Lamentablemente los medios de comunicación –impresos y electrónicos- en poco contribuyen dar a conocer lo que ocurre con los pueblos indígenas en el país. Por otro lado el gobierno ha desarrollado una política de represión de los movimientos sociales que hoy va mucho más allá del movimiento mapuche. Así en los últimos años diversos movimientos sociales – sindicales, estudiantiles, etc.- se han levantado en protesta de un modelo que los excluye. El derecho de manifestación esta severamente restringido en el país, hay que solicitar autorización para manifestarse, y esta muchas veces es denegada.

MC.- ¿Por qué la policía y las Fuerzas Armadas rebasan sus atribuciones?

JA.- La policía se pone al servicio de los grandes capitales, porque su actuar es absolutamente diferente tratándose de comunidades locales, que en poblaciones donde hay proyectos de inversión, la policía está entrenada para reprimir al débil, para defender el capital. Llama la atención, la incapacidad de las autoridades en su discurso público censuran –o dicen no estar de acuerdo con- un actuar abusivo, sin embargo cuando las autoridades tienen denuncias sobre violaciones de DD.HH. por parte de la policía, lejos de investigar las encubre; la verdad no veo la lógica de por qué las autoridades no fiscalizan –incluso administrativamente- a las fuerzas policiales. Fue un punto que preguntó la CIDH al representante del gobierno de Chile: ‘¿Qué acciones administrativas desarrolla el gobierno frente a las denuncias por violaciones de Derechos Humanos imputables a la policía?’ la excusa del gobierno es que rige aún la legislación militar; nosotros, en el Observatorio, hemos interpuesto querellas contra carabineros por sus violaciones de DD.HH. que involucra a civiles, la justicia militar da carpetazo a los casos presentados, es una herencia de la dictadura; pero ahora el Estado cuenta con mecanismos para solicitar información, para pedir sumarios administrativos, para que sean removidos funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de DD.HH. el Estado no hace función de su potestad.

MC.- ¿Qué dijo el representante del gobierno de Chile ante la CIDH?

JA.- Dio una respuesta muy ambigua, dijo que el gobierno había desarrollado varias acciones, entre otras iniciativas de capacitación a la policía en DD.HH; sin embargo no dio cuenta de acciones administrativas de fiscalización de abusos policiales. Tampoco habló de pasos concretos para poner término a la persistencia de la jurisdicción militar sobre causas civiles. Cabe recordar que el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado chileno a modificar su legislación para impedir la jurisdicción militar sobre causas que involucran a civiles. En la actualidad el gobierno de Bachelet no acata el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. La policía se siente impune y actúa impunemente.

MC.- ¿Hablamos de violaciones menores hasta el asesinato por parte de la policía contra los pibes mapuches Alex Lemún y Matías Catrileo?

JA.- No cabe duda, las violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos indígenas, que hemos denunciado nacional e internacionalmente, van desde el asesinato de jóvenes mapuche hasta la violación del derecho al debido proceso, pasando por abusos policiales, impunidad de delitos cometidos por agentes estatales en contra de mapuche. Todo ello en un contexto de conflictos generados por la expansión de la economía global hacia los territorios de los pueblos indígenas con el aval del gobierno. Mi percepción –y la comuniqué ante la CIDH- es que los agentes policiales del Estado se sienten con la autoridad para reprimir y violar DD.HH. puesto que administrativamente no son fiscalizados y judicialmente están blindados.

MC.- Finalmente, entiendo que el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas se extenderá a una ONG que prestará atención a los Derechos Ciudadanos, José ¿por qué el giro?

JA.- En Chile hay un déficit de ciudadanía muy marcado, la democracia es tremendamente restringida, tanto por las limitaciones a la participación política derivados del sistema electoral binominal, por la ausencia de una institucionalidad y cultura ciudadana, como por la exclusión económica de grandes sectores de la población. Por ello queremos asumir nuestro rol como ciudadanos, junto a otros movimientos sociales indígenas y no indígenas que hoy emergen en el país. Por otra parte los pueblos originarios, en particular los mapuches, son actores por sí mismos, tienen voz propia, y no queremos interferir con su autonomía y representación propia. La decisión está tomada. Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados – comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y los Derechos Humanos. Porque Chile es un país que se concibe asimismo como altamente globalizado, pero dicha globalización sólo se refiere al ámbito económico, a la inserción de Chile en los mercados globales, a los tratados de libre comercio, pero no toma en cuenta otras dimensiones como la cultural y la de los derechos humanos, ámbitos en que Chile tiene, como vimos, rezagos significativos. Queremos contribuir a generar conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia mas real, más inclusiva para todos los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto de los pueblos indígenas. Queremos formar arte de los movimientos que hoy abogan por una asamblea constituyente, para que se puede refundar un sistema político que parece asfixiado, en que el monopolio de la representación política la tienen solo dos sectores, en que los jóvenes no participan, en que la diferenciación económica social es cada vez más fuerte, y como consecuencia de ello, la violencia se extiende.

