Elena Varela y las graves violaciones al trabajo documental.

Fuente: www.elquintoinfierno.cl

Por Francisco Gedda*

Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de “asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia”.

Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado “Newen Mapuche” con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual…

Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, -en los hechos-, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.

Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental “Newen Mapu” Che fueron incautados por la Policía de Investigaciones. Más grave aún, se incautaron cintas pertenecientes a “Sueños del Comandante”, otro proyecto documental cuya etapa de investigación y guión es respaldada y financiada con un Fondo Corfo. Contenían estas cintas testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume.

No hay razón alguna para que los documentales “Newen Mapu Che” y “Sueños del Comandante” sean vínculados a los “supuestos” delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje periodístico. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del Estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental. Se atenta incluso, en el caso de las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica, para convertirlo burdamente en instrumento de inteligencia policial. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas de los reportajes y documentales audiovisuales.

Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el Estado.

Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad provisional mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental “Newen Mapu Che”, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y violados en su privacidad por terceros.

Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciones políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura.

Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.

En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.

Llamo a todos aquellos que aprecian los derechos ciudadanos fundamentales y los colegas periodistas y documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.

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*Francisco Gedda es académico de la Universidad de Chile, director Serie Frutos del País

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Mums rechaza las críticas de la Iglesia Evangélica a Ley Contra la Discriminación.

Fuente: www.mums.cl

Por Coordinación Política muMs / Mayo 2008

El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, rechaza la oposición que ha presentado la Iglesia Evangélica frente a la propuesta de Ley Marco contra la Discriminación y el reconocimiento de parejas del mismo sexo.MUMS no comparte las preocupaciones del vocero de la Iglesia Evangélica, el Obispo Soto ya que la propuesta de Ley Marco Contra la discriminación es amplia, apunta al respeto de los derechos humanos y ha sido consensuada con amplios sectores del país.

La Ley Contra la Discriminación y el reconocimiento de parejas del mismo sexo no atentan contra los derechos de ninguna persona, ni de las iglesias, al contrario lo que hacen es corregir en parte la desigualdad en materia de derechos que presenta parte importante de los chilenos.

 

Compartimos el respeto a la libertad de culto consagrada en nuestra leyes y en la libertad de los distintos sectores de nuestra sociedad de plantear sus posiciones sobres los debates nacionales y la formulación de las leyes. Sin embargo, entendemos también que las visiones y convicciones religiosas son personales y de libre elección, por lo cual no pueden anteponerse a los derechos fundamentales, obligaciones y libertades de las personas consagrados en la legislación nacional e internacional.En este contexto, y en la necesidad de plantear nuestros puntos de vista a las máximas autoridades del país, le exigimos que la presidencia del senado nos reciba en igualdad de condiciones.

 

Abismante diferencia entre utilidades de AFPs y condiciones de trabajadores. Tema pendiente en la ‘reforma’ del sector

Hasta mediados de los 90 era una buena opción para quienes no tenían mucha calificación. Hoy ser vendedor de AFP es un camino seguro a las deudas y el estrés. Condiciones leoninas, sueldos al borde de la ley y prácticas antisindicales no bastaron para que las demandas de este gremio fueran incluidas en la Reforma Previsional. Otra muestra del inmenso poder de la industria, que ha logrado esconder una realidad escandalosa. Felipe Saleh.
El 2 de agosto del año pasado, Hugo Mejías (52) vendedor de AFP Habitat le mostró al resto de sus compañeros la liquidación de sueldo que acababa de recibir: 150 mil pesos. Padre de tres hijos, dos de ellos en la universidad, Mejías estaba lleno de deudas. La única salida aparente era que lo despidieran para pagar sus compromisos con la indemnización. Pero nadie lo recibió. Al día siguiente, Mejías condujo su auto hasta la Cuesta Barriga y se lanzó al barranco, pero no murió y se ató al cuello una cuerda que llevaba en la guantera.

Ciertamente esta historia es un caso extremo, pero refleja en buena medida la precariedad en la que trabajan cientos de personas en el eslabón más bajo de la industria previsional. Como vendedores a comisión. “El plazo para que un vendedor reciba su sueldo en el caso de Habitat llega a 14 meses. Si un vendedor hace un traspaso en el mes de enero al segundo mes le pagan un 2%, al quinto mes le pagan un 3% y en el mes catorce, si el afiliado permanece en la AFP, le pagan otra comisión”, explica Patricio Perez, presidente del sindicato de Habitat. Así, un trabajador puede recibir un mes $400 mil y al siguiente $70 mil. Porque el sueldo base en ninguna administradora es igual al sueldo mínimo. La cifra que exige la ley, que es de $144 mil, se logra con asignaciones de colación y movilización, entre otras.