Trasfondo del conflicto por la LGE. Los poderes en la derecha que bloquean los cambios de fondo en educación.

Las indicaciones al proyecto de ley que reemplazará a la LOCE, y la amenaza de la derecha de no aprobar la Ley General de Educación, si éstas son aceptadas, están incendiando la gestión de la ministra Jiménez. Pero mientras esta polémica se desarrolla a vista y paciencia de todo el mundo, bastante menos visible fue la participación de los grupos fácticos que movieron los hilos de la Alianza durante la negociación de la que surgió el famoso acuerdo para reformar un sistema donde la enseñanza pública es escuálida y débil.

Claudia Rivas A.

La revolución pingüina del 2006 parecía haber quedado en la historia cuando el gobierno decidió asumir el compromiso de eliminar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y reemplazarla por la Ley General de Educación. Pero resulta que dos años después, los secundarios y una parte de la Concertación, también se resisten a la LGE. El principal conflicto es el mismo que generó las movilizaciones secundarias durante el primer año de gestión de Michelle Bachelet: la eliminación del lucro. Este fue el efecto de que durante las negociaciones, la derecha no estuvo dispuesta a ceder en este ámbito.

Cuando la Presidenta creó el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, muchos sectores se hicieron a la idea de que de allí saldrían propuestas que permitirían un cambio radical a la educación. Pero no fue así. Y para que una iniciativa pudiera llegar al Congreso, la autoridad tuvo que sentarse a negociar con la Alianza. La derecha se oponía, y lo sigue haciendo, a la eliminación del lucro y a terminar con la selección de los alumnos. Porque ambos elementos contribuyen a mejorar la calidad de la educación, aseguran en el sector.

En la Concertación, en cambio, dudan abiertamente de la argumentación y sostienen que la derecha maneja la educación “con el mismo criterio mercantilista que cualquier otro negocio”. Eso explicaría tan férrea oposición a eliminar el lucro.

Lo que podría no estar tan alejado de la realidad dado que en el think tank más importante del sector, el Centro de Estudios Públicos, que participó activamente en la negociación para consensuar la LGE que se tramita en el Congreso –a través de sus investigadores Harald Beyer y Loreto Fontaine-, están representados los más poderosos e influyentes empresarios de nuestro país. Comenzando por el presidente del directorio, Eliodoro Matte Larraín.

Pero eso no es todo. Su hermana, la socióloga Patricia Matte es considerada la voz de la derecha cuando de materias de educación y pobreza se trata. Su experiencia en estos temas data de la década de los ’70, cuando se desempeñó en Odeplan donde contribuyó al diseño de las políticas sociales implementadas por el régimen militar.

Matte encabeza, además, una corporación de derecho privado dedicada a la educación: SIP.Red de Colegios. Este organismo tiene actualmente 10 colegios en comunas vulnerables de la Región Metropolitana como son Renca, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón, Independencia, Recoleta, La Granja, La Pintana y Santiago. De allí que en la Alianza sea escuchada y seguida en materias educacionales.

El poder detrás de la LGE

Y si bien la plataforma de lucha de los pingüinos del 2006 era la eliminación del lucro, después de dos años el proyecto de ley que se tramita en el Congreso sólo “hace un leve intento por mejorar, respecto de la LOCE”.

Para llegar a lo que hoy se está debatiendo y contra lo que reclama el actual movimiento secundario, el gobierno debió ceder en aspectos emblemáticos, reconocen en la Concertación. La eliminación del lucro y la selección, por ejemplo. La advertencia a la hora de sentarse a negociar era clara, señala una fuente de la derecha: “La eliminación del lucro no está en nuestra agenda de trabajo”. Por eso, precisa un parlamentario de la Alianza, es que sí se acordó obligar a los sostenedores a “reinvertir las ganancias a través de un giro único”.

Los equipos negociadores de la derecha que están detrás del polémico acuerdo del que se desprendió la resistida LGE son, además del CEP, el Instituto Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán, ambos vinculados a la UDI; y el Instituto Libertad ligado a Renovación Nacional.

Estos son, por tanto, los autores intelectuales de la LGE, que en lo esencial no se aleja de la LOCE, producto de la política neoliberal implementada durante el régimen militar que también llegó a la educación. Y que en lo concreto le entregó a los privados las herramientas para competir en la educación como en cualquier otro aspecto de la economía, limitando a su mínima expresión la participación del Estado en esta área.

En este contexto, eliminar el lucro significa un retroceso para la Alianza. No por nada desde la promulgación de la LOCE –sólo un día antes de que Augusto Pinochet dejará el poder- proliferaron también las universidades privadas. Un importante número de ellas producto de la asociación de grupos empresariales con políticos de derecha. Un ejemplo de ello lo constituyen las universidades Andrés Bello, Finis Terrae, del Desarrollo y de Los Andes, sólo por nombrar algunas.

Es por eso que en el debate generado por la necesidad del gobierno de dar respuesta a las exigencias de sectores más progresistas de la Concertación en este ámbito, los intereses económicos de la Alianza chocan con los políticos. Y si bien la derecha aceptó negociar, se puso como límite no tocar los fundamentos ideológicos de la LOCE que da paso a la libertad de enseñanza, lo que la transforma en un lucrativo negocio, con escasa fiscalización de la calidad.

Así, el poder de los think tank de la derecha en la negociación que derivó en la LGE queda en evidencia cuando parlamentarios aliancistas admiten que “los puntos en los que no había acuerdo se resolvían entre Pedro Montt y Cristián Larroulet (director ejecutivo de Libertad y Desarrollo)”. En cuyo consejo también está representado el mundo empresarial a través de figuras como la propia Patricia Matte o José Antonio Guzmán, ambos ligados a la educación.

El triunfo de la derecha

En medio de la polémica generada ahora debido a que un grupo de parlamentarios se niega a avalar en el Congreso el acuerdo alcanzado el año pasado, surgen voces que reconocen que el proyecto “deja fuera aspectos emblemáticos”, pero que, sin embargo, la Concertación debe “honrar la palabra empeñada”.

Partiendo de esa base, el analista DC Jorge Navarrete Poblete, admite que en la generación de la LGE la derecha salió ganando “absolutamente” y “no por la fuerza de sus argumentos”, sino porque tiene los votos que finalmente permitirán la aprobación del proyecto que está en tramitación o para impedir que una iniciativa de carácter más progresista pueda ser aprobada.

A juicio de Navarrete en este tema, como en otros, la derecha “juega al chantaje” y, en ese contexto, los cambios producidos a la LOCE “no tocan lo fundamental de sus convicciones”. Por lo que para el experto lo que se ha hecho “es un avance insuficiente”.

Y aunque estima que “es malo criminalizar el lucro en sí mismo”, también tiene la convicción de que “la participación de privados en funciones públicas debe tener un nivel de fiscalización importante”. Porque en su opinión “puede haber una ganancia razonable” esta debe ir aparejada a la entrega de un buen servicio, particularmente cuando “se está asociado con el Estado”.

Campaña Justicia para Víctor Jara, Justicia para Chile.

Fuente: www.elciudadano.cl

La Fundación Víctor Jara convoca a toda la ciudadanía y las organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales a redoblar los esfuerzos para exigir la reapertura del caso por el asesinato de Víctor Jara.

Queremos informar que son miles las muestras de solidaridad en Chile y el mundo. En los últimos días se han desarrollado diversas iniciativas y gestiones generándose pronunciamientos de diversas organizaciones y autoridades del país. Creemos que una campaña sostenida permitirá lograr nuestro objetivo.

Para continuar nuestra campaña invitamos a:

  1. 1. Recolectar Firmas de apoyo al “Manifiesto por Justicia para Víctor Jara, Justicia para Chile”   en plazas, escuelas, universidades, organizaciones y lugares públicos, enviándolas a la Fundación Víctor Jara a más tardar el lunes 26 de Mayo a las 11 hrs. El Manifiesto y la hoja de firmas las puedes imprimir bajándola desde http://www.fundacionvictorjara.cl
  2. 2. Participar en la Manifestación Cultural  convocada para el lunes 26 de Mayo en los Tribunales de Justicia (Compañía 1140)

– A las 11 hrs. nos juntaremos en la Plaza Brasil (Huérfanos 2136)  para marchar a los Tribunales de Justicia.

– A las 12 hrs. nos encontraremos en los Tribunales de Justicia (Compañía 1140).

Justicia para Víctor Jara, Justicia para Chile.

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FUNDACION VICTOR JARA

Huérfanos 2136. Plaza Brasil. Santiago de Chile.

Fono: 6579455

Celular: 8-7769571

fundacion@victorjara.tie.cl