Prohibido tener 40

Otro asunto son las metas que cada vendedor debe cumplir para mantener su empleo. En promedio, se exigen unos 20 contratos al mes. Lo que en plata significa recaudar aproximadamente unos $15 millones en este tiempo.

Esta necesidad genera lo que en la industria se conoce como “incentivos perversos”. Es decir, que el vendedor pague una suma de dinero al afiliado para que firme un contrato, y la cantidad sale de sus bolsillos. “Hay personas que han llegado a pagar más de un tercio de su sueldo en incentivos. Muchos tienen que mantener una ‘bicicleta’ que al poco tiempo se hace insostenible”, dice Julia Espinosa, también de Habitat, preocupada porque este mes no ha superado los tres millones en ventas.

Con este sistema de pagos diferidos la administradora se asegura de no tener que pagar las comisiones conseguidas por el trabajador si éste es despedido y menos si el afiliado decide cambiarse de AFP por cualquier razón.

Aunque esta práctica no es tan extendida en todas las administradoras y otras pagan en diferido pero en menos tiempo, hay otras costumbres que son altamente discutibles, pero en vista del poder que ostenta la industria están lejos de acabarse. “Si un contrato es con una persona mayor de 45 años, al trabajador se le paga lo mínimo, por la posibilidad de que el afiliado se jubile anticipadamente”, explica Mirta Rivera, vendedora de Provida y presidenta de una de las dos federaciones que agrupan a los vendedores de la industria.

Otro de los pactos implícitos entre las administradoras es no aceptar a un vendedor despedido, quien debe mantenerse al menos un año fuera del sistema.

Mirta Rivera y Patricio Perez concuerdan en que este trabajo vivió su esplendor hasta mediados de los ’90. “Pero a partir del 99’, las administradoras tuvieron problemas con la “Crisis Asiática”, despidieron un montón de gente y cambiaron las reglas, decían que se pagaba mucho”, explica Pérez.

Industria intocable

Actualmente, un vendedor de AFP puede ganar desde 400 mil hasta un millón doscientos mil. Siempre y cuando logre reclutar clientes del perfil que las administradoras buscan: “gente joven, en promedio de 35 años y con una renta que supere los $500 mil, cuando la mayoría no promedia los $250 mil”, dice Mirta Rivera.

Paralelamente, los vendedores se quejan de la dificultad para negociar colectivamente, y los problemas para que los sindicatos logren tener algún poder. “El año pasado, cuando teníamos que firmar el contrato colectivo, nos cortaron el mail y los teléfonos para que no nos pusiéramos de acuerdo”, cuenta Julia Espinosa. Aunque los trabajadores de las demás empresas reconocen problemas en este sentido, la mayoría de las “aberraciones” sindicales se dan en Habitat. “Nos hicieron firmar el contrato colectivo con el finiquito al lado, si no firmábamos nos despedían”, dice Patricio Perez. Esta administradora es una marca fuerte en el mercado, la tercera en rentabilidad. El directorio lo preside el empresario José Antonio Guzmán, vinculado a la construcción a través de “Guzmán y Larrain”, y lo integra también el ex presidente de la Cámara de la Construcción Fernando Echeverría Vial.

Para el senador Guido Girardi “la reforma previsional que aprobamos es un gran avance, pero el sistema sigue teniendo dos grandes víctimas: los afiliados que entregan el 25% del total de sus rentas, y los trabajadores, que reciben comisiones miserables, muy lejos de la alta rentabilidad de las empresas. Lamentablemente durante la discusión parlamentaria no logramos tocarle un pelo a la industria”, reconoce. En cambio, los empresarios del gremio sí lograron terminar con la idea de una AFP estatal. Girardi se reunió hace algunos días con los trabajadores de las isapres, que viven una situación equivalente.

Ningún comentario

Las cifras de las que habla Girardi son elocuentes. Hasta diciembre del año pasado, el conjunto del sistema previsional percibía $141.853.137 millones de pesos en rentabilidad. Suficiente para que el tema de la “fuerza de venta” sea secundario. En la Dirección del Trabajo reconocen que hay denuncias contra las administradoras, pero ninguna pasa la Corte de Apelaciones y tampoco se han hecho estudios en torno a esta ocupación. En la Superintendencia existe una circular que norma el registro y la capacitación de los vendedores. Nada más. Y sólo se remiten a decir que los incentivos monetarios para atraer clientes “no existen”. En la Asociación de AFP, literalmente no se ha oído “ningún comentario”, aunque los encargados quedaron de hacer consultas para complementar esta crónica. Al cierre no hubo respuesta.

60 AÑOS DE FRACASO EN DERECHOS HUMANOS: Los gobiernos deben actuar ya.

Fuente: www.amnistia.cl

En la presentación del Informe 2008 Amnistía Internacional ha planteado hoy a los gobiernos del mundo el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para obrar mejoras concretas.

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar son puntos calientes que exigen una actuación inmediata en materia de derechos humanos.”

“La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace.”

El Informe 2008 de Amnistía Internacional pone de manifiesto, 60 años después de haber sido adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, que en al menos 81 países todavía se infligen torturas o malos tratos a las personas, que en al menos 54 se las somete a juicios sin las garantías debidas, y que en al menos 77 no se les permite hablar con libertad.

Irene Khan ha afirmado: “El año 2007 se ha caracterizado por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a atajar algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos, ya fueran arraigados conflictos o crecientes desigualdades que a tantos millones de personas están dejando relegadas.”

Amnistía Internacional advierte de que la mayor amenaza para el futuro de los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo colectivo.

La secretaria general de Amnistía Internacional continúa: “El año 2008 ofrece una oportunidad sin precedente a los nuevos líderes que acceden al poder y a los países que emergen a la escena mundial para fijar nuevas orientaciones y rechazar las políticas y prácticas miopes que en los últimos años han hecho del mundo un lugar más peligroso y dividido.”

Amnistía Internacional ha desafiado a los gobiernos a que establezcan un nuevo paradigma de liderazgo colectivo basado en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Y son los más poderosos quienes tienen que predicar con el ejemplo”, ha subrayado la señora Khan.

• China tiene que cumplir las promesas en materia de derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos y permitir la libertad de expresión y de prensa, y acabar con la práctica de la “reeducación por el trabajo”.
• Estados Unidos tiene que cerrar el campo de detención de Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos en procesos justos o ponerlos en libertad, y rechazar sin sombra de duda el uso de la tortura y los malos tratos.
• Rusia tiene que mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política, y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos contra los derechos humanos en Chechenia.
• La Unión Europea tiene que investigar la complicidad de sus Estados miembros en las “entregas extraordinarias” de personas sospechosas de terrorismo, y aplicar a sus propios miembros los mismos baremos en materia de derechos humanos que fija para terceros países.

Irene Khan ha advertido: “Los dirigentes mundiales se encuentran en estado de negación, pero el precio de su inacción es elevadísimo. Tal como demuestran Irak y Afganistán, los problemas que afectan a los derechos humanos no son tragedias aisladas, sino que actúan como virus que pueden infectar y propagarse con gran rapidez y ponernos a todos en peligro.”

“Los gobiernos tienen que demostrar hoy el mismo grado de amplitud de miras, coraje y compromiso que hace 60 años llevó a las Naciones Unidas a adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos.”

“Crece en las personas la exigencia de justicia, libertad e igualdad.”

Algunas de las imágenes más impactantes del año 2007 fueron de monjes en Myanmar, de abogados en Pakistán y de mujeres activistas en Irán.

La señora Khan concluye: “La gente, inquieta e indignada, no se quedará callada, y los dirigentes mundiales ignoran a la opinión pública, para su propio riesgo.”

NOTAS PARA LOS REDACTORES
1. La publicación del Informe 2008 de Amnistía Internacional, el documento de periodicidad anual en el que la organización analiza la situación mundial de los derechos humanos, coincide con el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y abarca en esta edición 150 países y territorios.
2. El Informe 2008 destaca las siguientes tendencias:
• Grupos armados y fuerzas gubernamentales utilizan impunemente a la población civil como objetivo.
• La violencia contra las mujeres es omnipresente.
• Se fomentan la tortura y los malos tratos como métodos aceptables de obtención de información.
• Se reprime la disidencia y se ataca a periodistas y activistas.
• Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes carecen de protección.
• Se niegan los derechos económicos y sociales.
• Se elude la responsabilidad social corporativa por abusos contra los derechos humanos.
3. Amnistía Internacional constata progresos en las últimas seis décadas, como la promulgación de determinadas leyes y el establecimiento de instituciones para la defensa de los derechos humanos, el apoyo creciente a los esfuerzos para que se ponga fin a la pena de muerte, y el procesamiento de algunos casos de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad por parte de tribunales nacionales y cortes internacionales de justicia.
4. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
5. La “reeducación por el trabajo” es un sistema de detención punitiva que impone la policía en China por periodos de hasta cuatro años sin cargos, ni juicio, ni revisión judicial.